Abogado Lagos reveló mecanismo de pago de coimas a exministra Vivanco; ICE detiene a Fernández Larios en EE. UU. y sería deportado, y acogen querella de capítulos contra exjueza Sabaj

Reportea reveló detalles de la declaración que hizo el abogado Eduardo Lagos ante el Ministerio Público en que confirmó los pagos a Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a cambio de fallos favorables de la exjueza en el máximo tribunal. El penalista hizo una declaración el pasado 6 de enero (que luego no quiso firmar) para colaborar con la Fiscalía Regional de Los Lagos en la indagatoria del consorcio bielorruso Belaz Movitec, en la que se le acusa de cohecho y lavado de activos junto con Migueles y su colega Mario Vargas. En ella contó cómo se habrían gestionado los pagos a la entonces suprema Ángela Vivanco y calculó que el monto de las coimas supera con amplitud los $90 millones que había calculado la fiscalía, y que este llegaría hasta los $150 millones.

Según la versión de Lagos, fue su socio Mario Vargas -del bufete de abogados que comparten con el exdiputado Gabriel Silber-, quien tuvo la idea de pagar coimas a Vivanco y que él negoció con Migueles cada fallo favorable para el consorcio en el litigio contra Codelco entre 2023 y 2024. Además, sostuvo que Vivanco los asesoró directamente para la tramitación de un recurso que después “ella misma falló”, el cual logró que Codelco pagara más de $4 mil millones adicionales a CBM.

Aparte, el fiscal nacional Ángel Valencia instruyó que el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, lleve la investigación de la arista política del Caso Hermosilla. Esto, luego de que CIPER publicara que en su declaración ante la fiscalía, Eduardo Lagos mencionó que la senadora Loreto Carvajal habría recibido $300 millones de pesos por hacer gestiones para el nombramiento del conservador de bienes raíces de Chillán, Yamil Najle (lee aquí artículo de CIPER). Durante la investigación de la trama bielorrusa han aparecido otros nombres de políticos como los senadores Matías Walker y Sergio Gahona, el diputado Cristián Araya y más recientemente la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien es “sujeto de interés” por haber aparecido su nombre en unos chats.

Eduardo Lagos (Crédito: Víctor Huenante / Agencia Uno).

El exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Armando Fernández Larios fue detenido en Florida, Estados Unidos, según el sitio web del Departamento Nacional de ese país, en una plataforma titulada como “Arrestados: lo peor de lo peor”. En ella, consignan a los extranjeros que han sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que podrían ser deportados.

Fernández Larios está involucrado en causas de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet como el Caso Pisagua y la Caravana de la Muerte. También, en el asesinato de Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffit ocurrido en 1976 en Washington. Por este último, fue condenado a siete años de cárcel por la justicia estadounidense pero tras un acuerdo con los fiscales de ese país, sólo estuvo recluido por cinco meses.

El canciller Alberto Van Klaren indicó a 24 horas que Fernández Larios está detenido hace bastante tiempo: “Sobre su situación legal específica en Estados Unidos a nosotros no nos corresponde informar sobre eso, pero lo que puedo señalar es que sí está detenido y creemos que obviamente esa calificación que se ha hecho a Fernández Larios corresponde absolutamente a la realidad”.

(Crédito: sitio web www.dhs.gov).

Este martes, la Corte de Apelaciones de Santiago comunicó que acogió de manera unánime la querella de capítulos en contra de la exministra del tribunal de alzada capitalino, Verónica Sabaj, presentada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, en el marco del Caso Hermosilla. A la exjueza se le acusa de delitos de cohecho agravado, prevaricación judicial y revelación de secretos presuntamente cometidos en el ejercicio de sus funciones entre 2020 y 2022. Con esto, la exjueza podría ser formalizada.

En la acción judicial, la fiscalía sostiene sus imputaciones en base a los chats albergados en el teléfono de Luis Hermosilla, a quien, mientras se desempeñaba como asesor jurídico del Ministerio del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, Sabaj le solicitó ayuda con gestiones de apoyo político y administrativo para asegurar su nombramiento en la Corte de Apelaciones. Entre esas gestiones se incluyen comunicaciones con el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick. Según el organismo persecutor, Sabaj infringió los deberes de probidad, imparcialidad y reserva que le imponía su función jurisdiccional, ya que mantenía con Hermosilla un acuerdo de colaboración retributiva que favoreció al penalista en causas judiciales proporcionándole “auxilio, consejo, información reservada y gestiones de influencia”, señala el fallo.

En ese sentido, la fiscalía acusa que Sabaj habría asesorado a Hermosilla con la estrategia jurídica para defender a Piñera en el Caso Dominga entregando, además, información reservada sobre la integración de la Corte de Santiago, orientación ideológica de sus integrantes y la sala más favorable para tramitar el recurso. Algo similar habría ocurrido con un recurso de apelación en favor del exdirector de la PDI, Héctor Espinoza, en el que Sabaj aconsejó a Hermosilla y le entregó la misma información que en el caso anterior. Entre otras cosas se le imputa que no se inhabilitó por su animadversión con el juez Daniel Urrutia y votó en favor de una recusación en su contra presentada justamente por Hermosilla.

Verónica Sabaj (Crédito: Poder Judicial).