Tribunal retiene indemnización por $18 millones a estrecho colaborador de Codina que demandó a Puente Alto por daño moral

A pesar de que no le correspondía una indemnización por el poco tiempo que llevaba trabajando como director jurídico de la corporación de educación de Puente Alto, la municipalidad de esa comuna aceptó pagar $18 millones a Christian Gore. El acuerdo se hizo a dos semanas de la elección municipal de 2024, cuando Gore era mano derecha del entonces alcalde Germán Codina. Inicialmente, Gore demandó a la municipalidad por “daño moral”, exigiendo $67 millones, pues, según su versión, fue separado de su cargo debido a que apareció vinculado al Caso Luminarias. Pero, se negoció una reducción del monto, dejándolo en $18 millones. Sin embargo, un día antes de que se concretara el pago, el Consejo de Defensa del Estado y la fiscalía solicitaron retener la suma y el tribunal accedió.

Créditos imagen de portada: Germán Codina (Facebook), Christian Gore (Instagram) y Consejo de Defensa del Estado (Leonardo Rubilar / Agencia Uno)

El 10 de octubre de 2024, 17 días antes de las últimas elecciones municipales, la Municipalidad de Puente Alto y Christian Gore, uno de los más estrechos colaboradores del entonces alcalde Germán Codina (RN), llegaron a un acuerdo: Gore recibiría $18 millones del municipio y a cambio debía desistirse de una demanda a en la que exigía $67 millones al gobierno comunal. Esa acción judicial fue interpuesta un año antes y en ella Gore alegaba que la municipalidad le provocó “daño moral”, porque se vio obligado a dejar el último cargo en que sirvió a la administración de Codina -director jurídico de la corporación de educación- a raíz de que apareció involucrado en el Caso Luminarias, proceso en el que se investigan coimas en licitaciones para el recambio de alumbrado público. 

Según quedó registrado en el audio de la audiencia desarrollada en el Tribunal de Letras de Puente Alto, el acuerdo se concretaría el 30 de octubre de 2024 y en un solo pago. Sin embargo, las cosas no salieron como estaban presupuestadas, porque, según quedó consignado en esa misma causa, el Ministerio Público interpuso una cautela de garantía y solicitó al tribunal retener los $18 millones. Y el tribunal aceptó (vea ese documento).    

Gore está querellado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el Caso Luminarias, por el delito de cohecho. Esto, porque según señaló el CDE en su acción judicial, hay ingresos en efectivo a sus cuentas por un total de $203 millones que el consejo asocia a una licitación por más de $10 mil millones adjudicada a la empresa Itelecom (vea ese artículo). La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, investiga el Caso Itelecom, en el que se pesquisan supuestas coimas pagadas por la empresa del mismo nombre a alcaldes y concejales para adjudicarse la instalación de nuevas luminarias. Gore fue nombrado por testigos como el nexo entre la municipalidad y Álvaro Lavín, señalado como operador de la empresa en este negocio.

La fiscalía de Ñuble señaló a CIPER que el CDE, al percatarse de la indemnización pactada, solicitó la retención de los fondos, a lo que el Ministerio Público se adhirió. 

En 2023, Gore interpuso una demanda laboral contra la Corporación de Educación de Puente Alto, en la que trabajó durante cinco meses. Según esa acción laboral, el exadministrador municipal de Codina alegó que la municipalidad había vulnerado sus derechos laborales y, por lo tanto, causado “daño moral” a su persona. En ese libelo solicitaba una indemnización de $67 millones (vea esa nota). Finalmente, se acordó bajar el monto a $18 millones.

El actual alcalde de Puente Alto, Matías Toledo (Ind. apoyado por el FA), dijo a CIPER que no estaba al tanto del pago pactado. Y agregó: “Como administración actual, si bien nos sometemos a la decisión de los tribunales, no le hemos entregado ningún peso a Gore. Y trabajaremos para que ningún peso sea gastado indebidamente. Nuestro compromiso está con la comunidad”. 

