Fiscalía decide no perseverar en causa por prevaricación y cohecho contra hijo de juez supremo que fue defendido por el fiscal nacional

El Ministerio Público comunicó a través de un correo electrónico dirigido a intervinientes, que desiste de perseguir por cohecho y prevaricación a Manuel Valderrama Escobar, hijo del ministro supremo del mismo nombre. Según ese mensaje, el fiscal a cargo, Felipe Sepúlveda, sí formalizará al abogado, pero por delitos tributarios. Valderrama Escobar, quien fue defendido por el actual fiscal nacional, era investigado porque, siendo juez arbitral, habría recibido dinero de una de las partes en conflicto sin que la contraparte lo supiera y por organizar una subasta de bienes que fue cuestionada por intervinientes en el proceso. La decisión del Ministerio Público beneficia también al representante legal de Minera Santa Laura, Juan Cristi, quien fue defendido por el exfiscal Manuel Guerra.

Créditos imagen de portada: Diego Martin / Agencia Uno

El Ministerio Público decidió no perseverar en las acusaciones por prevaricación y cohecho que pesaban contra el juez árbitro Manuel Valderrama Escobar, hijo del ministro de la Corte Suprema del mismo nombre, según comunicaciones por correo electrónico a las que accedió CIPER. Conforme a lo que señalan esos registros, la decisión será ejecutada “a la brevedad” y se pondrá fin así a una causa en la que el actual fiscal nacional, Ángel Valencia, fue abogado defensor del imputado. La decisión del Ministerio Público beneficia también al representante legal de Minera Santa Laura, Juan Cristi, según las mencionadas comunicaciones, quien ha sido defendido por el exfiscal Manuel Guerra.

La investigación se originó por acusaciones de irregularidades en la partición de una herencia millonaria de la familia Padilla Arellano. Los cuestionamientos apuntan a que Valderrama Escobar habría recibido unos $30 millones de una de las partes, sin que la contraparte lo supiera, y organizó una subasta cuestionada por intervinientes. Además de haber sido defendido por el actual fiscal nacional Ángel Valencia, en la causa también lo representaron Juan Carlos Manríquez (abogado de la destituida ministra suprema, Ángela Vivanco), Luis Masferrer (exjefe de la Agencia Nacional de Inteligencia entre 2018 y 2019) y Samuel Donoso, otrora asesor legal de Sebastián Piñera.

La decisión se produce a pesar de que, hace un año, la fiscalía solicitó una audiencia de formalización ante el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, para dar inicio al juicio. Sin embargo, aquella acción no prosperó, luego de que el fiscal que llevaba la causa, Marcelo Carrasco, fuera reemplazado por el persecutor jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Felipe Sepúlveda, quien también investiga el Caso Hermosilla.

El fiscal Sepúlveda llegó a su actual cargo cuando Manuel Guerra era jefe de la Fiscalía Oriente. Guerra también participó en la causa de Valderrama Escobar y la decisión de Sepúlveda beneficiará a su cliente. Investigado a partir de sus chats con Luis Hermosilla, Guerra prestó una declaración ante el Ministerio Público, difundida recientemente por CIPER, en la que evidenció su relación de confianza con el fiscal Sepúlveda, pues afirmó que este último le filtró información sobre otro caso de alta connotación pública: el del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (vea el  reportaje: Manuel Guerra declaró que actual fiscal del Caso Hermosilla le reveló antecedentes de la investigación sobre el exalcalde Torrealba).

La destitución del primer fiscal a cargo de esta investigación, Marcelo Carrasco, se gestó luego que los abogados de los querellados pidieran remover la causa de la Fiscalía Centro Norte, encabezada por Xavier Armendáriz, superior de Carrasco. Aquella operación comenzó la primera semana de junio de 2024, cuando los abogados Samuel Donoso y Gabriel Zalinasnik, en representación del juez Valderrama, solicitaron a la Fiscalía Nacional la inhabilitación de Armendáriz

Una semana después, el exfiscal Manuel Guerra, fungiendo como abogado defensor de Juan Cristi, realizó la misma petición, argumentando -entre otras razones- que Armendáriz tenía un conflicto de interés por haber trabajado con José Luis Pérez Calaf, el exfiscal Metropolitano Occidente que en 2015 fue abogado de la Minera Santa Laura en el proceso de designación de Valderrama como juez partidor.

