Los testimonios que revelan cómo operaba la “bicicleta” con fondos públicos que se montó en Procultura

El equipo del fiscal Patricio Cooper cuenta con múltiples declaraciones de trabajadores de Procultura que muestran cómo se usó el dinero público en fines distintos a los convenidos con los organismos estatales. Con esos fondos, la ONG financiaba iniciativas propias que no contaban con recursos suficientes, pero que el líder de la organización, Alberto Larraín, consideraba emblemáticas. El crecimiento “exponencial” de la fundación a partir de 2021 llevó a un aumento de su planta por sobre las 150 personas, disparando los gastos operacionales, lo que obligó a usar los dineros de los convenios para costear sueldos, viajes, arriendos y otros ítems. La administradora de Procultura reconoció ante la PDI que detectó gastos de origen desconocido, los que se anotaban en una cuenta denominada «gastos de administración o Procultura». Cuando en 2023 estalló el caso convenios, la “bicicleta” no pudo seguir funcionando porque los organismos públicos y privados dejaron de inyectar recursos.

“Los fondos recibidos en virtud de los convenios eran utilizados en los proyectos que estaban en ejecución al momento de la transferencia, en la medida que esos fondos eran requeridos, no siendo utilizados necesariamente en el proyecto que había generado la transferencia”, declaró la jefa de administración y finanzas de Procultura, María José Maturana, ante la Policía de Investigaciones (PDI). Esta es una de las declaraciones de extrabajadores de la fundación que están en poder del equipo de fiscales que dirige Patricio Cooper que indican que los directivos de esa ONG montaron una “bicicleta” financiera, ocupando los recursos públicos en fines distintos a los convenidos con las entidades que facilitaron esos fondos. 

El testimonio de la administradora de empresas es clave dentro de las pruebas que tiene el Ministerio Público en la investigación de irregularidades financieras de Procultura. Aunque el fiscal Cooper también busca demostrar que en este caso pudo haber financiamiento político con fondos públicos y apropiación de dineros fiscales, las declaraciones que ya tiene en la mano de extrabajadores de Procultura auguran que al menos podría establecer la existencia de ilícitos relacionados con el uso de dinero fiscal para costear gastos no relacionados con los convenios que la fundación suscribió con organismos estatales.  

En su declaración policial, Maturana reconoció que recursos públicos -y también privados- que recibía la fundación dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín y la fotógrafa Ilonka Csillag no eran utilizados exclusivamente en los requerimientos de los proyectos, pues también financiaban los gastos inmediatos de la ONG, incluyendo remuneraciones, traslados y arriendos, entre otros ítems. La estructura de financiamiento de Procultura era una verdadera “bicicleta” en la que los gastos operacionales -que incluían una planta que llegó a tener entre 150 y 200 trabajadores- eran solventados con los recursos disponibles en el momento, aunque parte de estos provenían de convenios con entidades públicas que debían ser ejecutados en el futuro. Además, con esos recursos fiscales se costeaban iniciativas propias de la fundación, impulsadas principalmente por su director ejecutivo, Alberto Larraín, como un programa de salud mental en Rapa Nui y otros proyectos en Lota y Limache.

Según exfuncionarios y exdirectivos de la fundación consultados por CIPER, todo esto generó un débil equilibrio financiero que se quebró cuando estalló el Caso Convenios a mediados de 2023. En medio de la controversia provocada por las denuncias iniciales contra la Fundación Democracia Viva, Procultura siguió operando con normalidad, pagando sueldos, arriendos y otros gastos, sin atender a las luces rojas que se habían encendido: los proyectos nuevos que se habían adjudicado fueron anulados y los distintos organismos públicos con los que ya tenía iniciativas en ejecución exigieron el reembolso de los fondos. Esto, terminó de conformar una deuda de la fundación con el Estado que supera los $2 mil millones, en circunstancias que sus cuentas bancarias estaban en cero, después de haber recibido casi $6 mil millones de fondos fiscales. Dónde quedó esa plata es lo que investiga el fiscal Patricio Cooper.   

Según las declaraciones prestadas por Alberto Larraín y Constanza Gómez, representante legal de la fundación, los altos costos del funcionamiento de la ONG y los proyectos propios, eran financiados con las “utilidades” que dejaban los convenios públicos y privados a la organización, a lo que se sumaban donaciones privadas, más los intereses de depósitos a plazo o inversión en fondos mutuos, instrumentos en los que eran invertidos los recursos que provenían de proyectos públicos y privados. Está abierta la duda acerca de si se podían invertir los fondos de origen fiscal en fondos mutuos o depósitos a plazo, pues en general los dineros provenientes de convenios solo se pueden usar en los fines establecidos en esas iniciativas. 

