Reabren investigación por Caso Democracia Viva; Boric no apoya la regularización de migrantes en el agro; municipio de Punta Arenas demanda al fisco, y exsupremo Milton Juica espera que el juez Ulloa sea removido

El Juzgado de Garantía de Antofagasta ordenó la reapertura del Caso Democracia Viva para todos los imputados luego de que la defensa del representante de esa fundación, Daniel Andrade (ex Revolución Democrática), lo solicitara. Aunque el Ministerio Público ya había presentado la acusación penal -tras dos años de investigación-, el tribunal accedió al requerimiento y anuló la audiencia de preparación de juicio oral que estaba programada para el próximo 29 de septiembre. 

En primera instancia, el juzgado había accedido a reabrir solo la arista de Andrade, sin incluir a los otros imputados. Sin embargo, según información recogida por La Tercera (vea aquí la nota), se consideró que los hechos perseguidos y los imputados están vinculados entre sí, por lo que era complejo llevar a cabo las diligencias solo sobre un acusado sin afectar a los otros, por lo que también resolvió dejar “sin efecto la resolución de fecha 11 de septiembre de 2025, entendiendo que se reaperturó para todos los intervinientes, para la práctica de las diligencias específicas ordenadas en dicha audiencia”. Además, la resolución determinó la nulidad de la acusación. 

Junto a Andrade, el Ministerio Público también acusó por tres delitos de fraude al fisco a la desaforada diputada Catalina Pérez, al exseremi de Vivienda Carlos Contreras y a la exconcejala Paz Fuica, todos exRD. A la par, la fiscalía solicitó para todos ellos 10 años y un día de cárcel, el pago de una multa de la mitad del perjuicio fiscal causado por la fundación y la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos. Lo anterior, por los tres contratos de $426 millones firmados entre el representante de la Fundación Democracia Viva y Contreras. 

Daniel Andrade (derecha) y Carlos Contreras en una audiencia anterior del caso (Créditos: Camilo Alfaro / Agencia Uno).

El Presidente Gabriel Boric abordó la propuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) sobre la regularización de personas migrantes en el país para fortalecer la mano de obra en las faenas agrícolas. Desde Nueva York y en medio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el jefe de Estado aclaró: “No está en los planes del gobierno innovar en esta materia”. 

En ese sentido, el mandatario declaró que “Chile no está en condiciones de recibir más migración, en particular migración irregular». También señaló que considera que el trabajo tiene que ser digno y que se deben respetar los derechos laborales y humanos. Agregó que desde el gobierno “siempre acogeremos de manera constructiva lo que plantea la SNA”. 

La discusión se inició luego de que el presidente de la SNA y exministro de Sebastián Piñera, Antonio Walker, planteó que la regularización de las personas migrantes beneficiaría al mundo agrícola a través de la asignación de visas de trabajo para otorgarles residencias temporales.

El Presidente hablando en Nueva York (Créditos: Prensa Presidencia).

La Municipalidad de Punta Arenas interpuso una demanda contra el fisco para que el Estado se haga cargo de los millonarios costos que ha debido asumir el municipio correspondientes al pago de bonos de zona extrema y los incrementos salariales que fueron negociados con asistentes de la educación y profesionales PIE antes del traspaso de los colegios municipales al nuevo Servicio Local de Educación Pública (SLEP). El ente comunal argumentó que no tiene por qué hacerse cargo de esos costos, los que actualmente son descontados por el gobierno central, del monto que le corresponde por el Fondo Común Municipal. 

Desde el organismo municipal señalaron a La Tercera que los cobros que realiza la Dirección de Presupuestos (Dipres) son indebidos y de carácter indefinido (vea aquí la nota). El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich (RN), afirmó que los descuentos equivalen al 8% del presupuesto anual de la municipalidad.  En la comuna de Puerto Natales acusan el mismo problema. La alcaldesa Ana Mayorga (Ind) aseguró que está evaluando una nueva acción judicial contra el fisco.

En 2024, Punta Arenas presentó ante la Corte Suprema un recurso de protección con el objetivo de frenar los cobros pero el máximo tribunal lo rechazó en enero de este año. Por eso, decidió presentar una demanda.

Frontis del edificio consistorial puntarenense (Créditos: Facebook Municipalidad de Punta Arenas).

En entrevista con CIPER, el expresidente de la Corte Suprema, Milton Juica, se refirió al caso del magistrado Antonio Ulloa y sus gestiones con el abogado Luis Hermosilla para incidir en al menos 14 altos nombramientos del Poder Judicial. El exsupremo considera que las acciones del juez son más graves que el caso de la exministra de Corte Verónica Sabaj, quien ya fue removida, “porque tiene más ramificaciones, tiene más contactos, tiene muchas más actividades”, señala. Además, dice que afecta a la imparcialidad, principal atributo que debe tener el Poder Judicial. 

Según Juica, “si aparece un funcionario que hace de la inconducta una normalidad, significa un desprestigio para el Poder Judicial y afecta a aquellos que hacen su trabajo bien. Y, por lo tanto, una persona de esa naturaleza no puede estar en el Poder Judicial”.

Juica también considera que si bien el caso de Sabaj es muy grave y “está casi en el mismo rango de lo que le pasa al ministro Ulloa”, para él, el de Ulloa es todavía peor: “Es mucho más grave la inconducta del señor Ulloa. Porque tiene más ramificaciones, tiene más contactos, tiene muchas más actividades”. 

En la antesala de la votación de la remoción del ministro de la Corte de Apelaciones, programada para la próxima semana, Juica dice que Ulloa “ha infringido o quebrantado flagrantemente una norma legal”, refiriéndose al Código Orgánico de Tribunales donde se establece que los jueces no deben ser influenciados por algunas de las partes cuyo caso se va a fallar.

Puedes leer la entrevista completa aquí.

Milton Juica, expresidente de la Corte Suprema (Créditos: Pablo Vera /Agencia Uno).