La otra causa en que Vivanco y Simpertigue fallaron a favor de clientes de Lagos y Vargas para destrabar millonario proyecto inmobiliario

Tal como ocurrió en el caso de consorcio bielorruso, relatoras declararon que Vivanco pidió acelerar fallos. Según escritos del exministro Sergio Muñoz, ella pidió que el magistrado Simpertigue integrara la sala para ver el recurso clave que destrabó el proyecto. Plaza Egaña SpA, de Inmobiliaria Fundamenta, enfrentaba una disputa ambiental que tenía paralizada la construcción del edificio Eco Egaña Sustentable. Gracias al fallo en la Tercera Sala -con Vivanco de presidenta luego de que la inmobiliaria inhabilitó a Muñoz- se extinguió la ofensiva ambiental y el proyecto no solo avanzó, sino que después Lagos y Vargas representaron a Fundamenta en una demanda contra el fisco por $25 mil millones. La recusación de Muñoz fue presentada por Marco Fuentes, abogado cercano a Vargas y que en otras causas ha litigado en conjunto con él y Lagos. CIPER constató que dos meses antes de que Fuentes representara a Fundamenta, recibió una transferencia por $1,5 millones de Vargas. El abogado dijo que ese pago fue por otra causa.

Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber son los abogados patrocinantes de una acción civil que la empresa Plaza Egaña SpA, de Inmobiliaria Fundamenta, interpuso contra el Estado para acceder a una millonaria indemnización luego de que el Tribunal Ambiental le paralizara la construcción del edificio Eco Egaña Sustentable. Esa demanda por $25 mil millones, no habría sido posible sin el fallo que los ministros Ángela Vivanco y Diego Simpertigue apoyaron en la Tercera Sala de la Corte Suprema en febrero de 2023. Ese año, los mismos abogados se sumaron a una querella presentada por la seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, que acusó presiones durante la evaluación ambiental del proyecto. En esa causa también representaron a la misma inmobiliaria.

Se trata de la causa en que se inhabilitó al entonces ministro de la Suprema, Sergio Muñoz, tras ser acusado hacerle recomendaciones a su hija cuando esta adquirió departamentos de ese proyecto. Esa recusación le valió a Muñoz que, dos años después, cuando Ángela Vivanco enfrentaba un proceso de remoción por sus vínculos con Vargas y Lagos cuando tramitaba la causa del consorcio de origen bielorruso CBM, al ministro también lo acusaran constitucionalmente, lo que finalmente terminó con su destitución.

CIPER reconstruyó la tramitación de ese proyecto en distintas instancias judiciales, detectando que en la Corte Suprema hubo anomalías similares a las que se acreditaron en la causa del consorcio CBM. Por ejemplo, según una declaración jurada de una de las relatoras que vio ese proceso, la ministra le pidió agilizar el fallo que se había acordado el 24 de febrero de 2023, teniendo que enviar el borrador un domingo, para que el 1 de marzo, es decir, cinco días después, fuera firmado. Además, para el fallo clave dictado el 24 de febrero de 2023, según expuso Muñoz en un escrito presentado ante Senado para defenderse de la acusación constitucional, fue a petición de Vivanco que Simpertigue integró extraordinariamente esa sala.

Aunque Vargas y Lagos no litigaron en la Suprema en representación de Fundamenta, sí hay un abogado que los liga. Quien representó a Fundamenta ante la corte de Santiago para inhabilitar al exministro Muñoz, fue Marco Fuentes Rojas, exdefensor público y cercano a Mario Vargas. Juntos han trabajado en varias otras causas donde también compartieron con Lagos: la del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, es un ejemplo, donde Fuentes defendió a uno de los concejales acusados junto al exedil. También la defensa del exfiscal Tufit Bufadel, en la que Vargas y Fuentes lo representaron.   

CIPER constató en la cartolas de la cuenta corriente de Mario Vargas -contenidas en la causa por CBM que lleva la Fiscalía Regional de Los Lagos-, que el penalista transfirió $1,5 millones al abogado Fuentes. Dos meses después, el 21 de diciembre, Fuentes apareció representando a la inmobiliaria ante las cortes de Santiago y Suprema. Es la única vez que Fuentes litigó en esa causa y lo hizo específicamente para inhabilitar a Muñoz. El argumento fue que su hija, Graciel Muñoz, había comprado departamentos en el edificio de la disputa y, según una declaración jurada de una ejecutiva de ventas de Fundamenta, ella le habría dicho que su padre le recomendó que “moviera las platas” de ese proyecto.