Los registros de la PDI revelan que el mismo Larraín habría acuñado el término “bicicleta” en un chat con amigos, llamado “Vacaciones”. El 30 de mayo de 2023, Pablo Durán -encargado territorial del área de Vivienda y Ciudad Identitaria de Procultura- escribió: “Es que tienen mucha plata”. Unos mensajes después Alberto Larraín respondió: “A pura bicicleta”. 

Consultado por la policía, Francisco Fuentes -encargado de una iniciativa de Procultura llamada Circuito Lota-, quien también estaba en el grupo del chat, aseguró que el psiquiatra “utilizaba dineros disponibles de la fundación para gastos presentes, siendo los dineros disponibles de múltiples orígenes, tales como los proyectos de salud mental (“Quédate”) financiado por el GORE Metropolitano, Turismo Creativos financiado por GORE Biobío, Antofagasta GORE y SEREMI, por nombrar algunos”.

Además, Francisco Fuentes, quien también era parte de un grupo de directores regionales de la fundación -al que Larraín llamaba el G10-, dijo a la policía que en una reunión de ese puñado de colaboradores el psiquiatra expuso una lámina con las regiones en las que tenía presencia Procultura: “Los asistentes a las reuniones entendíamos que las regiones que estaban en azul cubrían financieramente las regiones que estaban en rojo”.

Un aspecto en el que queda en evidencia la “bicicleta” de Procultura es en la fórmula utilizada para pagar los sueldos, según la administradora de la fundación la planta de salarios era fija, pero su financiamiento variaba. Los sueldos se podían pagar con fondos de las iniciativas propias de la fundación o con una parte de los recursos de los programas en los que trabajaba cada miembro de la estructura. Las fuentes del financiamiento de las remuneraciones podían cambiar mes a mes y esos enroques los determinaba Alberto Larraín, quien se apoyaba en una planilla Excel en la que llevaba la contabilidad relacionada con la planta estable de Procultura. Según funcionarios que tuvieron acceso a este documento, en algunos casos se iban generando “lagunas” o “espacios” que debían ser financiados con ingresos a futuro.

Créditos: Pablo Ovalle Isasmendi / Agencia Uno)

GASTOS SOSPECHOSOS

En los informes confeccionados por el equipo del fiscal Cooper que figuran en la carpeta de la investigación se identifican transacciones y gastos calificados como “sospechosos”, principalmente varias transferencias hacia personas naturales, como las recibidas por Alberto Larraín, que ascienden a $77 millones. Además, según los análisis contables incluidos en la carpeta, Larraín emitió un total de 44 boletas a la Fundación Procultura por un monto de $184.679.437 entre 2021 y 2023. 

Entre los registros revisados por la fiscalía se encontraron pagos de honorarios a Larraín por servicios particulares como charlas de salud mental, las que dictaba el psiquiatra principalmente a empresas e instituciones gubernamentales. Esas actividades podían alcanzar los $2 millones en honorarios para el médico. Además, Larraín recibió dos bonos por desempeño de $20 millones anuales cada uno, pagados en 2022 y 2023. El pago de esos bonos fue “conversado y acordado para poder evitar migrar al mundo privado, ya que mis ingresos por parte de la fundación, eran muy por debajo del valor de mercado de un médico psiquiatra”, explicó Larraín a la fiscalía.

En el contexto de gastos bajo sospecha, cobra relevancia la modificación a su declaración inicial que hizo la administradora María Jesús Maturana: “Siempre estuvieron cuadrados los montos rendidos en la plataforma Rindegastos con los montos registrados en las cartolas bancarias, lo que no era así”. Ella dijo que, cuando advertía estas inconsistencias en las cuentas, acudía a los jefes de proyecto o a Constanza Gómez para rastrear el gasto e ingresarlo al sistema de contabilidad, pero aseguró que había gastos con origen desconocido, información que exponía a Larraín y Gómez, los que le habrían contestado que los asignara a la cuenta «gastos de administración o Procultura«.

“Esta cuenta con los años fue subiendo, es decir, se gastaba más plata con cargo a los fondos de la fundación. Estos montos debían provenir de programas o proyectos que se había adjudicado la fundación, ya sea públicos o a través de ley de donaciones, ya que la fundación no tenía ingresos fijos por otra vía”, agregó Maturana.

Las razones de la quiebra de Procultura en noviembre de 2023 son diversas, según los testimonios de trabajadores y directivos de la fundación, recogidos en la carpeta investigativa. En esas declaraciones se advierte que el principal factor del colapso residió en el explosivo crecimiento de la fundación a partir del estallido social de 2019 y la pandemia. A juicio de la exjefa de administración de Procultura, este incremento generó un “desorden” en la organización, la que recién en 2022 contrató un software para su sistema contable. En 2023, como lo reveló La Segunda, el buffet Aninat Consulting realizó una auditoría interna que trajo consigo diversos cambios en la estructura de la ONG, pero, lo más significativo de esa revisión es que advirtió que la organización ya no contaba con saldos en sus cuentas. 

