El derecho a la privacidad de las comunicaciones o sobre el cuestionamiento del imperio de la ley en las democracias actuales

El autor de esta columna escrita para CIPER analiza distintas mediciones nacionales e internacionales para dar cuenta de la poca valoración de la ciudanía por la justicia, algo que termina socavando los principios de legalidad. Sostiene que “en los últimos años los problemas de orden público lastran la valoración ciudadana de la democracia y el estado de opinión, clave en las disputas por el poder, empuja o tienta a los actores políticos y aquellos en puestos de dirección institucionales a doblar la mano de la legalidad y/o centrar sus esfuerzos en formas de mano dura contra la inseguridad en los barrios y el contagio del delito dentro del aparato público”.

Imagen de portada: Pablo Ovalle / Agencia Uno

La interceptación ilegal de nuestras comunicaciones se ha convertido en una práctica habitual de las instituciones encargadas de la seguridad del Estado, asimismo como una actividad frecuente propia de la vigilancia y el chantaje entre privados. No es lugar este escrito para afirmar de nuevo lo que ya ha dejado claro el derecho positivo a nivel constitucional en la mayor parte de los países del mundo, en donde se proclama que el estado de derecho asegurará la protección de los datos y la inviolabilidad de las comunicaciones personales. Sin embargo, los hechos de fragmentos de conversaciones de WhatsApp circulando por las redes o las escuchas fuera de la ley que han aparecido reiteradamente en los medios de comunicación y han sido materia de procesos judiciales dejan patente lo habitual de, y habituación a, una práctica que parece común y tiende a normalizarse. Ello es particularmente grave, como indica en este mismo medio el profesor de derecho Víctor Beltrán, si el promotor y responsable último de dichas malas prácticas son agentes del Estado cuya tarea debiese ser justamente contribuir a reprimirlas y, finalmente, castigarlas, tales como las policías y los jueces de garantías.

Si las escuchas, por error, a Josefina Huneeus, confundida con su exesposo Alberto Larraín, son el último tropiezo de los fiscales y las policías, lamentablemente es sólo un eslabón más de una cadena de larga cola y cuyo fin se aventura lejano y de difícil arreglo. Poco tiempo atrás, se hablaba del desafortunado intercambio entre la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler y la presidenta de la Cámara de Diputados Karol Cariola. Sin embargo, este tipo de hechos no se restringen al territorio geográfico y político chileno. Los casos son múltiples y de igual o mayor altura. Podemos traer a colación ejemplos como el del exjuez español Baltasar Garzón, bien conocido en Chile, quien terminó su carrera judicial por la puerta de atrás debido a unas escuchas ilegales entre acusados y abogados defensores en una trama de corrupción política conocida como “Gürtel”. Por su parte, el también español Centro Nacional de Inteligencia (CNI) escuchó sin el procedimiento debido a varias decenas de independentistas catalanes. En Argentina, ya en época del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, se procesó al expresidente Mauricio Macri y otros cargos de la Agencia Federal de Inteligencia, por espionaje a familiares de los fallecidos en el accidente del submarino ARA San Juan, hundido a fines de 2017 en aguas del océano Atlántico. Estos son sólo puntas de iceberg y, a propósito de ello, uno podría remontarse al mítico Watergate norteamericano, cuyo desenlace fue la dimisión de Nixon, o a versiones cinematográficas como The Conversation (1974) de Francis Ford Coppola o Enemy of the State (1998) de Tony Scott, con Gene Hackman y Will Smith entre sus protagonistas. En gran medida, sin argumentos tan peliculeros o exagerados, en Chile parece querer llegarse al Presidente y es dentro de un contexto de fuerte disputa por el poder, intensificado por el actual año electoral, que tiene sentido encontrar finalmente que la persona de Gabriel Boric y ojalá otros opositores también sean nombrados del modo equivocado.

Si las prácticas que conculcan la reserva de las comunicaciones son ilegales y han sido numerosas, esto manifiesta una grave vulneración de la legalidad y, por tanto, de la capacidad para imponer el imperio de la ley, particularmente pensando en contextos democráticos. Precisamente con la ley como horizonte de acción, el World Justice Project es una organización que promueve el valor del imperio de la ley a nivel global. Entre sus actividades se encuentra la medición de la efectividad del principio de legalidad en 142 países a través de un indicador agregado que incluye ocho dimensiones: 1. Controles al poder del gobierno; 2. Ausencia de corrupción; 3. Transparencia y responsabilidad del gobierno; 4. Derechos fundamentales; 5. Orden y seguridad; 6. Seguimiento de la ley; 7. Desarrollo de la justicia civil , y 8. Justicia criminal.

