Abogada removida del Tribunal Constitucional fue contratada por la Contraloría a pesar de que tenía tres sumarios en su contra

En octubre de 2025, María Angélica Barriga entró a la Contraloría General de la República (CGR) tras ser removida en septiembre como secretaria abogada del Tribunal Constitucional (TC). En ese tribunal Barriga mantenía tres sumarios en su contra: uno por falsificar su declaración de patrimonio, otro por solicitar acceso a los correos del personal administrativo y el tercero por representar al TC ante un juzgado de Policía Local sin informar al pleno. La presidenta del tribunal, Daniela Marzi, envió un oficio el 8 de octubre de 2025 a la contralora Dorothy Pérez, advirtiéndole la situación. Pese a ello, la profesional fue mantenida en su cargo. La CGR aseguró que sus funcionarios leyeron el oficio del TC recién el pasado 5 de noviembre, fecha en que se habrían solicitado explicaciones a Barriga, quien finalmente fue desvinculada a inicios de diciembre, el mismo día en que CIPER consultó a la Contraloría por estos hechos. La abogada trabajó entre 2006 y 2018 en la Subcontraloría General de la CGR, unidad que fue encabezada desde 2016 por Dorothy Pérez.

La Contraloría General de la República (CGR) autorizó la contratación en octubre de este año de la abogada María Angélica Barriga Meza, pese a que esta funcionaria enfrentaba tres sumarios en el Tribunal Constitucional (TC), situación que fue advertida por escrito a la directora de la institución, Dorothy Pérez, como confirmó CIPER. Barriga Meza no es una desconocida en esa institución: trabajó allí entre 2006 y 2018, año en que firmó una carta de apoyo a Dorothy Pérez cuando ésta perdió el respaldo del entonces contralor, Jorge Bermúdez.

Un hito de esta historia ocurrió el 8 de octubre de 2025. Ese día la presidenta del TC, Daniela Marzi, envió un oficio a la contralora señalando que el primero de esos sumarios había sido resuelto, aprobándose “la remoción de la señora María Angélica Barriga Meza en sus funciones como Secretaria Abogada del Tribunal Constitucional” (ver oficio).

Aquel sumario, y su sanción respectiva, fue originado por el hecho de que la abogada María Angélica Barriga presentó fuera de tiempo declaraciones falsificadas de intereses y patrimonio en los años 2023 y 2024, ingresándolas recién en marzo de 2025 (vea un reportaje de Bío Bío sobre estos hechos). Esta situación provocó la apertura, además, de una investigación penal en la Fiscalía Centro Norte por falsificación de documento público, según confirmó CIPER.

No obstante, y pese al oficio de la presidenta del TC, la abogada Barriga Meza fue mantenida en las oficinas metropolitanas de la Subdirección de la Contraloría General de la República, como revela información disponible en la propia página de esa institución (ver enlace). Finalmente, el órgano fiscalizador resolvió remover a la profesional a inicios de diciembre pasado. Lo hizo el mismo día en que CIPER le consultó por la situación de Barriga. 

CIPER preguntó el pasado jueves 4 de diciembre a la Contraloría por el caso de Barriga. El órgano contralor explicó que la abogada ingresó a trabajar a la institución el 1 de octubre tras presentar su postulación en la plataforma de empleo institucional. A esa fecha, “en los registros del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (Siaper), no figuraba ninguna medida disciplinaria ni incompatibilidad para su contratación”, señaló la respuesta. 

Sobre el oficio que mandó el TC el 8 de octubre, la Contraloría indicó a CIPER que se tomó conocimiento formal de este documento recién el 5 de noviembre, solicitando a Barriga explicaciones sobre la materia. «La funcionaria entregó los expedientes, los que, luego de ser analizados en detalle, derivaron en que se le solicitara la renuncia, la cual fue presentada y aceptada con esta fecha», informó la CGR. El organismo pidió la renuncia a Barriga Meza el mismo día que CIPER preguntó a esa entidad por la situación laboral de la abogada. 

María Angélica Barriga aseguró a CIPER que está preparando su defensa, para así ejercer las acciones judiciales que le permite la ley respecto al sumario que terminó con su remoción del TC. Reconoce que ingresó a destiempo sus DIP de 2023 y 2024, entregadas en marzo de 2025, aunque agrega que éstas no fueron observadas ni se solicitó alguna rectificación por parte de la Contraloría (vea las respuestas completas de Barriga). 