Entre el estallido social y la pandemia, Procultura cambió su estructura de financiamiento, la que se basaba inicialmente en la obtención de recursos a través de fondos culturales y aportes de privados canalizados mediante la Ley de Donaciones Culturales. En el nuevo modelo, se buscaron convenios con organismos públicos que requieren trabajo en territorios, como el Ministerio de Vivienda y posteriormente los Gobiernos Regionales (Gore). 

“Cuando me reincorporé el 2019, lo primero que me llamó la atención es que nuestra fundación había crecido mucho, es decir pasamos de tener 15 trabajadores a tener durante el año 2023 un total de 200. Como asimismo el volumen de proyectos, es decir antes gestionábamos 30 proyectos y el año 2023 llegamos a gestionar 180. Eso me dio a entender el crecimiento exponencial de la fundación”, declaró la fundadora de Procultura, Ilonka Csillag.  

Este crecimiento exponencial queda en evidencia al revisar los movimientos en las tres cuentas corrientes, todas del Banco Santander, de la fundación. Una de ellas era para todos los gastos de la organización. Otra se usaba para los fondos del proyecto Creativo financiado por el Gore Biobío. Y la tercera, en dólares, era destinada a un proyecto de la Universidad de Pensilvania. Según la información contable de la fundación, revisada por la PDI, en el período 2013 a 2023 registró abonos por un total de $6 mil 804 millones. De este monto, $5 mil 866 millones provenían de los convenios investigados, que datan de 2021 a 2023.

Los imputados y testigos coinciden en que el aumento de los convenios y de la proyección de crecimiento de la fundación fueron el resultado de las habilidades de Alberto Larraín para identificar los problemas sociales en las comunidades y crear proyectos que sonaban exitosos para resolverlos. “Su capacidad de trabajo era impresionante, ya sea haciendo proyectos, armando equipos de trabajo. Alberto tenía una capacidad de gestión infinita, por decirlo de alguna forma”, dijo Ilionka Csillag.

Fiscal Patricio Cooper

PROYECTOS CON PÉRDIDAS

Varios miembros de Procultura que conversaron con CIPER, estiman que la “bicicleta” financiera se generó, principalmente, por la necesidad de costear la gran cantidad de gastos en iniciativas propias con las que cargaba la ONG. Entre ellas estaban los proyectos en Rapa Nui, las pérdidas en las que incurrió el Circuito de Lota -una iniciativa de turismo que administraba Procultura- y dos proyectos en la localidad de Limache que eran estratégicos para el psiquiatra Alberto Larraín.

En Isla de Pascua se desarrollaron tres proyectos distintos desde el año 2020. Ese trabajo se inició con el programa “He Mahia Ki te Nga Poki” financiado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama). Le siguió el proyecto “Cultural Ma’ara Nui”, financiado por una fundación de la isla. Y, finalmente, una iniciativa de bienestar integral y archivo fotográfico, que eran costeadas con recursos propios de Procultura. A esto también se sumaba las remuneraciones de las personas que trabajaban para la organización en la isla y los viajes de Larraín para supervisar esos proyectos, acompañado por su equipo y en ocasiones por sus hijos y su pareja. En un principio, esos traslados fueron financiados con recursos propios de la fundación y posteriormente -al cierre de la ONG- devueltos por Larraín.

“En términos generales, los trabajos que realizó Procultura en Rapa Nui, esto nos significó un aporte de $65.000.000 aproximadamente y destinamos la utilidad de [un proyecto de salud mental en] Las Condes de unos $20.000.000 para Rapa Nui, según decisión del comité de Procultura”, explicó Larraín en su declaración.

La decisión de desarrollar los proyectos en la isla “fue una decisión acordada en comité”, sostuvo el fundador de Procultura ante la PDI. Pero, otros integrantes de ese proyecto explicaron a CIPER que esas iniciativas se relacionaban con los estudios de postgrado que estaba cursando Larraín y que respondían más bien a un interés personal del psiquiatra, ya que la iniciativa le significaba altos costos a la fundación.

Otro proyecto que habría influido en el débil equilibrio económico de Procultura fue la administración del Circuito de Lota, que era financiado con fondos de Corfo. Durante la pandemia, la Fundación Baldomero Lillo, que originalmente tenía a su cargo el funcionamiento de este circuito, cuyas principales atracciones son el Parque Isidora Cousiño y el pique minero Chiflón del Diablo, abandonó la iniciativa. Por esa razón, la Corfo entregó, vía trato directo, la administración temporal a Procultura. Luego, le fue adjudicada vía licitación pública. Esto le significaba un ingreso de unos $30 millones mensuales a la fundación, lo que al poco tiempo fue insuficiente para mantener el circuito, que además era administrado por una empresa ligada a Procultura que recogía las ganancias de las entradas. 

