Informe interno de Cancillería detectó prácticas irregulares en pagos a proveedores de la embajada chilena en Argentina

CIPER accedió a un informe de la Dirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, fechado en octubre de 2023, el que detectó que a proveedores de la embajada en Buenos Aires se les pagaba contra facturas sin timbre de la autoridad tributaria argentina. El documento pidió que esta conducta no se reiterara a contar de noviembre de ese año. El reporte también insistió en que la sede diplomática no podía adquirir dólares en el mercado informal. En la Cancillería abrieron un sumario, pero no se han hecho denuncias a la justicia. Se harán, respondieron a CIPER en ese ministerio, si el sumario indica la existencia de posibles delitos. Un exsubdirector jurídico del SII señaló que “si la embajada realizó rendiciones de cuentas con facturas sin validez legal, sin sustento normativo o con documentos que no permiten verificar la correcta aplicación de los fondos”, podría haber “malversación de caudales públicos o fraude al fisco”.

Un informe interno al que tuvo acceso CIPER, muestra que el Ministerio de Relaciones Exteriores detectó en octubre de 2023 que en la embajada chilena en Buenos Aires hubo prácticas administrativas y financieras irregulares, como el pago a proveedores en efectivo contra facturas sin timbre de la autoridad tributaria argentina. Además, el reporte insistió en que la sede diplomática no podía comprar dólares en el mercado informal, práctica prohibida en la legislación chilena a los funcionarios destacados en el exterior (vea el informe). La autoridad ordenó abrir un sumario, pero no ha presentado acciones judiciales. Lo hará, respondió la Cancillería a CIPER, si el sumario arroja la existencia de posibles delitos.

El exsubdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristián Vargas, después de revisar el informe al que accedió CIPER, señaló: “Si la embajada realizó rendiciones de cuentas con facturas sin validez legal, sin sustento normativo o con documentos que no permiten verificar la correcta aplicación de los fondos, podría configurarse el delito de malversación de caudales públicos o fraude al Fisco, si hubo perjuicio, desviación de fondos o simulación”.

“A lo menos, existiría responsabilidad administrativa grave, y la Contraloría podría exigir reintegros o formular cargos. Y si hubo dolo o habitualidad en el uso de mecanismos irregulares, podría abrirse una investigación penal”, ahondó Vargas.

El informe interno de la Cancillería fue elaborado y firmado por el director de Finanzas y Presupuesto de ese ministerio, Pablo González, junto a la funcionaria Camila Salgado. En el documento advierten a las autoridades que los administrativos de la embajada debían dejar de recibir facturas sin registro de la autoridad tributaria local, entonces denominada AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), la que en 2024 fue reemplazada por la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). El informe de González y Salgado sugirió, además, que la embajada no adquiriera dólares en el mercado informal, sin los registros adecuados.

“Ante la falta de antecedentes con que cuenta la misión para acreditar la legalidad de las facturas sin código AFIP, a partir de noviembre [de 2023], únicamente podrán respaldar sus operaciones con dicho documento, excepto que presenten un informe en derecho que establezca expresamente que el otro sistema de facturación que ha sido identificado no es ilegal”, señaló el mencionado informe.

Según el reporte de González y Salgado, en Argentina “coexisten dos sistemas de facturación, uno ampliamente masificado en que los proveedores imprimen sus propias facturas sin control verificable de la entidad fiscalizadora respectiva (AFIP), sobre los cuales la misión desconoce su real alcance en materia tributaria y su situación legal, ya que no existe claridad sobre el eventual mecanismo de declaración de impuestos. En paralelo, existe otro sistema formal de facturación con documentos de origen electrónico, que cuenta con un código QR y un número de serie otorgado por la entidad competente (AFIP), el cual es verificable y cuya situación tributaria es de la máxima formalidad posible”.

