Interrupción voluntaria del embarazo: salud mental y el derecho a decidir

Con el ingreso al Congreso del proyecto de ley de aborto legal se reabre un debate en el que hay posiciones muy encontradas. La autora de esta columna señala que “la salud mental sigue estando ausente del debate público. No basta con reducir el aborto a un dilema moral o sanitario: también es un tema de salud mental colectiva. Forzar la maternidad en condiciones de desigualdad, prohibir la toma de decisiones reproductivas, infantilizar a las mujeres y exponerlas a procesos dolorosos o violentos, es una forma de violencia estructural que tiene efectos reales y documentados en su bienestar psicológico y emocional».

Imagen de portada: Lukas Solís / Agencia Uno

Con el ingreso al Congreso del proyecto de ley del Congreso de una ley de aborto legal se reabre un debate en el que hay posiciones muy encontradas. La autora de esta columna señala que “la salud mental sigue estando ausente del debate público. No basta con reducir el aborto a un dilema moral o sanitario: también es un tema de salud mental colectiva. Forzar la maternidad en condiciones de desigualdad, prohibir la toma de decisiones reproductivas, infantilizar a las mujeres y exponerlas a procesos dolorosos o violentos, es una forma de violencia estructural que tiene efectos reales y documentados en su bienestar psicológico y emocional

Con el ingreso del proyecto que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas, el Gobierno reabre una discusión pendiente: la necesidad de asegurar el derecho a decidir en condiciones de seguridad, sin criminalización ni obstáculos institucionales. La propuesta incluye acceso garantizado y objeción de conciencia, y apunta a proteger la salud y la autonomía reproductiva de las mujeres.

Sin embargo, junto con este avance, reaparecen argumentos que apelan al miedo: que el aborto daña emocionalmente a las mujeres, que las deja marcadas de por vida, que sufren después. Se ha llegado incluso a hablar del llamado “síndrome postaborto”, una categoría que no existe en ningún manual diagnóstico clínico ni cuenta con respaldo científico sólido. Bajo la premisa de cuidar la salud mental, se refuerza el tutelaje sobre las decisiones reproductivas de las mujeres, como si no fueran capaces de discernir lo mejor para sus propias vidas.

Entonces, cabe preguntarse: ¿es realmente el aborto un evento traumático en sí mismo? ¿Qué dice la evidencia científica sobre la relación entre aborto y salud mental?

LO QUE NOS DICE LA EVIDENCIA

Durante años, distintos estudios han investigado el impacto psicológico del aborto. El consenso actual es claro y está respaldado por investigaciones rigurosas y longitudinales: cuando el aborto se realiza en condiciones seguras, legales e informadas, no tiene consecuencias negativas duraderas para la salud mental. El informe Aborto y Salud Mental de Ipas CAM recoge la evidencia más reciente y desmiente los mitos que históricamente han vinculado la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) con daño emocional irreversible.

Uno de los estudios más relevantes es el Turnaway Study, desarrollado por la Universidad de California, San Francisco, y publicado en JAMA Psychiatry. Esta investigación siguió durante cinco años a casi mil mujeres que solicitaron un aborto: algunas pudieron acceder al procedimiento, y otras fueron rechazadas por superar el límite legal.

Los hallazgos son concluyentes:

• Las mujeres que accedieron a un aborto no presentaron mayores tasas de depresión, ansiedad, ideación suicida ni consumo de sustancias que quienes continuaron con embarazos no deseados.
• En cambio, quienes fueron obligadas a gestar reportaron más ansiedad, menor autoestima y condiciones económicas más desfavorables.
• A cinco años del procedimiento, el 95% de las mujeres que abortaron aseguró que fue la mejor decisión para sus vidas.

Estos resultados coinciden con otros estudios realizados en distintos contextos: lo que puede resultar emocionalmente difícil no es el aborto en sí, sino las condiciones en que este se produce. Las verdaderas fuentes de malestar emocional son el estigma social, la falta de apoyo, el miedo al juicio externo y la experiencia de desamparo institucional.

