En qué se gastó el Royalty Minero en las comunas centro-norte del país

El estreno del Royalty Minero supuso una inyección de $93 mil millones a 306 comunas, de los cuales $20 mil millones fueron destinados exclusivamente a las zonas mineras más afectadas por la contaminación que genera la industria. Los recursos se distribuyen en diversos gastos, como los de Iquique, que destinó $424 millones a sueldos municipales, o Huasco, que asignó $74 millones a la organización de festivales. Los datos demuestran que la compensación prometida por los daños causados por la minería es registrada en los presupuestos municipales, pero en ocasiones su utilización no abarca las áreas más necesitadas de las zonas beneficiadas.

Créditos imagen de portada: Cristian Vivero Boornes / Agencia Uno

La noche del 27 de abril, la costanera de Huasco se transformó en un escenario vibrante. El grupo musical Noche de Brujas hizo bailar a cientos de vecinos al ritmo de «Me gusta todo de ti», en una celebración gratuita organizada por la municipalidad para conmemorar los 174 años de la comuna. El evento también contó con la participación del Ballet Folclórico de Chile (BAFOCHI) y artistas locales, en una jornada que combinó tradición y música popular, financiada en parte por el impuesto del Royalty Minero.

Según información obtenida por Ley de Transparencia, el municipio destinó $25.585.000 del Royalty Minero para financiar el espectáculo de Noche de Brujas. Además, en el Festival del Velero 2024, se gastaron otros $21.420.000 en la presentación del músico argentino Willy Iturri, y $27.370.000 en las actuaciones de los grupos Shamanes Crew y Los Pincheiras del Sur. En total, más de $74 millones invertidos en entretenimiento para la población de Huasco que aún se ve expuesta a los efectos de la contaminación producida por la minería.

Sectores como Carrizal Bajo, con una población de más de 185 habitantes, carecen de servicios básicos adecuados, como una red general y estable de agua potable y alcantarillado. Además, la comuna ha sido declarada “zona latente” por contaminación atmosférica, entre otros factores, por la presencia de la central Guacolda, que tiene cinco plantas de carbón, y a la que se le formularon ocho cargos desde la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en 2023 por muerte de aves marinas e incumplimientos normativos medioambientales.

Presentación de Willy Iturri en el Festival del Velero 2024 en Huasco – Imagen de Marcelo Godoy Cuello, Huasco Televisión

La celebración, aunque bienvenida por muchos, evidencia la necesidad de equilibrar el entretenimiento con las inversiones en infraestructura, educación, deporte y salud pública que las comunidades —especialmente mineras— requieren con urgencia. ¿Libre disposición de recursos o uso discrecional? La línea es delgada y ya empieza a tensarse.

FONDOS PARA MITIGAR, GASTOS BAJO LA LUPA

El Royalty Minero es el nuevo impuesto que pagan las grandes empresas productoras de cobre, y combina una tasa fija con un tramo variable sobre sus utilidades tras deducciones autorizadas. Con esos ingresos se creó el Fondo Común Minero (FCMI), que según cita una minuta del Ministerio de Hacienda, está “para compensar a las comunas mineras que viven directamente las externalidades de este tipo de actividad”. Así, por ley, los municipios reciben recursos de libre disposición cuyo propósito inicial va en la línea de la mitigación del impacto minero en sus territorios.

Para que el dinero llegara rápido a terreno, el Gobierno liberó en abril de 2024 los llamados “Fondos Puente”: partidas estatales que adelantaron más $20 mil millones del FCMI a 43 municipios mineros y vulnerables, antes de la puesta en marcha definitiva del mecanismo de reparto en 2025. Cabe destacar que los municipios recibirán este año un total de $218 mil millones , casi un 133% más que el año pasado.

Dentro de los reportes efectuados por las comunas, Huasco no es la única que presenta usos arbitrarios del FCMI. Sin ir más lejos, en enero de este año la Contraloría advertía, en su Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°1 de 2025, que el 53% de las municipalidades beneficiarias había reportado sus gastos, y tan solo un 22% demostró la creación efectiva de una cuenta corriente de uso único y exclusivo para estos fondos.

