Suprema rechaza remoción de juez Ulloa; máximo tribunal ordena bloqueo de sitios de apuestas; cuatro gendarmes revisaron datos del domicilio de un compañero antes de que este fuera amenazado de muerte, y fiscalía acusa que diputado Lavín no transfería a empresa proveedora lo que el Congreso y el Servel le reembolsaban

La Corte Suprema resolvió que el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa no será destituido. La vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, informó que en el Pleno no se alcanzaron los votos necesarios para remover al magistrado, cuyo cuaderno de remoción fue abierto el pasado 2 de septiembre.

Para remover a Ulloa se requerían 11 votos, pero solo siete supremos se inclinaron por la destitución y otros siete por su permanencia en el cargo. Los ministros que sí aprobaron la remoción fueron el presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, además de Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, María Soledad Melo, Leopoldo Llanos, Mireya López y la ministra suplente Eliana Quezada. Mientras que los supremos Manuel Antonio Valderrama, Arturo Prado, Mauricio Silva, María Angélica Repetto, Adelita Ravanales, María Teresa Letelier y Diego Simpertigue rechazaron la remoción.

Como reacción, los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini (ambos PS) junto a otros parlamentarios oficialistas anunciaron que presentarán una acusación constitucional en contra del juez Antonio Ulloa. “La señal de corrupción que hoy entrega el Poder Judicial es devastadora”, dijo Manouchehri.

Los mensajes vía WhatsApp contenidos en el celular del abogado Luis Hermosilla, dan cuenta que Ulloa y el penalista ejecutaron un mecanismo para incidir en el nombramiento de al menos 14 altos cargos judiciales. Según la investigación disciplinaria que llevó a cabo la Corte de Apelaciones, el magistrado cometió otras faltas como no inhabilitarse en una causa que involucraba al juez Daniel Urrutia, con quien Ulloa sentía animadversión, y tampoco se inhabilitó en otra causa en la que intervenía Hermosilla y el abogado Samuel Donoso, pese a que mantenía una relación de familiaridad con ambos.

El cuestionado magistrado aún enfrenta una investigación penal en una de las aristas del Caso Hermosilla que está a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

Antonio Ulloa (Diego Martin / Agencia Uno)

La Tercera Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por la Lotería de Concepción con apoyo de la Polla Chilena de Beneficencia, en contra de las compañías de telecomunicaciones Claro, Entel, GTD, Movistar, WOM y VTR. En el fallo, el máximo tribunal declaró que los sitios de juegos de azar son ilegales, por lo que ordenó que los proveedores de internet bloquearan esas plataformas en el país.

La resolución determinó que las compañías telefónicas incurrieron en una conducta omisiva al no responder o negarse a bloquear las páginas web cuestionadas como Betano, Coolbet, JugaBet, Rojabet, Betsson y otras. Lo anterior, fue considerado como ilegal y arbitrario, dado que la concesión legal y exclusiva para realizar estas actividades en Chile es de la Lotería de Concepción, la Polla Chilena y Teletrak.

Mientras la Lotería de Concepción celebró el fallo y dijo a través de un comunicado que este “sienta un precedente trascendental” al bloquear estos sitios, la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea informó que “nuestra posición ha sido clara y consistente: queremos que esta actividad sea regulada en Chile”, argumentando que con esta decisión judicial privará al fisco de una recaudación de US$ 800 millones.

(Créditos: Sócrates Orellana / Agencia Uno)

Un reportaje de CIPER constató un nuevo dato en el caso del comandante de Gendarmería que fue amenazado de muerte con una corona de flores y disparos en la puerta de su domicilio. Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares de los atacantes, la fiscalía indicó que al menos cuatro funcionarios realizaron cerca de 14 consultas al sistema interno de la institución carcelaria para acceder al domicilio del funcionario afectado antes que se realizara la amenaza (vea aquí la nota). Esa información es crucial porque podría identificar a quienes facilitaron los datos personales del gendarme y confirmaría la infiltración del crimen organizado en Gendarmería.

En abril pasado, tres venezolanos fueron formalizados por asociación ilícita, amenazas condicionales, porte ilegal de armas de fuego y homicidio frustrado, luego de que el Ministerio Público determinara que los imputados habían sido contratados desde el interior del penal para ejecutar el atentado. Desde entonces permanecen en prisión preventiva en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS).

Según la investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el ataque al comandante de Gendarmería sería una represalía por un procedimiento ordenado por el funcionario amenazado en el que se realizó una intervención de celdas que eran utilizadas para el tráfico de drogas.

(Créditos: Maribel Fornerod / Agencia Uno)

La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente apunta a que entre el Congreso y el Servicio Electoral (Servel) le reembolsaron al diputado Joaquín Lavín un total de $34 millones por servicios que le habría prestado la empresa Modo74 y que el legislador no traspasó a la compañía. La Cámara restituyó una parte del dinero como gastos de asignaciones parlamentarias y el resto lo entregó el Servel. Tras revisar los movimientos bancarios del diputado, el ente persecutor constató que esos fondos sí llegaron a las cuentas de Lavín pero que este no los transfirió a la empresa.

CIPER reveló que en la solicitud de desafuero del diputado Lavín, la fiscalía lo acusa de ser dueño “de forma subrepticia” de Modo74 SpA, su principal proveedor en el Congreso (vea aquí el reportaje). Aunque Lavín no tiene participación en esa sociedad, la fiscalía afirma que él fue el principal financista de la empresa creada por un asesor de su confianza, en la que consiguió la totalidad de sus clientes y mantenía un registro de ingresos y egresos en sus dispositivos móviles.

En la solicitud presentada a la Corte de Apelaciones de Santiago, la fiscalía cifra en $104,2 millones el monto presuntamente defraudado y busca despojar de su inmunidad parlamentaria al diputado Lavín para así formalizarlo por eventuales delitos de fraude al fisco reiterados, falsificación de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias.

A Lavín León se le acusa además por su relación con la Municipalidad de Maipú cuando su cónyuge, Cathy Barriga, era alcaldesa. El Ministerio Público asegura que Lavín ordenó gestiones constitutivas de tráfico de influencias y que se benefició políticamente al acceder a bases de datos con información de contribuyentes de esa comuna.

Joaquín Lavín León (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)