Como el fiscal Ángel Valencia fue defensor de Valderrama, la decisión sobre estos requerimientos recayó sobre el Fiscal Nacional Subrogante, Héctor Barros, quien decidió trasladar la causa a la Fiscalía Oriente. “Esta autoridad estima necesario que, dada la complejidad y gravedad de los hechos que son indagados, la dirección de las investigaciones penales indicadas esté a cargo de una Fiscalía Regional diversa, por razones de objetividad y buen servicio”, argumentó Barros en el oficio que consignó su resolución.

La jefa de la Fiscalía Oriente, Lorena Parra, designó como fiscal a Felipe Sepúlveda, quien optó por no formalizar a los imputados, debido a que requería un mejor estudio de los antecedentes. A un año de esa decisión, ahora Sepúlveda comunicó a los intervinientes que el Ministerio Público decidió no perseverar en las acusaciones por prevaricación y cohecho contra el juez Valderrama. Lo que sí, según el mismo mensaje electrónico, la fiscalía formalizará a Valderrama por delitos tributarios tipificados en el artículo 97 N°4, inciso primero del Código Tributario, esto es, el retardo u omisión de declaraciones de impuestos. Valderrama enfrenta una querella del Servicio de Impuestos Internos.  

UN TERRENO EN LONQUÉN

Los hechos que originaron esta contienda comenzaron el 3 de agosto de 2015, cuando Pamela Padilla Arellano cedió a la Minera Santa Laura los derechos que tenía en una comunidad hereditaria con sus hermanos Pablo, Rubén, Carolina y Eliana. La empresa, representada por Juan Cristi, presentó el 8 de septiembre de 2015 una demanda ante la Corte de Apelaciones de Santiago, solicitando la liquidación de la comunidad y la designación de un juez árbitro.

Las propiedades en litigio eran un predio de gran valor ubicado en Camino Lonquén N° 11.420, parcela N°1, Hijuela 2, Fundo Cuatro Álamos, comuna de San Bernardo. Además de un departamento en Quinta Normal.

El tribunal de alzada derivó el procedimiento al 25° Juzgado Civil de Santiago, el que caratuló la causa como “Compañía Minera Santa Laura Limitada con Padilla”.

El 12 de noviembre de 2015 la jueza suplente, Patricia Ibacache, designó como juez árbitro a Manuel Valderrama Escobar, hijo del ministro de la Corte Suprema del mismo nombre, quien había asumido su cargo en el máximo tribunal del país el 12 de agosto de aquel año.

El 4 de enero de 2016 se realizó una audiencia en la que se informó a las partes que debían abonar $20 millones en honorarios líquidos a la cuenta corriente que el tribunal arbitral tenía en el banco Security. La cuenta estaba a nombre de Manuel Valderrama Escobar.

Las bases arbitrales fueron fijadas el 19 de enero de 2016 en una audiencia en la que estuvieron presentes los abogados de la minera Santa Laura, Carlos Lagos y José Luis Calaf, además de Mauricio Duque representante de los hermanos Padilla. Como las partes no lograron acordar el precio de venta sobre las propiedades heredadas, se designó como tasador al perito Teodosio Cayo.

El 23 de marzo de 2016 este experto le asignó un valor de UF 84.208,64 al predio principal de la herencia, ubicado en Camino Lonquén. Los hermanos Pablo, Rubén, Carolina y Eliana quedaron disconformes con ese avalúo e iniciaron una serie de impugnaciones procesales. Como consecuencia de ello, el 25 de abril de 2016 la Corte de Apelaciones de Santiago decretó una orden de no innovar.

El proceso arbitral se reanudó recién el 8 de marzo de 2017. Y una semana después, el juez Valderrama Escobar resolvió que la propiedad sería rematada el 29 de marzo de 2017. La decisión fue adoptada pese a que a esa fecha existían diversos procedimientos en su contra, iniciados por los hermanos Padilla. Entre ellos figuraba una recusación interpuesta ante el 25° Juzgado Civil de Santiago, la que se acogió a tramitación el 17 de marzo de 2017. 

En esas circunstancias, a las 09:00 del 29 de marzo de 2017 se intentó proceder con el remate en las oficinas del juez árbitro, ubicadas en El Golf 40, piso 12. Sin embargo, todo terminó en una pelea entre los concurrentes, quienes fueron detenidos por Carabineros. Valderrama fue liberado a mediodía y decidió continuar con la subasta, sin hacer un nuevo llamado. En esas horas clave, los hermanos Padilla estaban detenidos y debían presentarse además a un control de detención al día siguiente ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago (causa RIT N° 2867-2017).

