Tren de Aragua en Chile: sistema financiero no emitió alertas preventivas por miles de operaciones para lavar dinero

Desde que la fiscalía hizo pública la operación que desarticuló parte del engranaje financiero del Tren de Aragua en Chile, CIPER comenzó a reconstruir los pasos de la indagatoria y detectó un dato clave: pese a la recurrencia de las transacciones -algunas realizadas en el extranjero-, ningún banco emitió Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que permitieran activar alertas tempranas. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) elaboró informes, pero solo una vez que la investigación judicial ya estaba en curso. Además, CIPER identificó 14 sociedades creadas entre 2020 y 2024 con vínculos con la red criminal. En tres de ellas, figura como árbitro un contador chileno; en una cuarta, su pareja venezolana -también contadora- aparece como socia. El mismo profesional está ligado a otras 45 empresas, que también podrían estar vinculadas con este caso de lavado de activos, cuyos socios son principalmente venezolanos. Algunas de estas sociedades están inscritas con un minuto de diferencia en el sistema “Tu Empresa en un Día” y otras, comparten el domicilio en que fueron constituidas.

En el caso por lavado de dinero de las operaciones del Tren de Aragua, cientos de transacciones con tarjetas bancarias chilenas fueron detectadas por la fiscalía en una ciudad colombiana que está en la frontera con Venezuela. Los montos eran pequeños y la mayoría se transformaban en criptomonedas. Luego, las cuentas eran rápidamente dadas de baja. Ninguno de estos movimientos despertó una alerta en el sistema bancario, no se informaron transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ni se generaron informes para que la fiscalía abriera un caso. Y no fue sino hasta 2021, cuando la fiscalía y la PDI llevaron a cabo la primera investigación penal contra el Tren de Aragua, que se originó la arista financiera.

El pasado 24 de junio se hizo público un golpe significativo al engranaje financiero del Tren de Aragua en Chile. En una operación coordinada, las fiscalías de Tarapacá, Valparaíso, Los Lagos y la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional (ECOH), desmantelaron una red de lavado de activos que, según estimaciones oficiales, habría permitido a la organización criminal mover más de US$13,5 millones fuera del país a través de miles de operaciones bancarias. La investigación, de acuerdo con antecedentes recopilados por CIPER, identificó más de 800 cuentas bancarias a disposición de la red. 

A pesar de la recurrencia de estas transacciones no hubo Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) desde los bancos que permitieran abrir nuevos blancos investigativos, ni intervenciones tempranas desde la UAF. En todo caso, ese organismo elaboró al menos tres informes que aportaron a las líneas de investigación, y la banca -ante la petición del Ministerio Público- logró congelar las cuentas al unísono, durante la madrugada del 23 de junio, coordinación que evitó que circularan alertas entre los involucrados. A pesar de estos aportes, el propio director de la UAF ha reconocido públicamente que solo pueden identificar un 2% del dinero que mueve el crimen organizado. Ante este panorama, los especialistas coinciden en que en el sistema financiero chileno todavía existe una grieta crítica en los mecanismos preventivos de detección del lavado de activos ligado al crimen organizado.

En privado, fuentes que conocen el caso admiten que la reconstrucción del flujo del dinero llegó tarde. Idealmente, dicen, esa trazabilidad debería haberse activado en tiempo real, o al menos, en paralelo con la comisión de los delitos. Pero aquí ocurrió lo contrario: el rastro financiero solo empezó a dibujarse una vez que el Ministerio Público pusiera en marcha la investigación penal sobre el patrimonio de esta organización. Para entonces, buena parte de los recursos ya habían sido sacados del país.

Chile -según los especialistas en estos casos- posee ciertas condiciones que resultan especialmente atractivas para organizaciones criminales en términos financieros. CIPER detectó 14 sociedades, creadas entre 2020 y 2024, vinculadas con el caso de lavado de activos del Tren de Aragua. En tres de ellas se repite el nombre de un contador que figura como árbitro mediador de esas sociedades, mientras que en una cuarta sociedad aparece su pareja -también contadora y de nacionalidad venezolana- como socia. Además, el contador chileno aparece como empleador de ciudadanos venezolanos que postulan a obtener su residencia por razones laborales. Debido a que la investigación está en curso, CIPER decidió mantener sus nombres bajo reserva para este artículo. 