Según reveló el alcalde, Gore además enfrenta un juicio de cuentas. Esto, porque la Contraloría General de la República (CGR) detectó que hubo una condonación o rebaja de multas a la empresa Telecomunicaciones Net Uno Limitada, la que fue aceptada por Gore cuando se desempeñaba como alcalde subrogante. La CGR considera que esa rebaja era improcedente y exige a Gore restituir $75 millones. La sociedad se retrasó más de cinco meses en la construcción de un parque y, en vez de pagar multas por $64 millones, solo pagó un 10% de ese monto: $6,4 millones.

CIPER contactó a Gore para saber cómo se llegó al escenario en que le ofrecieron $18 millones, considerando que él no cumplía los requisitos para obtener una compensación por años de servicio. Según explicó, esa suma fue una propuesta del tribunal. Agregó que su demanda contra la municipalidad se interpuso porque él fue afectado por “un despido sin estar fundamentado en razones objetivas, sino que, básicamente, porque se habría hecho un prejuicio respecto de una acusación penal”. 

El exalcalde, Germán Codina, también fue contactado por CIPER y fue consultado si fue él quien autorizó indemnizar a su exadministrador, dado que en la audiencia el abogado que representó a la municipalidad, señaló que tenía que tenía que consultar a su cliente para aprobar el monto. El exedil solo señaló lo siguiente: “La indemnización no fue pactada. El Juez planteó ese monto de indemnización y cada parte de manera independiente aceptó lo planteado por el juez como resultado de una denuncia de vulneración de derechos fundamentales interpuesta por el señor Gore contra la Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores. Los antecedentes son públicos en la página del Poder Judicial, por lo que no creo necesario referirme a procesos judiciales firmes y ejecutoriados”.

Municipalidad de Puente Alto (Créditos: José Francisco Zúñiga / Agencia Uno)

DUDAS SOBRE EL ACUERDO

Según consta en la audiencia del juicio laboral, solo cinco meses trabajó Christian Gore en la corporación con la que llegó a un acuerdo de indemnización por $18 millones: “Las partes señalan que la relación laboral se mantuvo vigente desde el día 1 de diciembre de 2022 al 28 de abril de 2023”. 

Una persona contratada bajo el Código del Trabajo, tiene derecho a indemnización sólo cuando la relación laboral “ha durado un año o más desde que el trabajador fue contratado y, además, la causal de término de contrato es necesidades de la empresa o el desahucio del empleador” (consulta aquí lo señalado por la Dirección del Trabajo). Gore no cumple el principal requisito para este tipo de indemnización, pues no cumplió un año contratado como director jurídico en la corporación. Antes de llegar a ese cargo estuvo en la municipalidad, en la que incluso se desempeñó como administrador bajo la gestión de Codina, por lo que su relación laboral se regía por el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, norma que no contempla el pago de indemnizaciones.   

En la demanda que Gore interpuso en 2023, señaló que “la demandada me adeuda y debe pagarme la suma de $67.150.963 por concepto de daño moral”. Según ese escrito, el daño fue provocado debido a su despido, el que se habría relacionado con la aparición de su nombre en el Caso Itelecom: “La circunstancia de que mi exempleador diera inmediato crédito a acusaciones graves en mi contra sin oírme ni darme posibilidad de defensa, la repercusión ante la opinión pública de esa decisión, sumado a la pérdida sorpresiva de mi fuente de ingresos, me ha ocasionado intensos sentimientos de rabia, frustración, tristeza, crisis de angustia y pena (…) que dan lugar a un daño moral”. 

La tramitación de esa demanda fue suspendida en agosto de 2023. Sin embargo, dos semanas antes de la elección municipal de 2024 -votación que puso fin a los tres periodos legales en que Codina podía ejercer como jefe comunal-, las negociaciones se reactivaron. 

“La parte demandada Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto (…), con el solo ánimo de poner término al presente juicio y sin reconocer los fundamentos de la demanda, se obliga a pagar al demandante, don Christian Mauricio Gore Escalante, la suma única y total de $18.313.899”, dice el acuerdo.  

