Manuel Guerra declaró que actual fiscal del Caso Hermosilla le reveló antecedentes de la investigación sobre el exalcalde Torrealba

En febrero pasado, el exfiscal Manuel Guerra declaró ante la fiscalía en una de las aristas del Caso Hermosilla, en la que se le investiga por presunta prevaricación, cohecho y revelación de secreto. CIPER accedió al documento de 39 páginas, en que Guerra aseguró que el fiscal Felipe Sepúlveda, que lleva actualmente el Caso Hermosilla, fue quien le entregó información sobre la investigación del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN). En su testimonio dijo que Sepúlveda solo le entregó datos “generales”, pero en sus chats con Luis Hermosilla el exfiscal le mencionó detalles de la denuncia y diligencias de esa causa. Esos mensajes con el penalista están fechados el 28 de agosto de 2021, tres días antes de que se hicieran públicos los antecedentes del Caso Torrealba, por lo que Guerra podría haber manejado información que hasta ese momento era reservada. Otros temas que abordó en su declaración, se refieren a las decisiones que tomó en el Caso Penta y a su contratación en la Universidad San Sebastián.

Entre los nombres que han saltado a la prensa por sus chats con Luis Hermosilla, el de Manuel Guerra representa un caso particular. Como pocos, los mensajes que el exfiscal Regional Oriente intercambió con el penalista –dados a conocer por The Clinic—ofrecen un repaso por los principales casos de corrupción y financiamiento ilegal de la política de los últimos años, muchos de los cuales fueron investigados por el propio Guerra mientras se desempeñó en el Ministerio Público.

Fue luego de un artículo publicado por CIPER en agosto pasado, que el Ministerio Público inició una investigación contra el exfiscal por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y revelación de secreto, encabezada por el persecutor regional de Arica, Mario Carrera. En esa indagatoria, el exfiscal declaró el 19 y 20 de febrero de este año. Acompañado por su equipo de abogados, se refirió a los temas que conversó con Hermosilla por WhatsApp entre 2016 y 2023. En ese período, el exjefe de la Fiscalía Regional Oriente fue empleado del Ministerio Público hasta su renuncia el 31 de julio de 2021. A contar del día siguiente, desde el 1 de agosto de ese año, fue contratado por la Universidad San Sebastián y la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente (AMSZO), compuesta por municipios que antes estaban bajo su jurisdicción.

En su declaración, que quedó estampada en un documento de 39 páginas, Guerra contó su versión sobre cómo accedió a información contenida en la denuncia contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN), que se veía en la misma Fiscalía Regional Oriente de la que fue jefe. Según relató, fue uno de los fiscales a cargo de esa investigación -y que hoy forma parte del equipo que investiga el Caso Hermosilla-, Felipe Sepúlveda, quien le filtró antecedentes sobre ella:

“En términos muy generales, me indicó [Felipe Sepúlveda] que efectivamente existía una causa, y que provenía de una denuncia de la Municipalidad de Vitacura, en base a hechos que habría denunciado don Domingo Prieto, coordinador de los llamados programas Vita de la Municipalidad de Vitacura, y de doña Antonia Larraín, a quien yo ubicaba, pues acompañaba al alcalde a diversas actividades”.

De acuerdo con los mensajes que Guerra intercambió con Hermosilla el día 28 de agosto de 2021, para ese día  el exjefe de la Fiscalía Oriente ya conocía detalles específicos de la denuncia de Antonia Larraín, la que abrió la puerta para investigar a Torrealba, así como también del resultado de algunas diligencias. 

El exfiscal agregó en su declaración que los datos que transmitió a Luis Hermosilla ya circulaban en la prensa, con lo que intentó demostrar que no recibió una filtración de datos reservados. Sin embargo, la línea de tiempo que CIPER ha podido reconstruir sobre la información publicada en medios de comunicación, indica que la versión de Guerra no es correcta: cuando le escribió a Hermosilla contando detalles de la denuncia, el 28 de agosto de 2021, esa información aún no era de dominio público. En efecto, el primer artículo de prensa que abordó la acusación contra Torrealba en el que se mencionaban los mismos detalles que el exfiscal le transmitió a Hermosilla, fue publicado por La Tercera recién tres días después de su chat con el penalista, es decir, el 31 de agosto de 2021. Y un día después, el 1 de septiembre, El Mercurio publicó otro artículo con los mismos datos.

