Dinero en efectivo tras las rejas: un talón de Aquiles del sistema penitenciario chileno

En el contexto de la crisis que atraviesa Gendarmería de Chile, el autor de esta columna escrita para CIPER profundiza en un aspecto que es posible mejorar al interior de las cárceles, y que permitiría controlar uno de los aspectos sensibles en el sistema penitenciario. Sostiene que «cortar el efectivo tras las rejas no resolverá todos los problemas estructurales e históricos del sistema penitenciario, pero sí eliminará una de sus principales herramientas de corrupción y manipulación. Y, sobre todo, enviará un mensaje claro: en las cárceles de Chile, el que manda es el Estado y la justicia… y no la billetera más grande».

Créditos imagen de portada: Sebastián Brogca / Agencia Uno

En las cárceles chilenas, el dinero en efectivo no solo compra jabón o galletas. Compra silencio, compra seguridad… y a veces, compra poder absoluto. Lo que para la ley es un derecho regulado, para el crimen organizado es una oportunidad de oro.

Por normativa, un interno puede tener hasta 2 UTM mensuales en efectivo, alrededor de 137 mil pesos. En el papel, se trata de un monto pensado para cubrir necesidades básicas, artículos de aseo, un complemento a la alimentación, o pequeños gastos que el Estado no asume. Pero en realidad, este flujo de efectivo es la gasolina de una economía subterránea que financia extorsiones, privilegios y redes criminales.

El dato es tan concreto como alarmante: en 2024, Gendarmería incautó más de 23,5 millones de pesos en dinero no autorizado dentro de los penales. La verdadera montaña de billetes se mueve bajo la mesa, lejos de los registros oficiales. Ese dinero alimenta jerarquías internas, consolida líderes criminales y cuestiona fuertemente la autoridad penitenciaria, que termina compitiendo, y muchas veces perdiendo frente a la “administración paralela” que ejercen ciertos reos.

El problema no es solo que exista efectivo. El problema es todo lo que ese efectivo puede comprar en un ecosistema cerrado y vulnerable como la cárcel. Con billetes en mano, un interno con contactos puede pagar por una “protección” para evitar agresiones, contratar favores, financiar pequeños negocios ilícitos e incluso administrar módulos completos como si fueran oficinas corporativas. No es una exageración, varios informes de inteligencia penitenciaria describen cómo algunos recintos operan como verdaderas sucursales del crimen organizado, con contabilidad propia y jerarquías bien definidas.

Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué seguimos permitiendo este sistema? La presencia de dinero en efectivo dentro de las cárceles es una herramienta perfecta para la corrupción. Permite a los líderes criminales mantener su influencia en el recinto, reprimir a otros internos y, en algunos casos, incluso alcanzar a funcionarios penitenciarios que, presionados, fácilmente pueden caer en la tentación de participar en este engranaje interno y corrupto.

Si el Estado realmente quiere evitar que las cárceles se transformen en centrales operativas del crimen organizado, debe atacar el núcleo de su economía: el efectivo. La solución no es compleja ni inédita, reemplazar el dinero físico por un sistema de cuentas electrónicas controladas por Gendarmería, con trazabilidad total de cada transacción. El interno podría usar una tarjeta para comprar en establecimientos autorizados, y cada gasto quedaría registrado. Quiero aclarar: no se trata de quitar derechos básicos, sino de impedir que los billetes circulen libremente y alimenten un sistema que hoy trabaja contra la autoridad del Estado.

Este modelo ya existe en otros países y ha demostrado resultados. En España, por ejemplo, las prisiones utilizan cuentas normativas para cada interno, sin manejo de efectivo. En muchos países del mundo siguen estos ejemplos, evitando la transacción de dinero en efectivo en las cárceles.

Pero la medida no simplemente se tiene que quedar ahí. Debe ir acompañada de un fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria y del seguimiento financiero de los internos. Las cuentas electrónicas no solo servirían para administrar compras legítimas, sino también para levantar alertas a través de la revisión de depósitos inusuales, movimientos repetitivos hacia un mismo beneficiario o gastos fuera del patrón esperado serían señales claras de posibles actividades ilícitas.

Además, es clave la coordinación entre Gendarmería, el Ministerio de Justicia y las fiscalías. El análisis de las finanzas carcelarias debe integrarse al trabajo contra el crimen organizado en el exterior. Muchos líderes criminales operan simultáneamente dentro y fuera de la cárcel; cortarles las rutas de financiamiento internas puede llegar a debilitar también sus redes externas.

El efectivo dentro de las cárceles es, en la práctica, un combustible que mantiene encendido el motor del crimen organizado y la constante corrupción. Mientras siga circulando, cualquier otro esfuerzo de control será solamente cosmético. Se puede reforzar la vigilancia, aumentar las inspecciones dentro de las cárceles, pero mientras un billete pueda pasar de mano en mano sin dejar rastro, siempre habrá una vía para comprar voluntades y ejercer poder.

Los criminales entienden muy bien que el dinero manda. Es hora de que el Estado y las personas encargadas que quieren hacer un cambio entiendan que, si quieren ganar esta batalla, deben tomar el control de ese dinero. No se trata solo de incautar billetes, sino de desarmar el sistema que fácilmente puede corromper distintos niveles de este ecosistema que son las cárceles de Chile.

Cortar el efectivo tras las rejas no resolverá todos los problemas estructurales e históricos del sistema penitenciario, pero sí eliminará una de sus principales herramientas de corrupción y manipulación. Y, sobre todo, enviará un mensaje claro: en las cárceles de Chile, el que manda es el Estado y la justicia… y no la billetera más grande.