El abogado Carlos Eduardo Lagos, representante de la minera, fue el único convocado al nuevo remate. Durante la investigación, la fiscalía no pudo encontrar un documento que acreditara que Lagos había sido citado a través de una notificación por escrito, como exige la ley. 

La subasta se efectuó entre las 17:00 y las 17:30 del mismo día. Las actas fueron suscritas por Valderrama y Lagos, pero sin la comparecencia de un ministro de fe. Y hay otro hecho inusual: el juez Valderrama Escobar envió a la Cuarta Notaría de Santiago dos correos electrónicos tres horas antes de efectuar el remate. En aquellos mensajes ya iban adjuntos dos archivos, denominados “Escritura partición Santa Laura con Padilla I” y “Escritura partición Santa Laura con Padilla II”. Es decir, Valderrama remitió a la notaría la partición de la herencia antes de que se produjera el remate, en el cual Minera Santa Laura se adjudicó el predio de San Bernardo por UF 84.209 y la propiedad de Quinta Normal por UF 2.558.

Como consecuencia de esas operaciones, se rindieron dos cauciones por las sumas de $228.888.844 y $6.770.650, respectivamente, ambas mediante vales vistas del Banco de Chile. El saldo, según el acta del remate, se pagaría dentro del quinto día posterior a la subasta, bajo apercibimiento de tenerse por no adjudicadas las propiedades y perder la totalidad de lo caucionado. No obstante, ese mismo 29 de marzo se extendió una segunda acta firmada por Valderrama y el actuario Adrián Reyes, en la que se indicó que comparecía el representante legal de Minera Santa Laura, Juan Cristi, quien en ese instante pagaba el saldo del precio correspondiente a ambas propiedades. En el punto 2 de esa documento se indicó: “Habiéndose pagado la totalidad del precio de adjudicación, extiéndase escrituras públicas”.

Esta última acta no registra hora ni tampoco contiene la firma de Juan Cristi, pese a que se señaló que estaba presente. Tampoco se mencionó el documento de pago, como sí lo indican las actas de remate, que incluso señalan el número de cada vale vista. No es todo: cuando la investigación de estos hechos estuvo a cargo del fiscal Marcelo Carrasco, éste pudo establecer que, si bien esta acta decía que los pagos se hicieron el 29 de marzo, lo cierto es que las transferencias fueron efectuadas un día después a la cuenta corriente que el juez partidor mantenía en el banco Security. Además, Carrasco pudo establecer que las cauciones fueron depositadas en una cuenta personal que el juez árbitro mantenía en el banco Santander.

En esas circunstancias, el laudo arbitral se suscribió el 4 de abril de 2017, señalando que el monto total de las adjudicaciones alcanzaba las UF 86.767, lo que al 29 de marzo de 2017 equivalía a $2.296.594.943. A esa cifra había que descontar los honorarios de Valderrama (10% del monto), los pagos al ministro de fe (1%), además de desembolsos por pago de contribuciones y tasación de los inmuebles.

El 10 de abril de ese año, Valderrama renunció a su condición de juez árbitro en esta causa. No obstante, transfirió recién el 25 de julio la suma de $2.043.972.146 al 25° Juzgado Civil de Santiago, correspondiente al monto obtenido en el remate, menos los descuentos ya mencionados.

MARAÑA DE TRANSACCIONES

Salvo las bajas generales y los gastos ya mencionados, el laudo arbitral no hace ninguna referencia a adelantos de honorarios pagados al juez Valderrama. Aún más, en el expediente arbitral no consta siquiera la recepción de los pagos por $20 millones fijados en la audiencia de 11 de diciembre de 2015 como garantía de seriedad en la tramitación. No obstante, la fiscalía pudo establecer una serie de movimientos bancarios que, en su momento, el fiscal Marcelo Carrasco consideró que permitían imputar por prevaricación y cohecho a Valderrama y por prevaricación y soborno a Carlos Eduardo Lagos y Juan Cristi.

El primer movimiento ocurrió el 23 de diciembre de 2015, antes de la realización del primer comparendo en donde debían estar todas las partes, de manera previa a la aprobación de las bases arbitrales. En esa ocasión, el juez Valderrama recibió $10 millones de parte del abogado Paolo Moreno, apoderado de Minera Santa Laura. Esa suma fue pagada mediante la entrega de un cheque nominativo del banco Santander girado por la minera y fue depositado el mismo 23 de diciembre en la cuenta del banco Security del juez árbitro.

