Migración, verdad y humanidad en la segunda vuelta presidencial

La autora de esta columna analiza los datos disponibles sobre migración en Chile y sostiene que ninguno de los dos candidatos presidenciales de la segunda vuelta ha hecho una propuesta acorde a la dignidad humana. Concluye que “debemos recordar algo fundamental: no se puede detener la migración, pero sí se puede gestionarla con dignidad. Mejorar el sistema de visados, fortalecer los mecanismos de protección internacional y acelerar los procesos de regularización son pasos concretos hacia un Chile más seguro, justo y coherente con sus valores. Apostar por el miedo y el castigo no soluciona nada; apostar por la humanidad y la información sí”.

Créditos imagen de portada: Constanza Ovalle / Agencia Uno 

En la antesala de la segunda vuelta de la elección presidencial, el debate público en Chile vuelve a encenderse en torno a la migración. Se oyen voces que prometen “cerrar las fronteras”, “devolver a los irregulares” o “recuperar la seguridad” mediante políticas restrictivas hacia las personas extranjeras. No es la primera vez que ocurre: en momentos de incertidumbre, la figura del migrante se utiliza como un caballito de batalla supuestamente amenazante. Pero si queremos votar con responsabilidad y humanidad, debemos partir por los hechos y no por los temores.

Los datos son claros. En Chile, las personas migrantes representan un 8,8% de la población total, y solo un 5,3% del total de personas condenadas por delitos. Aún más: las personas migrantes formalizadas por delitos —es decir, investigadas, sin condena— son apenas el 9,2% del total, cifras que desmienten cualquier relación directa entre migración y delincuencia. Así lo muestran estudios nacionales e internacionales. No hay una “invasión”, ni los delitos son protagonizados mayoritariamente por extranjeros. No existe tal vínculo causal entre migración y crimen, y afirmarlo solo alimenta prejuicios y desinformación.

Sin embargo, escuchamos discursos políticos que insisten en presentar la migración irregular como una amenaza a la seguridad nacional. La pregunta es inevitable: ¿por qué? Tal vez porque resulta políticamente rentable apelar al miedo e individualismo y prometer soluciones simples a problemas complejos. Pero la evidencia demuestra que la migración forzada no se detiene con muros ni con eslóganes.

Buena parte de quienes hoy ingresan por pasos no habilitados a Chile son personas como tú y como yo, y lo hacen por necesidad y no por elección. Se trata de personas, familias y comunidades enteras que huyen de crisis humanitarias, políticas o económicas graves, provenientes de países como Venezuela, Haití y Colombia. No migran por aventura, sino por sobrevivencia. Frente a esto, conviene preguntarse: ¿por qué no ingresan por un paso regular, con visa en mano? La respuesta está en la propia legislación chilena.

La Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería establece un sistema de visados que no se condice con la realidad regional. Las categorías actuales —permanencia transitoria, residencia temporal y definitiva— dejan fuera a la mayoría de quienes migran forzadamente. No existe, por ejemplo, una visa para quienes buscan trabajo y una vida digna; tampoco una categoría que reconozca la migración por necesidad humanitaria. Las visas de trabajo que sí existen exigen contratos u ofertas previas firmadas ante notario en Chile, algo prácticamente imposible para personas que aún no están en el país. Por otro lado, el sistema de refugio es restrictivo en la frontera y dentro del país; lento y además tiene una tasa de aprobación bajísima: apenas 3,2%.

El resultado es predecible. Al no existir vías regulares adecuadas, miles de personas no tienen otra alternativa que cruzar por pasos no habilitados. Desde 2019 -cuando Chile comenzó a imponer barreras migratorias a los países con una alta tasa de migración hacia Chile- los ingresos de este tipo comenzaron a crecer de manera considerable, por lo que se trata de un fenómeno que no se resuelve con más fronteras, sino con más realismo y humanidad en la legislación y en la política migratoria.

Por lo demás, cerrar las fronteras es físicamente imposible. Chile tiene miles de kilómetros de frontera, muchas zonas de clima adverso, desérticas y cordilleranas donde ni todos los militares armando una cadena humana podrían evitar el paso de familias enteras, con niños, personas mayores y mujeres embarazadas. Además, la historia demuestra que mientras existan causas de migración forzada, las personas seguirán moviéndose, con o sin permiso. Cuando el Estado cierra sus vías formales, las bandas de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas llenan el vacío, cobrando a los más vulnerables por cruzar, y alimentando otros delitos. Así, paradójicamente, las políticas que buscan “detener la migración” terminan fortaleciendo a los verdaderos criminales.

