Dipreca pagó pensiones a personas fallecidas; fiscalía pide 10 años para diputada Catalina Pérez; primera condena por suicidio femicida y trasladarán a 140 reos de alta peligrosidad

Un reportaje de CIPER dio a conocer este miércoles que en diciembre del año pasado la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) suspendió el pagó pensiones a 182 jubilados de Carabineros, Gendarmería y la Policía de Investigaciones (PDI) que figuraban con más de 100 años y respecto de los cuales no había certeza de que estuvieran vivos. La gestión permitió establecer que 44 de estos nombres ni siquiera tenían RUT válido y que el organismo hizo pagos a al menos 11 personas ya fallecidas. Hay otros 18 casos en los que no existen antecedentes que acrediten que los pensionados siguen con vida, tres de los cuales ya habrían cumplido 110 años.

El director de Dipreca, Carlos Capurro, reconoció a CIPER que “estamos viendo cómo evitar errores en el uso de recursos públicos”. Sobre las pensiones abonadas en las cuentas de las personas fallecidas agregó que “no sabemos si alguien las retiró o no”.

La Contraloría General de la República (CGR) dio las primeras alertas sobre irregularidades contables en 2021. Por ejemplo, el informe reveló que la Dipreca no usaba el “plan de cuentas aprobado por la Contraloría General de la República” ni un “un registro secuencial de transacciones” para llevar su administración. También, identificó una serie de otras anomalías, como pagos duplicados a proveedores, debilidades de control de gastos y deficiencias en los montos de pensiones. En esta última se incluyen diferencias millonarias entre los pagos autorizados y los realizados a los jubilados.

Lee el reportaje completo en ciperchile.cl.

Imagen referencial (Créditos: sitio web del Servicio Nacional del Servicio Civil)

Tras dos años desde que se desató el Caso Democracia Viva, la Fiscalía Regional de Antofagasta presentó su acusación contra la diputada Catalina Pérez (ex FA) y solicitó 10 años de presidio mayor en su grado mínimo por tres delitos consumados de fraude al fisco. Además, se incorporaron las aristas de las fundaciones Fibra, Fusupo y Tomarte. La solicitud apuntó a que la parlamentaria gestionó los convenios, que se financiaban con fondos públicos, beneficiando a la organización representada por Daniel Andrade, expareja de Pérez.

El Ministerio Público requirió la misma pena para Andrade; el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, y la exconcejala de Antofagasta, Paz Fuica, todos ellos exmilitantes de Revolución Democrática. Estos dos últimos, también arriesgan penas que suman 35 años de prisión por su vinculación en las otras fundaciones incluidas en la investigación penal.

Además, el ente persecutor solicitó para todos los involucrados la “inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas”, según señaló en la acusación.

El Juzgado de Garantía de Antofagasta pidió que la fiscalía realice precisiones respecto a los delitos que se le imputan a cada uno de los encausados, dado que el escrito no detallaba claramente los distintos ilícitos.

Catalina Pérez durante la audiencia de formalización (Créditos: Alejandro Leiva Varela / Agencia Uno)

Por primera vez en la justicia chilena un tribunal dicta una pena por suicidio femicida. El Juzgado de Garantía de Copiapó condenó a Heraldo Brevis Maya por su responsabilidad en el suicidio de su conviviente, luego de que la fiscalía acreditó que el victimario incurrió en actos de violencia física, psicológica y económica que indujeron a la mujer a quitarse la vida en 2023. El juzgado llevó a cabo un procedimiento abreviado en el que impuso al sujeto una pena de cinco años de presidio, la que cumplirá bajo la modalidad de libertad vigilada intensiva.

Según el persecutor a cargo, Ariel Guzmán Moya, el foco investigativo se amplió al existir acciones que calificaban para investigar el nuevo tipo penal de suicidio femicida. La directora de la Unidad Especializada de la Fiscalía Nacional, Ivonne Sepúlveda Sánchez, mencionó que se logró acreditar que los hechos fueron en contexto de violencia de género cometidos de manera sistemática y agregó que “por esta razón es que hacemos el llamado a mirar estos casos como una criminalidad compleja que requiere una mirada especial por parte de los agentes del Estado, además de un problema de seguridad pública que implica mirar con perspectiva de género todos estos ilícitos para evitar la impunidad de sus autores” (ver aquí el comunicado).

Según reveló La Tercera, Gendarmería ordenó el traslado de 140 reos de alta peligrosidad de la cárcel de Valparaíso, como una de las medidas del plan para resguardar la seguridad de ese establecimiento, acción que se suma a la destitución de tres autoridades del penal, incluyendo al alcaide. Esto se da tras la fuga de tres reclusos el viernes pasado, quienes cortaron los barrotes de una ventana, escalaron al techo y escaparon a través de una cuerda de acero que llegaba hasta un auto que los esperaba en el exterior.

Los funcionarios del recinto penitenciario han realizado tres allanamientos masivos para incautar elementos prohibidos. Asimismo, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, informó que se llevarían a cabo 17 medidas de reforzamiento de seguridad carcelaria.

El secretario de Estado informó que tres altos mandos de la Dirección Regional de Gendarmería fueron destituidos por mandato del director nacional (s) de esa institución, Rubén Pérez. Se removió al alcaide del penal, el jefe operativo y un funcionario de grado mayor que estaba a cargo de la seguridad.

Frontis cárcel de Valparaíso (Créditos: Manuel Lema Olguín / Agencia Uno)