Salmoneras recibieron $28.598 millones en subsidios mientras infringieron derechos laborales

Más de $67 mil millones de pesos en subsidios a la mano de obra en zonas extremas han recibido 31 empresas salmoneras para cubrir el 17% de más de 2 millones de salarios entre 2004 y 2023. Desde 2013, un cambio legal exigió como requisito para acceder a este beneficio no infringir derechos laborales, pero haciendo referencia solo a condenas judiciales y no a sanciones administrativas, por lo que las 1.367 multas cursadas por la Dirección del Trabajo desde ese año no impidieron a estas empresas seguir accediendo a más de $28 mil millones en subsidios para reducir sus costos operacionales.

Imagen de portada: Cristián Duarte / Agencia Uno

El 10 de julio de 2024, en el marco del primer Salmon Summit organizado por la industria salmonera, el ex presidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz Tagle (DC), dijo que “la industria del salmón ha sido el motor del crecimiento del sur de Chile en los últimos 30 años, sin recibir ningún subsidio del Estado”, desconociendo que solo a través de la Ley N°19.853 que bonifica la mano de obra en zonas extremas las empresas salmoneras han recibido más de $67 mil millones de pesos en subsidios entre 2004 y 2023 para cubrir el 17% de más de 2 millones de salarios imponibles, según información de la Tesorería General de la República (TGR) a la que Fundación Terram accedió vía Ley de Transparencia.

Pero los subsidios a la industria salmonera no comenzaron con la creación de esta ley en 2003, sino mucho antes, en 1975, cuando la dictadura creó el Decreto Ley Nº 889, el cual buscaba fomentar el desarrollo de estas zonas extremas mediante beneficios fiscales y aduaneros, y que fue prorrogado una y otra vez hasta diciembre de 2002, cuando recién se consolidó con rango legal.

Según la TGR, los datos del dinero entregado por esta vía están disponibles solo desde 1991, existiendo opacidad sobre el periodo 1975-1990. Desde 1991, la información se acota al nombre del beneficiario y monto total entregado por año, sin detallar la cantidad de salarios bonificados o si la comuna corresponde a la zona beneficiaria. Así, de los $258.670 millones de pesos entregados entre 1991 y 2002 a 38.210 personas jurídicas y naturales, $94.227 millones los concentran 200 empresas. De ellas, 24 son salmoneras, que en conjunto recibieron $15.306 millones del Estado para reducir sus costos de mano de obra, incluyendo el periodo en que Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue presidente (1994-2000).

Posteriormente, una modificación legal realizada en febrero de 2013 -cuando se extendió su vigencia hasta 2025- estableció que un requisito que deben cumplir los empleadores para acceder al subsidio es “no haber sido condenados, en los últimos seis meses, por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador”.

A pesar de esto, al menos 31 empresas salmoneras, concentradas en 18 grupos o empresas matrices, recibieron $28.598 millones de pesos en subsidios a la mano de obra dentro de los seis meses siguientes de haber sido sancionadas por prácticas antisindicales o infringir derechos laborales entre 2013 y 2023, según se pudo identificar al realizar el cruce de datos entre la información entregada por la TGR y la Dirección del Trabajo (DT), obtenida por Ley de Transparencia.

Cabe precisar que estos montos no contemplan el total de subsidios recibidos en el periodo 2013-2023 por estas empresas, sino que se acota a aquellos recibidos los seis meses siguientes de haber tenido alguna sanción de la DT, excluyendo las multas que fueron reconsideradas por el organismo tras reclamaciones de las empresas.

El requisito de no tener prácticas antisindicales y no infringir derechos laborales para recibir el subsidio fue incluido como una indicación en el marco de la prórroga de la ley en 2013 por la entonces diputada por la región de Magallanes, Carolina Goic (DC), y respaldada por todos los parlamentarios de la Comisión de Hacienda de ese entonces. “La idea es proteger la mano de obra” decía el entonces diputado Ricardo Rincón (DC) durante la votación en sala en referencia a la indicación.

Pero no fue la mano de obra lo que se terminó protegiendo sino más bien las finanzas de las empresas, ya que, desde la Dirección del Trabajo, encabezada por Pablo Zenteno, al ser consultada por estos antecedentes, señalaron que “el impedimento al empleador para acceder al subsidio es una condena judicial por prácticas antisindicales o vulneraciones de derechos fundamentales y no infracciones y multas de la Dirección del Trabajo”.

