Blindaje Institucional: la necesaria y urgente agenda de integridad en seguridad pública ciudadana

Los académicos autores de esta columna proponen una serie de acciones que debiera realizar el Estado para evitar el avance del crimen organizado en el país. Sostienen que “como el narcotráfico es una amenaza que permea al conjunto de instituciones del Estado, se requieren controles más eficaces y preventivos, mecanismos que permitan integrar información sensible, y supervisiones que vayan incorporando nuevas tecnologías para un desafío cada vez más complejo y sofisticado”.

Imagen de portada: Diego Martin / Agencia Uno

El avance del crimen organizado y de las redes de narcotráfico es evidente en Chile. En la última década se han incrementado las actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, lavado de dinero y delitos conexos como extorsiones, secuestros, tráfico de armas, comercio de productos falsificados, y tráfico de personas, entre otros. Pero, además, cada día con mayor regularidad nos informamos del involucramiento en estas redes ilegales de las instituciones del Estado como el servicio de Aduanas, las policías, Gendarmería, la fiscalía, y autoridades municipales. La experiencia comparada muestra que el crimen organizado utiliza múltiples estrategias para alcanzar su objetivo de acumular poder y riqueza: amenazas al sistema institucional, cooptación de funcionarios públicos, e incluso el copamiento de tales instituciones. 

El caso de México es ilustrativo de la trayectoria de brutal expansión de la violencia y erosión de las instituciones de representación. Un solo ejemplo: las elecciones pasadas de 2024 se convirtieron en las más violentas de su historia con 130 aspirantes a cargos de representación popular que fueron atacados . Entre septiembre de 2023 y junio de 2024 34 candidatos o candidatas fueron asesinados , 40 sobrevivieron a atentados, 32 recibieron amenazas tangibles, y 10 fueron secuestrados (México Evalúa 2024). 

Para el caso de Chile, en los últimos años se ha constatado no solo la actuación de grupos criminales, sino que además su penetración en el sistema institucional. CIPER Chile, por ejemplo, ha reporteado sobre los vínculos entre el narcotráfico y autoridades municipales (Ver CIPER sobre San Ramón), presuntos vínculos con un fiscal (CIPER 2024), con Carabineros (CIPER 2022), con Gendarmería (CIPER 2022) y con el Servicio Nacional de Aduanas (CIPER 2016). A lo anterior se suman dos casos recientes que involucran directamente a las Fuerzas Armadas: el 23 de junio fueron detenidos seis suboficiales del Ejército por integrar banda transportaba droga a la capital (se incautaron 192 kilos de cocaína y pasta base); y dos semanas después, se detuvo a cinco funcionarios de la Fuerza Aérea mientras intentaban trasladar ketamina en un vuelo institucional de Iquique a Santiago.

Es esperable que las instituciones encargadas del control de las fronteras y de la seguridad y la justicia en el país se vean expuestas a casos de corrupción. Es tal la magnitud de los recursos involucrados en el tráfico de drogas que caer en la tentación de participar de estas redes ilegales es altamente probable. Por lo mismo, se requiere un muro de contención, un verdadero blindaje institucional para prevenir este tipo de circunstancias. 

En un reciente documento, un conjunto de profesionales hemos elaborado recomendaciones para la seguridad pública en el país (Desafíos de la Seguridad pública 2025). Nuestro diagnóstico plantea que en materia de seguridad existen tres pilares en las que debiese avanzarse programáticamente en seguridad: 

• Eficacia institucional, entendida como la capacidad del Estado de lograr los objetivos que se propone ajustándose al estado de derecho.
•  Prevención social integrada, que alude a un conjunto de acciones del estado orientadas a mejorar condiciones sociales, económicas que promuevan espacios seguros en los territorios.
•  Una robusta agenda de integridad en relación con el crimen organizado, que genere una cultura de integridad y rectitud en el actuar de los funcionarios públicos.

El actual debate político-presidencial ha planteado una agenda relativamente acotada de medidas en relación con la persecución del crimen organizado, focalizándose principalmente en medidas de empoderamiento policial, punitivismo penal, y levantamiento del secreto bancario. Sostenemos que, en materia de integridad se requiere una agenda muchísimo más ambiciosa que estructure un verdadero blindaje institucional a favor de la integridad. Lo anterior implica, entre otras medidas (parafraseando el documento):

• Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de recursos humanos de las instituciones encargadas de perseguir al crimen organizado (Servicio de Impuestos Internos, Ministerio Público, Unidad de Análisis Financiero).
• Aprobar el proyecto de ley que crea un registro de Personas Beneficiarias Finales para perseguir el lavado de dinero y la evasión fiscal.
• Incrementar los estándares de probidad a quienes están a cargo de las direcciones de Seguridad Municipal y las direcciones de Obras municipales, incluyéndose en el listado de Personas Expuestas Políticamente. 
• Modernizar los sistemas de información del Estado de modo de permitir el uso de información de proveedores y contratos por parte de sus distintas reparticiones de un modo integrado.
• Incrementar las sanciones para aquellas instituciones financieras, notarías, conservadores de bienes raíces y todas aquellas consideradas en la ley que no reporten a la UAF operaciones sospechosas y operaciones en efectivo.
• Incluir en la lista de sujetos obligados a reportar a la UAF a abogados y contadores que en el ejercicio de sus funciones identifiquen actividades sospechosas de lavado de activos
• Regular el conflicto de interés y establecer inhabilidades entre integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público con aquellas personas que ejercen de defensoras de imputados en casos de narcotráfico.
• Promover la profesionalización de Gendarmería de Chile y mejorar sus condiciones de trabajo
• Establecer el levantamiento administrativo del secreto bancario bajo un esquema de adecuada supervisión y justificación.
• Promover el fortalecimiento de la Contraloría General de la República en sus capacidades de fiscalización del entorno municipal.
• Incluir en las declaraciones de interés y patrimonio a su entorno cercano como cónyuges, convivientes civiles, aunque carezcan de régimen de sociedad conyugal o comunidad de bienes.

En el documento referenciado se especifican otras recomendaciones en materia de probidad e integridad. A lo anterior debe sumarse el incorporar sistemáticos controles internos en las unidades policiales y militares en zonas sensibles bajo la supervisión superior del Ministerio de Defensa y Ministerio de Seguridad Pública según corresponda. Lo relevante aquí es que se requiere de un conjunto de medidas y controles cruzados que blinden al conjunto de instituciones del Estado incluyendo al sistema de justicia, municipalidades, fuerzas armadas, policías, Gendarmería, y Servicio de Aduanas, entre otros. Como el narcotráfico es una amenaza que permea al conjunto de instituciones del Estado, se requieren controles más eficaces, regulares y preventivos; mecanismos que permitan integrar información sensible, y supervisiones que vayan incorporando nuevas tecnologías para un desafío cada vez más complejo y sofisticado.

Aún estamos a tiempo de fortalecer nuestra institucionalidad y evitar que el crimen organizado capture espacios críticos del Estado . Blindar a las instituciones del Estado es un componente fundamental de la agenda de seguridad pública por cuanto se ha hecho evidente la vulnerabilidad a la que los funcionarios están expuestos.