Entre las empresas detectadas por CIPER destacan sociedades dedicadas al rubro del transporte de carga, de alimentación, casas de cambio y juegos de azar en línea. Un ciudadano venezolano, investigado por extorsión, aparece ligado a tres de estas empresas, mientras que una cuarta sociedad figura como la dueña de la cuenta bancaria desde la que salieron los recursos para pagar una fianza de acusados por secuestro y extorsión ligados al Tren de Aragua.

Para el exfiscal Carlos Gajardo, el país se ha tornado atractivo para este tipo de delitos: “Chile tiene un sistema con una economía bastante desarrollada y bancarizada, con diversos mercados donde invertir, lo que irónicamente lo torna atractivo para las organizaciones criminales por la seguridad que le brinda el sistema a estas inversiones que logran rehuir los controles”.

A juicio de distintos actores del mundo financiero, en Chile hay algunos vacíos relevantes: por ejemplo, no existe un Registro Único de Beneficiarios Finales, lo que dificulta saber quién está realmente detrás de las sociedades. Tampoco los contadores -a diferencia de los notarios- están obligados a reportar operaciones sospechosas a la UAF. Una omisión importante, considerando que -según reveló La Tercera– el contador auditor Cristián Zúñiga, dueño de Contab Chile, habría asesorado a dos sociedades de criptomonedas investigadas por lavado de activos. 

Otro punto, según fuentes consultadas por CIPER, es que actualmente el levantamiento del secreto bancario no sirve para identificar presuntos infractores, sino que para confirmar los antecedentes que el Ministerio Público ya tiene sobre ellos. En este caso, la indagatoria no se abrió a partir del levantamiento, sino que siguió la pista de causas por extorsión y se elaboraron informes patrimoniales que revelaron inconsistencias, como personas que no registran ingresos declarados, pero que aparecen con un alto patrimonio o con acciones en sociedades sin movimientos, además de una serie de domicilios de papel.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, dijo a CIPER que siempre obtuvieron las autorizaciones judiciales para levantar el secreto bancario. Pero, advierte que el problema de fondo es otro: la medida intrusiva solo se concede cuando ya existen antecedentes concretos sobre una persona o sociedad, no como herramienta para identificar nuevos blancos investigativos. Lo mismo ocurre con la Unidad de Análisis Financiero, la que debe presentar un caso con sustento ante la Corte de Apelaciones para lograr levantar el secreto bancario. Todo esto, hace que el proceso investigativo sea más lento y no se logre evitar la salida de activos ligados al crimen organizado.

Fuente: SACFI de Valparaíso

LAS SOCIEDADES Y EL CONTADOR

A partir de registros del Diario Oficial, CIPER identificó que un contador chileno -cuya identidad se mantiene en secreto porque la investigación penal está en curso- está vinculado a 45 sociedades cuyos integrantes eran principalmente venezolanos, constituidas entre 2016 y 2022. En 36 de ellas figura como árbitro y en otras nueve como socio. Su red de sociedades es clara y aprovecha las características del sistema chileno: se crearon múltiples sociedades ocupando la plataforma de empresas en un día y algunas, incluso, tienen solo un minuto de diferencia en sus inscripciones. 

Los venezolanos que integraban las 45 sociedades van desde influencers, estudiantes y dueñas de casa, hasta un empresario que hoy está radicado en Miami. También figura una abogada chilena como constituyente de una de esas sociedades. Sin embargo, posteriormente, esa sociedad fue transferida a otra persona. Varias de estas empresas tienen sociedades espejo, con el mismo nombre, en otros países, como Venezuela, Colombia, Miami, Ecuador y Panamá.   

Entre esas empresas se observan otras coincidencias: al menos ocho de ellas comparten la misma dirección en un edificio al sur de la Alameda en la comuna de Santiago y, además, la pareja del contador también figura como árbitro en 18 de las sociedades revisadas. 

Además, el mismo contador aparece como empleador en solicitudes de residencia de ciudadanos venezolanos ante el Departamento de Extranjería y Migración, las cuales se otorgaban bajo la modalidad de visa sujeta a contrato de trabajo. La socia de una de las empresas detectadas, que se dedica al rubro del transporte, también aparece como empleadora, respaldando la solicitud de otros migrantes venezolanos que buscaban obtener la residencia.

Otras tres sociedades están conectadas con un ciudadano venezolano que aparece como árbitro en una tercera empresa, cuyo domicilio estaría en pleno casco histórico de Santiago. El investigado tiene antecedentes por extorsión en nuestro país. Además, otra sociedad, con giro de rubro tecnológico, era dueña de una cuenta bancaria desde donde salieron recursos para pagar la fianza de personas acusadas por robo con intimidación y secuestro, ligadas al Tren de Aragua.