Según Catalina Salazar, abogada de Fundación Terram, “una condena judicial significa que un tribunal ha revisado el caso y ha emitido una sentencia que confirma los cargos, mientras que una sanción administrativa, como una multa de la Dirección del Trabajo, es una sanción aplicada sin necesidad de un juicio, solo a partir de una investigación del organismo. En este contexto, el diseño normativo de la Ley 19.853 privilegia la existencia de una condena judicial como umbral de exclusión, lo que en la práctica deja sin efecto el requisito, dado lo infrecuente de ese tipo de sentencias”.

De esta manera, incurrir en infracciones tales como el no pago de las remuneraciones, obligar a mujeres embarazadas a trabajar 7,5 horas de pie sin un lugar de descanso, no otorgar descansos legales o no informar a la mutual accidentes que pueden generar incapacidad para trabajar o la muerte del trabajador, entre muchos otros casos constatados en esta investigación, no ha impedido a las empresas acceder a subsidios estatales mientras esas infracciones no deriven en una posterior condena judicial, algo que no ocurre casi nunca.

Esa redacción jurídica generó que la exigencia incorporada en 2013 fuera letra muerta, tanto como medida disuasiva y de castigo, ya que, al revisar el listado de las empresas condenadas judicialmente por prácticas antisindicales y vulnerar derechos laborales publicado semestralmente por la DT, ninguna de las 31 empresas salmoneras beneficiadas con subsidios aparece registrada entre 2013 y 2023, a pesar de que, en conjunto, acumulan 1.367 multas por infringir derechos laborales durante ese mismo periodo.

1. EMPRESAS AQUACHILE

En julio de 2022 la DT multó a la Exportadora Los Fiordos -parte del grupo de Empresas Aquachile- luego de detectar que varias de las 15 trabajadoras que se encontraban embarazadas realizaban turnos de 7,5 horas de pie, sin descanso, por la inexistencia de sillas al interior de la planta de proceso ubicada en la comuna de Quellón. Todo esto, a pesar de contar con certificados médicos que solicitaban los traslados a otras funciones que requirieran menos desgaste físico y menor exposición al frío.

La misma fiscalización detectó que durante una semana continua la empresa no otorgó permiso a una trabajadora de al menos una hora para concurrir a alimentar a su hijo menor de dos años, como tampoco otorgó la asignación compensatoria por beneficio de sala cuna a otra de sus trabajadoras, también madre de un menor de dos años, tal como lo establece el Código del Trabajo.

Este tipo de infracciones ya habían ocurrido antes. En diciembre de 2019 la DT la multó por detectar que una trabajadora embarazada mantenía funciones como operaria faenadora en la misma planta de proceso en Quellón, sin ser trasladada a otra labor que no pusiera en riesgo su embarazo, en ese entonces de 24 semanas, pese a contar con dos informes médicos que lo solicitaban. Además, la fiscalización constató que la mujer estaba siendo obligada a trabajar en horario nocturno en un lugar que no contaba con sillas, por lo cual debía estar de pie las 7,5 horas de su jornada.

Los hechos descritos forman parte de las 286 infracciones que registran en conjunto el grupo de Empresas Aquachile en la DT entre 2013 y 2023, lo que no impidió que en ese mismo periodo recibiera $4.842 millones de pesos en subsidios para cubrir el 17% de 135.993 salarios imponibles.

Aquachile es la mayor productora de salmones del país y la quinta a nivel mundial en 2024. Recientemente, una investigación de Fundación Terram dio a conocer que produce miles de toneladas en áreas protegidas sin permiso ambiental. A su vez, es parte del gigante agroalimentario Agrosuper, propiedad de la familia Vial, conocido por participar en la colusión del precio del pollo entre 2008 y 2011.

2. INVERMAR

Invermar, controlada por Alimar de la familia Izquierdo Menéndez, recibió $4.296 millones en subsidios estatales para destinar al 17% de 117.676 salarios entre 2013 y 2023, mientras fue sancionada por cometer 91 infracciones laborales

Entre las infracciones registradas, Invermar no cumplió la distribución máxima de jornada de trabajo al tener a una persona trabajando durante 24 días continuos en el centro de engorda de salmones Punta Cerda ubicado en Aysén, en agosto de 2020, en plena pandemia, superando el máximo legal de 14 días. Sumado a eso, durante 10 días ejecutó jornadas de 14 horas, entre las 8 AM y 22 PM, superando el máximo legal de 12 horas diarias.

