Explosivo aumento de denuncias por extorsión: delito con el sello del crimen organizado pasó de 31 a 322 casos en apenas cuatro años

En 2021 se registraron 31 denuncias por extorsiones con amenazas violentas. A partir de ese año, el Ministerio Público separó este delito de las extorsiones comunes y lo asoció exclusivamente al crimen organizado. En abril de 2023, se modificó el Código Penal con la finalidad de agilizar su persecución y frenar el aumento del ilícito, pero aquello no se logró: en abril de 2024, la fiscalía cifró las denuncias por el mismo delito en 322.

En febrero de 2021, un empresario de la Región de Antofagasta comenzó a recibir fotografías de la rutina y los lugares frecuentados por cada miembro de su familia. Esas imágenes fueron acompañadas de amenazas de muerte, y la exigencia de pagar una extorsión a través de una plataforma internacional de envío de dinero. La investigación realizada por la fiscalía regional, según los registros del Poder Judicial, concluyó que hasta marzo de 2024 la víctima pagó poco más de $290 millones. Esas indagaciones lograron identificar a sólo uno de los delincuentes, actualmente prófugo, el cual pertenecería a “Los Pepes”, un grupo que opera en Colombia y que perpetra desde extorsiones hasta sicariato.

Entre 2021 y 2024, las denuncias por extorsiones asociadas al crimen organizado instalado en Chile se dispararon. Según el Reporte N°3 de Fenómenos Criminales, de la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión (Divest), de la Fiscalía Nacional, en esos cuatro años, los casos denunciados por este tipo de delitos pasaron de 31 a 322 (revise ese documento).  

La extorsión violenta es un mecanismo del crimen organizado destinado a controlar territorios para someter a la población y manejar el mercado de la droga. Uno de sus objetivos es, además, asegurar ingresos estables en el tiempo para la asociación delictual a través de un ilícito menos riesgoso para los perpetradores, y con penas más bajas, que el secuestro. 

Hasta 2013, el delito de extorsión no estaba asociado al crimen organizado y casi no aparecía en las estadísticas criminales del país. Según las cifras del Ministerio Público, ese año se denunciaron 39 casos de extorsiones comunes, vinculadas principalmente a conflictos o chantajes personales. Las motivaciones de estos ilícitos eran de carácter sexual, amenazas de publicar información íntima o solicitudes de dinero, pero relacionadas con el robo de datos personales en internet.

El Código Penal define la extorsión como el uso de la intimidación para obtener un beneficio o acción a cambio (revise aquí el artículo 438). Y la sanción establecida es equivalente a la del robo con violencia. Es decir, penas que van desde los 5 años y un día hasta los 20 años de presidio efectivo.

Desde el año 2021, la Fiscalía Nacional comenzó a utilizar una nueva tipología para investigar y contabilizar los chantajes del crimen organizado y los denominó como “extorsión por amenaza violenta”. Esta clasificación es definida por la fiscalía como la “amenaza de causar daño físico a la persona o su familia si no se recibe un pago”. 

Si bien los delitos de extorsión comunes venían experimentado un aumento sostenido en los últimos 10 años, desde que fue tipificada la “extorsión por amenaza violenta” concentró las alzas más notorias.    

Según el registro del ente persecutor, en 2021 se registraron 242 denuncias por extorsiones, de las cuales un 12,8%, es decir 31 casos, se clasificaron con la nueva tipificación. Un año después, en 2022, fueron recepcionadas 386 denuncias por extorsiones, de las cuales 125 fueron por amenaza violenta (32,4%). En 2023, de los 763 casos ingresados para ser investigados, 207 (27,1%) fueron registrados como ese nuevo delito.

La fiscalía, además, registra que en 2021 el 6,5% de las víctimas de extorsiones por amenaza eran comerciantes. Dos años más tarde, esa cifra se elevó a 31,8%. 

Ana María Morales, directora de la Divest, explica que, cuando la “extorsión por amenaza violenta” aún no era tipificada, ya se le identificaba internamente en los análisis de las investigaciones y su alza se fue verificando año a año: “Desde el 2018 se registraba una tendencia al alza en este delito, con incrementos importantes entre años consecutivos. En efecto, entre el 2017 y 2020, ya se registró un incremento del 339% en estos hechos”.

Aparte de la tipificación que hizo el Ministerio Público para investigar el delito de “extorsión por amenaza violenta”, el 10 de abril de 2023, además, se modificó el artículo N° 438 del Código Penal, relacionado con el “delito general de extorsión” (revise aquí el artículo N° 2). El objetivo de esa reforma fue simplificar la persecución penal del delito y posibilitar que este sea investigado con el solo hecho de que una persona solicite dinero a través de amenazas. Antes de ese cambio, la fiscalía debía acreditar la agresión o perjuicio personal. 