Entre las sociedades investigadas por el Ministerio Público, está Food Lords, vinculada a Larry Álvarez Núñez, alias Larry Changa, uno de los fundadores del Tren de Aragua en el penal de Tocorón, Venezuela. La empresa fue inscrita en febrero de 2021 con un capital inicial de $3 millones. Fue constituida por un venezolano con situación migratoria regularizada. Sin embargo, al final del documento de registro quedó consignado que los verdaderos controladores de la sociedad eran una venezolana y un colombiano que no tenían regularizado su estatus migratorio:  “Se deja estipulado que los verdaderos controladores y dueños de la sociedad son doña (nombre tarjado), soltera, venezolana, número de pasaporte (tarjado)  y Don (nombre tarjado), soltero, colombiano, número de pasaporte (tarjado) y que dejan el control provisorio de la sociedad a don (tarjado), venezolano, CNI número (tarjado) por encontrarse con situación migratoria al día y definitiva, por ese motivo quedará hasta un plazo máximo de 36 meses bajo su control o hasta que la situación migratoria de doña (tarjado) y don (tarjado) esté regularizada”.

Fuente: Ministerio Público Valparaíso

FALTA DE ALERTAS A TIEMPO

“Solo alrededor del 2% o 3% de los activos que mueve el crimen organizado se logran extraer o restituir”, dijo el director de la UAF, Carlos Pavez Tolosa, en una entrevista concedida a CNN Chile. En la conversación, el especialista reconoció que Chile está muy lejos de poder abordar las operaciones relevantes del crimen organizado y que, a nivel de la OCDE, estamos en último lugar a la hora de abordar estos tipo de delitos. Eso sí, en 2024 el 62% de las condenas por lavado de activos utilizaron informes de la UAF, organismo que cuenta con una planta de sólo 83 funcionarios.

Un aspecto en el que coinciden distintos actores que participaron en la investigación para desbaratar la red de lavado de activos ligada al Tren de Aragua, es que la acción de la UAF fue tardía. A pesar de que entregó -al menos- tres informes con alertas bancarias que aportaron a la investigación, sus hallazgos llegaron después de que la arista financiera ya era indagada por la fiscalía y la PDI, a partir de la investigación penal del caso del Tren de Aragua en Tarapacá y una serie de denuncias extorsivas en la Región de Los Lagos.

Fuentes ligadas a las pesquisas dijeron a CIPER que la reportabilidad financiera fue escasa y en su mayoría reactiva, lo que se suma a la dificultad que tienen las instituciones financieras para comprender los fenómenos ligados al crimen organizado. Un objetivo a trabajar, para que los reportes den origen a investigaciones criminales, es que estos sean anticipados, más específicos y expeditos a la hora de alertar transacciones financieras irregulares. 

La UAF es el organismo encargado de prevenir e impedir precisamente la comisión de delitos como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Para esto, debe utilizar inteligencia financiera y es clave la cooperación de instituciones públicas y privadas, como bancos, casas de cambio y notarías, los que están obligados a informar la actividad de transacciones sospechosas. El crimen organizado ha creado empresas que, por su giro, están obligadas a informar. Entre las sociedades revisadas por CIPER se detectaron tres casos: dos casas de cambio y una página de apuestas en línea. 

“Yo diría que este sistema, en términos legales, es bastante adecuado, al menos bajo los estándares internacionales actuales. Pero, claro, podría, en lo operativo, siempre mejorarse. Por ejemplo, a través de un mayor conocimiento, formación, capacitación de los sujetos obligados, para que ellos sepan que deben reportar estas operaciones y para que cumplan con todas las regulaciones que la Unidad de Análisis Financiero les impone para poder cumplir adecuadamente sus funciones de detección de operaciones sospechosas y en efectivo”, dijo a CIPER el socio de la firma Segovia Consulting Ltda, Antonio Segovia, especialista en crimen organizado.

Según los datos de la UAF, hay 20 sectores que han reportado escasa o ninguna actividad sospechosa en los últimos cinco años. Una de ellas son las corredoras de propiedades, un rubro que es utilizado por el crimen organizado para lavar dinero a través de la adquisición de bienes inmuebles, pero que ha reportado solo nueve ROS en los últimos cinco años. Es más, en 2024 no se registró ningún reporte.  

