«Permisología» y trabas que empobrecen: algunas propuestas

Los investigadores autores de esta columna escrita para CIPER repasan los costos que según ellos tiene la burocracia estatal que enfrentan los proyectos de inversión para su ejecución. Sostienen que «reformar la regulación en Chile no debería ser solo una cruzada tecnocrática o una cruzada ‘de la derecha’, sino que debería ser un imperativo moral para todos aquellos que desean que los chilenos tengan vidas más prosperas y con más oportunidades. Pasar la motosierra a la ‘permisología’ y la burocracia es hoy una exigencia ética y política».

Imagen de portada: Sebastián Brogca / Agencia Uno

Durante décadas, Chile fue reconocido por su capacidad institucional para impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, desde el 2014 Chile ha entrado en una fase de bajo dinamismo, con un crecimiento promedio del PIB de apenas un 2% anual. Este repentino proceso de desaceleración es ya conocido entre los economistas como la “década perdida” chilena (Toni, et al., 2025). Todo parece indicar que esta ralentización no es coyuntural o dependiente del ciclo externo, sino que es más bien estructural y endógena a las malas decisiones que Chile ha tomado. Una de sus causas persistentes —pero a menudo ignorada— es la «permisología».

El término «permisología» alude a la compleja y engorrosa red de trámites y autorizaciones que enfrentan los proyectos de inversión, término conocido en inglés como “red tape”. Cabe señalar que la «permisología» surge cuando la regulación económica y la burocracia terminan creciendo de forma enmarañada y bastante excedida, generando procesos kafkianos para poder ejecutar inversiones. Si bien en estricto sentido la regulación y la burocracia se crean con la intención de regular mejor y resguardar un uso prudente de los recursos naturales y su extracción —con la misión de mitigar las posibles externalidades que esto genera—, la regulación y la burocracia estatal son instrumentos y como tal estos pueden ser usados de forma eficiente o se pueden sobreutilizar en exceso generando más costos que beneficios sociales (Stigler, 1971). La «permisología» es un caso de esto último.

Un reciente estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP) cuantifica por primera vez su costo macroeconómico: el estudio estima que la «permisología» representa una pérdida del 7,3% del PIB, equivalente a más de 22 mil millones de dólares por subinversión y mala asignación de capital. Detrás de ese número hay consecuencias concretas: menos inversión significa menos empleo, menos avances en productividad que se traducen en salarios más bajos, menor recaudación fiscal y menos recursos para bienes públicos. Según el CEP, si se eliminaran las trabas que las propias empresas identifican como problemáticas, el crecimiento podría aumentar hasta 0,7% anual durante una década. Esto significaría miles de millones adicionales en actividad económica, inversión en infraestructura, educación y salud.

En otras palabras, la «permisología» no es solo un problema de eficiencia: es una fuente silenciosa de desigualdad y de rezago social. La compleja e ineficiente «permisología» es hoy un embrollo regulatorio y burocrático que pone serias trabas a nuestro progreso. Además, su impacto no es homogéneo. Sectores estratégicos como construcción, energía y minería —claves para una transición sostenible— son los más afectados. En ellos, más del 40% de las empresas considera que la burocracia es una barrera relevante para crecer. El caso es crítico en industrias emergentes como el hidrógeno verde o el litio, donde las oportunidades globales pueden perderse por simples cuellos de botella internos. Mientras tanto, países como Perú, que enfrentaban restricciones similares, han iniciado reformas regulatorias que comienzan a traducirse en una mayor competitividad frente a Chile, que aún no logra modernizar su entramado permisológico. Como estaremos si hasta la Celulosa Arauco ha decidido hacer la mayor planta de celulosa de su historia en Brasil, ya que según dicha empresa Brasil ofrece más certezas jurídicas que Chile.