El senador de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Esteban Velásquez, coautor de la moción original de ley (boletín 12093-08), define las externalidades de la minería como “aquellas consecuencias directas o indirectas, derivadas de la actividad minera, que afectan la salud y vida de las personas, al medio ambiente y la calidad de vida de la comunidad”. 

En esta línea, Velásquez alude a la alta concentración de metales pesados, la calidad de agua y del aire, el traslado de población por la actividad minera, la sobre explotación de las vías de conexión terrestres y aéreas, y la falta de implementación de políticas de mejora de calidad de servicios en zonas mineras, entre otras.

El parlamentario asegura que en la tramitación de la ley se acordó que parte de lo recaudado —entre eso los aportes al FCMI— permanezca sin destino predeterminado, a fin de que cada municipio pudiera decidir cómo invertirlo según sus necesidades, mientras que el Fondo para el Desarrollo Regional estaría focalizado en lo que su nombre señala.

Eso sí, asegura que el hecho de que los fondos “sean de libre disposición no significa que se puedan llevar el dinero para la casa, en este aspecto es importante el rol del Concejo Municipal y de la Contraloría General de la República”.

El ingeniero en Medioambiente y Salud Medioambiental, Han Hube, afirma que “hay minería que se hace sin considerar los espacios vitales para los ciclos de la naturaleza”. Para Hube, ahí está el foco en la definición de externalidades.

“Muchas veces no solamente se impacta el lugar en donde se hace la minería, sino que todo su alrededor (…) es sumamente brutal para la naturaleza la minería”, asegura.

Entre los gastos del Royalty Minero, solicitados por Ley de Transparencia, se pudieron detectar compras millonarias, realización de eventos recreativos, el pago de sueldos y hasta funerales. Si bien varios de estos gastos pueden ir en línea con ser un aporte a sus comunidades, poco tienen que ver con mitigar los efectos indirectos de la minería en estos territorios. 

Para Velásquez, es incorrecto que “los recursos se ocupen por motivos políticos u otros más oscuros, necesitamos una mejor gestión, pero también un acompañamiento para aquellas comunas pequeñas que no tienen la capacidad técnica para tener proyectos adecuados en que se puedan invertir estos recursos”.

LOS GASTOS QUE PAGÓ EL BILLETE MINERO

Una serie de municipios ha destinado los recursos provenientes de los Fondos Puente del Royalty a gastos que, si bien pueden estar dentro del marco legal, plantean controversias sobre su alineación con las necesidades prioritarias para la población de cada uno de ellos.

En Iquique, por ejemplo, se utilizaron $424.446.000 de los $454 millones asignados solo en el pago de sueldos de funcionarios municipales. Esto, mientras que en octubre del 2024 se detectó un déficit de $6.000 millones que amenazaba al Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames con dejar de funcionar. Sobre la situación, en octubre de 2024, la presidenta de la Asociación de Funcionarios del hospital, Claudia Rojas, aseguró a El Mercurio que “(…) es un problema a nivel nacional, pero como somos el único hospital de mayor complejidad en la región, nos afecta aún más. El hecho de estar alejados de Santiago implica que cuando faltan insumos estos se demoran al menos dos semanas en llegar”.

Fuente: Gobierno de Chile (elaboración propia).

En la misma región, la municipalidad de Pozo Almonte decidió destinar un total de $29 millones para la compra de alimento para perros y gatos. Esto, en el contexto de una comuna con una tasa de atención médica de un 80,2%, mucho más baja que la tasa regional de 92%, según el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales.

La comuna de Mejillones, por su parte, invirtió $84 millones en la adquisición de un minibús para el traslado exclusivo de funcionarios de la salud, a pesar de que su población no cuenta con una red de transporte público formal, sino solo con buses que conectan con Antofagasta y Tocopilla. Además, el municipio ha experimentado un importante crecimiento poblacional que ha colapsado los servicios públicos básicos, como salud y educación.

Un poco más al sur, en Chañaral, se utilizaron $17 millones en una obra de teatro de Peter Pan —gratuita para los vecinos—. Este mismo monto habría permitido, por ejemplo, realizar exámenes de detección de plomo en sangre —mediante un pinchazo capilar en el dedo— a más de 300 habitantes , tomando en cuenta el valor del procedimiento según el Instituto de Salud Pública (ISP) ($56.966 + IVA).

