Por el derecho a decidir: ley de aborto legal en Chile

Señor Director:

Con la presentación del proyecto de ley de aborto hasta las 14 semanas, el Estado de Chile se hace cargo de una profunda deuda con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

A pesar de la existencia de la Ley de interrupción voluntaria en tres causales, el marco legal existente sigue invisibilizando la autonomía reproductiva y autodeterminación de las mujeres. En este contexto, el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto representa un avance necesario para garantizar el derecho a decidir y la dignidad de quienes hoy se ven forzadas a la clandestinidad, la criminalización y la soledad.

Organismos internacionales de derechos humanos, como el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, han señalado de manera categórica que la penalización del aborto constituye una forma de violencia institucional y de género, representando una barrera real al acceso a la salud y una violación al derecho a la vida, a la integridad y a la no discriminación.

Los países que han avanzado hacia legislaciones que reconocen el aborto como un derecho han logrado disminuir la mortalidad materna y mejorar los estándares de atención sanitaria, sin un aumento significativo en la tasa de interrupciones.

Negarse a discutir esta ley basándose en argumentos morales o religiosos supone imponer visiones particulares al conjunto de la ciudadanía, desconociendo la diversidad de experiencias, creencias y decisiones legítimas que las mujeres tienen a lo largo de su vida reproductiva.

El aborto es una realidad que no cambiará por la existencia de una ley, lo que sí está en juego es si estas prácticas continuarán en la clandestinidad poniendo en riesgo a las mujeres más vulnerables o si lo asumiremos como parte de una política de Estado basada en la equidad, la justicia social y los derechos humanos.

Hay que dejar muy en claro que una ley de aborto legal, seguro y gratuito no obliga a nadie a interrumpir un embarazo, lo que sí hace es garantizar que quien lo necesite pueda hacerlo de manera digna y protegida.