Muñoz aceptó salir de la causa, admitiendo que su hija compró allí, pero cuestionó los dichos de la ejecutiva. 

La salida del entonces presidente de la Tercera Sala fue importante para que Fundamenta lograra destrabar su proyecto. El exministro y su par, Adelita Ravanales, habían fallado en contra de la inmobiliaria, la que enfrentaba reclamos de vecinos del sitio donde se emplazaba el proyecto, en Ñuñoa. Producto de eso, el tribunal ambiental paralizó las faenas. Ravanales y Muñoz estuvieron por acoger el recurso de los vecinos y dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Pero, ese fallo nunca salió, nunca se firmó, pese a estar listo el 12 de noviembre de 2022. Y según se ventiló en la acusación constitucional contra Muñoz, ese escrito recién se emitió el 23 de diciembre de ese año, es decir, un día después de que La Tercera publicó los WhatsApp de la hija de Muñoz con la ejecutiva de Fundamenta.

Dos días después de que Muñoz y Ravanales fallaran en contra, el 14 de noviembre la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, acogió la reclamación interpuesta por Plaza Egaña SpA (de Inmobiliaria Fundamenta) y aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, lo que significaba que ahora sí cumplía con los requisitos y permisos. Pero, el recurso en la Suprema ya estaba corriendo y solo una nueva vista de la causa podía resolver que se incorporara la última decisión ambiental y se dictara una sentencia nueva.

Ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue (Créditos: Poder Judicial)

CIPER contactó a Fuentes, quien negó que el pago de $1,5 millones que recibió de Vargas tuviera relación con esta causa, y señaló que se debían a otro caso donde compartió defensa con el penalista: “El pago tenía fundamento en una causa en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en que yo fui contratado por un caso que se refiere a un delito sexual”, dijo. Sí admitió que tiene una fluida relación con los abogados Vargas y Lagos, tanto laboral como personal. “(A Vargas) lo conozco por la Defensoría Penal Pública. Yo hice la práctica en la Defensoría Penal Pública. Lo conozco hace más de 15 años. Y a don Eduardo Lagos, compañero del máster en Derecho Penal de la Universidad de Talca”, agregó.

Fuentes explica que llegó a patrocinar a Fundamenta por recomendación de otros abogados, aunque asegura no recordar quiénes fueron y agrega que sus nombres están protegidos por el secreto profesional. Y niega que Vargas o Lagos sean los colegas que lo recomendaron:

– A mí me contacta la empresa directamente porque se recomienda mi nombre.

– ¿Fue Vargas o Lagos?

– No, no. Incluso cuando yo trámite este recurso ni siquiera sabía que ellos tenían vinculación con la empresa.

CIPER intentó tomar contacto con los dueños de la inmobiliaria, pero no dieron respuesta a los correos enviados.

Tanto Ángela Vivanco como el ministro Diego Simpertigue están siendo investigados por su relación con los abogados Vargas y Lagos. El Ministerio Público acusa que Vivanco habría recibido dinero del consorcio CBM a través de estos abogados, quienes presuntamente le hicieron pagos directamente a ella y triangularon otros a través de su pareja, Gonzalo Migueles. A Simpertigue se le indaga por haber viajado en un crucero por Europa con Eduardo Lagos, dos días después de haber votado y redactado un fallo a favor de CBM, sin manifestar que tenía cercanía con el penalista. El ministro enfrenta un sumario administrativo por ello.

CIPER contactó a Vivanco para conocer por qué solicitó que Simpertigue, en lugar de la ministra Soledad Melo, integrara su sala. “Siempre se pedía a los más nuevos que integraran la sala cuando había inhabilidades (…). Lo que pasa es que Melo era de la Primera Sala y tenía mucho menos relación con causas de ese tipo”, dijo la exmagistrada.