Estos antecedentes demuestran que, de ser cierto que el fiscal Sepúlveda fue quien le entregó antecedentes sobre la denuncia contra el exedil de Vitacura, los datos que habría compartido aún no eran públicos y estaban en manos de la Fiscalía Oriente, entidad que Guerra había dejado un mes antes.

En sus chats con Hermosilla, Guerra detalló que era cercano al otro fiscal que investigaba el caso, Carlos Ramírez. Pero, en su declaración ante el fiscal Carrera, Guerra lo desligó de esa filtración y apuntó solo a Sepúlveda. 

CIPER se contactó con el fiscal Sepúlveda a través de la oficina de comunicaciones de la Fiscalía Oriente. Desde esa entidad indicaron que no se referirá a la versión que entregó Guerra, ya que se trata de una declaración de un imputado en una causa reservada y no tienen conocimiento de ella.

En la misma declaración, Guerra defendió sus decisiones en el cierre del caso Penta y aseguró que no perseveró en las acusaciones por cohecho y soborno contra Pablo Wagner y los dueños de Penta, porque incluso el entonces fiscal nacional Jorge Abbott, la directora de la unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, y el mismo Felipe Sepúlveda, consideraban débiles esas imputaciones: “El propio Fiscal Nacional Jorge Abbott cuando hablábamos en forma general del caso, señalaba la debilidad que había en esta imputación por soborno y cohecho, lo mismo la directora Marta Herrera, el fiscal Felipe Sepúlveda y mi principal asesor que era Claudio Pizarro”.

También abordó los pagos que recibió por asesorar a un diputado mexicano y negó que su llegada a la Universidad San Sebastián estuviera relacionada con Hermosilla o Andrés Chadwick. Aun así, reconoció que fue Chadwick quien le compartió el contacto del entonces presidente de la junta directiva de ese centro de estudios, Luis Cordero Barrera, con quien Guerra sostiene que negoció su incorporación al plantel.

Exfiscal Manuel Guerra (Créditos: Francisco Castillo / Agencia Uno)

TORREALBA: CRONOLOGÍA DE UNA FILTRACIÓN

Luego de que The Clinic revelara el contenido de la conversación entre Luis Hermosilla y Manuel Guerra, uno de los temas que generó mayor revuelo fue que este último le transmitiera al penalista información reservada de la investigación por corrupción que se activó en la fiscalía Oriente sobre el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN).

Guerra compartió esos antecedentes con Hermosilla el 28 de agosto de 2021, un mes después de su renuncia a la fiscalía. Los datos que le comentó al abogado provenían de la autodenuncia de Antonia Larraín, exdirectora de Desarrollo Comunitario de Vitacura, y para esa fecha solo estaban en conocimiento del Ministerio Público. Los hechos relatados por la exfuncionaria municipal fueron conocidos masivamente cuando los publicó La Tercera tres días después, el 31 de agosto de 2021.

En su declaración ante el fiscal Carrera, Guerra afirmó que, si bien no le filtró información detallada, el persecutor a cargo de esa investigación, Felipe Sepúlveda, fue quien le comentó “en términos muy generales” algunos aspectos de ella. En su testimonio, Guerra solo menciona a Sepúlveda como su fuente de información en el caso de Torrealba, por lo que se puede deducir que los detalles que compartió con Hermosilla provenían del contacto con su exsubordinado.