Dado que la comuna contaba con 12.345 habitantes para el Censo 2024, esa cantidad representa una muestra significativa para un monitoreo básico en grupos expuestos como niños, embarazadas y adultos mayores. Un estudio de la Universidad de Chile, desarrollado entre 2011 y 2014 en escolares de Chañaral, ya detectaban presencia de plomo —junto a arsénico, cobre y zinc— en polvo ambiental escolar.

Obra de Peter Pan, https://www.munichanaral.cl/

En la municipalidad de Huasco, además de los conciertos antes mencionados, se destinaron $16 millones para el pago de una indemnización tras una sentencia judicial por los acreditados maltratos ejercidos tanto por el alcalde, Rigoberto Briceño (Independiente-Contigo Chile Mejor), como por su equipo, en contra de la directora de Salud Municipal, Guizzella González, que le originaron una enfermedad de carácter laboral. 

En Andacollo, la asignación de $146 millones del Fondo Común Minero para la adquisición de un camión recolector de basura de la marca Mercedes-Benz salta a la vista cuando se pone en la balanza que la comuna tiene serios problemas de infraestructura en sus establecimientos de educación. Sin ir más lejos, en abril de este año se realizaron manifestaciones  por parte de los docentes andacollinos que acusaban sueldos impagos, malas condiciones laborales, desvinculaciones irregulares, inseguridad e incluso plagas en los establecimientos.

La comuna de Canela, en tanto, destinó $5,8 millones a pagos de servicios fúnebres y aportes económicos por gastos funerarios a un total de 10 personas, cuyo vínculo con la municipalidad no está especificado. Esto se lleva a cabo mientras el alcalde, Waldo Contreras (Independiente), asegura al diario La Región de Coquimbo que la única opción para combatir la escasez hídrica en la zona —la única abastecida en un 100% por camiones aljibes en la región— es la instalación de una planta desalinizadora.

El caso de Puchuncaví (Valparaíso) ilustra cómo incluso una adquisición aparentemente legítima puede volverse opaca. Mediante el decreto alcaldicio N°716, el municipio informó la compra de un camión recolector Chevrolet por $100 millones con cargo al Fondo Común Minero. Sin embargo, luego de una solicitud vía Ley de Transparencia, el municipio adjuntó una planilla de gastos sin fecha ni firma donde la compra figura por $79.242.100, valor publicado en Mercado Público el 31 de diciembre de 2024.

Camión Chevrolet FVR 1724 AT, adquirido por Puchuncaví. En www.chevrolet.cl, el precio exhibido va desde los $67 millones + IVA.

En la misma respuesta, se adjunta también el oficio N°28 de abril de 2025 desde la Secretaría de Planificación, donde se vuelve a consignar el gasto por $100 millones. La brecha —más de $20 millones— carece de explicación documental, y ningún contrato ni ítem adicional explica la diferencia.

En Doñihue (Región de O’Higgins), el Fondo Común Minero financió obras patrimoniales y artísticas: $30 millones están destinados para la construcción de un campanario en la iglesia parroquial Asunción de María en Lo Miranda, misma cifra que la municipalidad calcula para surtir los materiales de construcción de su Dirección de Obras Municipales. El contraste es claro: un solo campanario cuesta lo mismo que el presupuesto completo de insumos para usos en “reparación, habilitación y construcción”, y para la implementación de proyectos que requieran materiales de ferretería.

Además, se destinaron otros $4.250.000 mediante trato directo para la representación de telares a gran escala y su instalación en una intervención artística en el Centro Artesanal local. Aunque estas iniciativas pueden potenciar la identidad cultural de la comuna, su vínculo con la mitigación de externalidades mineras queda, al menos, en tela de juicio.

Centro Artesanal y Rescate de Tradiciones Mauricio Pichuante de Doñihue. www.codelco.com

En la misma región, la comuna de Requínoa desembolsó $188.965.000 en la compra de la antigua casona atribuida a San Leonardo Murialdo —sacerdote turinés canonizado en 1970— con la idea de convertirla en un centro cultural; dineros que provienen de ambos fondos del Royalty Minero. El precio resulta llamativo si se contrasta con la última licitación municipal para reparar todas las veredas dañadas del sector Los Lirios, presupuestada en 2000 UTM, un monto apenas 29% mayor que el desembolso por la vivienda patrimonial, pero destinado a mejorar la seguridad peatonal de un barrio completo de más de 6.466 habitantes.

