Previsión de Carabineros y PDI: por años se pagó a pensionados que figuraban con más de 100 años, pero habían fallecido

En diciembre pasado la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) suspendió el pago de pensiones a 182 beneficiarios que figuraban con más de 100 años, pero de los que la entidad no tenía certeza de si estaban vivos. De ellos, se detectó que 44 no registraban un RUT válido y en al menos 11 casos se constató su fallecimiento, sin que hasta ahora se sepa quién cobraba ese dinero. Respecto de otras 18 personas no se ha podido establecer si siguen vivas, pero entre ellas hay tres que habrían cumplido 110 años. El director de Dipreca confirmó a CIPER que hasta hoy no saben si siguen transfiriendo dinero a nombre de personas que podrían haber fallecido. El funcionario dijo que hay casos singulares, como defunciones en el extranjero, en que “si alguien tiene un poder que le entregó el titular de la cuenta [ya fallecido], ni el banco ni nosotros nos damos cuenta”.

La Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), ha pagado durante años pensiones a algunas personas jubiladas de Carabineros, Gendarmería y la Policía de Investigaciones, sin saber si ellas están vivas o muertas, según confirmó una investigación de CIPER cuyos resultados fueron refrendados en una entrevista por el propio director de esta institución, Carlos Capurro. De hecho, en un esfuerzo para normalizar la situación, en diciembre último Dipreca resolvió suspender los pagos de pensiones a 182 beneficiarios que aparecían con más de 100 años, de los cuales la entidad no tenía certeza de si seguían con vida. Ya se constató que en esa nómina había 44 nombres de personas sin RUT válido, que se hicieron pagos a al menos 11 que ya habían muerto y que hay otras 18 de las que no hay antecedentes que permitan acreditar que siguen con vida (tres de las cuales ya habrían cumplido 110 años).

Las primeras señales de alerta surgieron el 29 de diciembre de 2021 cuando la Contraloría General de la República (CGR) emitió su Informe Final 371, en el que detalló una serie de irregularidades descritas en 1.153 páginas (vea ese informe de Contraloría). Entre ellas, detectó inconsistencias contables entre los rubros de activos, pasivos y patrimonio por $115 millones. También alertó que la institución no usaba “el plan de cuentas aprobado por la Contraloría General de la República” para llevar su contabilidad, como tampoco “un registro secuencial de transacciones”, como debe hacer el sector público, para tener una trazabilidad de los recursos. 

El informe de la CGR, además, constató la existencia de pagos duplicados a proveedores y debilidades de control en gastos médicos, errores en el registro y desembolso de montepíos, deficiencias en los montos de las pensiones, incluyendo, por ejemplo, millones de pesos de diferencia entre los pagos autorizados y los efectivamente realizados a los jubilados. 

De igual forma, Contraloría encontró en esa época los primeros cuatro casos de personas fallecidas a las que se les siguió pagado pensión después del deceso, sin establecer quiénes y cómo habían cobrado esos recursos.

Pese a los compromisos suscritos, la situación no pudo ser resuelta por completo hasta hoy. De hecho, un informe de Auditoría Interna de Dipreca, emitido el 18 de diciembre de 2024, y al que tuvo acceso CIPER, reconoció que a esa fecha aún persistía la falta “de normas y procedimientos en el funcionamiento del proceso [de pagos de pensiones y montepíos]”. Este documento reveló, además, asimetrías contables sin aclarar en los descuentos aplicados a las personas beneficiadas con pensiones y montepíos. También encontró pagos a personas identificadas con RUT inválidos, así como nóminas duplicadas de beneficiarios.

Fue en el marco de ese proceso que Dipreca decidió investigar si estaban vivas o muertas las personas de más de cien años a quienes habían depositado o enviado pensiones. 

Fue en ese momento, también que esta información llegó a CIPER.

Imagen referencial (Créditos: Manuel Lema Olguín / Agencia Uno)

PAGOS SIN CERTEZA

Ante las múltiples irregularidades, las autoridades de Dipreca decidieron suspender el pago de pensiones a 182 personas mayores de cien años, al tiempo que revisaron si estaban fallecidas. Encontraron que cuatro tenían su registro de defunción en el Registro Civil, como consignó un Informe Final de Auditoría interna. Otro de los hallazgos fue que los RUT de 44 de estas personas no aparecían en el Registro Civil. Por lo que en un principio las autoridades de Dipreca no podían saber si ellas existían o no, si estaban mal registradas o si estaban vivas o muertas, pese a que les habían girado pagos.

“Lo anterior evidencia una falta de control en el pago de pensiones y la fecha de defunción de los beneficiarios”, concluyó ante esta evidencia el propio reporte de Dipreca, suscrito por los funcionarios Manuel Díaz Olmos y Alfonso Navarro Soto.