Guerra afirmó que habló con Sepúlveda para conocer cuándo se había ingresado una de las denuncias que gatilló la investigación sobre Torrealba. De acuerdo con su versión, le habría consultado al fiscal a partir de que CIPER lo estaba contactando en agosto de 2021, antes de publicar un artículo sobre su nuevo trabajo en la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO), entidad en la que aterrizó al día siguiente de su renuncia al Ministerio Público y que recibe financiamiento del municipio de Vitacura:

“Quiero hacer presente que no tuve conocimiento de los delitos por los que era investigado [Torrealba], ni de las diligencias, solo supe que esa causa era llevada por la fiscalía de alta complejidad y que era llevada por los fiscales Felipe Sepúlveda y Carlos Ramírez, debiendo dejar en claro que ninguno de ellos me señaló qué diligencias estaba desarrollando, sino que supe algunas de ellas por medios de comunicación o comentarios que circulaban en la época pero no por personas de la fiscalía”.

Lo que señala Guerra en esta parte de su declaración no se ajusta a los hechos. Como ya se indicó, los antecedentes que compartió con Hermosilla todavía no eran difundidos en medios de comunicación. Luego, agregó:

“Lo que sí me contó Felipe Sepúlveda es que sí existía esta denuncia en contra de Torrealba a propósito del reportaje que realizó CIPER. En términos muy generales, me indicó que efectivamente existía una causa, y que provenía de una denuncia de la Municipalidad de Vitacura, en base a hechos que habría denunciado don Domingo Prieto, coordinador de los llamados programas Vita de la Municipalidad de Vitacura, y de doña Antonia Larraín, a quien yo ubicaba, pues acompañaba al alcalde a diversas actividades, pero nunca me entregaron, ni Sepúlveda ni Ramírez, antecedentes de la investigación, cosa que tampoco les pedí puesto que yo sólo quería saber de cuándo era la denuncia”.

Raúl Torrealba, exalcalde de Vitacura (Fuente: Francisco Vicencio / Agencia Uno)

Según los WhatsApps entre Guerra y Hermosilla, la información que manejaba no era genérica, sino más bien precisa y detallada. En esa conversación, el exfiscal escribió:

Guerra: Lo primero es que no hay plata trazable. El problema es que en la municipalidad hay mucho pituco de pera blanda. La Antonia Larrain brazo derecho de Torrealba fue apretada por el nuevo director de la municipalidad y se fue a auto denunciar a la fiscalía. La declaración es lapidaria. Para el tronco [apodo de Torrealba].

Luego de ese intercambio, Guerra le comentó a Hermosilla su cercanía con el entonces fiscal Carlos Ramírez (quien ahora es relator en la Corte de Apelaciones de Santiago), le informó detalles de la autodenuncia de Larraín y del allanamiento realizado por la PDI a la casa de Torrealba el 23 de agosto de 2021: “Le encontraron 7 palos en la casa en efectivo explicables y poca plata”.

Después de afirmar que fue el fiscal Sepúlveda quien le compartió información sobre la denuncia contra Torrealba, Guerra declaró ante el fiscal Carrera que “debo haber hablado a fines de agosto o principios de septiembre de 2021” con el persecutor. La poca certeza de la fecha en que habría conversado con Sepúlveda es importante, pues podría determinar si lo hizo antes o después de que los medios de comunicación revelaran públicamente el caso.

“Y con Carlos Ramírez no recuerdo haber hablado del caso ni en esa época ni después, excepto que en una oportunidad me llamó para señalarme que había renunciado al MP (Ministerio Público) y que estaba trabajando como relator en la Corte de Apelaciones de Santiago, no recuerdo la fecha”, complementó.

Para un reportaje publicado en noviembre de 2024, CIPER preguntó a la fiscalía Oriente sobre la posibilidad de que se investigara administrativamente la filtración del Caso Torrealba que dejaron al descubierto los chats entre Guerra y Hermosilla. Junto con descartar la apertura de una indagatoria interna, en esa entidad señalaron que esperarían “lo que dé cuenta la investigación del fiscal Carrera”. Esto, se indicó en la respuesta, porque existe la posibilidad de que Guerra haya conocido los antecedentes en el entorno de la comuna de Vitacura. “Efectivamente, esa información ya la tenía Vitacura y Guerra era parte de la AMSZO”, sostuvieron desde la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Municipalidad de Vitacura (Fuente: vitacura.cl)

