Crimen organizado: 42 gendarmes de Santiago 1 son indagados por cobrar por el ingreso de visitas indocumentadas, alcohol y drogas

Al menos 42 gendarmes del penal Santiago 1 están bajo investigación del Ministerio Público y la PDI por cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Los funcionarios son indagados por facilitar la distribución de drogas en el penal y el ingreso de celulares, alimentos de alta calidad y alcohol, así como permitir el acceso de visitas indocumentadas que se reúnen con miembros de organizaciones delictuales. Este es el caso más grave, hasta ahora, de la penetración en Gendarmería del crimen organizado, el que busca controlar los penales para dirigir desde ellos sus negocios ilegales. Las pesquisas de la fiscalía incluyen la interceptación de teléfonos de gendarmes, la revisión de sus cuentas bancarias y el análisis de su patrimonio. Durante esta madrugada, la Fiscalía Metropolitana Occidente tenía orden para allanar 77 blancos que buscan desbaratar esta red de corrupción donde se incluye a 35 civiles que operan en el exterior de los recintos. El operativo contemplaba el despliegue de 500 funcionarios de la PDI y 190 de Gendarmería, con diligencias en siete regiones del país y en siete recintos penitenciarios.

El Ministerio Público tiene imágenes del momento en que una persona indocumentada ingresó a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) Santiago 1. Lo hizo evadiendo todos los controles del supuestamente recinto penitenciario más seguro del país, los que incluyen el registro biométrico a través de la huella dactilar. Según personas que conocen los detalles de la investigación que lleva la fiscalía, lo que se ve en esas imágenes es a personal de Gendarmería simulando realizar el protocolo que se debe ejecutar en estos casos: verificar los documentos de identidad de quien pide ingresar, revisar si se encuentra enrolado entre las personas autorizadas para hacer visitas a internos y tomar su huella para que quede registro de su acceso. Lo más impactante es que los funcionarios, conscientes de que hay cámaras de vigilancia, según explican quienes han visto estas grabaciones, hacen una verdadera pantomima, mueven brazos y manos, actuando como si efectivamente revisaran una cédula de identidad y registraran una huella. 

La indagatoria que lleva adelante la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente en conjunto con la PDI ya obtuvo evidencia que acreditaría que la maniobra descrita en el párrafo anterior tiene una tarifa: $60 mil para que alguien sin papeles pueda visitar a un recluso. Un precio muy bajo para el daño que provoca a la seguridad pública: fuentes familiarizadas con la investigación señalan que es imposible determinar quiénes ingresaron de esta forma para reunirse con miembros de organizaciones criminales que están en prisión preventiva -incluidos líderes del Tren de Aragua-, los que pudieron usar esta vía para transmitir instrucciones al exterior y dirigir delitos como secuestros, sicariato, narcotráfico, prostitución, trata de personas y extorsiones.  

Las pesquisas se han desarrollado por lo menos durante los últimos ocho meses y demuestran que la maniobra de la mímica para dejar entrar a sujetos indocumentados forma parte de una red de corrupción mucho más amplia. CIPER pudo confirmar que al menos 42 funcionarios de Gendarmería que trabajan o trabajaron en la CAS Santiago 1 son actualmente investigados por la fiscalía por su presunta participación en gestiones que facilitan las operaciones de organizaciones criminales al interior de esa unidad penal. 

La fiscalía ha sometido a pesquisas a estos 42 gendarmes por su eventual participación en delitos como cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El asunto es grave: el grupo de 42 funcionarios de la CAS Santiago 1 representa aproximadamente el 10% del total de gendarmes de ese recinto. 

Durante la madrugada de hoy martes 16 de diciembre, el Ministerio Público tenía orden para allanar 77 domicilios y espera formalizar a la misma cantidad de imputados, entre los que se cuentan los 42 gendarmes bajo investigación. El período indagado contempla ilícitos ocurridos entre los años 2023 a 2025. 

Créditos: Agencia Uno

Los gendarmes involucrados no actúan de forma jerarquizada bajo un mando centralizado. La investigación apunta a que hay varios grupos de funcionarios que ofrecen servicios a los internos a cambio de dinero: ingreso de drogas, celulares, alimentos de alta calidad y bebidas alcohólicas, así como acceso a una red WiFi que puede eludir las antenas inhibidoras del penal.

La investigación también indica la participación de 35 personas (chilenas y extranjeras) que operan en el exterior, entre los que se cuentan familiares de internos. Entre estos civiles externos figuran 31 “manilleros”, como se denomina a personas que se instalan afuera del penal y ofrecen sus servicios para facilitar el contacto con gendarmes que permitan el ingreso de productos o personas. También hay al menos siete parejas de gendarmes involucradas y que, junto a otros dos sujetos, actúan como testaferros. 

