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RADAR DE CIPER: LA SELECCIÓN DE LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES DE LA ÚLTIMA JORNADA
05.11.2025
Estas son las noticias de la última jornada seleccionadas para ti por CIPER: Vivanco y su esposo, Gonzalo Migueles, habrían recibido $57 millones desde el consorcio bielorruso que fue favorecido por los fallos del máximo tribunal; la operación estuvo coordinada entre Carabineros, la PDI e incluso Gendarmería; durante el procedimiento de tres días también se incautaron 450 kilos de drogas, y los funcionarios públicos rechazan la medida que pretende congelar sus remuneraciones.
Un reportaje de CIPER reveló este miércoles los detalles de la solicitud de orden de detención que permitió que la fiscalía arrestara al esposo de la exsuprema Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, y a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, por la investigación de la arista bielorrusa (lea ese reportaje aquí) que persigue eventuales delitos de cohecho y soborno. En ese documento de 148 páginas la fiscalía acusa que Vivanco y Migueles habrían recibido $57 millones por los fallos de la Corte Suprema en los que la exjueza votó en favor del Consorcio Belaz-Movitec (CBM) en un litigio con Codelco, en el que Vargas y Lagos representaban a la empresa europea.
El primer pago que Migueles habría recibido fue de US$14.000 (alrededor de $12 millones al valor de esa época) en 2023, después de que la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por Vivanco- falló en favor de CBM. En esa ocasión se determinó que Codelco debía transferirle a CBM más de $4 mil millones porque la cuprífera estatal mantuvo retenidos equipos del consorcio bielorruso y le congeló pagos por servicios.
Se indica además que en 2024 el cónyuge de Vivanco recibió otros $45 millones tras el fallo de la entonces magistrada a favor de que Codelco agregara $1.026 millones por concepto de reajuste e IVA por la desmovilización de la maquinaria. Según la fiscalía, el dinero habría sido entregado a Migueles por Vargas y Lagos. En total, el matrimonio habría recibido $57 millones por favorecer al consorcio bielorruso.
La fiscalía fundamenta su solicitud sobre la base de diligencias como el levantamiento de secreto bancario, georreferencias de los celulares de los imputados e interceptaciones telefónicas. Vivanco, Migueles, Vargas y Lagos se reunían en la casa de la exjueza mientras se tramitaba la causa en la Corte Suprema. Incluso, se estableció que un escrito que ambos abogados presentaron en favor de CBM fue emitido mientras estaban en el hogar de Vivanco y Migueles.
Ángela Vivanco (Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)
Este martes se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en las regiones de Tarapacá, Biobío y La Araucanía, que dejó a 12 gendarmes detenidos por presuntos vínculos con narcotraficantes, delitos de cohecho y lavado de activos. La diligencia fue coordinada entre la fiscalía, la PDI y la propia Gendarmería. Además, siete civiles fueron aprehendidos y se incautaron sustancias ilícitas, armas, vehículos y dinero en efectivo.
La fiscal Trinidad Steinert señaló que los detenidos son parte de la misma agrupación. En tanto el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, dijo: “Estamos efectuando día a día una limpieza de los malos elementos que contaminan la doctrina de la institución”.
Desde Gendarmería se abrió un sumario administrativo y se inició la tramitación del retiro temporal no voluntario de los funcionarios involucrados.
(Créditos: Francisco Castillo / Agencia Uno)
Carabineros y la PDI realizaron un megaoperativo que contó con un despliegue de tres días a nivel nacional, permitiendo la detención de 2.495 personas; el 89% de ellos son chilenos. Durante la llamada “Operación Fortaleza 3” se incautaron 81 armas de fuego, 113 municiones y 452 kilos de droga.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, resaltó la importancia de la focalización estratégica con la que contó el operativo e indicó que se realizaron más de 2.700 fiscalizaciones migratorias. A la par, el Presidente Gabriel Boric señaló: “Este operativo es una muestra de la unidad que Chile requiere en la lucha contra el crimen, y permite apreciar cómo el Estado está mejor preparado y trabaja como un solo cuerpo”.
(Créditos: Hans Scott / Agencia Uno)
El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el gobierno mantiene los sueldos del sector público en los valores nominales al 2025. Este congelamiento de las remuneraciones le dejaría al fisco un saldo favorable de $524.938 millones. Evidentemente, esta es una noticia que no les gustó a los funcionarios públicos. Bío-Bío dio a conocer este miércoles que representantes de los trabajadore anunciaron que no solo no están de acuerdo, sino que además solicitarán un reajuste salarial de un 7%, por sobre la inflación.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) se niegan a aceptar la iniciativa del Ejecutivo que fue definida como de “prudencia fiscal” por las autoridades cuando se presentó el proyecto.
Por mientras, el proyecto de ley de Presupuesto 2026, que debe aprobarse en noviembre, no ha tenido grandes avances en la comisión mixta del Congreso. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, continúa en el intento de generar puentes con todos los sectores políticos para lograr su aprobación. La oposición ya anunció que para negociar espera que estén sobre la mesa la denominada “glosa republicana” (monto de libre disposición para que el gobierno entrante tenga caja durante sus primeras semanas), la definición del reajuste del sector público y la actualización de la proyección de ingresos.
(Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)