De esta entrega se levantó un acta que no fue agregada al expediente arbitral, de manera que la parte demandada no tuvo conocimiento de su existencia. Pero, esta no fue la única suma que recibió Valderrama de parte de la demandante durante la tramitación de la causa. El 31 de marzo de 2016 se depositó en su cuenta del Banco Santander un cheque por $19 millones, también de la Minera Santa Laura, no habiendo en el expediente ningún atestado de su recepción.

Con posterioridad a la entrega de este dinero, el juez árbitro extendió una boleta de honorarios el 8 de abril de 2016 por la suma de $32,2 millones que, luego del descuento del 10% correspondiente al impuesto retenido, daba un total neto de $29 millones, equivalente a la suma de ambos cheques ya descritos. Esta boleta, que está dirigida a Minera Santa Laura, tampoco consta en el expediente arbitral.

Así, el pago de $10 millones, del 23 diciembre de 2015, precede a la realización del primer comparendo entre todas las partes; el segundo de $19 millones, del 31 de marzo de 2016, precede a la fijación de las bases del primer remate, realizada el 7 de abril de 2016, ya con incidentes pendientes de resolución.

Y habrá un último pago, por $15 millones, de fecha 7 de febrero de 2017, el que precede, a su vez, a la reanudación del juicio arbitral de fecha 8 de marzo de 2017 y posterior a la fijación de las bases arbitrales para el segundo remate, programado para el 29 de marzo de 2017.

APROPIACIÓN INDEBIDA

El 25 de julio de 2017, Valderrama Escobar transfirió $2.043.972.146 a la cuenta que el 25° Juzgado Civil de Santiago tiene en el Banco Estado. Esta cifra era casi $30 millones menor a los $2.066.935.447 que este juez árbitro había recibido el 30 de marzo de 2017, como resultado de la subasta. Entre ambas fechas, Valderrama mantuvo estos dineros en depósitos a plazo que generaron intereses por $13,8 millones. Es decir, la diferencia entre lo transferido y lo pagado, más los intereses, era de $36.791.967.

De igual modo, en el laudo arbitral del 4 de abril de 2017 no se contabilizan $44 millones que Valderrama recibió de parte de los apoderados de la demandante, ni tampoco $13 millones que transfirió al abogado Carlos Eduardo Lagos. Es decir, hay una diferencia de $31 millones que no constan en el expediente arbitral y que el juez Valderrama recibió de una de las partes. Según los argumentos de los querellantes, si se pretendía que esta cifra se contabilizara como un adelanto de sus honorarios, necesariamente debieron ser descontadas de los $229.659.494 correspondientes a las cauciones. 

Mientras el fiscal Marcelo Carrasco estuvo al frente de la investigación, estos hechos fueron calificados como apropiación indebida.

EL DELITO TRIBUTARIO

La única acusación que sobrevive contra Valderrama es la tributaria. Hasta ahora, y según lo comunicado a los intervinientes, la fiscalía sólo formalizará al juez árbitro por presentar una declaración maliciosamente falsa ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). En la formalización, el Ministerio Público podría proponer una suspensión condicional de la pena contra el pago de los impuestos presuntamente adeudados.

Según los antecedentes reunidos por la fiscalía, Valderrama Escobar no declaró ante el SII los depósitos por $229.659.494 que recibió el 30 de marzo de 2017 de parte de la Compañía Minera Santa Laura Limitada como honorarios. Concretamente, estos dineros no los incluyó en el formulario N° 22, sobre Declaración Anual de Impuesto a la Renta, folio N°239114208, que presentó en el año tributario 2018. El perjuicio fiscal por esto se cifra en $118.545.696, sin contar multas e intereses.

En atención a todas las incidencias que se produjeron durante el desarrollo del juicio arbitral, el 17 de enero de 2018 el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago anuló todo lo obrado en el juicio. Se procedió entonces a la designación de un nuevo juez árbitro. Los nuevos remates fueron realizados los meses de junio y julio de 2019, y las propiedades fueron subastadas en la suma de $3.821.000.000.  Es decir, se remataron en casi más de $1.500 millones más de lo que habían generado las subastas efectuadas por Valderrama.

CIPER intentó obtener una versión del fiscal Sepúlveda, pero al cierre de este reportaje eso no fue posible.