En este contexto, el autor de este artículo pidió a Dipreca -a través de la Ley de Transparencia- que entregara información sobre estos hechos. La institución se negó a revelar estos antecedentes arguyendo que era inviable reunir esa información: 

“Lo delicado y extenso de vuestro requerimiento (…) imposibilita destinar recursos adicionales para recopilar, estructurar y consolidar la información solicitada sin afectar gravemente el cumplimiento de las funciones operativas regulares del área”, sostuvo la institución.

Frente a esa respuesta negativa, el caso fue presentado al Concejo para la Transparencia (CPLT). Ante ese organismo, Dipreca reiteró su rechazo a entregar todos los antecedentes solicitados, argumentando que “la publicidad de la información referente a montos pagados a imponentes mayores de cien años (…) podría generar reclamos conjuntos por parte de éstos, y crear impresiones negativas en cuanto a la magnitud de la deuda actual total, que podría crear una sensación de desprotección en los y las imponentes, que acarrearía reclamos presenciales, en redes sociales y medios de comunicación, en masa, tomando en consideración la coyuntura social que se presenta en la actualidad en año electoral”.

Como se puede apreciar, los motivos expuestos por Dipreca ante el CPLT para justificar su respuesta negativa no se fundan en las razones contempladas en la Ley de Transparencia para mantener bajo reserva un documento -que son los únicos argumentos por los que se puede negar el acceso a información pública-, sino en razones de índole comunicacional y de contexto político (vea acá la Ley de Transparencia, artículo 21). EL CPLT desestimó estos argumentos y dio cinco días hábiles a Dipreca para entregar la información. Así, en su respuesta, Dipreca señaló que entre 2020 y 2025 no había detectado “la existencia de pagos indebidos a personas fallecidas, conforme a los registros oficiales del Servicio de Registro Civil e Identificación”.

Dado que esta respuesta contradecía los informes de Contraloría y de la propia Dipreca a los que esta investigación periodística había tenido acceso, CIPER pidió una entrevista al director de la institución, Carlos Capurro. En ella, el funcionario admitió la veracidad de las conclusiones de los informes de la Contraloría y de su propia entidad. Según explicó, de las 44 personas sin RUT válidos que figuran con más de 100 años, 15 dieron pruebas de vida a solicitud de Dipreca, por lo que les restituyó el pago de pensión que se les había suspendido. Agregó que otras 18 no pudieron ser contactadas y se desconoce aún si están vivas o muertas. Por último, se constató que al menos 11 personas habían fallecido, sin que se sepa quién cobraba sus pensiones.

Para obtener pruebas de vida, como corroboró CIPER, la institución suspendió en diciembre de 2024 la pensión o montepío a los 182 beneficiarios que aparecían como mayores de 100 años, a quienes luego pidió que entregaran un documento con la firma de dos testigos como prueba de vida (vea esos formularios).

Créditos: Hans Scott / Agencia Uno

"QUIZÁ DEBAMOS REVISAR"

Pero ¿qué sucedió con las pensiones abonadas en las cuentas bancarias de las personas fallecidas? “No sabemos si alguien las retiró o no”, reconoció Capurro a CIPER. El directivo confirmó que tampoco tienen antecedentes respecto a si han sucedido situaciones similares en otros grupos etarios: “Quizá deberíamos revisar [la situación de] los menores de cien años”, planteó.

Sobre estas debilidades de control, justificó que “en Chile no hay cómo saber si alguien falleció en el extranjero” y otra persona sigue cobrando los dineros abonados en su cuenta nacional. Por ello, dijo, “si alguien tiene un poder que le entregó el titular de la cuenta [ya fallecido], ni el banco ni nosotros nos damos cuenta”. 

“Efectivamente -comentó Capurro-, puede haber estado un tercero durante años retirando los recursos”, a través de un poder, una tarjeta o claves digitales.

De hecho, entre los 18 beneficiarios a los que Dipreca les depositó sus pensiones y de los que no se sabe si están vivos o muertos, hay tres que figuran con 110 años.

El director de Dipreca reconoció a CIPER que aún no han iniciado querellas para recuperar el dinero que fue mal pagado. “Estamos viendo donde presentamos acciones legales. Si [los eventuales partícipes de esta situación] están en el extranjero, ¿dónde lo hacemos?”, se preguntó. Sobre lo mismo, indicó que recién en 2026 podrán comenzar a realizar las primeras gestiones en este sentido: “Hoy, uno de los temas que se ha ido conversando, y con Contraloría, es que tenemos que crear una unidad de cobranza”, explicó.

“Estamos viendo cómo evitar errores en el uso de recursos públicos”, concluyó.