Aunque el informe se pregunta sobre “el real alcance en materia tributaria” y la “situación legal” del sistema de facturas sin timbre oficial, lo cierto es que ese tema se había sido zanjado cuatro años antes: a contar de marzo de 2019, por disposición de la entonces AFIP, las facturas en papel fueron reemplazadas en Argentina por facturación electrónica. A partir de entonces, la autoridad tributaria estableció que sólo algunos contribuyentes podían seguir imprimiendo facturas, principalmente emprendedores que “se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica” y que no sean empleadores. No obstante, estos instrumentos también deben contar con el «Código de Autorización de Impresión» (CAI) (ver enlace). En otras palabras, las facturas sin timbre de la AFIP ni CAI, no tenían validez tributaria. 

En la contabilidad de la embajada se registraron documentos sin estos códigos o QR. Por ejemplo, una actividad de 2022 fue pagada contra una factura con fecha de 2014, sin ningún registro tributario oficial, según revisó CIPER.

En ese marco, los autores del informe interno de Cancillería sugirieron que la sede diplomática chilena comenzara a operar con la mayor formalidad y legalidad posible, como obligan las normas que rigen al servicio exterior. Por ejemplo, el informe planteó que “ante la obligación impuesta por el Decreto N° 421 de 1976, que imparte instrucciones permanentes al cuerpo diplomático de Chile, en lo relativo al cumplimiento de la legalidad del país sede, se reitera la obligación de que los cambios de divisas sólo deben realizarse en el mercado formal”. 

El documento, dirigido a la entonces embajadora Bárbara Figueroa, aconsejó que la sede diplomática pusiera “en valor su capacidad negociadora ante proveedores ya sea para su formalización, o bien, para la exploración de alternativas en un mercado local que tiene una oferta suficiente en la mayoría de los rubros”.

Ministerio de Relaciones Exteriores (Fuente: Sebastián Beltrán / Agencia Uno)

Bárbara Figueroa fue quien denunció las irregularidades, luego que la funcionaria Catalina Barceló detectara en octubre de 2023 que se giraron recursos fiscales contra facturas no tributables en el marco de las actividades por la conmemoración de los 50 años del golpe civil militar del 11 de septiembre de 1973.

La entonces embajadora, quien conoció los hechos antes de dejar su cargo, confirmó en un reportaje anterior de CIPER que las prácticas irregulares se arrastraban por años. “A mí no me parecía que esto persistiera”, afirmó en ese artículo (vea el reportaje “Documentos y testimonios revelan pagos millonarios hechos contra facturas falsas en la embajada chilena en Argentina”).

Estas prácticas, comunicadas también al segundo piso de La Moneda, comenzaban cuando desde el área contable de esa legación se emitían cheques para girar por caja los dólares que el Ministerio de Relaciones Exteriores deposita en el Banco Francés de Argentina. CIPER tiene copias de esas operaciones.

Luego, con el dinero en efectivo guardado en la embajada, se pagaba en dólares a proveedores que facilitaban recibos sin validez tributaria, según consta en el sumario que se desarrolla desde hace casi dos años en la Cancillería. Después, los dólares eran pasados por mano a los proveedores, ocasión en que se emitía un comprobante de egreso que llevaba el visto bueno de los contadores Ivonne Salcedo y Jorge Vega, además de las firmas de la funcionaria Patricia Águila y del encargado de Negocios, Alberto Rodríguez. CIPER tiene copia de esos documentos.

Las operaciones bajo investigación sumaria fueron realizadas en su mayoría por el encargado de eventos de la embajada, Rodrigo Contreras, quien llegó a trabajar a la representación chilena durante el paso del embajador Marcelo Díaz, el que ocupó ese puesto entre 2014 y 2015.

Hasta ahora, las denuncias efectuadas a fines de 2023 provocaron la apertura de un sumario administrativo por el cual han pasado diversos fiscales, sin que éste se cierre hasta el momento. La Contraloría ya inició otra investigación sobre estos hechos.

CIPER preguntó a Cancillería por qué no se han aplicado la totalidad de las medidas correctivas sugeridas por el director de Finanzas y Presupuesto, Pablo González. Y por qué tampoco se han efectuado denuncias a la justicia. Por respuesta, el ministerio envió un correo electrónico: “Si las indagatorias, una vez finalizadas, concluyeran la existencia de algún elemento constitutivo de delito, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la obligación de entregar los antecedentes a la justicia”.

