Tribunal Electoral confirma candidatura de Jadue; 10 detenidos por corrupción en Seremi de Arica; homicidios en cárceles aumentaron 36% en 2024 y excadetes de Cobreloa acusados de violación pasan a arresto domiciliario

Con una votación dividida, el Segundo Tribunal Electoral Metropolitano resolvió que Daniel Jadue (PC) está habilitado para sufragar en las elecciones de noviembre próximo y que también podrá ir a la papeleta como candidato a diputado por el Distrito 9. El tribunal falló así luego de que el partido Renovación Nacional (RN) presentó una reclamación para impugnar su candidatura, dado que el exalcalde de Recoleta está acusado por el Ministerio Público de fraude al fisco, cohecho, estafa y delito concursal por el conocido caso Farmacias Populares. En el recurso se argumenta que la ley electoral indica que las personas que son acusadas de un delito que merezca pena aflictiva pierden su derecho a sufragio, y por ende de ser candidatos.

El organismo electoral argumentó en su fallo que la acusación por sí sola no es suficiente para producir la inhabilitación para ejercer su derecho a sufragio, sino que, se requiere la apertura del juicio oral de la causa. Además, el tribunal determinó que, en este caso, se debe proteger el principio de presunción de inocencia y la afectación de un derecho fundamental como es el derecho a sufragio. Es necesario que exista un “pronunciamiento judicial que haya determinado la responsabilidad de una persona en la comisión de un ilícito y aplicado una sanción en consecuencia”, indicó la resolución. La presidenta del Segundo Tribunal Electoral, Lilian Leyton, estuvo por la inhabilitación, mientras que los abogados Emilio Payera y Paulina Morales, en contra.

El exedil señaló en su canal de streaming “Sin maquillaje” que “no hay que cantar victoria, queda todavía una apelación que pueden hacer al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) aquellos que no son capaces de ganarnos en la urna y, por lo tanto, quieren ganarnos por secretaría”.

Por su parte, el abogado que representa a RN, Marcelo Brunet, aseguró que apelarán ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para revertir la resolución de primera instancia.

Jadue mantuvo su derecho a sufragio y a ser candidato (Créditos: Lukas Solís / Agencia Uno)

Este miércoles la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, junto a la Policía de Investigaciones (PDI), realizaron un operativo que dejó 10 detenidos: cuatro funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Bienes Nacionales, tres exfuncionarios, un trabajador de la Dirección de Obras Públicas (DOM) de Arica y dos particulares que se desempeñaban como consultores. A todos se les investiga porque desde 2021 se habrían organizado para cometer diversos delitos de corrupción al interior de la Seremi.

Tras dos años de investigación, el Ministerio Público apunta a que los involucrados montaron una red con roles definidos, la cual recibía sobornos de particulares. A cambio, los funcionarios agilizaban trámites y filtraban información interna del organismo, además de “manipular el proceso de entrega vía concesiones, arriendo o venta de terrenos fiscales, favoreciendo a determinadas personas a quienes les habrían cobrado cuantiosas sumas de dinero”, según señaló la fiscalía en un comunicado. La PDI llevó a cabo allanamientos en las dependencias de la Seremi, la DOM y también en domicilios particulares a raíz de una denuncia de trabajadores de la secretaría de Estado.

Los detenidos pasarán a control de detención durante este jueves, por lo que la fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfri) de Arica, Paulina Brito, señaló que ”hoy se materializaron estas órdenes de detención por diversos delitos de corrupción y asociación ilícita, y mañana se va a formalizar con los antecedentes reunidos a lo largo de esta compleja investigación”.

A través de un comunicado, desde la Seremi de Bienes Nacionales indicaron que la indagatoria identificó irregularidades en la gestión de terrenos fiscales. Y agregaron: “Condenamos tajantemente cualquier ilegalidad o delito de personas inescrupulosas que utilizan su rol de funcionarios públicos para obtener beneficios personales, afectando el resguardo del territorio fiscal y poniendo en riesgo la gestión pública” (ver aquí el comunicado).

Imagen referencial (Créditos: Manuel Lema Olguin / Uno Noticias)

El Ministerio Público informó que durante 2024 se registraron 49 asesinatos al interior de recintos penales del país, 13 casos más que el año anterior, vale decir, significa un alza del 36%. Según el Reporte de Homicidios anual de la fiscalía (vea aquí) en la Región Metropolitana los casos pasaron de 8 a 20, aumentando en un 150%. Le siguen las regiones de Los Ríos, O’Higgins y Arica y Parinacota. En lo que va de este año, 18 reclusos ya han sido víctimas de homicidios.

El exdirector nacional de Gendarmería, Christial Alveal, dijo a El Mercurio, medio que publicó el informe, que “la alta densidad penal y perfiles delictivos más complejos explican la mayor incidencia de homicidios en esta región (Metropolitana)” (ver aquí la nota). Datos abiertos de Gendarmería indican que a fines de 2023 habían 53.450 reclusos y al año siguiente, 59.118, es decir, un 10,6% más. Lo anterior “intensifica la competencia por espacio y bienes básicos, transformando las cárceles en entornos de violencia espontánea y fragmentada, donde la gobernanza instituciones se ve seriamente cuestionada”, señaló el actual director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián y exfiscal, Luis Toledo.

El mecanismo de comisión de este delito más utilizado corresponde a objetos cortantes o punzantes, luego el uso de objetos sin filo o asfixia y, por último, las armas de fuego.

El 75% de los reos asesinados el 2024 tiene entre 18 y 39 años. Finalmente, el reporte detalla que el 6,1% de las víctimas eran extranjeras.

Audiencia de formalización de excadetes de Cobreloa en mayo de 2024 (Créditos: Juan Marcelo Riquelme / Agencia Uno)

De manera unánime, la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó el cambio de medidas cautelares para seis de los nueve excadetes de Cobreloa acusados de violación grupal en 2021. Ahora deberán cumplir arresto domiciliario total luego de permanecer por más de un año en prisión preventiva, según comunicó La Tercera (vea aquí). Además, los implicados quedan con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

El fallo del tribunal constató que el fiscal adjunto de Calama, Eduardo Peña, no entregó la totalidad de los antecedentes de la carpeta investigativa en la audiencia de preparación del juicio oral. Ese error generó un retardo en la tramitación de la causa y, en consecuencia, un aumento del tiempo de privación de libertad de los acusados “tornando la medida cautelar como desproporcionada, no ya con el reproche penal que eventualmente arriesgan los acusados, sino porque la medida se ha extendido en exceso”, se indica en la sentencia.

Frontis del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 (Créditos: Francisco Paredes / Agencia Uno)