Senado destituye de la Corte Suprema al juez Diego Simpertigue; gobierno pide la renuncia al director de la “Tía Rica”, y ordenan arresto domiciliario total para dos carabineros por fatal atropello de hinchas de Colo Colo

El Senado decidió remover al ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue de su cargo. Al ahora exmagistrado se le acusó por notable abandono de los deberes de probidad, abstención e imparcialidad en la tramitación de las causas del consorcio bielorruso Belaz-Movitec y del Caso Fundamenta. Simpertigue, además, no podrá ejercer cargos públicos durante cinco años.  

La acusación constaba de tres capítulos. El primero fue aprobado de manera unánime y apuntaba a que el exjuez no se inhabilitó por su relación de cercanía con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes representaban al consorcio bielorruso Belaz Movitec en un litigio contra Codelco. Simpertigue falló en favor de esa empresa y luego se fue de viaje en crucero por Europa con Lagos.  Algo similar ocurrió en el Caso Fundamenta, que fue revelado por CIPER (lea aquí el reportaje), ya que Simpertigue tampoco presentó inhabilidad en la disputa judicial en la que se enfrentaban vecinos de Ñuñoa contra la Inmobiliaria Fundamenta. En esa causa, Vargas y Lagos asesoraron bajo reserva a esta última (lea aquí el reportaje de CIPER). Al igual que en el caso anterior, tras fallar en favor de Fundamenta, el exmagistrado viajó en crucero por Europa en compañía de ambos abogados y las parejas de cada uno de ellos.

Solo se rechazó el capítulo que sostenía que Simpertigue vulneró el principio de probidad al mantener conflicto de interés cuando su yerno fue nombrado notario en San Miguel, justo en la época en la que el exjuez se desempeñaba como ministro visitador de la Corte de Apelaciones de esa misma comuna.

En paralelo, la Corte Suprema mantiene abierto un sumario contra Simpertigue en el que la semana pasada el fiscal judicial que encabeza la investigación, Jorge Pizarro, informó que va a presentar cargos contra el supremo.

El ahora exministro de la Suprema, Diego Simpertigue, durante su defensa en el Senado (Créditos: Óscar Guerra / Uno Noticias).

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social solicitó la renuncia al director general de Crédito Prendario (Dicrep), Cristóbal Sepúlveda, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) detectó que ese servicio -conocido popularmente como “Tía Rica”- funcionaba con escaso control y casi nula trazabilidad de sus procesos. La auditoría de la CGR arrojó que, entre 2023 y 2024, fueron 1.681 las personas con antecedentes penales que empeñaron especies por $1.507 millones sin que se verificara el origen de las especies. Incluso, hay registros de usuarios que realizaron hasta 230 operaciones en un año. Lo anterior, sin que la Dicrep notificara al Ministerio Público o a las policías. 

El gobierno informó a través de un comunicado que Sepúlveda, quien llegó al cargo por medio del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), será reemplazado interinamente por el jefe jurídico de la dirección, Juan Andrés Troncoso.

Cristóbal Sepúlveda (Créditos: Sitio web Dicrep).

Tras cumplirse más de ocho meses desde la muerte a las afueras del estadio Monumental de un niño y una joven, en la antesala de un partido de Colo Colo contra el brasileño Fortaleza por la Copa Libertadores, este lunes se llevó a cabo la audiencia de formalización por apremios ilegítimos con resultado de homicidio en contra de los dos carabineros que estaban a bordo del vehículo policial que habría atropellado a las víctimas. El 13° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó arresto domiciliario total y arraigo nacional para el sargento Luis Salazar, quien conducía el carro lanza gases, y para el capitán Williams Troncoso, que lo acompañaba. Ambos uniformados se encuentran activos dentro de la institución. 

La Fiscalía Metropolitana Oriente había pedido prisión preventiva para los imputados, pero el tribunal desestimó la solicitud. El persecutor de Análisis Criminal, Jorge Reyes, sostuvo que el juzgado reconoció la existencia del delito. Explicó que no se decretó prisión preventiva debido a que los carabineros “no tienen antecedentes, han colaborado de alguna forma en la investigación, ya que han concurrido voluntariamente a la audiencia (…) y a la reconstitución de escena”, dijo. 

El tribunal otorgó un plazo de 120 días para el desarrollo de la indagatoria en un caso en que las víctimas fatales fueron el menor Mylan Liempi, de 12 años, y la joven de 18 años Martina Pérez.

Imágenes de la reconstitución de escena en las afueras del estadio Monumental (Créditos: Diego Martin / Uno Noticias)