En 2025 el Estado contrató para trabajar con menores a 35 inhabilitados para hacerlo; Chevesich asumió como la primera mujer presidenta de la Suprema, y Contraloría solicitó que Reginato reintegre más de $1.000 millones por irregularidades en Viña del Mar

La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer que entre 2020 y agosto de 2025 hubo 164 casos de personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad que fueron contratadas por el sistema público para ejercer labores con contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes. Solo en 2025 se registraron 35 casos.

La auditoría del organismo contralor detectó que son 72 instituciones del Estado las que contrataron a personas que mantienen prohibición absoluta para trabajar con menores. Según el Código Penal, quienes hayan sido condenados por delitos sexuales contra niños, niñas o adolescentes serán inhabilitados de manera absoluta, perpetua o temporal para ejercer labores junto a menores de edad. Es por eso que, las entidades públicas tienen la obligación de verificar el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones.

La CGR instruyó a las instituciones involucradas a cumplir la normativa establecida. A la par, deberán iniciar procedimientos disciplinarios para determinar responsabilidades y reportar las acciones efectuadas en un máximo de cinco días hábiles.

(Créditos: Pablo Vera / Agencia Uno)

Durante esta jornada, la ministra Gloria Ana Chevesich asumió la presidencia de la Corte Suprema y se consagró como la primera mujer en encabezar el Poder Judicial, cargo que ostentará por dos años. Señaló que con su llegada al mando del máximo tribunal, terminará con más de 200 años de una “tradición institucional injustificada, que llevaba a que las mujeres no accediéramos al más alto cargo de la magistratura, como sí ya había ocurrido en los otros poderes del Estado”.

En su discurso, Chevesich catalogó los últimos años de la justicia chilena como “horribles” por la remoción de dos miembros de la Corte de Apelaciones de Santiago -los exjueces Verónica Sabaj y Antonio Ulloa- y otros tres de la Suprema -Sergio Muñoz, Ángela Vivanco y Diego Simpertigue-, que fueron removidos de sus cargos por faltas a la probidad. También sostuvo que se tratan de “hechos muy graves, que nos han llevado a la profunda crisis que estamos viviendo, todavía más si se considera que se trata de miembros de tribunales superiores de justicia”.

El ahora expresidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, le entregó el cargo a su par y señaló: “Enfrenté los mayores problemas suscitados en la historia del Poder Judicial, que son de vasto conocimiento (…) y produjeron internamente un daño inconmensurable y en la opinión pública una falta de credibilidad en el sistema judicial”. Además resaltó que en su gestión convocó a la Comisión de Ética con el objetivo de dar señales de que “el Poder Judicial no tolera actos de corrupción ni jamás lo hará”.

Gloria Ana Chevesich acompañada del Presidente Boric y del expresidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco (Créditos: Sebastián Beltrán / Agencia Uno)

A raíz de un juicio de cuentas, la Contraloría General de la República (CGR) solicitó que la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, y otros tres exfuncionarios de la Corporación Municipal de esa comuna, restituyan más de $1.122 millones por el perjuicio causado a las arcas municipales, dado que la entidad debió pagar reajustes, intereses, multas y gastos de cobranzas por la omisión en los pagos de cotizaciones previsionales y de salud de trabajadores entre 2020 y 2023.

La CGR estableció que “en la referida corporación municipal se efectuaron desembolsos que produjeron un detrimento al patrimonio de esa entidad”. Asimismo, la Contraloría apuntó a Reginato, quien fue alcaldesa por más de 16 años, porque “incurrió en las omisiones culpables que generan sus respectivas responsabilidades para efectos del presente reparo”. Mientras que a los exfuncionarios involucrados “se les imputa la omisión culpable de no haber pagado oportunamente las cotizaciones”.

Consultada al respecto, la alcaldesa viñamarina, Macarena Ripamonti (FA), dijo a La Tercera que “los antecedentes conocidos dan cuenta de reparos que, en su conjunto, superan los $1.500 millones, una cifra de magnitud extraordinaria que evidencia un daño grave y acumulado a las finanzas municipales”. Y añadió que “el daño al patrimonio público nunca es abstracto: cada peso mal utilizado es un peso menos destinado a salud, educación, seguridad, espacios públicos y calidad de vida para los vecinos y vecinas”.

Virginia Reginato fue alcaldesa de Viña del Mar por más de 16 años (Créditos: Miguel Moya / Agencia Uno).

Este martes, el canciller Alberto van Klaveren confirmó que la embajadora Manahi Pakarati deberá terminar de manera anticipada su misión diplomática en Nueva Zelanda y regresará a Chile el próximo 31 de enero. En medio de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el ministro anunció que la funcionaria deberá reincorporarse al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se le otorgarán otras funciones.

La decisión se llevó a cabo luego de que la diplomática publicó una story en Instagram que consignaba: “Libre determinación para la nación de Rapa Nui”, lo cual generó una polémica que presionó el actuar del gobierno. Además, más tarde, se dio a conocer que en una entrevista a un medio internacional, Pakarati dijo que “necesitamos trabajar sobre cómo vamos a obtener el autogobierno”, refiriéndose a la isla. Por ello, Van Klaveren sostuvo que la diplomática no cumplió los protocolos de la embajada, calificando los hechos como una falta por su intromisión en un asunto sensible.

(Créditos: sitio Chile.Gob.cl)