Avanza en el Congreso la multa por no ir a votar; jueza rechazó demanda de Giorgio Jackson y Comisión del Senado aprobó proyecto de ley de eutanasia

Este martes, la Comisión de Gobierno del Senado aprobó la indicación que presentó el Ejecutivo que repone la multa a quienes no voten en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. La norma fue aprobada por los cinco senadores de la instancia. El monto de la sanción por no concurrir a votar fijada por el gobierno va entre 0,5 a 1,5 UTM, lo que equivale a un monto entre $34 mil a $103 mil. El proyecto original, que fue ingresado por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), proponía el mismo piso pero un techo del doble.

Este proyecto ha generado una fuerte discusión incluso al interior del oficialismo. En el marco de la discusión, la semana pasada el Congreso rechazó la norma que proponía la sanción para los ciudadanos chilenos. Ese trámite legislativo contó con el voto en contra de la mayoría de los diputados oficialistas y no alcanzó el quórum de 77 votos necesarios, pese a que el Presidente Gabriel Boric instó a avanzar con la multa. El proyecto fue despachado al Senado sin su artículo principal sobre el castigo monetario por no concurrir a las urnas, el que fue repuesto en la comisión y ahora se verá en sala.

Ante la negativa de la bancada oficialista a avanzar en el proyecto, los senadores de oposición comenzaron un bloqueo legislativo para dilatar las iniciativas de interés gubernamental que estaban en la agenda parlamentaria. Esto, debido a que los senadores de derecha firmaron un acuerdo con la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, para asegurar el compromiso del gobierno para agilizar la tramitación de la iniciativa.

Imagen referencial (Créditos: Pablo Ovalle Isasmendi / Agencia Uno)

La jueza de Valparaíso, Leonor Cohen, rechazó la demanda presentada por Giorgio Jackson en contra de 23 diputados de la Unión Democrática Independiente (UDI) que lo vincularon con el Caso Democracia Viva y el robo de 23 computadores en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuando él lo encabezaba en 2023. Jackson escribió en su cuenta de X que tratará de revertir esa sentencia y su abogado, Miguel Schürmann, confirmó que apelarán.

La demanda tuvo su origen luego de que en julio del 2023 hubo un robo en las oficinas del ministerio y los parlamentarios de oposición enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric solicitando la remoción del entonces ministro Jackson con un plazo de 48 horas. En la misiva lo acusaron de “haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas y, por último, por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio”, según se detalla en la acción judicial (vea aquí). 

El fundador de Revolución Democrática (RD) los acusó de difamación y en su demanda argumentó que vio afectada su honra al poner en tela de juicio su “capacidad, honorabilidad, credibilidad, honestidad y probidad”. Además, indicó que la carta de los parlamentarios opositores fue la causante de su renuncia, la que se produjo un mes después, generándole “daño moral”. Jackson solicitó que los demandados fuesen condenados a ofrecer disculpas públicas y al pago de una indemnización.

Sin embargo, la jueza Cohen rechazó la demanda en todas sus partes, indicando que no quedó acreditada la intención de injuriar: “Es posible descartar un fin de deshonra, sino más bien los hechos se avienen con el contexto político tantas veces aludido y con la finalidad que reconocen los demandados, en el sentido de querer hacer efectiva la responsabilidad política del señor Jackson, quien encabezaba la cartera de Desarrollo Social y Familia, para que dejara el cargo por una gestión que les merece a diversos reparos”.

Giorgio Jackson (Créditos: Victor Huenante / Agencia Uno)

Luego de 11 años desde su ingreso al Congreso, este martes, la Comisión de Salud del Senado aprobó el proyecto de ley que garantiza el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable, o conocido como ley de eutanasia, el cual mantiene suma urgencia legislativa.

Aunque los senadores Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI) votaron en contra de la iniciativa, los parlamentarios Juan Luis Castro (PS), Ximena Órdenes (Ind) e Iván Flores (DC) aprobaron, y ahora el proyecto pasará a la discusión en sala.

La iniciativa indica que para solicitar la asistencia médica para morir, el paciente deberá tener un problema de salud grave e irremediable que haya sido diagnosticado por dos médicos especialistas; tener la nacionalidad chilena, residencia legal o certificado de residencia que acredite la permanencia de más de 12 meses en el país; ser mayor de 18 años; encontrarse consciente en el momento de la solicitud; contar la certificación de un médico psiquiatra que señale que el requirente se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, y manifestar su voluntad de manera expresa, razonada, reiterada, inequívoca y libre de cualquier presión externa (vea aquí el proyecto).

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, señaló a La Tercera que desde el Ejecutivo “somos muy respetuosos de las creencias de las personas, sin embargo también somos respetuosos de la autonomía de las personas para decidir, en condiciones bien específicas que son las que establece este proyecto, su opción por efectivamente acelerar la muerte en caso de sufrimiento” (vea aquí la nota).

Comisión del Salud del Senado en el marco de la ley de eutanasia (Créditos: Oscar Guerra / Agencia Uno)