En investigaciones realizadas en la Ciudad de México, donde el aborto es legal, una de cada tres mujeres temía ser juzgada por personas cercanas, y aquellas que reportaban síntomas depresivos postaborto estaban expuestas a mayores niveles de estigma social. Emociones como la culpa, el enojo o la tristeza pueden aparecer como parte de una reacción normal de ajuste ante una decisión compleja, pero no son equivalentes a un trastorno mental. Por el contrario, muchas mujeres relatan haber sentido alivio, control y claridad luego de haber abortado.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y GINECO-OBSTÉTRICA

Hace menos de un año, Chile promulgó la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que por primera vez reconoció legalmente la violencia gineco-obstétrica como una forma de violencia de género. Esta se define como “todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, negación injustificada o abuso que suceda en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer, especialmente durante la atención de la gestación, preparto, parto, puerperio, aborto o urgencia ginecológica”.

Pero estas violencias no son abstractas ni teóricas. La Segunda Encuesta Nacional sobre Violencia Ginecológica y Obstétrica en Chile  reveló que el 42,7% de las mujeres que fue atendida en algún servicio de salud a causa de un aborto —espontáneo o inducido— siente que no recibió un trato respetuoso por parte del personal de salud. Esto incluye prácticas como trato impersonal, infantilización, falta de información clara, omisión del consentimiento informado o juicios moralizantes, lo que contribuye a profundizar el sufrimiento emocional de las mujeres y reproducir formas de violencia institucional.

Estas cifras reflejan una realidad preocupante: el sistema de salud, en lugar de ofrecer contención, a menudo perpetúa el estigma y la deshumanización, especialmente cuando se trata de la interrupción del embarazo. Legalizar el aborto, en este sentido, no solo es una cuestión de derechos reproductivos, sino también de prevención y erradicación de la violencia de género dentro de las instituciones de salud.

Un estudio publicado en Gaceta Sanitaria , que exploró las experiencias emocionales en torno a la IVE mostró que las principales dificultades psicológicas no estaban asociadas al aborto en sí, sino a factores externos: acceso deficiente, tiempos de espera, trato inadecuado del personal de salud, juicio moral, presión del entorno, y ausencia de información clara. En cambio, cuando las mujeres eran tratadas con respeto, escuchadas y acompañadas, la experiencia se vivía con menor carga emocional negativa.

SALUD MENTAL: LA DIMENSIÓN OMITIDA DEL DEBATE

En resumen, cuando hablamos de la necesidad de legalizar y despenalizar el aborto, no solo debemos tener en cuenta los riesgos físicos o la criminalización, aunque estos sean gravísimos: las hospitalizaciones por complicaciones de abortos inseguros suman más de 20.000 al año en Chile, y cerca de 260.000 en la última década (según datos de la Corporación Miles). Además, las mujeres que abortan siguen siendo criminalizadas en nuestro ordenamiento jurídico, con consecuencias legales, sociales y emocionales devastadoras.

Sin embargo, la salud mental sigue estando ausente del debate público. No basta con reducir el aborto a un dilema moral o sanitario: también es un tema de salud mental colectiva. Forzar la maternidad en condiciones de desigualdad, prohibir la toma de decisiones reproductivas, infantilizar a las mujeres y exponerlas a procesos dolorosos o violentos, es una forma de violencia estructural que tiene efectos reales y documentados en su bienestar psicológico y emocional.

Las políticas públicas basadas en evidencia deben:

1. Garantizar el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y oportuno.
2. Ofrecer contención emocional adecuada, sin juicios ni coerciones.
3. Enfrentar el estigma social y los discursos que perpetúan culpa, miedo y desinformación.

Porque la salud mental no se protege restringiendo derechos. Se protege reconociendo a las mujeres como sujetas de decisión, garantizando acceso a información veraz, atención empática y condiciones dignas. Se protege promoviendo una maternidad deseada, voluntaria, acompañada.

EL ABORTO COMO CUIDADO DE LA SALUD PÚBLICA Y MENTAL

Hablar de aborto como parte de la salud pública es también hablar de salud mental. De la posibilidad de que las mujeres vivan libres de violencia, de coerción, de culpa impuesta. De que puedan proyectar sus vidas con autonomía y dignidad. De que la maternidad, cuando ocurra, no sea una condena ni una obligación, sino un acto libre.

Como profesional de la salud mental, como ciudadana y como mujer, me parece urgente que esta dimensión sea parte activa del debate legislativo. Porque mientras el aborto siga siendo castigado o restringido, las mujeres seguirán expuestas a decisiones solitarias, a riesgos evitables, a violencias silenciadas.

Legalizar el aborto también es cuidar la salud mental de las mujeres y la maternidad.