“Las sanciones para dicho incumplimiento de reporte son bajísimas. Los mecanismos para levantar el secreto bancario en casos sospechosos en sede administrativa son engorrosos y prácticamente no se utilizan. Son varios mecanismos los que deben mejorarse y profundizarse”, dijo a CIPER el exfiscal Carlos Gajardo.

Los organismos informantes deben elevar un reporte de operación sospechosa (ROS), cada vez que lo estimen conveniente. En 2024, de los 17 mil reportes que recibió la UAF, hubo indicios de lavado de activos en 1.200, una cifra que es cuatro veces más grande que la de 2023. El sistema funciona así: un banco detecta transacciones reiteradas por grandes sumas de dinero desde una cuenta nueva, que corresponde a una empresa recién creada. Ante la denuncia, la UAF solo puede requerir más información al organismo informante sobre la persona o empresa denunciada, pero no puede pedir ni entregar información a otros actores. Una de las principales fuentes de información de la UAF son los bancos, que el año pasado crearon el 60% de los ROS que recibió la unidad. Pero, dentro de los informantes más activos también están las notarías y algunas casas de cambio, éstas últimas habrían sido fundamentales para la investigación del lavado de dinero del crimen organizado.

La definición de actividad sospechosa está en la Ley N°19.913: “Todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente (…)”. Si bien, esta definición da un marco común, en el detalle es cada organismo informante el que determina cuáles son los indicios de una transacción sospechosa.

Además, el Ministerio Público puede requerir información específica a la UAF, tal como ocurrió con el caso de la investigación por lavado de dinero ligado al Tren de Aragua. Durante el año 2024, la fiscalía realizó 267 consultas al organismo, las que se asociaron a 2.403 personas naturales y jurídicas, esto significó un aumento del 45% comparado con 2023.  

El secreto bancario es, a juicio de quienes participaron en la investigación, uno de los principales impedimentos para hacer más expedita la prevención del lavado de activos del crimen organizado. Aunque la UAF puede acudir a la Corte de Apelaciones y solicitar una orden judicial para levantarlo. “El fin último de estos sistemas es prevenir y luego impedir la salida de estos recursos, pero entre investigar y llevar antecedentes a la Corte de Apelaciones ya pasa un largo tiempo”, algo que no logra evitar que el flujo de dinero salga hacia el extranjero, señaló a CNN el director de la UAF.

Una consecuencia de estas falencias es que en algunas ocasiones los reportes de operación sospechosa (ROS) llegan hasta la fiscalía después de que esta solicita ayuda o luego de que los casos se hacen públicos por la prensa. Incluso, la misma UAF ha llegado a identificar información clave para investigaciones del Ministerio Público en ROS antiguos, que no podían constituir un caso por sí solos.

El socio de la firma Segovia Consulting Ltda, Antonio Segovia, recalca que en la circular N°62 emitida por la Unidad de Análisis Financiero, establece importantes avances en materia de prevención de este tipo de delitos, como, por ejemplo, la obligación de identificar al beneficiario final de una operación. En el mismo documento, el organismo amplió las reglas de las transferencias electrónicas a los activos virtuales. 

Desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) señalaron a CIPER que están conformes con las acciones coordinadas por los bancos involucrados en la causa, los cuales lograron congelar, de manera simultánea y en altas horas de la madrugada, las cuentas investigadas por la fiscalía. Esta maniobra evitó activar alertas dentro del circuito de lavado de dinero y permitió cortar oportunamente el flujo de fondos al extranjero. Desde la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) indicaron que “los deberes relacionados con Reportes de Operaciones Sospechosas están establecidos en la Ley N° 19.913, cuya supervisión corresponde a la UAF”, por lo que no se refirieron al tema.

LA RUTA DEL DINERO

Una ciudad colombiana, situada a escasos kilómetros de la frontera con Venezuela y que no suele ser un destino turístico, se ha convertido en una pieza clave dentro de la ruta financiera del Tren de Aragua. Hasta allí llegaron tarjetas bancarias enviadas desde Chile. Eran utilizadas para girar dinero en efectivo, como parte del circuito montado por la organización para mover sus ganancias ilícitas.

Por un tiempo, la maquinaria operó sin fallas. Se realizaron miles de operaciones. Obtenían cuentas bancarias, a nombre propio o de “prestacuentas”, a los que pagaban cerca de $60 mil por cada una. Luego hacían transferencias internas dentro de la red para que otro integrante retirara el dinero. En otros casos, los fondos eran rápidamente convertidos en criptoactivos, cuyo destino era principalmente Venezuela. Todo esto les permitía ocultar el origen del dinero y dificultar su trazabilidad.