Otra de las multas cursadas por la DT fue por identificar que Invermar no pagó las horas extraordinarias a tres trabajadores durante periodo de 14 días corridos en el centro Yatac en ubicado en Quellón, en mayo y junio 2023. A uno no se le pagó ninguna de las 17 horas, a otro solo 8 de 15 y al tercer trabajador solo 10 de 17 horas extras.

Los Izquierdo Menéndez son una de las tres ramas que descienden de José Menéndez Menéndez, conocido como el “rey de la Patagonia”, quien a fines del siglo XIX financió campañas para exterminar a la población indígena selk’nam buscando instalar la crianza de ovejas a gran escala.

Sus descendientes han continuado su legado. Roberto Izquierdo Menéndez, quien preside el directorio de Invermar, fue investigado por su rol en la matanza de 19 trabajadores de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) en 1973, de la que en ese entonces era gerente general. La sentencia en 2020 solo condenó a 13 carabineros. Previamente, sus hermanos Diego y Julio participaron en el asesinato del general René Schneider en 1970, impulsado por el grupo de extrema derecha Patria y Libertad, buscando impedir que Salvador Allende asumiera como presidente. Nunca fueron condenados.

Más recientemente, Roberto Izquierdo Menéndez fue investigado por el financiamiento ilegal de la política a través de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) en el marco de la tramitación de la Ley de Pesca en 2012, la que se comprobó que fue aprobada a la medida de las grandes pesqueras, las mismas que actualmente usan su poder para oponerse a una nueva redistribución de las cuotas de pesca.

3. CERMAQ CHILE

Cermaq Chile -continuadora de Mainstream- pertenece al grupo japonés Mitsubishi Corporation. Se benefició de $4.187 millones en subsidios a la mano de obra para cubrir el 17% de 132.880 salarios pese a que, en paralelo, fue multada por la DT en 120 oportunidades por infringir derechos laborales entre 2013 y 2023.

Entre los incumplimientos de Cermaq, se encuentran cargos como no informar a la mutual accidentes que pudieron imposibilitar el trabajo o la muerte del trabajador, no exhibir toda la información necesaria para efectuar labores de fiscalización e incluso no pagar los sueldos de sus trabajadores.

Recientemente Cermaq anunció la compra de la salmonera Grieg Seafood -capitales noruegos- que por casi USD $1.000 millones, empresa que cuenta con operaciones en Noruega, Canadá y Gran Bretaña. Así, proyecta alcanzar las 260 mil toneladas anuales, superada a nivel mundial solo por Mowi y Salmar.

4. NOVA AUSTRAL

Nova Austral, que hasta hace unos meses estuvo a punto de hundirse tras un proceso de reorganización judicial, es la cuarta empresa que más dinero público recibió por esta vía pese a incumplir leyes laborales: $3.488 millones en subsidios equivalentes al 17% de 98.637 salarios entre 2013 y 2023, periodo en el que la DT le cursó 136 multas.

Según el listado de infracciones, Nova Austral incumplió en siete oportunidades estipulaciones del contrato colectivo, no pagó remuneraciones, realizó deducciones de remuneraciones sin acuerdo de las partes, no otorgó beneficio de sala cuna a trabajadoras, algunos contratos no contenían las cláusulas básicas legales y sus faenas no contabas con servicios higiénicos en buenas condiciones, entre otros incumplimientos.

Nova Austral tiene una particularidad que no comparten otras salmoneras en Chile, como es el hecho de haber recibido $155.366 millones de pesos en subsidios estatales vía Ley Navarino entre 2001 y febrero de 2024, equivalente al 20% del total de sus ventas -entre otras regalías aduaneras y tributarias por esa misma ley de excepción-, cuyo beneficio se mantiene vigente hasta 2035 pese a registrar un amplio prontuario de vulneraciones ambientales, y a mantener en curso una querella criminal por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), justamente por fraude de subvenciones equivalentes a $59.580 millones de pesos por concepto de la Ley Navarino, la cual actualmente se encuentra suspendida entre las partes, condicionada al pago de la deuda tributaria de la empresa que alcanza los $30.229 millones de pesos.

5. SALMONES ANTÁRTICA

Salmones Antártica es parte del grupo japonés Nippon Suisan América Latina (Nissui). Recibió $3.281 millones en subsidios por el equivalente al 17% de 88.571 salarios entre 2013 y 2023, periodo en que la DT le cursó 58 multas.