Además, Vivanco descartó haber sabido que Vargas o Lagos estaban en ese proceso, porque asegura que nunca le hicieron un comentario. También descarta algún favor o pago de por medio: “No solamente lo descarto en este caso, sino que en cualquier caso, porque yo no he recibido plata de nadie y los votos que yo dicté, en todos los fallos, hayan sido de Lagos, de Vargas o de Juanito Pérez, porque yo en muchos [casos] no tenía idea siquiera de quiénes eran los abogados, los dicté porque ese era mi criterio”.

Asimismo, admite que aceleró la causa, tanto esta como la de CBM, porque tenía la misión de hacerlo para avanzar en la tramitación. Y precisa lo siguiente: “Diego Simpertigue votó favorablemente mi remoción, porque yo no pertenecía a un grupo y no era compadre ni comadre con Diego Simpertegui. Tenía una buena relación con él, pero, tan independiente era Simpertegui de mí, que votó en contra de mi proceso de remoción” (lea la conversación completa de CIPER con Vivanco). 

CIPER intentó contactar a Simpertigue a través de su teléfono personal y del departamento de comunicaciones del Poder Judicial, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta. Andrés Echeverría, socio fundador de Frontal Trust, grupo que financia el proyecto inmobiliario, dijo a CIPER que él representa a la empresa Matriz Plaza Egaña (social de Plaza Egaña SpA), y que esta empresa no ha tenido conexión “con la defensa legal del proyecto”, agrega que “eso se hace aguas abajo, en Plaza Egaña SpA y esta última es administrada por Fundamenta, la inmobiliaria a cargo”.

"ME DIO INSTRUCCIONES DE SACAR EL BORRADOR LO ANTES POSIBLE"

Tras la salida de Sergio Muñoz del caso, la tramitación tomó otro ritmo y se destrabó. Muñoz presentó al Senado dos declaraciones juradas de relatoras de la Corte Suprema, en el marco de su acusación constitucional. Ellas describen lo que Vivanco fue solicitando y decidiendo en esta causa, no solo como presidenta subrogante de la sala una vez que Muñoz salió, sino antes.

Según el testimonio de la relatora Sandra Araya, ya en septiembre de 2022 Vivanco había preguntado por la causa, argumentando que había reclamos de abogados por la demora:

Sra. Vivanco, comunicándome con la Sra. Ministra, quien me indicó que el motivo de la llamada era la causa de Fundamenta, porque como presidenta de la sala recibió un reclamo de los abogados de la referida causa, la que me había sido asignada. Me señaló que le informaron que había ingresado hacía meses a la Corte, sin que fuera puesta en tabla, lo significaba una pérdida millonaria para la empresa que tenía paralizado un proyecto. Me indicó que revisara la situación y le señalara cuándo podía poner la causa en tabla, refiriendo que debía ser lo antes posible y se lo comunicara a su teléfono personal”.

La misma relatora señaló que después, el 11 de diciembre, la ministra le pidió que “revisara personalmente” si se habían presentado ante el Tribunal Ambiental reclamaciones contra la RCA que un mes antes, el 14 de noviembre, había aprobado el proyecto: “Le informé que no constaban en el sistema de acceso público, hasta ese momento, reclamaciones proveídas”.

El 22 de diciembre se publicó en La Tercera que Fundamenta solicitaba inhabilitar a Muñoz. Ese mismo día, todos los abogados que hasta entonces representaban a Fundamenta, renunciaron.

La relatora Romina Oliva reemplazó a Sandra Araya, por vacaciones, casi todo enero de 2023. Ella declaró que Vivanco estaba preocupada de la recusación de Muñoz y que fue su secretario el que le hizo llegar el documento que inhabilitaba al ministro. Agregó que el domingo 5 de febrero, informó a Vivanco sobre el estado procesal de esa recusación y que, por instrucción de la ministra, el 7 de febrero se dio cuenta en la Tercera Sala. 

Ángela Vivanco (Créditos: Cristóbal Escobar / Agencia Uno)

A su regreso de vacaciones, el 15 de febrero, la relatora Araya explicó que la Tercera Sala dio lugar a que la causa de Fundamenta se viera nuevamente, ahora sin Muñoz y con otra integración de ministros: “Se dispuso por la señora Vivanco que la causa ingresara de inmediato a tabla en el lugar N° 1”.