Esta «permisología» configura una trampa institucional: el sistema regulatorio actual no solo genera ineficiencia, sino que protege a incumbentes y castiga a los innovadores. Las grandes empresas y el gran capital, que conocen los vericuetos del sistema y tienen contactos en las municipalidades, tienen ventajas frente a nuevos entrantes y pueden darse el lujo de tener un vasto grupo de abogados y de lobistas que los ayuden a sacar sus proyectos adelante. Lamentablemente las startups o las PYMES no pueden darse esos lujos y por ende quedan empantanadas en las complejidades regulatorias que las agobian. Esto refuerza la concentración de las oportunidades económicas, desalienta la competencia y limita la diversificación productiva. La «permisología», en definitiva, es un mecanismo de preservación del status quo y que nos mantiene en la desigualdad. ¿Cómo pretendemos alcanzar el desarrollo y mejorar la vida de las personas si existen reglas en el juego que terminan funcionando como si estuvieran diseñadas para ahogar la inversión, desalentar la innovación y bloquear la renovación del tejido productivo? Dicho sin pelos en la lengua, sino eliminamos la permisología, Chile jamás podrá alcanzar el desarrollo.

Hasta ahora, la respuesta de los gobiernos de turno ha sido tímida. Aunque existen esfuerzos como la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) y el Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), ambos han carecido de una visión sistémica. El LMAS busca reducir en un tercio los tiempos de tramitación, pero excluye los procesos ambientales que hasta ahora han sido claves en retrasar y empantanar muchos proyectos. Chile necesita una reforma regulatoria estructural que modernice los procedimientos, reduzca la discrecionalidad, digitalice los trámites y aplique mecanismos como el silencio administrativo positivo. Una buena regulación no significa menos control, sino que simplicidad, más previsibilidad, más agilidad y transparencia en los trámites y rendición de cuentas para que la inversión fluya hacia donde genera más valor antes de que se nos pasen todas las micros. Por lo demás, una buena parte de los atrasos en las inversiones no tienen que ver con el Poder Ejecutivo, sino que más bien con el Poder Judicial: aproximadamente 2/3 de los tiempos de atrasos en las inversiones provienen del Poder Judicial.

Hasta ahora, se han propuesto un par de ideas que sin duda podrían ayudar a combatir la «permisología» y nos pueden servir a ‘pasar la motosierra’ para cortar el entramado regulatorio. Cabe mencionar cuatro ideas que son complementarias entre sí: i) impulsar una revisión regulatoria integral bajo el principio de “base cero”, estableciendo un plazo acotado para evaluar todas las regulaciones vigentes y eliminar aquellas que no cumplan con estándares de necesidad, proporcionalidad y efectividad, salvo que sean explícitamente ratificadas mediante criterios técnicos, ii) rediseñar el empleo público en los ministerios y en las municipalidades de manera de que estos cargos dependan de la alta administración pública y no de los políticos de turno, iii) evaluar la posible eliminación y/o fusión de ministerios públicos con la idea de establecer un ministerio de la desregulación (como en Argentina) que vele por proteger que la permisología no vuelva a crecer y iv) transitar hacia un gobierno 100% digital con trámites simples como lo hace Estonia. Estonia es hoy el líder mundial en gobernanza digital, y el 100% de todos sus trámites púbicos se pueden realizar online (ver aquí). Es de esperar que estas cuatro propuestas se incorporen dentro del próximo debate presidencial.

Finalmente, necesitamos entender la urgencia de vincular el debate técnico con sus consecuencias humanas. El crecimiento económico no es una estadística abstracta: cada décima adicional de crecimiento del PIB implica más inversión en escuelas, mejores servicios de salud, más oportunidades laborales y más recursos para enfrentar desafíos como el cambio climático o el envejecimiento poblacional. El costo de la «permisología» no solo se mide en PIB, sino en vidas de millones de chilenos que podrían haber mejorado y no lo hicieron, sino que se estancaron por décadas en la mediocridad. Reformar la regulación en Chile no debería ser solo una cruzada tecnocrática o una cruzada “de la derecha”, sino que debería ser un imperativo moral para todos aquellos que desean que los chilenos tengan vidas más prosperas y con más oportunidades. Pasar la motosierra a la permisología y la burocracia es hoy una exigencia ética y política. Necesitamos que el Estado deje de actuar como un obstáculo y se convierta en un verdadero habilitador del desarrollo. Porque detrás de cada inversión que no se concreta y que se pospone por algún permiso municipal, hay bienestar que no llega a los chilenos; y, todo esto, en un país hambriento por un relato y que dice aspirar al desarrollo, es inaceptable.