Femicidio y suicidio femicida: expresión extrema de una violencia que hay que abordar

Señor Director:

Este 19 de diciembre se conmemora el Día Nacional contra el Femicidio, un crimen que no solo arrebata la vida de mujeres, sino que representa la expresión más extrema de la violencia de género. En Chile, esta problemática persiste como una de las mayores amenazas para la salud pública y los derechos humanos. Según la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (2024), el 23,1% de las mujeres entre 15 y 65 años declara haber sufrido violencia física, sexual o psicológica en el último año, mientras que un 37,7% señala haberla enfrentado en algún momento de su vida.

Asimismo, cuando hablamos de femicidio, crimen que se considera una expresión extrema de la violencia de género, datos oficiales del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género muestran que durante este 2025 han ocurrido 40 femicidios consumados, 283 femicidios frustrados y 58 femicidios tentados.

Estas cifras no son meramente estadísticas: representan trayectorias vitales marcadas por el sufrimiento, la desigualdad y la impunidad. Las consecuencias en salud mental son profundas y persistentes, con tasas más altas de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, consumo problemático de sustancias y riesgo suicida, lo que afecta a sus entornos familiares y sociales y genera repercusiones intergeneracionales, especialmente cuando no se abordan de manera eficaz.

La reciente promulgación de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las mujeres (Ley 21.675), tras siete años de tramitación legislativa, constituye un avance histórico al reconocer explícitamente la diversidad de manifestaciones de la violencia de género. Esta ley establece un marco intersectorial de prevención, atención y reparación, pero su implementación efectiva requerirá de voluntad política, recursos sostenidos y una vigilancia crítica desde distintos espacios sociales, incluida la academia.

En paralelo, urge avanzar en medidas concretas a corto y largo plazo: garantizar acceso oportuno y digno a salud mental, fortalecer los sistemas de justicia, fortalecer las redes de apoyo comunitarias, educar y sensibilizar a la población por todos los medios que sean necesarios, fortalecer la autonomía económica de las mujeres y, particularmente, generar conocimiento útil para orientar políticas públicas basadas en evidencia. Esto implica evaluar sistemáticamente las intervenciones y adaptarlas a las realidades territoriales y culturales de las mujeres chilenas. Más aún, se necesita avanzar en un cambio cultural profundo en nuestra sociedad, que concientice a hombres y mujeres sobre esta problemática.

La violencia contra la mujer no es un fenómeno aislado ni episódico; atraviesa generaciones, clases sociales, niveles educativos y regiones. El femicidio y el suicidio femicida son manifestaciones de una violencia estructural que va cobrando vidas y aún no logramos abarcar.  Abordarla de manera integral es una responsabilidad ética, sanitaria y política impostergable.