Al igual que José Zara, diez sentenciados por violaciones a derechos humanos cumplirán sus condenas en 2026

Aunque sus condenas terminan en 2026, estos exagentes de la dictadura podrían obtener su libertad antes, si los tribunales aceptan alguna solicitud presentada por sus abogados. Asimismo, su reclusión podría prolongarse si los jueces que los investigan los procesan por otros crímenes. Esto ocurrió en agosto con el brigadier de ejército José Zara Holger, quien salió libre tras cumplir una condena por el homicidio del general Carlos Prats en Buenos Aires, pero fue detenido dos días después por su participación en 1976 en el asesinato de Ronnie Moffitt, secretaria del excanciller Orlando Letelier. Ella y Letelier fallecieron en el atentado explosivo realizado en Washington por agentes de la dictadura.

Durante 2026, al menos diez exmiembros del Ejército, Carabineros y la PDI cumplirán sus condenas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar del general Augusto Pinochet (1973-1990), por lo que podrían salir en libertad después de años de presidio, según información de tribunales revisada por CIPER.

Entre estos agentes figuran el militar Gabriel Matus, el sargento de Carabineros, Isidoro Azócar; el brigadier de Ejército, Alfonso Videla; el sargento de Carabineros, Patricio Montecinos; el sargento de Carabineros, Rafael Pérez Torres; el sargento de la Fuerza Aérea, Manuel Cabezas Pérez: el carabinero en retiro, Miguel Arias Navarrete; el teniente de Carabineros, Juan de Dios Mansilla Díaz; el agente de la CNI, José Miguel Morales, y el funcionario de la PDI, Gonzalo Maass del Valle.

Estos hombres cumplen penas de prisión por su participación en diversos secuestros y asesinatos, incluyendo casos de alta connotación pública (como la matanza de la “Operación Albania”), así como homicidios de adolescentes y obreros sin militancia política, ejecutados indefensos.

Si bien sus condenas concluyen en 2026, estos agentes pueden obtener de manera previa su libertad si los tribunales acogen alguna solicitud en tal sentido que presenten sus abogados. Asimismo, podrían alargar su reclusión si las cortes los procesan por otros crímenes, como sucedió en agosto pasado con el brigadier de Ejército, José Zara Holger. Este último fue liberado luego de cumplir su condena por el homicidio del general Carlos Prats en Buenos Aires, para unos días después ser detenido mientras se le investiga por su rol en el asesinato de Ronnie Moffitt, secretaria del excanciller socialista Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976.

EL DETALLE DE LOS CASOS

Gabriel Matus Hernández sería el primer agente en cumplir su sentencia en 2026. Fue condenado a cinco años y un día de presidio por el homicidio de Exequiel Contreras Plotsqui, un estudiante de 21 años sin militancia política, acribillado a cincuenta metros de su casa en Temuco. El militar le disparó por la espalda el 30 de marzo de 1974 por caminar durante el toque de queda, según estableció la Corte Suprema en un fallo del 20 de octubre de 2021 (ver resolución).

El crimen fue presenciado por el padre de la víctima, el periodista de Radio Cooperativa, León Contreras Schönfeldt, quien se identificó como tal ante los militares, exhibiendo un salvoconducto. Según los antecedentes recabados por CIPER, Matus Hernández cumplirá condena el 23 de enero de 2026.

El siguiente agente que podrá completar su sentencia es el sargento de Carabineros, Isidoro Azócar Andrade, condenado a cinco años y un día de prisión por los asesinatos de los obreros Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, José René Argel Marilicán, Adolfo Ornar Arismendi Pérez, Jorge Melipillán Aros, José Armando Ñancumán Maldonado y Carlos Mansilla Coñuecar. Los hechos ocurrieron el 18 de octubre de 1973, en Puerto Montt, cuando las víctimas -que tampoco tenían militancia- estaban recluidas y bajo vigilancia de carabineros en la Tenencia Antonio Varas (ver fallo). Azócar cumplirá su condena el 2 de febrero de 2026.

En tanto, el brigadier de Ejército, Alfonso Videla Valdebenito, completará su condena el 26 de abril de 2026. En esa fecha concluirá la sentencia de siete años de presidio por el homicidio de Miguel Estol Mery, crimen de lesa humanidad cometido el 23 de octubre de 1973 en Las Condes, en el marco de un operativo ejecutado por personal de la Academia Politécnica Militar (ver sentencia).

De acuerdo con lo señalado por testigos ante los tribunales, el 23 de octubre de 1973 Miguel Estol se encontraba junto con su familia en su casa en Manquehue Sur. Alrededor de las 23:00, cuando regía el toque de queda, un contingente militar rodeó la vivienda, por lo que él salió a ver lo que ocurría. Al abrir la puerta de la casa, fue herido a bala. Los militares presentes tomaron su cuerpo y lo arrastraron hasta un camión, para luego abandonarlo en una calle de Providencia. Miguel Estol murió a las 23.45 en el Hospital Salvador. No tenía militancia política.

El sargento de Carabineros, Patricio Montecinos Bustos, fue condenado en agosto de 2016 a 10 años y un día por el homicidio de Orlando Ponce Quezada, un adolescente de 15 años, ultimado el 13 de octubre de 1973 (ver documento judicial). Montecinos cumplirá su condena el 14 de mayo de 2026. La víctima fue detenida en un allanamiento masivo en la Población Cerro Colorado, de Renca. Tras su arresto, fue subido a una camioneta de color rojo que estaba a cargo de Carabineros, quienes lo pusieron boca abajo en el piso del vehículo para proceder a saltar sobre su cuerpo. 