En uno de los movimientos detectados por la fiscalía, una cuenta registró un ingreso cercano a los $1.000 millones, los cuales desaparecieron de la misma apenas quince minutos después.

CIPER envió consultas a tres de los bancos utilizados por la red: Banco Falabella —que tiene presencia en Colombia—, Banco Estado y Banco Santander, con el fin de saber si habían emitido reportes de operaciones sospechosas que permitieran alertar sobre este tipo de movimientos. Sin embargo, ninguno de los tres entregó detalles al respecto.

Desde el Banco Estado señalaron que, conforme a lo establecido por la Ley N° 19.913, “el banco cuenta con procedimientos internos para la detección y reporte de operaciones que pudiesen resultar inusuales, carezcan de justificación económica o pudieran estar asociadas a delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo”. Agregaron que, por esa misma normativa, no pueden referirse a casos específicos.

Asimismo, desde el Banco Falabella señalan que lo que hacen es enviar Reportes de Operaciones Sospechosas a la UAF para “informar casos en los que se ha concluido la existencia de transacciones inusuales o desprovistas de justificación económica o jurídica aparente”. Explican además, que deben guardar confidencialidad sobre los criterios en base a los cuales reportan antecedentes. 

La respuesta del Banco Santander no es distinta, porque tras señalar que como política institucional, no realizan comentarios públicos sobre casos que se encuentran bajo investigación judicial, afirman que colaboran activamente “con las autoridades competentes poniendo a disposición todos los antecedentes que sean requeridos en el menor tiempo que sea posible”.

Fuente: Cuenta de X de la Policía de Investigaciones

La investigación que permitió desenredar parte de esa red comenzó en 2021, cuando la Fiscalía Regional de Tarapacá puso atención en la estructura original de la organización en el país. Dos nombres eran claves: Larry Álvarez Núñez, conocido como Larry Changa, y Carlos González Vaca, alias Estrella. La pregunta que guiaba las pesquisas era simple: ¿A dónde iba el dinero generado por delitos como el secuestro extorsivo, el cobro de “vacunas” o la explotación sexual?

Según un artículo de La Tercera, se determinó que Larry Álvarez estaba vinculado a una serie de negocios que hoy forman parte del expediente: el local de comida Arepa Express, la pollería Food Lords y la sociedad Comercial Arlys, constituida por su esposa en noviembre de 2018.

Pero la red era más amplia. En 2022, comenzaron a aparecer denuncias por llamadas extorsivas, muchas de ellas dirigidas a migrantes. Los persecutores y policías se dieron cuenta de algo clave: las cuentas receptoras de los depósitos y los números desde los que se realizaban las llamadas aparecían vinculados a investigaciones en otras regiones del país. Así, comenzó el trabajo coordinado de las tres fiscalías regionales.

La ruta del dinero seguía su camino, a veces en criptomonedas, rumbo a Venezuela, también a Estados Unidos, e incluso, se registraron operaciones con destino a Europa. 

A mediados del año pasado, el Ministerio Público siguió una nueva pista. El dinero con el que se pagó una fianza de personas acusadas por robo con intimidación y secuestro procedía de la cuenta de una sociedad. Debido al avance de la investigación, CIPER mantiene en reserva el nombre de dicha empresa, la cual fue constituida en noviembre de 2022 por un ciudadano venezolano, a través del Registro de Empresas del Ministerio de Economía, con un capital inicial de $10 millones. Según los registros del Servicio de Impuestos Internos, la empresa inició actividades bajo el giro: “Otras actividades de tecnología de la información y de servicios informáticos”.

CIPER confirmó que hay al menos otras dos sociedades con nombres similares bajo la lupa de la fiscalía. Una comenzó a operar en octubre pasado, con actividades en mercados financieros, casas de cambio y servicios auxiliares de actividades financieras. La otra inscribió giros como casa de cambio, pero también figura como consultora en inversiones y agencia de viajes.

Debido al volumen de información que debía ser analizada, la Fiscalía Regional de Los Lagos desarrolló la plataforma Lucas. Ese sistema, creado por analistas del Ministerio Público, permite detectar patrones comunes y rastrear a qué cuentas bancarias transfirió fondos un determinado sujeto en un periodo específico. En 2024, las fiscalías de Valparaíso y Tarapacá comenzaron a utilizar esta misma herramienta, que incluso fue empleada por la Fiscalía de Los Lagos en el Caso Fundaciones, específicamente en la investigación relacionada con la Fundación Participar.