El grupo Nissui es una empresa transnacional que se dedica a la extracción, producción, procesamiento y distribución de productos del mar en distintas latitudes del mundo, instalada en Chile desde fines de los 80s y desde entonces subsidiada por el Estado.

Entre las infracciones que más se repiten en esta empresa se encuentran nueve multas por exceder la jornada ordinaria de trabajo sin contar con autorización legal para eso, lo cual puede traducirse en trabajar más de 45 horas semanales sin que por ello se paguen horas extras.

También registra multas por no vigilar que las empresas subcontratistas tomen medidas de seguridad al interior de sus centros de cultivo, como ocurrió en mayo de 2023 en el centro Isla Carmen de Aysén, donde un buzo sufrió un accidente grave luego de tener que ascender de manera abrupta por haber perdido la linterna que mantenía en su mano en aguas turbias, lo cual le impedía realizar sus tareas, generándole una enfermedad por descompresión, cuyos síntomas van desde el dolor articular hasta complicaciones neurológicas graves.

6. SALMONES AUSTRAL

Salmones Austral, propiedad de las familias Hurtado Vicuña y Navarro Haeussler, fruto de la fusión de Trusal y Pacific Star, ha recibido $2.200 millones en subsidios por el equivalente a las cotizaciones previsionales de 62.155 salarios a pesar de infringir la ley laboral en 131 oportunidades entre 2013 y 2023.

Entre las infracciones de Salmones Austral se encuentran algunos accidentes laborales que grafican algunos riesgos comunes a los que se exponen los trabajadores de esta industria, como el ocurrido el 5 de junio de 2021 en el centro Errázuriz, ubicado en la comuna de Chaitén, donde un buzo debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Ancud para ser conectado a una cámara hiperbárica luego de sumergirse a 33,6 metros pese a operar con un equipo de inmersión habilitado solo para los 20 metros. La fiscalización de la DT constató la ausencia de equipos idóneos, una supervisión inadecuada al no respetar la velocidad de ascenso y una demora de dos días en denunciar el accidente.

Tal como demuestran los casos de Salmones Antártica y Salmones Austral, este tipo de accidentes sigue siendo bastante común en la industria salmonera en Chile. Según datos de la DIRECTEMAR, entre 2004 y 2022 se registraron 245 accidentes de buzos que prestaban servicios en centros salmoneros, de los cuales 44 tuvieron resultado de muerte.

JUSTIFICACIÓN DEL SUBSIDIO

El año 2002, durante la tramitación de la ley que creó el subsidio a la mano de obra ya existían varias críticas en torno a si se justificaba que industrias altamente competitivas a nivel internacional y con grandes utilidades, como es la salmonera, recibieran recursos públicos para financiar salarios. Senadores de ese entonces, como Jaime Gazmuri (PS) -embajador de Chile en Venezuela hasta enero de 2025- y Alejandro Foxley (DC) -posterior ministro de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2009-, criticaban que la fórmula del subsidio respondía a una concepción obsoleta de fomento productivo y daba cuenta de un uso ineficiente de recursos públicos.

Pese a que el proyecto original en 2002 establecía que desde el año 2005 el porcentaje de bonificación respecto de los salarios comenzaría a descender gradualmente hasta poner término el año 2013 (ver tabla), esto nunca ocurrió, siendo prorrogado en las mismas condiciones hasta el año 2035.

A pesar de todos estos antecedentes y luego de casi 50 años de ejecución del subsidio a la mano de obra, ya sea vía DL 889 o Ley 19.853, la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda no ha realizado ni solicitado a la Tesorería ninguna evaluación sobre la eficacia del gasto público a través de este instrumento, según la respuesta entregada por ambos organismos ante solicitudes de información por Ley de Transparencia.

En vista de los montos subsidiados durante décadas, cabe preguntarse si este tipo de subsidios realmente fomentan la contratación de mano de obra, si son un verdadero incentivo para aumentar los salarios o si, por el contrario, solo sirven para reducir los costos de las empresas, particularmente en industrias como la salmonera, con altos niveles de ganancias y que desde hace varios años atraviesa un proceso de concentración de la propiedad en manos de grandes capitales transnacionales, cuya expansión territorial se desarrolla en desmedro de otras actividades tradicionales que buscan mantener un espacio en la zona costera del país, pero que no reciben este volumen de recursos públicos.