Cuando se acordó ese monto, Codina todavía era el alcalde. Según registros de entonces, el exedil RN renunció a la municipalidad el 15 de noviembre de 2024, última fecha en la que podían dejar sus cargos los funcionarios que aspiran a una candidatura al Congreso en las elecciones de este año. 

Conforme a lo que se escucha en el audio del tribunal, el abogado que representó a la municipalidad, Mauricio Cisternas, ofreció primero el pago de una remuneración, es decir, cerca de $6 millones. Pero, durante la jornada fue aumentando esa cifra. Tras la realización de un receso determinado por el juez, en el que Cisternas debía hacer una llamada a la municipalidad para autorizar la última oferta, finalmente se selló el acuerdo: $18 millones para Gore.   

Contactado por CIPER, el abogado Cisternas argumentó que hicieron esa oferta porque no estaban seguros de que les iría bien en el juicio: “El juez nos hizo una propuesta y en realidad los antecedentes daban cuenta que podían no irnos bien en ese juicio. Entonces, el riesgo era muy alto y el monto no era tan alto. El riesgo de perder era pagar once [remuneraciones, lo que sumaba cerca de $67 millones]”, dice.

Christian Gore arribó el 1 de febrero de 2014 a la Municipalidad de Puente Alto, liderada en aquel momento por Germán Codina. Según se señala en la demanda que presentó, fue Codina quién lo invitó a trabajar como administrador municipal, aunque también ejerció como alcalde subrogante. Se mantuvo en ese cargo hasta 2021 y según relató en su demanda, tras las elecciones municipales de ese año, el Concejo Municipal quedó con siete miembros de oposición (de un total de diez). En ese contexto, se relata en la demanda, Codina le advirtió que el nuevo concejo solicitaría su remoción del cargo, por lo que convenía adelantarse. Esto significó que debió dejar el puesto de administrador municipal para asumir uno menos visible: director de Asesoría Jurídica de la municipalidad. Y al cabo de un año, partió a la corporación de educación.   

Ya trabajando en la corporación, el nombre de Gore apareció sido vinculado al Caso Itelecom: el gerente de esa empresa, Ricardo Rodríguez, señaló a la fiscalía que en 2018 hubo una coordinación entre el dueño de Itelecom, Marcelo Leforte; un amigo de este, Víctor Amado, y un asesor de la Municipalidad de Providencia, Álvaro Lavín. De acuerdo con la versión del gerente Rodríguez, Christian Gore fue el nexo con Puente Alto: “Se contactaron con el administrador municipal de Puente Alto, llamado Christian Gore Escalante, para gestionar la adjudicación de esa licitación, lo que efectivamente ocurrió”, fue lo que dijo el ejecutivo en su declaración. 

Según consignó The Clinic en 2021, el entonces alcalde de Puente Alto, Germán Codina, sostuvo una reunión el 4 de enero de 2018 con Lefort y Rodríguez, en la que también estuvo Gore. ¿El tema? “Presentación de alumbrado público con eficiencia energética LED financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo”, se consignó en el registro de esa reunión tramitada vía Ley de Lobby. La fiscalía, además, siguió los pasos de Gore como parte de la Comisión Evaluadora que supervisó la licitación de las luminarias led.

El 1 de diciembre de 2022, la municipalidad le pidió la renuncia a Gore. Pero, este último aseguró en su demanda que eso se hizo con la promesa de “seguir prestando servicios, sin solución de continuidad, pero ahora bajo las normas del Código de Trabajo”. Ese mismo día fue contratado en la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de la comuna. 

El 28 de abril de 2023, Gore fue definitivamente despedido por “necesidades de la empresa”. Sin embargo, en su denuncia explicó: “Las razones reales del despido me las dio la secretaria general de la corporación, señora Paola Torres Faini, en una reunión que sostuvimos un día antes de comunicarme formalmente de mi despido. En tal sentido me hizo ver que como yo aparecía nombrado en la prensa por el Caso Luminarias mi continuidad en la corporación se había vuelto políticamente insostenible”.

