La arista política del caso Hermosilla: Fiscalía de Aysén investigará a parlamentarios mencionados en la causa del consorcio bielorruso

CIPER reveló que el abogado y exdiputado Eduardo Lagos, acusado de haber pagado sobornos para influir en fallos de la exministra Ángela Vivanco, declaró ante la fiscalía que la senadora Loreto Carvajal (PPD), pareja del abogado Gabriel Silber y socio de Lagos, habría recibido $300 millones a cambio de intervenir en favor del nombramiento de Yamil Najle como conservador de bienes raíces de Chillán. Con este antecedente y otros hallazgos de la causa, el fiscal nacional Ángel Valencia instruyó que la Fiscalía Regional de Aysén asumiera la investigación penal, que ya es conocida como la “arista política” del caso Hermosilla. Según información preliminar, la indagatoria también incluiría a la senadora Paulina Vodanovic (PS), presuntamente mencionada en una escucha telefónica del caso. Desde el Ministerio Público confirman que la causa fue asignada a un fiscal regional como Hernán Libedinsky, por tratarse de una investigación que involucra a “altos cargos públicos en nuestro país”.

Hasta ahora, los nombres de cinco parlamentarios han aparecido durante la investigación del consorcio bielorruso Belaz-Movitec (CBM), causa que lleva la Fiscalía Regional de Los Lagos y por la que este lunes 26 de enero se formalizó a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco por los delitos de cohecho y lavado de activos. 

El 16 de enero pasado, CIPER reveló que el abogado y exdiputado Eduardo Lagos —acusado de haber pagado sobornos para influir en fallos de la exjueza— señaló en su declaración ante la fiscalía que la senadora Loreto Carvajal (PPD), pareja de su socio, el abogado Gabriel Silber, habría recibido $300 millones a cambio de intervenir en favor del nombramiento de Yamil Najle como conservador de bienes raíces de Chillán (lea ese artículo: Arista bielorrusa: Lagos declaró que la senadora Carvajal recibió $300 millones por gestiones para nombrar a Najle como conservador).

Si bien esta nueva información no quedó en el acta de declaración de Lagos que hoy se encuentra en la investigación conocida como arista bielorrusa, la Fiscalía Regional de Los Lagos resolvió abrir una investigación separada, bajo un Rol Único de Causa (RUC) distinto al original y que dio vida a un escrito aparte. Finalmente, el fiscal nacional, Ángel Valencia, determinó asignar esta indagatoria —que involucra a Carvajal y eventualmente a otros parlamentarios— al fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky. Desde la fiscalía de Aysén confirmaron la designación de Libedinsky y explicaron que la causa se encuentra bajo reserva:

 “Efectivamente el Fiscal Regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, fue designado por resolución del Fiscal Nacional, en virtud del artículo 19 de la ley N° 19.640. Lo anterior, atendida la complejidad de las indagatorias y por tratarse de personas investigadas que ejercerían altos cargos públicos en nuestro país. Esta investigación surge como una arista de otra causa actualmente en desarrollo y que lleva adelante la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.

Al corresponder a una investigación desformalizada y que tendrá el carácter de reservada, no es posible entregar detalles de las diligencias que se decretarán a fin de garantizar el éxito de las mismas”.

Además de los posibles hechos ligados a Carvajal, a la indagatoria podría sumarse el nombre de la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic. De acuerdo a antecedentes revelados por T13, Vodanovic aparece mencionada “en más de una oportunidad” en conversaciones sostenidas entre un “operador judicial” y uno de los conservadores actualmente imputados en la causa principal. En ese contexto, la fiscalía apunta a un eventual rol de la timonel socialista en el nombramiento de un conservador de bienes raíces, así como de una posible “retribución” del conservador Yamil Najle. Este último es imputado en la arista bielorrusa por el presunto delito de lavado de activos, luego de que la fiscalía señalara que formó parte de una triangulación de dineros provenientes de CBM y que terminaron en manos de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Vivanco.

