La autora de esta columna hace un análisis de las dificultades que ha tenido la aplicación de la Ley Karin en el mundo público. Sostiene que «la Ley Karin representa un avance civilizatorio en materia de derechos laborales. Pero su verdadera efectividad dependerá de que el Estado chileno deje de ser un observador pasivo y asuma un rol activo en garantizar procesos justos, rápidos y con enfoque humano. Se requieren plazos más breves, acompañamiento integral, medidas de resguardo efectivas y sanciones ejemplares. De lo contrario, la ley corre el riesgo de transformarse en un trámite más dentro de la burocracia estatal».
Créditos imagen de portada: Ignacio Jhonson / Agencia Uno
La Ley Karin ha permitido visibilizar el acoso laboral y sexual, pero su proceso en el sector público enfrenta demoras estructurales y culturales que amenazan su efectividad. Los procesos lentos, las investigaciones mal realizadas y la revictimización siguen siendo una deuda del Estado.
En agosto de 2024 entró en vigor la Ley Nº 21.643, conocida como Ley Karin, que modificó el Código del Trabajo para sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y las conductas violentas en los espacios de trabajo. Su propósito fue claro: garantizar entornos laborales libres de violencia, tanto en el sector privado como en el público.
A más de un año de su aplicación, Chile cuenta con una ley moderna y necesaria, pero su impacto real en el Estado —donde debería dar el ejemplo— sigue siendo limitado.
En el ámbito del sector público, los informes iniciales señalaron que un 73,4% de las denuncias están vinculadas al acoso laboral y el 77% de denunciantes son mujeres.
La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) comunicó que la medida más frecuentemente implementada es la Atención Psicológica Temprana (APT), utilizada en el 71% de los casos.
El incremento en la presentación de denuncias refleja un cambio cultural significativo: durante años, el acoso había sido un secreto institucional. La Ley Karin ha proporcionado nombre, procedimiento y sanción a lo que anteriormente era difícil de visibilizar.
PROCESOS LENTOS Y MAL EJECUTADOS: LA OTRA CARA DEL SISTEMA
La visibilidad no es suficiente. La implementación de la Ley Karin ha puesto de manifiesto deficiencias estructurales en el sector público. Hay situaciones en las que el o la denunciante continúa trabajando junto a su agresor, sin que se implementen medidas de separación, lo cual representa una forma de revictimización. Según el informe de la DT, muchas entidades públicas no han adoptado medidas de protección adecuadas y un número significativo de denuncias permanece sin resolver después de seis meses de iniciadas las investigaciones.
Un análisis sectorial reveló que entre agosto y diciembre de 2024 se registraron 5.214 denuncias en el sector público (3.376 por acoso laboral, 1.666 por violencia en el trabajo y 172 por acoso sexual), concentrándose principalmente en los ministerios de Salud, Educación y Justicia. Según la información más reciente disponible, la Dirección del Trabajo reportó 44.212 denuncias ingresadas entre agosto de 2024 y junio de 2025 bajo la Ley Karin, lo que demuestra la magnitud del problema a nivel nacional. Estos datos están respaldados por la Cuenta Pública del Servicio Civil 2025 y los reportes oficiales de la SUSESO y la Dirección del Trabajo, que confirman que el aumento de denuncias responde tanto a una mayor visibilización como a una mayor disposición de las personas trabajadoras a utilizar los mecanismos formales de denuncia.
Estos procesos deficientemente ejecutados no solo comprometen el derecho a obtener justicia, sino que también desincentivan futuras denuncias.
Si la víctima percibe que no hay cambios, el mensaje institucional es devastador. Además, se suma la carencia de capacitación para los equipos responsables de investigar estos casos. Muchos comités de convivencia o fiscalías administrativas carecen de formación en perspectiva de género y acompañamiento psicosocial, lo que origina investigaciones superficiales o sesgadas. En lugar de ofrecer reparación, estos procedimientos se transforman en espacios donde las víctimas experimentan desgaste emocional al tener que revivir sus vivencias repetidamente ante funcionarios poco capacitados o indiferentes. Esto resulta en una pérdida doble: desconfianza hacia las instituciones y normalización de la impunidad dentro del propio aparato estatal.
DESPROTECCIÓN Y REVICTIMIZACIÓN: UNA FALLA ESTRUCTURAL
Uno de los principios esenciales de la Ley Karin es salvaguardar a la víctima durante el proceso. No obstante, las evidencias prácticas indican que la falta de protección es común. Las medidas de resguardo —como el cambio temporal de funciones, la suspensión del agresor o el traslado de la víctima— no siempre se implementan.
Esto resulta en que las personas afectadas sean aisladas, cuestionadas o trasladadas injustamente, mientras el agresor conserva su cargo. Esta situación se convierte en una segunda agresión, proveniente del propio sistema estatal.
