Dos jueces que deben resolver causa de Manuel Guerra reconocen que pidieron favores al exfiscal; condenan a exdirectora de Vitacura que admitió haber entregado sobres con dinero a Raúl Torrealba, y municipalidad de Peñalolén suspende a encargada de finanzas por déficit generado bajo alcaldía de Leitao

Este miércoles la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago debía revisar la querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra, por sus nexos con el abogado Luis Hermosilla. Según dio a conocer Bío Bío, dos ministros de esa sala informaron que mientras postulaban al tribunal de alzada capitalino y a la corte de San Miguel, respectivamente, le solicitaron ayuda al entonces fiscal Guerra para apoyar sus ascensos, lo que los inhabilitaría para ver la causa.

El ministro Tomás Gray reconoció que se contactó con Guerra en 2017 para solicitarle apoyo para quedar en la terna de postulantes a la Corte de Apelaciones de Santiago. El otro caso es del ministro José Pablo Rodríguez, quien informó que le pidió ayuda al entonces fiscal para integrar dos ternas distintas, cuando postulaba a la Corte de Apelaciones de San Miguel, en 2022.

La audiencia fue suspendida, finalmente, pero por otra razón: la defensa de Guerra presentó una recusación contra la abogada integrante Magaly Correa. El exfiscal está siendo investigado por cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa.

Exfiscal Manuel Guerra (Créditos: Francisco Castillo / Agencia Uno)

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago condenó a la exdirectora de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Vitacura, Antonia Larraín, quien admitió haber entregado sobres con $5 millones, provenientes de las arcas municipales, al entonces alcalde Raúl Torrealba. Larraín accedió a un juicio abreviado luego de reconocer su participación en 20 delitos de fraude al fisco.

Larraín fue condenada a cinco años de presidio, los que cumplirá bajo libertad vigilada, y al pago de una multa de 698 UTM (equivalentes a más de $48 millones), además de la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos. Según informó La Tercera, la exfuncionaria firmó un compromiso para vender su casa, con el objeto de pagar la indemnización.

La investigación acreditó que el dinero defraudado era girado desde la cuenta de la corporación municipal VitaDeportes. Los contadores municipales cobraban el dinero y lo entregaban a Larraín en sobres, los que llegaban finalmente a Torrealba.

Exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba (Créditos: Francisco Vicencio / Agencia Uno)

Después de que alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, informó los resultados de una auditoría que detectó un déficit de unos $17 mil millones, generado bajo el período de la exjefa comunal Carolina Leitao -actual subsecretaria de Prevención del Delito-, la municipalidad suspendió a la directora de Finanzas del organismo, Tamara Rubio. Esta llegó al cargo en 2021. La Tercera informó que la fiscal del sumario, Catalina Bezzenberger, determinó la suspensión preventiva de Rubio.

El edil Concha también instruyó la apertura de sumarios para identificar las causas del déficit y el eventual rol de funcionarios municipales. Asimismo, se contrató al estudio Bacs Abogados para determinar si los hechos son constitutivos de delitos y una posible acción judicial contra quienes resulten responsables.

Alcalde Miguel Concha (Créditos: Diego Martin / Agencia Uno)

CIPER informó que este miércoles el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a cuatro funcionarios de Carabineros, que se desempeñaban en la 21° Comisaría de Estación Central, como autores de torturas y apremios ilegítimos, hechos que ocurrieron entre 2016 y 2018. El dictamen es de primera instancia, por lo que puede ser apelado en cortes superiores.

Los funcionarios actuaban bajo las órdenes del mayor Francisco Arzola, apodado como “el Paco Nazi”, quien fue sentenciado en 2019 a 22 años de cárcel. Entre los condenados se encuentra el subteniente Carlos Leal Aqueveque, quien, según determinó la justicia, participó en los hechos más graves relatados en la causa: el ataque con un perro de la institución a un detenido, al interior de la comisaría; golpes de puño, azotes y escupitajos a una menor de 16 años, y golpes a una persona que estaba reducida, después de haber sido detenida de manera ilegal en un control de identidad.

El tribunal estimó que Leal cometió dos delitos de tortura, tres de apremios ilegítimos, una detención ilegal y un cargo por falsificación de instrumento público.

(Créditos: sitio web Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género)