Renuncia directivo de Canal 13 tras ser vínculado a cuenta anónima en X; fiscalía pide desafuero de Orrego; la urgencia del gobierno por ley de aborto, y TC aprueba ley de permisos sectoriales

Un reportaje de Chilevisión vinculó a uno de los miembros del directorio de Canal 13, Patricio Góngora, con una cuenta anónima en la red social X que hostigaba con mensajes y fake news a diversos sectores políticos y personeros del gobierno de Gabriel Boric (vea aquí el reportaje). Góngora renunció a su cargo tras las repercusiones que generó esa información.

La investigación periodística apunta a que el ejecutivo del canal privado estaría detrás de la cuenta “@patitoo_verde”, la cual usaría para desprestigiar la carrera presidencial de Jeannete Jara (PC) y al actual gobierno del Presidente Gabriel Boric. Y que su rol era liderar el contenido de una red de otras cuentas anónimas dedicadas a lo mismo.

Según los hechos planteados en el reportaje, la vinculación del ahora exdirector del canal de TV, se basa en que, gracias a un posteo que envió a la compañía de luz Enel para reclamar por falta de servicio, reveló la dirección de un domicilio. Y que esas coordenadas, según el registro del Conservador de Bienes Raíces, corresponden a una vivienda que está a nombre de Patricio Góngora.

Tras su salida del directorio de la televisora, el ejecutivo negó estar relacionado a esa cuenta. “Esa cuenta no es mía. Pero optaron por creerle a una fuente anónima (una denunciante en el caso) y especular con un conjunto de medias verdades que no constituyen una realidad”, dijo. Sin embargo, su afirmación no fue acompañada con pruebas que lo descarten.

Hace dos meses, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), recriminó que varias cuentas divulgaron rumores sobre su salud de manera masiva. Por ejemplo, señalaban que la exalcaldesa padecía Alzheimer, lo que ella misma calificó como una “campaña asquerosa” e incluso insinuó acciones legales que no materializó.

Patricio Góngora (Créditos: sitio web Canal 13)

El fiscal Juan Castro Bekios solicitó el desafuero del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, por sus vínculos con la fundación Procultura, liderada por el psiquiatra Alberto Larraín. De esa forma, el Ministerio Público podría solicitar medidas cautelares al momento de formalizar al exalcalde DC. La indagatoria apunta a que la organización estuvo involucrada en eventuales delitos de fraude al fisco por el uso de dineros públicos en fines distintos a los convenios adjudicados por organismos estatales.

El exdemócrata cristiano está siendo investigado por el traspaso de $1.683 millones desde el Gobierno Regional Metropolitano hacia Procultura, para la ejecución del programa de prevención del suicidio “Quédate”. La fundación no rindió ni devolvió $1.000 millones del presupuesto total del convenio.

La defensa de Orrego, a cargo del abogado Rodrigo de la Barra, comentó a través de una declaración pública que no han sido notificados sobre la solicitud de desafuero ni han tenido acceso al texto correspondiente. Sobre el caso Procultura señaló: “El gobernador declaró voluntariamente ante el fiscal Cooper en diciembre de 2024 y hemos aportado todos los antecedentes relativos a los programas adjudicados y ejecutados por la fundación, así como las acciones emprendidas por el Gobierno Regional para la custodia y recupero de los dineros públicos asignados”.

Claudio Orrego (Créditos: Victor Huenante / Agencia Uno)

A solo dos meses y medio de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, el Presidente Gabriel Boric ingresó un oficio al Congreso para otorgar urgencia al proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo o Ley IVE sin causales, hasta las 14 semanas de gestación.

La iniciativa estaba incluida en el programa del actual gobierno, pero solo en la Cuenta Pública de 2024 se anunció el inicio de la tramitación parlamentaria. Sin embargo, el Ejecutivo decidió frenarla a la espera de que la Contraloría General de la República tomara razón del reglamento que fijó nuevas indicaciones a la actual ley de aborto en tres causales. Y tras esa toma de razón, decidió poner la urgencia.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en tanto, señaló que los tiempos forman parte del cronograma acordado: “Tal como lo hemos conversado con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, una vez que se pudieran despachar los proyectos prioritarios – como lo eran la Superintendencia Isapre y la reforma a la Ley Ricarte Soto-, íbamos a entrar con esta discusión. No hay ninguna novedad en el cronograma“.

Antonia Orellana (Créditos: Sebastián Beltran Gaete / Agencia Uno)

Este jueves, el Tribunal Constitucional aprobó el control de constitucionalidad del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones sectoriales, la que es calificada peyorativamente por algunos sectores, como “permisología”. El organismo estimó que el programa se ajusta a la Ley Orgánica Constitucional. Ahora, la Contraloría General de la República deberá tomar razón y cinco días después, será publicada en el Diario Oficial.

La nueva norma busca reducir los tiempos de tramitación de permisos de proyectos de inversión para agilizar las demoras administrativas y burocráticas. Sin embargo, algunas organizaciones socioambientales temían que la iniciativa podría debilitar la fiscalización y la exclusión de proyectos del Sistema de Evaluación Ambiental.

El Presidente Gabriel Boric defendió la nueva ley, asegurando que no toca permisos ambientales y afirmó que “las políticas a favor del medioambiente no son un freno al desarrollo, son condición para el desarrollo”.

Presidente Gabriel Boric (Créditos: Victor Huenante / Agencia Uno)