EL CIERRE DE LAS ARISTAS “VIP” DE PENTA

En 2015, el fiscal Sabas Chahuán designó a Manuel Guerra como jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente y le derivó una de las principales causas por financiamiento irregular de la política: el Caso Penta. Guerra protagonizó un vuelco en la estrategia de persecución de esta investigación. Primero otorgó una suspensión condicional al senador Iván Moreira, pese a contar con el vamos de la corte para su desafuero. Y luego descartó perseverar en los delitos de soborno y cohecho contra el exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, y los empresarios Carlos Délano y Carlos Lavín, imputados en la causa.

El cambio de estrategia dejó huellas en las conversaciones que sostuvo entonces con el abogado Luis Hermosilla. En esa serie de chats también hay rastros de una posible injerencia de Andrés Chadwick, algo que Guerra desestimó en su declaración ante la fiscalía, asegurando que nunca habló directamente de estos temas con el exministro del Interior de Sebastián Piñera.

La primera vez que en esos chats se hace mención al Caso Penta, fue el 21 de septiembre de 2016. Manuel Guerra le comentó al abogado que le había escrito a Andrés Chadwick ya que le preocupaban “los escasos avances destinados a ir terminando las situaciones relativas a gente de la UDI en Penta así como lo relativo a Santiago Valdés”, escribió. Valdés era un estrecho colaborador del expresidente Sebastián Piñera, investigado en Penta por su presunta responsabilidad en un trato que involucró $340 millones pagados por SQM a Bancorp, una de las empresas de los Piñera. 

Según la declaración de Guerra, esa comunicación no tenía relación con las negociaciones con la defensa de Valdés: “Se refería a que la mayoría de los imputados en ese momento eran cercanos o militantes de la UDI y lo que me interesaba transmitir, era la posibilidad de que el señor Chadwick le comunicara a los imputados el interés de la fiscalía de avanzar en la tramitación y terminar lo que se pudiera de la forma más rápida posible, ello cumpliendo el mandato del fiscal nacional Jorge Abbott para acelerar estas investigaciones”.

Uno de los casos más polémicos fue el del senador Iván Moreira (UDI), representado por el abogado Gabriel Zaliasnik. Moreira estaba desaforado y formalizado por facilitar boletas falsas a Penta. Según el testimonio de Guerra, Zaliasnik le informó que, si bien el senador reconocería que pidió dinero para su campaña, no aceptaría un procedimiento abreviado porque “no había según él (Zaliasnik), dolo de ese delito, posición que tenía cierto respaldo doctrinario”.

El 24 de enero de 2018, en medio de las renuncias de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena -quienes anunciaron que dejarían el Ministerio Público en marzo de ese año a raíz de la decisión de sacar a Moreira del caso-, Guerra le escribió a Hermosilla: “Las causas Vip ya se las quite y están en mi poder”. En su declaración, Guerra dio explicaciones al respecto: “Esto no significaba que materialmente yo las tuviera conmigo, sino que las mismas estaban bajo la tutela de los fiscales Sepúlveda y Ramírez que en ese momento fueron depositarios de mi confianza, a eso me refería con que estaban en mi poder”.

En los casos de Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y Pablo Wagner, Guerra optó por eliminar las imputaciones de cohecho y soborno y reinterpretó los hechos como enriquecimiento ilícito para Wagner, un cargo menos grave que abrió la puerta a salidas alternativas para los involucrados. En su declaración, el exfiscal lo explica así:

“Siempre estimé que la imputación por soborno en Caso Penta y cohecho en relación a Wagner eran imputaciones bastante débiles”. Y agrega: “El propio Fiscal Nacional Jorge Abbott cuando hablábamos en forma general del caso, señalaba la debilidad que había en esta imputación por soborno y cohecho, lo mismo la directora Marta Herrera, el fiscal Felipe Sepúlveda y mi principal asesor que era Claudio Pizarro”.