Gore recibió $3 millones como indemnización de despido con falta de aviso previo y $2 millones por los feriados legales proporcionales al tiempo que alcanzó a trabajar. Once días después, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso la querella por cohecho pasivo en su contra, donde se describe que en sus cuentas había más de $200 millones ingresados en efectivo. Según esa querella, la participación de Gore habría sido así:

“León Marcelo Lefort, aplicando la política de sobornos de la empresa, antes señalada, previo concierto con Ricardo Rodríguez y Pedro Guerra, ofreció a través de su intermediario Álvaro Lavín Aliaga, conforme los parámetros de sobornos ya establecidos, una cierta cantidad de dinero a Christian Gore Escalante, en su calidad de empleado público, ya que a la época detentaba el cargo de Administrador Municipal y quien, además, fue parte de la Comisión Evaluadora, para que realizara conductas ilícitas con infracción de los deberes de su cargo”.  

A los dos meses de interpuesta esa querella, Gore presentó la demanda laboral en contra de la Corporación de Educación de Puente Alto. 

Christian Gore

LA OTRA INVESTIGACIÓN: DEVOLVER $75 MILLONES

La Contraloría General de la República realizó un juicio de cuentas en el que también está involucrado Christian Gore. El órgano fiscalizador está pidiendo que él y otros exfuncionarios de Puente Alto, devuelvan dinero relacionado con sus gestiones. En su caso, exige el reintegro de $75.162.603 por su responsabilidad civil en el ejercicio del cargo de alcalde subrogante de la Municipalidad de Puente Alto. Gore ingresó, en marzo de este año, un recurso de queja ante la Corte Suprema por esto y así relata los hechos: 

«En ese examen se verificó que en el proceso licitatorio denominado Construcción Proyecto Rehabilitación Parque Central El Sauce, Tramos: Norte, Central, Sur y Entorno, adjudicado mediante decreto de 2015, a la empresa Telecomunicaciones Net Uno Limitada, se aplicó una multa por retraso de 156 días en la entrega de las obras, según consta en el Libro de Obras folio Nº 36, ascendente a $64.546.915 (…). Posteriormente, la empresa mediante carta de fecha 13 de abril de 2017 solicitó la condonación del 100% de la multa, concediéndosele una rebaja del 10% del valor de la multa (…). Mediante decreto alcaldicio Nº 694, de 7 de junio de 2017, se rebajó la multa a un 10%, la que quedó en $6.454.692, suma que fue finalmente pagada por el contratista”, dice el escrito. 

La CGR sitúa a Gore como la persona que, en su calidad de alcalde subrogante, otorgó las rebajas: “A su vez, el alcalde subrogante del referido municipio habría rebajado la multa en un 90% del monto original, con base en los argumentos esgrimidos por la apelante en su carta de 13 de abril de 2017”, dice la sentencia en primera instancia, de diciembre de 2023, del Juzgado de Cuentas. En esta se añade que las razones esgrimidas por la empresa para explicar su retraso no pueden justificar la rebaja: 

“Los actos vandálicos y robos en que se escudó la empresa para sustentar sus apelaciones serían situaciones que se encontraban contempladas en las bases administrativas de la contratación, toda vez que se le exigía asumir todos los riesgos imponderables que signifiquen mayores costos, cualquiera fuera su origen, procedencia o naturaleza. Luego, la empresa Telecomunicaciones Net Uno Ltda. habría debido prever tales circunstancias en su oferta, sin que sea admisible que, en forma posterior, pretenda justificar sus atrasos en virtud de las mismas”, se lee en la sentencia. 

El 7 de julio de este año, la Corte Suprema falló en contra de Gore y declaró inadmisible su recurso. Al ser consultado, Gore señala que evalúa seguir otros caminos judiciales para rebajar la deuda. 

*Constanza Zambrano y Nicolás Bruit son alumnos de la Universidad Diego Portales y este artículo se elaboró en el curso de Periodismo de Investigación de la sección de la profesora Paulina Toro.