 Tanto Carvajal como Vodanovic descartaron tener relación con los antecedentes aparecidos en la indagatoria.  “Esto es absolutamente falso, una canallada destinada a silenciar la verdad y entorpecer el avance de la investigación. No voy a permitir que el señor Lagos ni ninguno de los imputados intente usarme como chivo expiatorio tras la colaboración de mi esposo en fiscalía”, dijo la senadora PPD, en relación a que Silber ha prestado dos declaraciones ante el Ministerio Público que apuntan a ser reconocidas como colaboración con la investigación. 

Por su parte, la senadora Vodanovic señaló desconocer “absolutamente algún tipo, directo o indirecto, de vinculación en la materia».

La investigación que lleva adelante Carmen Gloria Wittwer, donde se indagan los pagos de CBM, también arrojó el nombre de los senadores Matías Walker (Demócratas) y Sergio Gahona (UDI), vinculados al también suspendido conservador de Puente Alto, Sergio Yáber. En noviembre pasado, CIPER publicó que entre 2017 y 2019 Walker arrendó un departamento de Yáber en Coquimbo, mientras que Reportea reveló que el conservador realizó una transferencia en mayo de 2024 a la cuenta de Walker por $1,6 millones, para financiar un pasaje aéreo para que el hijo del senador viajara a Canadá (lea artículo de CIPER: El otro vínculo económico de Walker con Yáber: senador arrendó por casi tres años un departamento del conservador en Coquimbo). En esa oportunidad, el exsenador DC admitió una relación de amistad con Yáber, la que incluía la ayuda del conservador para financiar el viaje de su hijo. 

Según información que consta en la investigación, el 25 de noviembre de 2025, Wittwer también abrió una investigación aparte respecto de este hallazgo investigativo, el que ahora también podría ser indagado en Aysén.

El nombre del senador Sergio Gahona (UDI) también apareció en la arista que investiga a CBM. CIPER dio a conocer que Yáber contrató a Paulina Gahona Rivera, hija del parlamentario, en el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto entre abril de 2022 y abril de 2023.  Además, en mayo de 2023, la abogada había sido designada como notaria interina de la Segunda Notaría de San Miguel, a solo cuatro años de haber realizado su práctica profesional (vea ese artículo). Su designación fue realizada por el expresidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Luis Sepúlveda, cuya esposa también aparece contratada en el conservador de bienes raíces que dirige Yáber (lea ese artículo: Hija de senador Gahona fue contratada por Sergio Yáber en el CBR de Puente Alto).

A estos antecedentes se suman otros vínculos. Según información publicada por Reportea, Gahona —al igual que el senador Matías Walker— arrendó un departamento de Yáber en Coquimbo, entre enero de 2019 y enero de 2021. En ese mismo artículo se consigna que en enero de 2023 Yáber emitió un cheque por $4 millones a favor del senador, mientras mantenía contratada a su hija en el conservador de Puente Alto.

El diputado republicano Cristián Araya también aparece vinculado a Sergio Yáber en la causa bielorrusa, a partir de un informe del OS7 de Carabineros que interceptó una conversación telefónica en la que Yáber aseguró haber entregado $1,7 millones al parlamentario, información que fue revelada por CIPER en noviembre pasado. En otra conversación interceptada, Yáber se refiere a un almuerzo con el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, quien fue removido del Poder Judicial a través de una acusación constitucional. En esa conversación, Yáber menciona un encargo realizado al diputado Araya para que defendiera a Ulloa. En una tercera transcripción, Yáber señala que citó al parlamentario a una reunión en su domicilio, debido a que desde “hace rato” se habría comprometido con una “campaña”. Carabineros concluye en su informe que la referencia apuntaba a la campaña electoral de Araya, quien buscaba su reelección (vea el artículo de CIPER al respecto). Araya descartó públicamente haber recibido dinero para campaña por parte del conservador.  CIPER no pudo confirmar que este hecho también se encuentre en manos del fiscal Libedinsky.