La diferencia entre los gastos ejecutados con el Royalty Minero y las necesidades de localidades mineras deja en evidencia un vacío normativo y la falta de orientación de este impuesto hacia su propósito original: compensar los impactos de la actividad minera en los territorios más afectados.

Al cierre de este reportaje, el municipio de Salamanca (Coquimbo) no respondió la solicitud de Transparencia realizada, ni reportó sus gastos efectuados con los dineros de los Fondos Puente del Royalty en su portal de Transparencia Activa. La Municipalidad de Combarbalá, de la misma región, respondió referenciando un documento que no fue adjuntado.

DEL IMPUESTO ESPECÍFICO A LA LEY DE ROYALTY

La historia del Royalty Minero en Chile se remonta a más de 20 años atrás, cuando en 2004 se propuso —y rechazó— por primera vez un proyecto de ley que buscaba establecer un impuesto a la minería. Fue durante el gobierno de Ricardo Lagos cuando, finalmente, el Senado rechazó el proyecto e impidió su avance legislativo.

En 2005, el gobierno impulsó una nueva ley que creó el Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM), aplicable sobre la renta operacional de las empresas mineras, y con tasas variables entre un 5 y un 14% dependiendo del margen operacional. 

Si bien se le llamó Royalty en un principio, este gravamen era en la práctica un impuesto sobre las utilidades y no sobre la extracción misma de recursos.

En 2018, un grupo de diputados de Revolución Democrática (RD), el Partido Socialista (PS), el Partido Por la Democracia (PPD), la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y el Partido Radical (PR) presentaron una moción para crear lo que llamaron un “verdadero” Royalty Minero en el país, esta vez, aplicable tanto al cobre como al litio. 

La tramitación demoró cinco años más, luego de pasar por las comisiones de Minería y Energía y de Hacienda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Tras varias indicaciones y modificaciones, el proyecto se aprobó en mayo de 2023 y fue promulgado en agosto del mismo año.

La ley entró en vigor en 2024, y se comenzó a gravar a todas las grandes operadoras mineras que produjeran más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino al año. Para estos efectos, el impuesto incluye una parte fija del 1% sobre las ventas anuales de cobre, y otra parte variable que va del 8 al 26% sobre las utilidades que genera cada minera, una vez descontados ciertos gastos y ajustes autorizados por ley. 

Eso sí, se estableció una carga fiscal máxima del 46,5% para todos los grandes productores, considerando la totalidad de impuestos aplicables, más allá del Royalty Minero.

El mismo año que entró en vigencia la ley se traspasaron más de $90 mil millones a las más de 300 comunas beneficiarias, de los cuales $20 mil millones fueron exclusivamente destinados a aquellas que sufren las externalidades negativas de la minería en sus localidades, a través del Fondo Común Minero. Si bien los traspasos se concretaron sin mayores contratiempos, aún persiste la duda respecto a la correcta rendición de cuentas por parte de los municipios. 

Aun así, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) no tiene atribuciones de fiscalización respecto de la información entregada por los municipios sobre los usos del Royalty. Solamente actúa como captador de la información que las municipalidades reportan.

Según indican desde la Subdere, “tal como determinó la ley, no hay mecanismos de evaluación o de pertinencia del gasto”. La entidad recopila los datos y realiza un informe que es entregado al Congreso Nacional y a la Contraloría de manera anual. Eso sí, desde la subsecretaría recalcan que “para acceder a las cuotas trimestrales del Fondo Royalty 2025, los municipios debían haber informado sus gastos de 2024”.

Hasta el cierre de este reportaje, la Contraloría decidió no referirse al tema.

LA OPINIÓN DE LA INDUSTRIA

El presidente de la Cámara Minera de Chile (CMC), Manuel Viera Flores, asegura que es importante que se fiscalice la utilización de estos recursos. Desde la asociación gremial hacen hincapié en que “los recursos del Royalty recibidos por las diversas municipalidades del país deben ser usados en mejorar la calidad de vida de los habitantes de esas comunas”.