Junto a otros detenidos, fue trasladado a la Comisaría de Renca, donde permaneció alrededor de dos horas, para luego ser subido a una camioneta en la cual fue trasladado a un costado del Cerro Colorado. Allí fue baleado por la espalda y su cuerpo, sin vida, permaneció en ese lugar durante tres días, debido a que los uniformados no dejaron a los pobladores acercarse.

El teniente de Carabineros, Juan de Dios Mansilla Díaz, fue condenado, junto a otros dos funcionarios de esa institución –Pedro Pablo Hormazábal Fuentes y Luis Alfonso Hernández Gutiérrez– a la pena de cinco años y un día como coautores del delito de homicidio calificado del militante comunista Raúl Muñoz Muñoz, ocurrido entre septiembre y octubre de 1973, según dictaminó la Corte Suprema en una resolución de 2016 (ver fallo del máximo tribunal). 

Los restos de Muñoz, quien fue torturado y ultimado en el Estadio Nacional,  fueron encontrados en 1991 en el Patio 29 del Cementerio General. La causa de su muerte fue traumatismo de cráneo y extremidad superior provocada por balas de tipo homicida, según la Justicia. Según los datos obtenidos por CIPER, Mansilla cumplirá condena el 8 de junio de 2026.

El sargento de Carabineros, Rafael Pérez Torres, fue condenado a 12 años por el asesinato del militante socialista Martín Núñez Rozas y el homicidio frustrado de Blanca Valderas Garrido, además de los secuestros de Santiago Aguilar Duhau, César Ávila Lara, Joel Fierro Inostroza, Joel Huenumán Huenumán, Luis Aros Huichacán y Arturo Valderas Angulo, quienes permanecen desaparecidos. Todos estos crímenes fueron cometidos en Osorno entre el 16 y el 18 de septiembre de 1973 (vea el fallo). Pérez Torres cumplirá condena el 12 de septiembre de 2016. 

José Miguel Morales, funcionario de la PDI y agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), cumple sentencia como autor del delito de secuestro calificado de los militantes del Partido Comunista y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Julián Peña Maltés, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ocurrido en septiembre de 1987. Morales cumplirá condena el 28 de octubre de 2026.

Morales fue condenado con anterioridad, en 2007, como autor del homicidio calificado de Elizabeth Edelmira Escobar Mondaca, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, causa que se enmarca dentro la investigación por la Matanza de Corpus Christi, también conocida como Operación Albania. En ese proceso se le sentenció a tres años de presidio menor, pero se le dio el beneficio de la libertad vigilada (ver fallo del máximo tribunal).

El exagente de la CNI y PDI, Gonzalo Maass del Valle, está terminando una condena de diez años y un día por el secuestro calificado de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, hechos ocurridos en 1987 (ver documento). Según los antecedentes recabados por CIPER, Maass cumplirá esta condena el 30 de octubre de 2026.

En fallos anteriores, cuyas penas ya cumplió, Maass fue condenado por dos asesinatos. En el primero, fue sentenciado en 2007 a cinco años por el homicidio calificado de Ricardo Hernán Rivera Silva, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En el segundo, fallado el 13 agosto 2009 por la Corte Suprema, fue condenado a cinco años, conmutados por libertad vigilada, como autor del homicidio calificado de Felipe Rivera Fajardo.

El sargento de la Fuerza Aérea, Manuel Cabezas Pérez, fue condenado a cinco años por el delito reiterado de aplicación de tormentos, causando lesiones graves, al obrero Patricio Rivera Cornejo y al estudiante Daniel Pavez Casanova. Los hechos, según estableció la justicia, ocurrieron en la base aérea El Bosque, en Santiago, entre septiembre y octubre de 1973 (vea el fallo). 

Rivera, militante socialista, fue detenido por Carabineros, reducido y sometido a un simulacro de fusilamiento para luego ser trasladado a la base de la FACH. Ahí, fue torturado con electricidad en los genitales y en la lengua, además le trazaron el símbolo de la Unidad Popular en la espalda con un cuchillo. Pavez, dirigente del Frente de Estudiantes Revolucionarios del Liceo Comercial N° 18, fue detenido y trasladado a la base aérea El Bosque, donde estuvo entre una semana y diez días, siendo sometido a torturas con electricidad y golpes en el cuerpo. 

Cabezas Pérez cumplirá condena el 28 de noviembre de 2026.

Por último, el carabinero en retiro Miguel Arias Navarrete, fue condenado a seis años de presidio por el secuestro de Justo Flores Martínez, cometido en octubre de 1973 (vea el fallo). 

Flores fue secuestrado desde su casa en la población Pablo de Rohka, en San Bernardo, el 5 de octubre. El 16 de octubre, junto a Luis Enrique Pérez Balbontín –un quiosquero con atrofia muscular total en las piernas que fue secuestrado el día anterior– fueron llevados a un camino interior de un fundo, donde les dispararon en la cabeza y en la región abdominal, siendo sus cuerpos abandonados. La justicia condenó a Miguel Arias y a Ricardo Morales, jefe de la tenencia San Rafael, a la que pertenecía Arias Navarrete.

Miguel Arias cumplirá condena el 14 de diciembre de 2026.