Boric anuncia que Punta Peuco deja oficialmente de ser una cárcel exclusiva para violadores de DD. HH.; Latam en alerta por posible huelga de pilotos; Contraloría pide sumario por irregularidades en Ministerio de las Culturas; Jadue acude a la Suprema para cambiar su arresto domiciliario total por nocturno

Tal como anunció en la Cuenta Pública del pasado junio, el Presidente Gabriel Boric informó que la Contraloría General de la República tomó razón del decreto que pone fin al recinto penitenciario Punta Peuco como una cárcel especial. De este modo, dejará de operar exclusivamente para violadores de derechos humanos durante la dictadura militar y se convertirá en un penal común.

Boric reveló que ya se están ejecutando obras en el recinto para comenzar a recibir a nuevos reclusos a partir del 2026. Indicó que “desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría. Las plazas van a ser distribuidas según criterios de seguridad y ya no de privilegio”. Agregó que terminar “con la injusticia que representó por décadas este penal es un paso más hacia un Chile más democrático y respetuoso de la dignidad humana, como en su momento hiciera el Presidente (Sebastián) Piñera con el término del penal Cordillera”.

Esta cárcel se construyó en 1995 bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. A septiembre de este año tenía 141 internos, ocho más que su capacidad declarada, según datos de Gendarmería de Chile.

Punta Peuco (Créditos: Rodrigo Sáenz / Agencia Uno)

El Sindicato de Pilotos de Latam (SPL), que agrupa a 500 de los 900 comandantes de vuelo de la compañía, rechazó la última oferta de la aerolínea y aprobó con un 97% de votos la moción de iniciar una huelga en medio de la negociación colectiva que ya lleva dos meses. En un comunicado, señalaron que buscan recuperar las condiciones laborales que tenían antes del 2020.

Debido a la profunda crisis que la industria aérea vivió por la pandemia, la compañía hizo una rebaja de los sueldos a sus funcionarios y los pilotos reclaman que “cinco años después, seguimos siendo el único estamento que no ha recuperado sus derechos laborales”, como dijo su presidente, Mario Troncoso.

Troncoso, asegura que la administración ha utilizado más de US$800 millones para repartir utilidades y recomprar acciones propias, pero no está dispuesta a reconocer el esfuerzo de sus trabajadores. Asimismo, aclaró que la Latam les dio un “portazo”, y que eso los obligó a rechazar la última oferta de la empresa y vislumbrar una huelga, la que “podría afectar a los pasajeros, golpear la conectividad del país, afectar a los fondos previsionales de los trabajadores cuyos recursos están invertidos en Latam. Y, es bueno que se sepa, también podría afectarnos a nosotros como trabajadores, a través de la suspensión de nuestros derechos laborales -incluida nuestra remuneración- mientras dura la paralización”.

La aerolínea informó mediante un comunicado que, tal como indica la normativa, solicitó a la Dirección del Trabajo realizar una mediación para lograr un acuerdo. De este modo, la negociación se extiende por otros cinco días.

Imagen referencial (Créditos: Sebastián Beltrán / Agencia Uno)

La Contraloría instruyó al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a abrir un sumario por irregularidades por un monto de $300 millones en las licitaciones del evento Mercado de Industrias Culturales y Creativas (MIC Chile), realizado en abril pasado, según constató El Mostrador. La denuncia fue presentada por la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de las Culturas, las Artes y Patrimonio (AFUCAP), la que alertó de posibles infracciones a la Ley de Compras Públicas.

Los trabajadores acusan que durante el proceso de licitación se modificaron los puntajes para favorecer a proveedores y se escogió a quienes no presentaron la documentación obligatoria. Además, apuntan a que se eligió “a dedo” a un proveedor en una licitación que fue declarada desierta.

El organismo contralor ordenó que el procedimiento administrativo sea enviado en un plazo de 15 días hábiles para nombrar un fiscal. Además, indicó que la secretaría de Estado deberá asegurar que en los futuros procesos de evaluación de los programas de los oferentes incluya lo siguiente: la verificación del cumplimiento de las bases; precisar conceptos y capacitar a comisiones para que las bases de licitación incluyan, en lenguaje claro y preciso, los criterios de evaluación y también, efectuar una integración de sistemas de gestión para fortalecer el control interno y mejorar la calidad de la información de las contrataciones.

(Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)

La defensa de Daniel Jadue presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema contra una resolución de la Corte Apelaciones de San Miguel, para intentar modificar la medida cautelar que lo tiene con arresto domiciliario total por la investigación del Caso Farmacias Populares. El exalcalde de Recoleta busca que el máximo tribunal revoque el fallo del tribunal de alzada para sustituir la medida actual a arresto domiciliario nocturno.

Según dio a conocer La Tercera, la defensora pública Yessica Aguilera mencionó que Jadue ha estado privado de libertad durante 15 meses, lo que ha generado “una merma considerable de sus facultades económicas y de procurarse los medios para su subsistencia, unido a problemas de índole psicológico”.

Esta arremetida, se suma a la incesante lucha judicial del exjefe comunal para llegar a la carrera parlamentaria del próximo noviembre. Esto, luego de que el tribunal reabrió la indagatoria en su contra y la acusación presentada por el Ministerio Público quedara sin efecto. Tras ello, el exalcalde volvió a ser imputado.

Daniel Jadue (Créditos: Diego Martin / Agencia Uno)