Este es el caso más grave, hasta ahora, de la penetración del crimen organizado en una entidad pública que debe combatir la delincuencia, como lo es Gendarmería. Agrupaciones delictuales como el Tren de Aragua buscan controlar los penales para dirigir desde ellos sus negocios ilegales, tal como ya ocurre en países como Venezuela, Ecuador y Brasil. Para lograrlo, corrompen o extorsionan al personal penitenciario, a objeto de que permitan ingresar dispositivos electrónicos o visitas que facilitan la coordinación de los delitos que se cometen en el exterior o que mejoran la calidad de vida de los miembros de la organización encarcelados, a los que se facilita el acceso a drogas, alcohol, alimentos, televisores y citas íntimas.

Según la información a la que tuvo acceso CIPER, los investigadores han recopilado escuchas telefónicas e imágenes. Estas últimas fueron conseguidas tras la instalación de cámaras especialmente dispuestas en las inmediaciones de la CAS Santiago 1. Entre las diligencias desplegadas por la PDI se cuentan seguimientos a personas, infiltración de testigos, levantamiento de secreto bancario y análisis patrimonial de los 42 gendarmes indagados.     

CIPER tuvo acceso a los nombres de estos gendarmes de la CAS Santiago 1 y a algunos de los antecedentes que componen la estructura criminal detectada. 

Esta es la lista de funcionarios investigados: 

1. Luis Rodrigo Santana Gutiérrez
2. Rubén Alejandro Zúñiga Burgos
3. Carlos Ricardo Marín Hueche
4. José Hernán Cisternas Pino
5. Eduardo Alfredo Espinosa Ramos
6. Fernando Andrés Morales Retamal
7. Miguel Ángel Tejo Atenas
8. Ricardo Andrés Gutiérrez Acuña
9. Ricardo Antonio Riveros Matus
10. Boris Francisco Rodríguez Osses
11. Humberto Darío Sandoval León
12. Ariel Sebastián Mallea Alvarado
13. Aaron Octavio Hernández Martínez
14. Richard Andrés Medel Alvear
15. Fernando Maunes Chamorro Morales
16. Joel Alejandro Lagos Olivares
17. Stefania Fernanda San Martín Rivera
18. Sergio Reinaldo Zúñiga Briones
19. Bárbara Natalia Yévenes Vásquez
20. Pedro Francisco Malverde Rodríguez
21. Marcelo Pinilla Aroca
22. Ignacio Araneda Muñoz
23. Moisés Contreras Contreras
24. Luis Ruiz González
25. Elvis Astudillo Hormazábal
26. Julio César Henríquez Villalobos
27. Cristian Alexis Valenzuela Quezada
28. Carlos Eduardo Martínez Rodríguez
29. Leandro Antonio Díaz Sanhueza
30. Luis Gastón Bravo Piggati
31. Guillermo Andrés Velozo Díaz
32. Adolfo Antonio Jiménez Sierra
33. Nicolás Armando Ayala Chamorro
34. Fernando Antonio Uribe Martínez
35. Iván Andrés Ramírez Ramírez
36. Felipe Eduardo Chávez Olivares
37. Misael Felipe Castro 
38. Juan Francisco Neculman Flores
39. Claudio Alejandro Vivieros Ñanco
40. Óscar Alejandro Marimán Caniupán
41. Pedro Hernán Huechupan Cárdenas
42. CIPER no pudo constatar la identidad de uno de los funcionarios. 

Durante esta madrugada, la Fiscalía Metropolitana Occidente liderada por Marcos Pastén, tenía orden para allanar a los 42 gendarmes y a los 35 civiles indagados: en total, 77 blancos para un operativo que involucra a siete regiones del país. CIPER pudo confirmar que el masivo allanamiento se efectuaría en las regiones Metropolitana, Maule, Biobío, La Araucanía, Ñuble, Los Ríos y Rancagua. Y que lo llevarían a cabo 690 funcionarios de Gendarmería y la PDI: 190 gendarmes y 500 policías. 

La diligencia se llevará a cabo en al menos siete recintos penitenciarios del país. A la Cárcel de Alta Seguridad Santiago 1, se suman el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (también conocido como ex-Penitenciaria), Punta Peuco, el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1, el Complejo Penitenciario de Biobío y el de Rancagua.

Algunos gendarmes y civiles investigados por la Fiscalía Metropolitana Occidente.