“Sin perjuicio de lo anterior, cualquier funcionario o funcionaria puede denunciar ante la justicia si tiene la convicción de que existe comisión de delito en este u otro caso”, prosigue la respuesta.

El reporte emitido en 2023 por Pablo González alertó también que el Centro Cultural Matta, la institución que desarrolla las actividades de extensión y promoción de Chile en Argentina, “no es una unidad legalmente constituida”, sino que opera bajo la personalidad jurídica de la propia embajada. Ante ello, el documento explicó que la responsabilidad pecuniaria por cualquier ilegalidad cometida correspondería al embajador de turno (vea el documento). 

EL CROQUE MADAME DE RECOLETA

El informe también observó que no podía contratarse a personas o empresas vinculadas a los funcionarios o empleados de la embajada. “Ante la emergente obligación de publicar la totalidad de los gastos que realiza el sector público, tanto en Chile, como en el exterior, es deseable explorar fórmulas que permitan como mínimo garantizar el cumplimiento de inhabilidades impuestas por la ley en Chile, respecto de los funcionarios de la misión y sus proveedores que prestan servicio de forma habitual”, señaló el documento.

En paralelo a estas advertencias, la Dirección de Finanzas y Presupuesto de la Cancillería preparó una presentación en la cual indicó que los funcionarios de la embajada debían introducir una serie de correcciones en sus prácticas y flujos de trabajo. Por ejemplo, que solo aceptaran facturas legales y tributables; que los recursos fueran administrados por las personas autorizadas para ello; que no se volvieran a girar grandes sumas en efectivo y que los dólares se cambiaran de manera exclusiva en el mercado formal, como exige la ley chilena a sus funcionarios en el exterior (ver documento).

El 17 de abril de 2024, después de conocidas estas denuncias y con el sumario administrativo en curso, el encargado de eventos de la embajada, Rodrigo Contreras, posó para el diario La Nación, de Argentina, el que publicó una nota sobre su entonces recién estrenado restaurante: el Croque Madame, de Callao 1.540, Recoleta, uno de los barrios más tradicionales y elegantes de Buenos Aires (vea la nota de La Nación).

El Croque Madame es el local que ProChile contrató a fines de 2024 para promover el pisco atacameño en Argentina, pese a que en el informe de 2023 se advertía que no se debían hacer contratos con empresas o personas vinculadas a funcionarios de la embajada. No obstante, ProChile no observó inconvenientes en realizar un contrato con el Croque Madame, divulgando el evento: “Se realizó una cena asistida con una experta sommelier en el reconocido restaurante bonaerense Croque Madame Recoleta, que incluyó el maridaje y degustación de los cinco destilados regionales para distribuidores e importadores”, valoró ProChile en su web (ver enlace).

CIPER contactó al funcionario y empresario Rodrigo Contreras para obtener su versión de estos hechos y denuncias, pero éste se negó a dar declaraciones. La Cancillería, en tanto, no quiso opinar sobre estos hechos, limitándose a señalar que aún hay un sumario en curso.

Centro Cultural de la Embajada de Chile en Argentina (Fuente: Web Ministerio de Relaciones Exteriores)

CADENA DE REACCIONES

Una vez que la entonces embajadora Figueroa denunció estos hechos, basándose en antecedentes sobre los pagos contra facturas sin validez tributaria aportados por la funcionaria Catalina Barceló, las personas apuntadas por estas presuntas irregularidades acusaron por acoso laboral a Catalina Barceló en noviembre de 2023. 

Estas denuncias fueron enviadas al director de Recursos Humanos de la Cancillería, Iván Favereau, con copia a la subsecretaria Gloria de la Fuente. Firmaron el documento los contadores Jorge Vega e Ivonne Salcedo, además del encargado de eventos de la embajada, Rodrigo Contreras, y los funcionarios Roberto Espinosa, Antonio Lagos y el encargado de prensa, Héctor Garrido. Por estas acusaciones, se abrió un sumario que está en curso. 

En paralelo, el pasado 25 de abril de 2025, Catalina Barceló presentó una denuncia de acoso laboral contra el embajador José Antonio Viera-Gallo y el consejero Juan Pedro Sepúlveda. Esta acción fue enviada a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.