“Para poder solventar los gastos de la contratación de personal en el circuito de Lota, utilizábamos dos mecanismos, uno la obtención de recursos a través de privados, y dos la postulación a fondos públicos, en proyectos de la región o nacionales. De esta forma generábamos ingresos extras que nos permitía contratar a trabajadores para el circuito de Lota. Todo este trabajo, como ya lo he declarado, era desarrollado por Francisco Fuentes”, detalló Larraín en su declaración. 

Por último, están los proyectos en la localidad de Limache, en la Región de Valparaíso, como los murales de Villa Queronque, que han estado en la palestra debido a que fueron utilizados como fondo en los videos de la campaña presidencial de Gabriel Boric. El objetivo era generar una instancia cultural y un primer acercamiento para conseguir la confianza de la comunidad. A esto se sumó un libro fotográfico de la comuna de Limache, siguiendo un modelo utilizado por Procultura para generar lazos en el territorio en que pensaba trabajar y luego buscar fondos para proyectos con mayor impacto social. 

La elección de Limache por parte de Larraín causó ruido en la fundación, debido a que en esa localidad desarrolla su trabajo político su pareja, Sebastián Balbontín, quien ha sido candidato a alcalde en esa comuna y actualmente es miembro del Consejo Regional. Por esta razón, el fiscal Cooper rastrea las transferencias hechas por Larraín a Balbontín, que suman cerca de $53 millones entre 2021 y 2023, bajo la sospecha de un eventual financiamiento ilegal de campaña con fondos públicos administrados por Procultura. Larraín ha dicho que estas transacciones son propias de una relación de pareja, que los recursos involucrados son personales y no de la fundación. 

Todas estas iniciativas fueron creando un hoyo financiero. A los proyectos deficitarios Larraín les llamaba “proyectos en negativo”. La administradora Maturana aseguró en su declaración que Larraín instruyó establecer “el monto del déficit financiero o como él decía el «HOYO FINANCIERO», ya que en algunos proyectos se había incurrido en mayores gastos que lo ingresado. Esto debido a que Alberto decía que las cosas tenían que hacerse bien y si se tenía que gastar más plata se gastaba simplemente, y después se veía de donde se sacaba”.

QUIEBRA Y CIERRE FORZOSO

Durante el mes de octubre de 2023, los organismos públicos comenzaron a informar a Procultura que no harían entrega de los fondos asignados a proyectos nuevos, aunque hubieran sido adjudicados. Otras entidades estatales anularon los convenios que tenían vigentes de forma unilateral y pidieron el retorno de todos los recursos, incluso aquellos que ya habían sido gastados según el calendario de cada proyecto. Esto significó un golpe final para la fundación, que llevaba tres meses funcionando sin ingresos nuevos, lo que devino en la quiebra el 17 de noviembre de 2023. Según la representante legal de la fundación, Constanza Gómez, los recursos que aún quedaban en la cuenta corriente de Procultura fueron utilizados para costear el funcionamiento de esos tres meses, incluyendo la planilla de sueldos.   

La fundación no contaba con fondos para financiar un proceso de cierre y los finiquitos correspondientes, por lo que “todos los recursos que no fueron gastados en los mismos proyectos públicos, se utilizaron en el proceso de despido”, según declaró el último presidente del directorio de Procultura, Allan Mix Vidal.

En ese proceso de cierre, la fiscalía identificó algunos movimientos que llamaron su atención, como una transferencia de $61 millones a un chofer de la fundación. Según la administradora Maturana este cargo a la cuenta de Procultura no figura entre los documentos de conciliación del trabajador, los que fueron elaborados por uno de los funcionarios de mayor confianza de Alberto Larraín, Johnny San Martín, quien falleció en octubre de 2024.

Una conversación de Alberto Larraín Lohmayer, padre del fundador de Procultura, que fue grabada el 10 de octubre de 2024 a las 21:37 horas por la PDI, da cuenta de las últimas semanas de la fundación. En ese registro de audio, Larraín Lohmayer reconoce que la organización ocupó recursos fiscales en fines distintos a los autorizados en los convenios con organismos públicos:

“Acá, claro, hay una hueá de malversación de recursos públicos, pero es producto de una quiebra que incluso fue provocada por el Estado, o sea porque le cerraron todas las hueás, entonces tú le quitai todos los recursos de un minuto pa’otro, claro, y siguen pagando sueldos los compadres y eso significa que se gastan la plata de proyectos, de otros proyectos, entendís, en Procultura trabajaban más de doscientas personas, hueón, eso es una brutalidad de plata”.