Para Viera Flores, sería óptimo contar con un índice de desempeño asociado al Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las propias comunas mineras. “Es importante que las municipalidades hagan una reestructuración organizacional donde se cree la unidad de Contraloría y auditoría de platas Royalty, con los KPI (Indicadores Clave) de desempeño”, asegura.

La Cámara Minera recomienda una planificación y coordinación en conjunto con el Ministerio de Minería para poder invertir adecuadamente los recursos en obras prioritarias. Algunos ejemplos que entregan son la construcción y mejoramiento de canchas, estadios, escuelas y liceos, además de un apoyo al área de la salud, todo en vistas de mejorar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en las comunas mineras del país.                                                                                                     

Respecto de las repercusiones en la industria, Viera Flores asegura que “aumentar los tributos y el Royalty de manera exagerada no fue una buena idea desde el punto de vista de fomentar la inversión”. En este sentido, es particularmente crítico del régimen ad valorem, que implica un impuesto a las ventas brutas.

El presidente de la Cámara Minera de Chile advierte que, para mantener las condiciones mínimas de inversión en el país, es clave contar con un entorno estable y predecible en aspectos jurídicos y tributarios. Esto implica, según Viera Flores, tener reglas claras, con tasas de tributación razonables e incentivos para la inversión. 

“Hoy el país y el sector minero requieren que nuevos inversionistas ingresen al sector”, puntualiza. 

LA SERENA: VECINOS ELIGEN EL DESTINO DEL ROYALTY

La capital regional de Coquimbo recibirá un total de $1.605 millones del Fondo Común Minero este 2025 —un salto de 246% frente al adelanto de 2024— y decidió someter a deliberación vecinal casi $800 millones de ese monto. Un decreto alcaldicio del 9 de junio convocó una Consulta Pública para levantar iniciativas ciudadanas susceptibles de financiarse con los recursos del Royalty Minero.

Con el objetivo de democratizar la toma de decisiones, la alcaldesa Daniela Norambuena (Renovación Nacional) propuso esta iniciativa que “surge ante la necesidad de buscar representatividad y equidad para la distribución de los recursos, haciendo una repartición transparente”.

Consultada a través de la oficina de comunicaciones del municipio, la alcaldesa agrega que “este proceso participativo busca que los propios habitantes de la comuna, quienes mejor conocen las necesidades de sus territorios, decidan en qué invertir estos fondos”. Para asegurar la representatividad, las delegaciones municipales convocarán encuentros en toda la ciudad, abiertos a vecinos, dirigentes y organizaciones comunitarias. Diferentes mesas de trabajo locales elaborarán y validarán propuestas con residentes y representantes barriales.

Eso sí, el abogado y miembro de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental (ACHIDAM), Eduardo König, asegura que, si bien una consulta ciudadana podría ser, en principio, un canal para expresar preferencias ciudadanas sobre el uso de los recursos, la realidad es que “su carácter no siempre vinculante y la imposibilidad de alterar la distribución legal de estos fondos limitan su capacidad de orientar los recursos hacia la mitigación de impactos ambientales”.

En esta línea, hace referencia a la Ley Orgánica de Municipalidades que, en su artículo 101, señala que los resultados de los plebiscitos comunales son vinculantes “siempre que vote en él más del 50 % de los ciudadanos habilitados para votar en la comuna”.

De todas formas, el municipio se comprometió a ejecutar las tres propuestas más votadas y a publicar cada fase —presupuesto, licitación y avance—en su portal de Transparencia, buscando convertir el Royalty en inversión con sello ciudadano.

Los encuentros se estarán realizando entre julio y septiembre de 2025, y las propuestas seleccionadas podrían empezar a ejecutarse entre el último trimestre del año y principios de 2026, asegura la municipalidad. Si el balance es positivo, sostienen que el proceso se repetirá con los ajustes necesarios.

*Este reportaje fue realizado por los estudiantes Benjamín Chávez y Franco Ducret, en la sección del profesor Boris Bezama del curso Taller de Periodismo Avanzado de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.