La migración, recordemos, no es un delito: es un derecho humano. El libre tránsito está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos instrumentos que Chile ha suscrito. Negar ese derecho o tratar de impedirlo no solo es ineficaz, sino también contrario al espíritu democrático y humanitario que decimos defender. Si cerráramos las fronteras simplemente porque “no queremos más inmigrantes”, estaríamos cayendo en una forma de discriminación comparable a rechazar a las personas por su color de piel, su edad o su género.

Por eso, la respuesta no puede ser cerrar las fronteras, pero tampoco puede ser la expulsión masiva de personas extranjeras en situación migratoria irregular. Si hablamos de expulsiones tenemos que distinguir: las expulsiones judiciales son decretadas por un juez como parte de una condena, y no son lo mismo que las expulsiones administrativas, que son aquellas que se imponen frente al ingreso por un paso no habilitado al país. A menudo estas últimas se aplican sin evaluar las circunstancias personales. En muchos casos, se trata de personas sin antecedentes penales, con familia y trabajo en Chile. Su expulsión vulnera derechos y rompe familias y comunidades. En este contexto, el planteamiento de un candidato relativo a dejar a niños hijos de inmigrantes a cargo del Estado chileno es tan inconstitucional como vulneratorio, pues sabemos que el Servicio Mejor Niñez y sus sistemas de cuidados no dan abasto y, por el contrario, presentan numerosas falencias. El mismo candidato planteó abrir el debate respecto a expulsar a niños chilenos con sus padres extranjeros por temas de presunta inseguridad y supuesto colapso de los sistemas de salud, cuestión que se basa en premisas falsas, como venimos explicando, y que implica la transgresión a nuestro ordenamiento jurídico, planteando una figura superada como es el exilio para los más pequeños de nuestro país.

Al respecto, cabe quitar la máscara a algunas afirmaciones falsas hechas por candidatos en el marco de sus campañas: No es cierto que las personas migrantes “colapsen” los servicios sociales. Solo el 6,7% de las personas extranjeras está inscrita en el Registro Social de Hogares, y el 4,4% recibe beneficios habitacionales. En educación, solo un 2,5% de los niños y niñas en jardines JUNJI son extranjeros, y la irregularidad migratoria es 1 entre 12 criterios dentro de la prioridad institucional 1 (de 5) de JUNJI, por lo que se prioriza a niñxs en situación de vulnerabilidad con independencia de su nacionalidad o tipo de ingreso al país. Lejos de ser una carga, las personas migrantes aportan al país: aunque representan menos del 9% de la población, su contribución equivale al 10,3% del PIB, y se estima que la mitad del crecimiento económico entre 2013 y 2023 se debe a la migración. Además, consumen menos recursos públicos que las personas chilenas. Los datos, nuevamente, desmienten los prejuicios.

Frente a este panorama, conviene mirar otras soluciones acordes a la dignidad humana y el respeto a un Estado de Derecho, como es la regularización migratoria que ofrece una solución más justa y beneficiosa para todos: permite ordenar el sistema, fortalecer la seguridad y promover la integración. Todo a un costo económico muchísimo menor, por cierto, que las expulsiones. La regularización permite dar una respuesta digna a una realidad y no quedarse con esloganes superficiales que alimentan la precariedad de las personas y sus familias, y ponen en jaque a toda la sociedad, perjudicándola. Lamentablemente, ningún candidato de segunda vuelta ha planteado una propuesta de este tipo, a lo menos no con claridad, quizás por el costo político que ello puede traer consigo. De un pool de herramientas adecuadas, elegir la mejor para la humanidad nunca será un problema real, incluso si hay personas que no gustan de ella.

Con todo, debemos recordar algo fundamental: no se puede detener la migración, pero sí se puede gestionarla con dignidad. Mejorar el sistema de visados, fortalecer los mecanismos de protección internacional y acelerar los procesos de regularización son pasos concretos hacia un Chile más seguro, justo y coherente con sus valores. Apostar por el miedo y el castigo no soluciona nada; apostar por la humanidad y la información sí.

En estas elecciones es importante preguntarse qué tipo de país queremos ser. Uno que se encierra tras muros y discursos fáciles, o uno que mira de frente la realidad y elige la empatía como guía. Informarse, analizar y reflexionar son actos profundamente democráticos. No nos dejemos llevar por propuestas sin sentido ni por el populismo que transforma el dolor de otros en propaganda.

La migración no es una amenaza: es una oportunidad para reafirmar nuestra humanidad común. Como dice el Evangelio, «El que acoge al extranjero también me acoge a mí» (basado en Mateo 25:43 y Juan 13:20). Que en esta elección, más allá de las cifras y los discursos, sepamos elegir con amor, con justicia y con la certeza de que todos —sin importar el lugar donde nacimos— compartimos el mismo deseo de vivir con dignidad.