Claudia Cárdenas, directora del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, indicó a CIPER que ahora para perseguir a un extorsionador, no es necesario que este haya obtenido algún resultado económico con su amenaza, “sino que se requiere que se actúe con un cierto ánimo para obtener un provecho patrimonial”, dice. 

Otras dos personas ligadas a la investigación penal, quienes solicitaron la reserva de su identidad, explicaron que el aumento de la “extorsión por amenaza violenta” se explica también porque, según las cifras, otros delitos asociados a la obtención de financiamiento para el crimen organizado, como los secuestros extorsivos, no han prosperado en nuestro país. Entre abril de 2023 y abril de 2024 se registraron 25 secuestros extorsivos en la Región Metropolitana y entre los mismos meses de 2024 y 2025, bajaron a 19. 

"TIENES QUE PAGAR POR FUNCIONAR"

“La víctima se traslada por miedo y porque recibe constantes fotos con sus movimientos por parte de estos delincuentes”. Así el fiscal regional de Antofagasta relató, en el proceso penal llevado por el respectivo Juzgado de Garantía, que en cuatro años el empresario extorsionado debió reubicarse en tres ciudades del país. Ninguno de esos resguardos sirvió. Hasta marzo de 2024, cuando ingresó una denuncia ante la PDI y solicitó resguardo policial, pagó poco más de $290 millones.

Las amenazas de muerte comenzaron a principios de 2021, cuando la víctima realizó un préstamo de $5 millones a un conocido de nacionalidad colombiana. La razón del préstamo, según se expone en los documentos judiciales, era establecer un negocio legal. Meses después, esa misma persona le solicitó un monto similar, indicando que la suma anterior fue gastada en un negocio de drogas. Entonces, la víctima acudió a la barbería en la que trabajaba el deudor para recuperar el préstamo.

En ese intercambio se encontró con otro grupo de sujetos, quienes lo increparon, señalando que él también se encontraría involucrado en la droga perdida y debía responsabilizarse por el pago. Esas personas, según las pesquisas realizadas por la fiscalía, serían integrantes de la banda criminal “Los Pepes”. En algunas ciudades de Colombia, como Barranquilla y Soledad, aquel grupo estableció el cobro de extorsiones a comerciantes (lea aquí una noticia al respecto). De los miembros de aquella célula de “Los Pepes” que operó durante cuatro años en el norte de Chile, solo se logró identificar a uno, quien se encuentra prófugo desde mayo del año pasado.

Las extorsiones violentas no sólo se han registrado en el norte del país. En febrero del año pasado, la dueña de un local nocturno ubicado en la zona central fue intimidada por un ciudadano venezolano en condición migratoria irregular. En la audiencia de formalización se expuso su amenaza: “Te voy a disparar a tu local y voy a buscar más gente para entrar, soy del Tren de Aragua y tienes que pagar por funcionar, yo me voy a ir detenido, pero después nos vamos a ver igual”.

Eduardo Labarca, prefecto de la PDI hasta 2021, indicó a CIPER que este tipo de delincuentes no realizan “una simple extorsión”. Según explicó, su funcionamiento es más complejo y no temen a las penas de cárcel: “Estos grupos criminales no miran cuánto es la pena (…). La cárcel forma parte de sus vidas. La cárcel es parte de su normal funcionamiento. Entonces, desde la cárcel van a seguir manejando el grupo criminal”.

Los casos no afectan solo a comerciantes y otros tipos de empresarios. El 10 de agosto de 2023, cuatro reos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, dos de nacionalidad colombiana y otros dos venezolanos, hicieron un llamado a la abuela de uno de los internos del penal, exigiendo $100 mil para no agredir a su nieto, el que estaba secuestrado por el grupo. La transferencia no se realizó y la víctima terminó con contusiones en la cabeza, brazos y espalda.

Cuatro días después, el mismo grupo realizó otra extorsión. En esta ocasión llamaron a la madre de uno de los reclusos, exigiendo que transfiriera $100 mil para que su hijo no fuese agredido. El pago no se realizó y el joven fue retenido al interior de una celda, donde fue amarrado y golpeado, sufriendo diversas heridas.

En septiembre de 2024, el Tribunal de Juicio Oral de Copiapó acreditó que aquel grupo de reos perpetró en al menos dos ocasiones el delito de extorsión. Los cuatros fueron sentenciados a diez años y un día de presidio mayor.

Según el Informe de la Fiscalía Nacional, Recoleta es una de las comunas que a nivel nacional concentra más extorsiones con amenaza violenta. Uno de esos casos ocurrió en abril de 2024. Ese mes el dueño de un local de comida rápida comenzó a recibir mensajes de WhatsApp en los que se le exigía una cuota mensual de $150 mil a cambio de no agredir a su familia ni dañar su negocio. Tras realizar la denuncia, la PDI siguió a dos personas de nacionalidad peruana que se acercaron al local a retirar una bolsa con la cuota de la extorsión. Los dos permanecen en prisión preventiva.