Una fuente que conoció esa investigación dijo a CIPER que la posición inicial de algunos de los mencionados por Guerra, siempre fue que el cohecho debía ser resuelto por el tribunal de garantía y no por el Ministerio Público.

CLIENTE MEXICANO: PAGOS DE SOCIEDADES DE CISTERNAS Y DONOSO

En septiembre pasado, CIPER reveló que poco más de un año después de dejar el Ministerio Público, el exfiscal Manuel Guerra emitió dos boletas por un total de $15 millones a sociedades del abogado Samuel Donoso, defensor del expresidente Sebastián Piñera y actual representante legal del exministro del Interior, Andrés Chadwick. Ahora, en su declaración Guerra entrega nuevos antecedentes: confirma que, tras dejar la fiscalía, parte de sus ingresos provino de su rol como asesor legal del exdiputado mexicano Mauricio Toledo -investigado en su país por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal-, y detalla que por ese mismo trabajo también recibió pagos a través de una sociedad relacionada con el abogado Gonzalo Cisternas.

Toledo se instaló en Chile a mediados de 2021, cuando sobre él ya pesaba una orden de extradición. Según Guerra, su contacto con Toledo ocurrió en agosto de ese año, apenas un mes después de haber salido de la fiscalía: “Había recibido referencias mías y quería consultar la posibilidad de que lo asesorara. Las referencias fueron de personas cercanas al partido socialista de Chile del cual (…) fueron militantes sus padres que fueron exiliados chilenos en México, prefiero no señalar el nombre de la persona que le dio mi contacto”, declaró el exfiscal.

En su testimonio, el exfiscal también explicó que decidió integrar al equipo a los abogados Gonzalo Cisternas y Samuel Donoso porque se juntó con Toledo “y él me explicó que probablemente México iba a pedir su detención y posterior extradición (…). Por la magnitud del caso y a que yo carecía de oficina particular, busqué para trabajar en conjunto a los abogados Gonzalo Cisternas y Samuel Donoso. Ahí nos reunimos nuevamente con el señor Toledo y le formulamos una propuesta de honorarios, a la que accedió”.

Ese acuerdo implicó un primer pago al exfiscal de $23.250.363 líquidos que, según Guerra, también recibió Cisternas. El exfiscal agregó que facturó el monto a la sociedad de Cisternas, ya que esa empresa fue la que recibió el pago directo. A eso se sumaron pagos mensuales adicionales: “Después se me pagó una cifra cercana a los $2.300.000 mensuales, aproximadamente. La cifra variaba, pues la empresa recibía el pago en dólares”.

Según un informe de la fiscalía, Manuel Guerra emitió boletas a la sociedad Cisternas y Cía, del abogado Gonzalo Cisternas, en los años tributarios 2022, 2023 y 2024. En 2022, por unos $42 millones; en 2023, ocho boletas por alrededor de $31 millones y en 2024, dos boletas por aproximadamente $32 millones.

Parte de estos movimientos ya habían sido adelantados por CIPER: Guerra emitió dos boletas a sociedades vinculadas a Samuel Donoso por un total de $15 millones. La primera fue por $2,6 millones a SDB Abogados SpA, y la segunda por casi $12,4 millones a DMS Abogados Limitada. En su momento, el Donoso explicó a CIPER que esos pagos correspondían al trabajo de Guerra en la defensa del diputado mexicano, y precisó que este “era cliente de Guerra” desde un comienzo.

En su declaración, Guerra no se refirió a las boletas que emitió a las sociedades vinculadas a Samuel Donoso por este caso. Consultado nuevamente por CIPER, Donoso explicó que los honorarios pactados con “el cliente” se dividieron en tercios: “Por ende, a don Manuel Guerra le correspondió un tercio de ellos”, señaló el penalista. Agregó que los honorarios fueron transferidos tanto a su oficina como a la del abogado Gonzalo Cisternas: “El cliente pagó honorarios a la oficina de don Gonzalo Cisternas y a la nuestra. Cuando los pagos los recibió la oficina de don Gonzalo Cisternas, fue a dicha oficina a la que (Guerra) debió facturarle su tercio y desde ahí recibió el pago. Lo mismo ocurrió cuando el cliente hizo el pago a nuestra oficina”.