Es muy interesante que en el indicador general Chile se encuentra en la posición 36, al mismo nivel que Barbados, la República Eslovaca, Polonia e Italia. Ello se debe en gran medida a que se ubica entre los 20 primeros en las dimensiones referidas al gobierno (1, 2 y 3). En derechos fundamentales y seguimiento de la ley estaría entre los 30 más aventajados. Sin embargo, en justicia civil (o entre privados) y justicia criminal, afectando esto segundo directamente al tema de la persecución penal de las escuchas ilegales y similares, el país cae a las posiciones 47 y 48, respectivamente. Ello es particularmente grave si estas mediciones las enmarcamos en un contexto donde se sostiene que el orden y la seguridad no están asegurados o lo están de manera muy deficiente, encontrándose Chile en esta última dimensión en el puesto 97 de los 142 países incluidos. Si bien a ello se suma que se habría perdido alguna posición en la última medición de 2024, la evolución negativa en todo el período, desde el 2015, es suave. Dicha tendencia se agudiza en los datos longitudinales ofrecidos por The Global Economy.com, donde se observa un profundo deterioro del imperio de la ley a partir del año 2022, llegando el 2023 a niveles mínimos.

En coherencia con ello, difícilmente puede sorprender que la última encuesta CEP, cuyo terreno se realizó entre marzo y abril de 2025, muestre a los fiscales y los tribunales de justicia entre las instituciones en las que menos confía la ciudadanía. Frente a ello, las policías, tanto la PDI como Carabineros, están entre las más valoradas en cuanto a confianza, grupo al que se puede incluir a las Fuerzas Armadas. No en vano, estas tres instituciones están entre las cuatro que reciben mayores apoyos, siendo la cuarta las universidades. De acuerdo a esta misma encuesta y los datos de la encuesta ICSO-UDP, esta última realizada entre el 5 y el 9 de mayo recientes, se podría entender que la otra cara de la moneda es que los chilenos tienen entre los principales temas de preocupación: la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción y la inmigración, todos ellos susceptibles de respuestas punitivistas y relativas a la seguridad.

Esta realidad de la percepción ciudadana deja a la democracia chilena ante una evaluación bastante menos benevolente que la propia de los expertos que protagonizan mediciones como la del indicador de democracia del Economist Intelligence Unit, la que en el 2024 situó a Chile en la posición 29 en el mundo, bien ranqueado y con pocos cambios generales a lo largo del tiempo desde que se dio inicio el seguimiento en 2006. También según la encuesta CEP mencionada, la mayoría de las personas piensa que la actual situación política es mala o muy mala, y más de un 80% afirma que el país está estancado o en decadencia. Además, en torno a un tercio de los encuestados opina que a personas como ellos les da igual si el régimen es autoritario o democrático (34%) y un 18% declara que un régimen autoritario puede ser preferible bajo ciertas circunstancias, es decir, un total de un 52% pone a la democracia entre paréntesis.

Es precisamente en las circunstancias de una baja valoración de la justicia, cuando el temor, la frustración y la rabia se han consolidado como emociones respecto de la marcha del país, y temas como la delincuencia y el narcotráfico son preocupaciones principales de los ciudadanos. Es en este momento en que las garantías de derechos dentro de la persecución criminal aparecen como un obstáculo soslayable frente a la necesidad de gobernantes y cuerpos de policía y seguridad del Estado de alcanzar resultados rápidos e idealmente mediáticos.

En Chile, en los últimos años los problemas de orden público lastran la valoración ciudadana de la democracia y el estado de opinión, clave en las disputas por el poder, empuja o tienta a los actores políticos y aquellos en puestos de dirección institucionales a doblar la mano de la legalidad y/o centrar sus esfuerzos en formas de mano dura contra la inseguridad en los barrios y el contagio del delito dentro del aparato público. Los candidatos para las elecciones presidenciales del próximo noviembre así lo manifiestan. En las dos encuestas mencionadas Evelyn Matthei y José Antonio Kast, en ese orden, llevan una considerable ventaja. Ello no dice nada en sí mismo sobre el principio de legalidad de la actuación del Estado, pero advierte sobre la posibilidad de verse pronto atrapado entre las presiones ciudadanas y las orientaciones políticas emanadas desde la cúspide de un eventual futuro gobierno.