Además, se suma la falta de mecanismos para un seguimiento psicológico y laboral después de realizar la denuncia. En muchos casos, tras concluir el sumario, la víctima queda desamparada, sin apoyo ni reparación efectiva. Esta omisión no solo prolonga el daño emocional, sino que también transmite un mensaje desalentador: denunciar tiene repercusiones, pero proteger no. De este modo, el Estado reproduce la violencia institucional que pretende erradicar, minando así la confianza de sus propios trabajadores en los sistemas internos de justicia.
EFICACIA PARCIAL Y DESAFÍOS ESTRUCTURALES
¿Podemos decir que la Ley Karin es efectiva en el ámbito público? Sí, pero solo en parte.
Ha permitido visibilizar el acoso, aumentar las denuncias y mejorar los mecanismos legales. Gracias a esta ley, miles de funcionarias y funcionarios han podido identificar y nombrar prácticas que antes se normalizaban dentro de las oficinas del Estado. Sin embargo, esa conquista simbólica se enfrenta a un muro burocrático: la lentitud administrativa, la falta de fiscalización efectiva y la débil protección hacia las víctimas amenazan con vaciar de contenido el espíritu de la norma.
El problema ya no es la ausencia de ley, sino su aplicación deficiente y desigual. En muchos servicios públicos, los protocolos contra el acoso existen solo en el papel. Se activan procedimientos sin enfoque de derechos, los sumarios se dilatan sin razones justificadas y las medidas de resguardo —como separar a la víctima del agresor u ofrecer acompañamiento psicológico oportuno— no siempre se aplican.
Además, el déficit de formación en las jefaturas genera que los casos sean tratados más como un trámite administrativo que como una situación de vulneración grave. En lugar de reparar, se burocratiza el daño. En muchos ministerios y municipios, las víctimas continúan compartiendo espacios laborales con sus agresores o incluso enfrentan represalias veladas, mientras los procesos se estancan por meses.
El resultado es un sistema que aparenta justicia, pero que en la práctica reproduce desigualdad y silencio institucional. La Ley Karin, sin un Estado capaz de implementarla con rigor y humanidad, corre el riesgo de convertirse en una promesa vacía más: un avance normativo que no logra transformar la cultura laboral ni garantizar entornos realmente seguros.
LA LEY NO BASTA SI EL PROCESO NO CAMBIA
La Ley Karin representa un avance civilizatorio en materia de derechos laborales. Pero su verdadera efectividad dependerá de que el Estado chileno deje de ser un observador pasivo y asuma un rol activo en garantizar procesos justos, rápidos y con enfoque humano.
Se requieren plazos más breves, acompañamiento integral, medidas de resguardo efectivas y sanciones ejemplares. De lo contrario, la ley corre el riesgo de transformarse en un trámite más dentro de la burocracia estatal.
La verdadera medida del éxito no será el número de denuncias, sino cuántas víctimas logran sentirse seguras, escuchadas y reparadas. Hasta que eso ocurra, el Estado seguirá en deuda con los miles de personas que hoy denuncian y, al mismo tiempo, conviven con sus agresores en silencio.
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La mal utilización de la ley y que por exigencias propias del trabajo se intérprete que es acoso, una falla estructural y de percepción que en esta columna no visualiza y lo que genera en el ambiente laboral, el costo rrhh de tomar los resguardo a las víctimas utilizando esta para cambiar de función. Finalmente los liderazgos son cuestionados por las relacionales personales de colegas o los que no cumplen con las competencias de los cargos utilizan esta ley. Falto ese análisis en la columna según las estadísticas.
Allison Calderón | 15.12.2025
Yo denuncié por ley latín en el sistema público, con pruebas en mano y sin testigos pro que nadie quiere meterse en problemas y te dejan sola, te marginan y debes permitir que te traten como la mala solo por que tu agresor tiene un cargo superior. En mi caso y opinión la ley karim es un trámite que termina acabando contigo, yo tuve que renunciar por que mi caso se cerró sin argumentos, me fui sin saber qué sucedió pues los malos tratos aumentaron al punto de que me aislaron de mis funciones, por salud mental decidí irme.
Paula Leticia | 14.12.2025 | Socio/a 5 años y 6 meses
En esta columna, no se menciona el uso poco ético de esta ley, por parte de funcionarios que buscan represaliar a jefaturas por adopción de medidas administrativas. El Consejo Observador Público Privado de Ley Karin, ya adelantó evidencias en este sentido
Marta | 14.12.2025
Pésima ley si sigue siendo el abusador quien investigue el acoso! todo mal si mas encima la DT no tiene el poder para fiscalizar si la empresa dice no! Si ésto es falso significa que me mintieron y encubrieron a la empresa...muy decepcionada del sistema en general
Marianela Campos Pastén | 13.12.2025
Y qué pasa cuando la ley karin es falsa?,quién protege al funcionario que fue falsamente acusado?
Barbara Garate | 13.12.2025
También la ley tiene muchos vacíos en cuanto a las penas para aquellos que denuncian sin tener pruebas. Ese es un gran vacío de la ley porque ha Sido lastimosamente muy mal utilizada por varios
Socio/a 5 años y 6 meses