Las declaraciones de patrimonio que Barriga no publicó en tiempo y forma están disponibles en el sitio web de transparencia del TC. Sin embargo, esta no fue la única situación que provocó sumarios en su contra durante su paso por el TC. La institución también investigó y sancionó a la abogada por solicitar y acceder de forma irregular a los correos del personal administrativo bajo su mando y por representar al TC en una gestión en el Segundo Juzgado de Policía Local, sin tener poderes para ello y sin informar al Pleno de la entidad.

Respecto a los correos a los que solicitó acceder, la ahora exsecretaria abogada del TC aseguró que pidió “únicamente información de las actividades diarias de trabajo del personal administrativo, con copia a la jefa de tramitación y a la Secretaria Abogado (ella misma)”. Explica que esto se hizo para evitar conflictos laborales y que las necesidades de tramitación de causas realizadas fuera de los horarios de trabajo fueran conocidas por las jefaturas. También, la abogada afirmó que ningún correo fue almacenado por las jefaturas. 

Sin embargo, la resolución del TC dictaminó que Barriga ordenó al Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones crear una regla de Outlook que permitiera crear un repositorio donde ella pudiera revisar todos los correos electrónicos enviados por los relatores a los funcionarios de la secretaría del tribunal, sin que estas gestiones fueran informadas a los propios relatores, o al pleno del TC (vea la resolución del sumario).

FUE SUBALTERNA DE LA ACTUAL CONTRALORA

María Angélica Barriga asumió como Secretaria Abogada del Tribunal Constitucional el 4 de junio de 2019, tras ganar un concurso al que postularon 47 profesionales. Su nuevo trabajo consistía en ser Ministra de Fe Pública del TC. Era, por tanto, la persona responsable de autorizar todas las providencias y demás actuaciones de la institución. Previamente, mantuvo funciones durante un año en el Servicio Electoral (Servel) y, anterior a eso, en la misma Contraloría, entre los años 2006 a 2018. 

En efecto, Barriga Meza no es una desconocida para los equipos que han trabajado con Dorothy Pérez. En su paso por la CGR trabajó de hecho en la Subcontraloría General, unidad que encabezó Pérez desde 2016. También, durante ese período, Barriga realizó gestiones en favor de ella, cuando el excontralor Jorge Bermúdez quiso remover a Dorothy Pérez en 2018 de su cargo como subcontralora por “razones de confianza”. En esa ocasión la abogada Barriga Meza firmó una carta pública rechazando su remoción. 

“Pretender aplicarle la disposición general del artículo 3° de la LOC CGR, que permite al contralor remover a los demás ‘empleados’ de la Contraloría por razones de confianza, obviando su carácter de juez de la República, constituye un atentado a las bases del Estado de Derecho”, decía aquella misiva suscrita por otra veintena de abogados (ver información de prensa). 

LOS DESCARGOS

CIPER consultó a María Angélica Barriga sobre los sumarios en su contra en el TC: “En relación a las actualizaciones [de Declaración de Intereses y Patrimonio] de los años 2023 y 2024, éstas se realizaron en marzo de 2025, y se remitieron a la CGR en la misma fecha, no siendo observadas, o existiendo petición de rectificación por parte de dicho organismo”, respondió. 

Respecto al sumario que investiga el acceso de Barriga Meza a los correos institucionales de funcionarios del tribunal, ella señaló que los actos del Tribunal Constitucional son públicos, por lo que, a su juicio, eso significa que “los correos institucionales no son secretos, sino que forman de las actuaciones propias que ejecutan los miembros del tribunal”.

Sobre el detalle de lo que ella solicitó en abril de 2024 al jefe del área informática, Barriga explica: “fue crear una casilla de relatores para toda la secretaría, donde llegaba únicamente información de las actividades diarias de trabajo del personal administrativo, con copia a la jefa de tramitación y a la secretaria abogado [cargo que mantenía Barriga en el TC]. Ningún correo electrónico se almacenaba por las jefaturas”. En cuanto al objetivo de crear esa casilla, la abogada indicó: 

“Esta solicitud tuvo como finalidad evitar conflictos laborales y que las jefaturas tomaran conocimiento de necesidades de tramitación fuera de los horarios de trabajo para poder dar solución a ellos, lo cual hizo en cada oportunidad que fue necesario, debido a que el personal tenía cierre de sus accesos remotos a las 18:00, situación que anteriormente no acontecía y generaba una prolongación de sus labores más allá de la jornada ordinaria de trabajo que no era retribuida por no existir en esa fecha un reglamento interno que regulara la materia, lo que provocaba quejas y reclamos”.