LOS NEGOCIOS DE LOS GENDARMES

Santiago 1 es reconocida en la población penal por su fama de que, en su interior, se puede comprar de todo. Así al menos lo indican varias declaraciones que la fiscalía ha recolectado en otras causas. Y, según la investigación que lidera la Fiscalía Metropolitana Occidente, efectivamente existe un mercado de transacciones ilegales donde grupos de gendarmes operan a cambio de dinero. De hecho, la información recopilada por los efectivos de la PDI destinados a esta causa es que los internos identifican, dentro del penal, un sector al que llaman “la feria”, porque, según declaran, ahí se transan diversas mercaderías con total desparpajo. 

Según los antecedentes de la causa, en este negocio participan gendarmes que trabajan directamente con los internos, porque conocen la alta demanda de productos prohibidos. Para ello ocultan las especies entre sus prendas o pertenencias, y en algunos casos pagan sobornos a los funcionarios del control peatonal para asegurar el ingreso.

Entre los antecedentes que pudo conocer CIPER, se cuentan las tarifas establecidas por los gendarmes que forman parte de este negocio ilícito:

• Ingreso de personas indocumentadas: $60.000.
• Uso del baño para relaciones sexuales: $15.000. 
• Cambio de módulo: $100.000
• Un kilo de carne tipo huachalomo: $60.000
• Una palta: $10.000
• Tarro de atún desmenuzado: $5.000
• Un kilo de arroz: $20.000
• Dos paquetes de tallarines + dos salsas: $50.000
• Teléfono celular: $350.000 a $400.000
• Cargador de celular: $50.000
• Chip telefónico: $15.000

En la investigación consta que agentes encubiertos hicieron ingreso de un hervidor que en el comercio les costó $15.000, pero, con las coimas, terminaron desembolsando $150.000. 

De acuerdo con la investigación, los funcionarios recibían pagos por este servicio no solo en efectivo, también mediante transferencias bancarias a sus cuentas personales o utilizando las de terceras personas con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero.

Algunos gendarmes y civiles investigados por la Fiscalía Metropolitana Occidente.

Según explican conocedores de la investigación, como no se trata de una organización jerarquizada, lo que generalmente ocurre es que dos o tres gendarmes que trabajan en una misma área o labor se coluden para actuar soterradamente en virtud de los roles que tienen a su cargo. Pero, esto no le resta gravedad al caso, pues la corrupción está ampliamente extendida, al afectar al 10% del total de los funcionarios de la CAS Santiago 1. Esto implica que el penal puede quedar expuesto al control del crimen organizado, el que podría ofrecer altas sumas de dinero a los gendarmes involucrados en actividades ilegales o bien someterlos a extorsión, bajo la amenaza de denunciarlos. Así, por ejemplo, el acceso al recinto -entre otras acciones que ejecutan funcionarios contaminados- podría quedar a merced de las organizaciones delictuales.    

Pero, además existen otras dos modalidades de negocio que internamente se conocen como “rescate” y “delivery”. En el primer caso, se trata de funcionarios que participan en allanamientos o incautaciones en módulos del penal, sustraen teléfonos y otros objetos prohibidos y posteriormente los venden a los internos a los que se les requisó el producto o a otros reclusos dispuestos a pagar los exuberantes montos exigidos. El “rescate” de un celular decomisado, por ejemplo, podría terminar costando para todo un módulo hasta $1,5 millones.  

Las pesquisas del Ministerio Público identificaron al menos a nueve gendarmes que participaron de este negocio. Tres de ellos, según estos antecedentes, reciben pagos a través de testaferros. 

En el caso del “delivery”, los internos solicitan directamente a gendarmes el ingreso de ciertos productos, incluyendo sustancias ilícitas. Luego, cuando los funcionarios salen del penal, compran los encargos de los reos y los ingresan ocultos en sus bolsos o en su vestimenta. 

En estos tres negocios (“feria”, “rescate” y “delivery”) participan principalmente los funcionarios que se encuentran de guardia interna. Pero, de acuerdo con los antecedentes recopilados por la fiscalía, hay gendarmes que cumplen otras funciones y que también participan de estructuras criminales. Por ejemplo, aquellos que se encuentran en el control de acceso al penal –sector que coloquialmente se conoce como “Aduanas”- y que deben detectar el ingreso de productos prohibidos. Otros cumplen funciones en el Grupo de Apoyo y Reacción Primaria (GARP), que presta apoyo en los desplazamientos de internos entre las distintas áreas del penal (oficina de clasificación, módulos, hospital, etc.), o participan en los procedimientos de registro y allanamiento que se realizan en diferentes módulos.