Según el testimonio del exfiscal, no tuvo un rol como patrocinante en la causa de Mauricio Toledo. Su participación, aseguró, se centró en la preparación de la estrategia jurídica del caso: “Esta causa la alegó Samuel Donoso, y en el juicio de extradición compareció también Gonzalo Cisternas (…). Yo no patrocine la causa, mi rol fue la preparación de la estrategia jurídica del caso, estudiando los antecedentes relativos a los procesos de extradición en Chile”.

SU CONTRATO EN LA USS

Una de las dudas respecto a la relación entre Manuel Guerra, Luis Hermosilla y Andrés Chadwick ha sido la llegada del exfiscal a la Universidad San Sebastián, institución en la que trabajó hasta 2023.

En julio de 2021, Manuel Guerra renunció al Ministerio Público. Según su declaración ante la fiscalía, para esa fecha consideraba que había llegado a la cúspide de lo que podía hacer al interior de la institución y “sentía que no era considerado como se debía por la relevancia de la Fiscalía Regional Oriente”. Mientras estaba en ese cargo, aseguró un contrato con la USS como académico por media jornada cuyo sueldo sería $6,6 millones mensuales brutos. 

El exfiscal tenía la idea de crear un observatorio de políticas públicas en materia penal, pero se tuvo que conformar con un puesto académico. Según señaló, si bien tocó el tema con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, resolvió su ingreso con el entonces presidente de la junta directiva de esa casa de estudios, Luis Cordero, quien falleció el año pasado:  

“Le pedí a Andrés Chadwick el contacto telefónico de don Luis Cordero Barrera, quien era el presidente de la junta directiva de la Universidad San Sebastián, a fin de exponerle esta idea, luego de comunicarme con el Sr. Cordero, me reuní con este en más de una oportunidad, y él se mostró interesado en darle curso a este proyecto [el observatorio penal], pero me manifestó específicamente en el mes de marzo del año 2021 debido a las restricciones de la pandemia aún en esa fecha, que requería ser visto con distintas instancias de esa institución”, dijo Guerra en su declaración.

Universidad San Sebastián (Fuente: CIPER)

Guerra niega cualquier vinculación de Chadwick con su contratación en la USS: “Quiero señalar que la decisión de contratarme en la universidad fue del presidente de la junta directiva don Luis Cordero Barrera, desgraciadamente fallecido el año 2024, y en ella no tuvo participación, ni Andrés Chadwick ni Luis Hermosilla”. Esto, pese a que, en uno de los chats, Hermosilla le preguntó a Guerra cómo iban las conversaciones con la USS, a lo que este respondió que si demoraban “Andrés hablaría con ellos”. Según señaló ante el fiscal, Chadwick también le consultó cómo le había ido, deseándole que le fuera bien, agregándole que la institución era seria: “Me señaló además que si era necesario él preguntaría. De lo cual no tuve respuesta después”. Agregó que en esa época Chadwick no era decano de Derecho y sólo ejercía una cátedra “en horario diverso a los míos por lo que nunca nos topamos en la universidad”. 

Pero el rol que tenía Andrés Chadwick para esa fecha en la USS no era sólo el de un profesor a medio tiempo. En noviembre de 2020, Chadwick ya era una de las principales figuras de la universidad, incluso en la USS lo anunciaban como el líder de un Consejo Asesor del Centro de Políticas Públicas de esa universidad, junto a otras exautoridades del gobierno de Sebastián Piñera (vea aquí reportaje de CIPER).

Por último el exfiscal negó que su llegada a la USS fuera una especie de retribución por su actuaciones como fiscal: “Quiero descartar que mi contratación en la Universidad San Sebastián haya sido un soborno, entendido este como una retribución a la ejecución a un acto propio de mi cargo, sin que haya sido mi contratación una decisión en que haya participado o que haya sido adoptada por don Andres Chadwick o don Luis Hermosilla”.