En el escrito que Muñoz ingresó al Senado para defenderse de la acusación constitucional, señala que fue a petición de Vivanco que Simpertigue ingresó a la Tercera Sala. “A requerimiento de la señora presidenta de la sala se sustituye a la señora Melo por el ministro Simpertigue. De este modo, se ve la causa con la integración de los ministros Vivanco, Carroza, Simpertigue y los ministros suplentes Gómez y Lucsic”, indicó. Según la normativa de la Suprema, esos requerimientos deben realizarse vía correo electrónico. 

El 24 de febrero se vio la causa en la Tercera Sala y no solo se rechazó el reclamo de los vecinos del proyecto, también se acogió el recurso de Plaza Egaña SpA (de Fundamenta). Y al mismo tiempo, el fallo habilitó que la RCA que la empresa había obtenido posterior a ingresar estos recursos, quedara habilitado.

En síntesis, el fallo provocó que se extinguiera cualquier posibilidad de que en el tribunal ambiental el proyecto siguiera siendo objetado.

La relatora Araya dijo lo siguiente sobre lo que pasó después: “La señora presidente [Vivanco] me dio instrucciones de sacar el borrador lo antes posible en atención a que había ministros en el acuerdo que se iban de vacaciones. Así lo hice, envié borrador el domingo 26 de febrero al redactor, quien lo aprobó el día 27 de febrero. Lo distribuí el mismo día y se me requirió pedir urgencia a los integrantes del acuerdo. Fue aprobado por todos los integrantes en los días siguientes. La sentencia se firmó el 1 de marzo”.  

Según los registros de vuelo de la exministra Vivanco, ese año se fue de vacaciones el 3 de marzo.

LAS OFENSIVAS JUDICIALES DE VARGAS Y LAGOS

Desde diciembre de 2023, la presencia de Mario Vargas y Eduardo Lagos se volvió constante en las acciones judiciales impulsadas por Plaza Egaña SpA, la sociedad del proyecto de Inmobiliaria Fundamenta que había logrado el fallo favorable en la Suprema nueve meses antes. Ambos aparecen como los principales representantes de la empresa en dos ofensivas paralelas —una penal y otra civil— que marcaron la estrategia judicial luego de retomadas las obras.

La primera de esas acciones quedó registrada en la causa abierta tras la querella de la exseremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, quien denunció presiones “fuera del marco legal” en el proceso de evaluación ambiental. En ese expediente, el 15 de diciembre de 2023, Plaza Egaña SpA ingresó una querella criminal por prevaricación ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. El escrito fue patrocinado por Vargas y Lagos.

En esa presentación, Plaza Egaña alegó que funcionarios públicos que evaluaban el proyecto —incluida la exdelegada presidencial Constanza Martínez y hoy presidenta del FA— habrían operado un grupo de WhatsApp llamado “Comisión Ambiental”, para, según el escrito, coordinar decisiones ilegítimas sobre proyectos sometidos a evaluación.

Pero la ofensiva más clara de Vargas y Lagos fue por la vía civil. También en diciembre 2023, ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, la subgerenta legal de Fundamenta presentó una demanda por responsabilidad “extracontractual” contra el Fisco. La acción, patrocinada nuevamente por Vargas y Lagos, junto a Gabriel Silber y la abogada María Paz Guerra Fuenzalida (hermana del exfiscal Guerra), exigió una indemnización de más de 700 mil UF, -cerca de $25 mil millones de la época- para la empresa.

La demanda atribuyó a las decisiones de los órganos del Estado la paralización de un proyecto que, al momento de detenerse, acumulaba casi 34 meses de obras. La empresa sostuvo que el freno impuesto durante aproximadamente un año, generó pérdidas severas: desde gastos de desmovilización hasta indemnizaciones, estudios técnicos, asesorías legales y demoliciones.

Según confirmó CIPER, la sociedad otorgó mandato judicial a Lagos, Vargas y Silber el 5 de diciembre de 2023, diez días antes de que ambas acciones desembarcaran simultáneamente en tribunales.

Hasta la fecha, ninguna de las acciones judiciales patrocinadas por la dupla de abogados ha tenido resultados. En la causa penal, el pasado 27 de enero la Fiscalía Centro Norte comunicó su decisión de no perseverar, según los registros del Poder Judicial. Vargas intentó apelar, sin éxito. La última actuación de los abogados en ese caso se registró el 21 de agosto pasado, cuando Vargas delegó la representación de la empresa en otra abogada.