El ingreso a la Cárcel de Alta Seguridad Santiago 1 de personas sin cumplir con los requisitos ni protocolos de enrolamiento, es lo más grave que consta en la investigación. Si bien hasta ahora ese ilícito se asocia al acceso al recinto de las llamadas “gatitas”, cuyo objetivo es ingresar para sostener encuentros sexuales con los presos, la investigación podría constatar nexos con el crimen organizado para ejercer el control desde las cárceles. 

Cárcel de Alta Seguridad (CAS) Santiago 1 (Créditos: Web Subsecretaría del Interior)

CORONA DE FLORES: EL ORIGEN DE LA CAUSA

Fue en abril de 2024 que el fiscal nacional Ángel Valencia encomendó al fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, el “foco penitenciario” en la Región Metropolitana, con la misión de desbaratar aquellas asociaciones ilícitas que operan desde las cárceles. Desde ahí, la fiscalía Occidente ha recopilado información que expone la alarmante situación al interior de los penales. 

El 5 de abril de este año, se produjo el primer ataque armado -al menos el primero del que se tiene registro- del crimen organizado contra un funcionario público. Ese día, tres sujetos venezolanos dispararon contra la puerta del domicilio de un oficial de Gendarmería de la CAS Santiago 1, quien había dirigido allanamientos y otras acciones para cortar los contactos con el exterior de los internos que integran organizaciones criminales. Los agresores, además, dejaron en la casa del oficial, en Cauquenes (Maule), una corona de flores y una carta. “Descansa en paz (iniciales tarjadas). Se despide tu familia, pronta muerta. Así como estás muerto tú, vamos por tus amigos SAPOS. Tenemos todas las ubicaciones de todos. Atte: Los Contra del Abuso”, decía el mensaje.

En agosto pasado, CIPER reveló que los datos sobre el domicilio del comandante amenazado y los días que pasaría en su casa, fueron entregados al Tren de Aragua por colegas del oficial que, al igual que él, trabajan en la CAS Santiago 1 (vea ese artículo: “Crimen organizado en cárcel Santiago 1: información personal de gendarme amenazado con disparos en su casa fue facilitada por sus colegas”).

Semanas después, T13 difundió parte de la declaración del funcionario amenazado, en la que responsabilizó directamente a uno de sus compañeros por la filtración de sus datos. Según publicó La Tercera, el oficial amenazado había ordenado el seguimiento del gendarme al que después identificó como autor de la filtración. “Ese funcionario trabajó ese día en el módulo 88. Estaba molesto conmigo porque en una ocasión me lo topé en un pasillo, cerca del módulo 15 o 16. Llevaba un bolso con lo que claramente parecía comida y se dirigía hacia los módulos 11 y 12. Yo sospechaba que transportaba productos para vender, por lo que ordené a dos oficiales que lo siguieran”, relató el comandante, según consignó La Tercera.

De acuerdo con el análisis del propio denunciante -como reveló recientemente T13-, quien habría facilitado la dirección de su domicilio sería un suboficial apodado “Doctor”, también oriundo de Cauquenes.

Este caso encendió las alarmas de los investigadores, quienes se enfocaron en el penal donde prestaba funciones la víctima -la que se encuentra con licencia médica y bajo resguardo policial-, ya que evidenciaba un vínculo estrecho entre un gendarme y miembros del crimen organizado. Las indagatorias apuntan a que estos hechos estarían relacionados con procedimientos realizados en el módulo 11 de la CAS Santiago 1, donde el gendarme amenazado había intervenido celdas que eran utilizadas para el tráfico de drogas.

El Ministerio Público logró determinar, a través del análisis de grabaciones audiovisuales y otras diligencias, que tres venezolanos habían sido contratados desde el penal para ejecutar el atentado. En abril pasado, este trío quedó en prisión preventiva, tras ser formalizado por asociación ilícita, amenazas condicionales, porte ilegal de armas de fuego y homicidio frustrado.

Al margen de la investigación que desarrolla la fiscalía Occidente, ya se habían emitido advertencias sobre la crítica situación de la CAS Santiago 1. Al menos en un acta de visita al recinto, el juez Fernando Guzmán, del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, advirtió que en Gendarmería existe un “reconocimiento explícito” de la corrupción interna, la alta rotación de jefaturas y la influencia indebida de sindicatos y gremios, lo que dificulta la gobernanza penitenciaria.

El documento también alerta sobre el acceso de imputados a celulares y cuestiona el criterio de clasificación de reos extranjeros, ya que, al no conocerse sus antecedentes penales en el país de origen, son considerados de bajo compromiso delictual. Según el informe, en los módulos donde se alojan estos internos operan bandas que controlan el tráfico ilegal de drogas, armas, alcohol, comida y celulares.

(*) Los antecedentes expuestos en este artículo corresponden a una investigación penal en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.