Los detalles del fallo por el juez Ulloa; nueva entidad pagó sueldos promedio de $10 millones en primer mes; por error ministerial se anula declaración de santuario de la naturaleza y declaran inadmisible querella contra presidente de la Corte de Temuco

Un reportaje de CIPER reveló el fallo de la Corte Suprema que ratifica la apertura del cuaderno de remoción que afecta al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Pese a que la votación estuvo dividida, la resolución establece que la mayoría de los supremos reprocha que Ulloa haya intervenido “de manera reiterada y permanente” junto al abogado Luis Hermosilla -en ese entonces cercano a personeros del gobierno- en el nombramiento de jueces y fiscales judiciales con un fin o interés particular (vea aquí el reportaje: “Este es el fallo de los supremos contra el juez Ulloa: califican de “impropio” intervenir de manera “reiterada” en nombramientos con “interés particular”).

En la resolución se reconoce que el sistema para elegir jueces presenta espacios de opacidad, “lo que ha implicado para la magistratura una vinculación con el mundo político que debe erradicarse”. Y agrega que, en este caso, es reprochable la intervención directa de Ulloa “en una multiplicidad de concursos para proveer cargos de ministros y fiscales judiciales en cortes de apelaciones, especialmente, al procurar el nombramiento de candidatos que eran de su preferencia, efectuando descalificaciones respecto del resto de los oponentes y asignándoles tendencias políticas”.

El máximo tribunal mantuvo los tres cargos que se le habían impuesto al magistrado en el sumario realizado por la fiscal judicial Javiera González, entre los que se consideran faltas a la probidad. Además, los jueces cuestionan que el ministro Ulloa no se haya inhabilitado en el llamado Caso Yarur, en el que participaban Luis Hermosilla y el exabogado del expresidente Sebastián Piñera, Samuel Donoso. Lo anterior, debido a que los chats entre Ulloa y Hermosilla “revelan un vínculo de familiaridad con ambos litigantes, consistente en invitaciones a eventos sociales, expresiones de cariño y de preocupación, que debió haber transparentado antes de la vista de los recursos”, señala el fallo.

Aunque se confirman los cargos presentados por la fiscal González, y ratificados por el tribunal de alzada, los ministros de la Suprema no cuestionan que Ulloa buscara votos para asegurar su designación. Sostuvieron que “el indagado actuó en su propio beneficio e interés, con la legítima expectativa de obtener el apoyo necesario para su designación, razón por la que no se evidencia una conducta que transgreda sus deberes funcionarios, en términos que sea susceptible de reproche, razón por la que corresponde absolverlo en lo que atañe a este punto de los cargos que le fueron imputados”.

Antonio Ulloa (Créditos: Poder Judicial)

A casi seis meses de la promulgación de la reforma de pensiones, el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) -entidad encargada de financiar las prestaciones del Seguro Social Previsional- publicó las remuneraciones de las 12 personas que la integran tras un mes de iniciar su operación, según informó El Mercurio. El sueldo más alto es el del director ejecutivo, Sergio Soto, quien recibió un salario bruto de $20 millones en agosto, correspondiente a $14,1 millones líquidos. Ese mismo mes, la institución gastó $127 millones en las remuneraciones de 12 personas, poco más de $10 millones brutos en promedio.

La ley que crea un nuevo sistema mixto de pensiones (vea aquí Ley 21.735) fijó que los miembros del consejo del FAPP percibirán una dieta equivalente a 14 UF por cada sesión que asistan, estableciendo un máximo de 14 por mes, a excepción del presidente del organismo que percibirá dos UF más que el resto de los integrantes. En la publicación del Fondo Autónomo de Protección Previsional, se indica que, por tanto, los sueldos de los consejeros (vea aquí el documento) quedaron en $10,9 millones para el presidente de la entidad, Enrique Marshall, cobró $10,9 millones brutos, mientras que los otros cuatro consejeros recibieron $9,8 millones brutos.

Los miembros de este consejo le encargaron a Soto que fijara una política de remuneraciones “que permita asegurar atraer y retener al personal idóneo para las funciones del organismo”. Fue así como el director ejecutivo, Sergio Soto, recibió el millonario sueldo ya señalado; mientras que el director de tecnología y datos, Matías Morales, $18,5 millones brutos; el director de administración y operaciones, José Luis Silva, $16,5 millones, y la directora jurídica y de asuntos institucionales, Catalina Coddou, $7.5 millones.

Consejeros del Fondo Autónomo de Protección Previsional (Créditos: sitio web FAPP)

Este martes, el Segundo Tribunal Ambiental dio a conocer que anuló el procedimiento que aceptó la declaración del Santuario de la Naturaleza Río Sasso, ubicado en la comuna de Monte Patria en la Región de Coquimbo (vea aquí el comunicado), luego de que se acogió un recurso de reclamación.

El tribunal determinó que antes de resolver la declaratoria, el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) ya estaba en conocimiento de la existencia de las concesiones en esa área protegida. La autoridad debía notificar a la empresa y al particular, porque ambos poseen mineras de explotación en el territorio que se pretendía proteger, para que los interesados pudieran formular alegaciones y aportar sus medios de prueba. El fallo señala que el ministerio cometió una “grave omisión” por incurrir en el “silencio administrativo negativo” al no informar a los involucrados en el plazo legal.

El silencio administrativo negativo se produce cuando una solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo establecido por la ley, por lo que se entiende que la parte receptora rechazó la petición tras la notificación. En este caso, la cartera de Medio Ambiente no informó a la concesionaria sobre la creación del Santuario y el Tribunal Ambiental explicó que por esas razones: “La reclamación de autos impetrada el 13 de septiembre de 2024, ha sido promovida dentro de plazo, motivo por el cual se estimó admisible y fue admitida a tramitación”.

Río Sasso (Créditos: sitio web Destino Coquimbo)

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso de amparo que presentó el presidente de la corte también de alzada, pero de Temuco, Álvaro Mesa, para que la querella por prevaricación imprudente en su contra fuera declarada inadmisible. La parte querellante podría recurrir a la Corte Suprema para apelar a la resolución que favoreció al ministro.

El magistrado querellado dictó la sentencia de primera instancia del caso “El Polvorín”, en el que se condenó a tres exoficiales del Ejército por homicidios calificados y apremios ilegítimos durante la dictadura. Mesa se desempeña como ministro en visita extraordinaria por causas de violaciones a los derechos humanos en Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique.

La abogada querellante, Carla Fernández, presentó la acción judicial que fue admitida por la Corte de Valdivia, apelando al principio de que un mismo juez no puede fallar en primera y segunda instancia. La sentencia señaló que esa admisibilidad fue ilegal y si es que continuaba en trámite contribuiría “a la inaceptable consecuencia de criminalizar el ejercicio regular de la jurisdicción, en desmedro del principio de independencia judicial que asegura el artículo 76 de la Constitución”.

Álvaro Mesa (Créditos: Poder Judicial)