En su solicitud para “pinchar” el teléfono del Presidente, la fiscalía aseguró que tenía una “confesión” de que los fondos de convenios con organismos públicos fueron desviados por Procultura a la campaña de Gabriel Boric. Esa revelación ha provocado airadas reacciones de la oposición. La fiscalía fundamentó su acusación en una escucha telefónica en que una persona, identificada solo como “Lucía”, aseguró que Procultura le debía dinero y que el director ejecutivo de la fundación, Alberto Larraín, le dijo que esos fondos los puso en la campaña de Boric. CIPER identificó a “Lucía” y rastreó el origen de los dineros que aún le debe Procultura. La revisión hecha por este medio confirmó que esos recursos no provenían de convenios con entidades públicas, como sostiene la fiscalía, sino de aportes de Enel, Anglo American y Minera Candelaria. En la carpeta de investigación hasta ahora no hay rastro de que el dinero no pagado a “Lucía” haya llegado a la candidatura presidencial.
“Tenemos una confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó Procultura derivaron en otros fines, específicamente en financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente de la República”.
Esta frase, contenida en la segunda solicitud que hizo el fiscal Patricio Cooper a la justicia para “pinchar” el teléfono del Presidente Gabriel Boric, fue publicada por la prensa el pasado viernes 9 de mayo y provocó fuertes reacciones de la oposición, sector que en los últimos cinco días ha exigido desde la creación de una comisión investigadora hasta adelantar el retorno del mandatario de su gira por Japón y China, pasando por pedir protección especial para los fiscales. Pero, CIPER confirmó que el antecedente expuesto por el Ministerio Público se basa en un error: el dinero que la fiscalía sospecha que fue a la campaña de Boric no proviene de convenios entre entidades públicas y Procultura, sino de donaciones que recibió esa fundación de las empresas Anglo American, Minera Candelaria y Enel. En la carpeta de la investigación que lleva la fiscalía hasta ahora tampoco hay rastros de que esos fondos de origen privado hayan llegado a la candidatura presidencial.
En la misma petición formulada al Juzgado de Garantía de Antofagasta para interceptar el celular del mandatario -la que fue rechazada por el tribunal-, se expone el fundamento que llevó al fiscal Cooper a suponer que fondos de Procultura habrían terminado en la campaña de Boric. Se trata de una escucha telefónica en la que una persona, identificada por los fiscales como “Lucía”, asegura que Procultura le debe dinero y que el director ejecutivo de la fundación, Alberto Larraín, le dijo que gastó esa “plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca” (vea aquí el requerimiento de la fiscalía al tribunal de Antofagasta).
CIPER constató que “Lucía” es Lucía Bustamante, propietaria de la Productora Gráfica Andros, empresa a la que Procultura le debe $41,9 millones por trabajos de impresión. Esa es la deuda que “Lucía” mencionó en la conversación, interceptada por la PDI, en la que dialoga con la fundadora de Procultura, Ilonka Csillag, y con la representante legal de esa fundación, Constanza Gómez. La deuda originó una acción de la imprenta Andros contra Procultura en la justicia civil. En esa causa figuran las cinco facturas de los trabajos impagos, en las que se detallan los productos que la fundación encargó a la sociedad de “Lucía”.
CIPER rastreó los antecedentes expuestos en las facturas y en la demanda civil, y confirmó que estos trabajos se financiaron con recursos de cuatro proyectos culturales desarrollados por Procultura en las localidades de Llay Llay, Rinconada, Tierra Amarilla y Los Molles. CIPER corroboró que estos proyectos fueron financiados a través de donaciones privadas entregadas a Procultura por las empresas Enel, Anglo American y Minera Candelaria.
De acuerdo con las fechas que figuran en las facturas, los cinco documentos impagos fueron extendidos entre agosto y octubre de 2023, dos años después de la campaña presidencial de 2021 en la que participó Gabriel Boric.
LA DEUDA DE PROCULTURA
El diálogo entre Ilonka Csillag, Constanza Gómez y Lucía Bustamante, en el que se basó el fiscal Cooper para sostener que dinero público habría terminado en la campaña de Boric, tuvo lugar el 14 de octubre de 2024. CIPER comprobó que Lucía Bustamante, a través de su imprenta Andros, ha trabajado desde 2012 para entidades estatales, de acuerdo con los archivos de la plataforma Mercado Público.
También, la revisión realizada por este medio confirmó que Lucía Bustamante ha prestado servicios para campañas políticas. De hecho, los registros del Servel, consultados por CIPER, indican que su negocio facturó casi $25 millones a la candidatura presidencial de Gabriel Boric por la impresión de 1,5 millón de volantes. Esto indica que se trata de una persona que está familiarizada con campañas, un antecedente que podría haber dado sustento a las sospechas del fiscal, pero que Cooper no incluyó en su solicitud al tribunal de Antofagasta (vea el reportaje “Procultura: empresa de la mujer que asegura que se desvió dinero a campaña de Boric trabajó para la candidatura del Presidente”)
En 2023, en medio de la quiebra y cierre de la fundación tras el destape del Caso Convenios, la organización liderada por Alberto Larraín quedó con una deuda con Andros por el no pago de las cinco facturas, por un total de $41,9 millones. En detalle, los servicios impagos corresponden a la impresión de libros y materiales para los proyectos acerca de la central hidroeléctrica de Los Molles; un libro fotográfico sobre Llay Llay; un proyecto ligado a la educación en Tierra Amarilla y un libro de fotografías patrimoniales de Rinconada. Estos proyectos recibieron financiamiento de las empresas Enel, Minera Candelaria y Anglo American. Según detallan las facturas, los fondos fueron traspasados a través de la Ley de Donaciones Culturales, lo que fue confirmado a CIPER por personas que conocieron o trabajaron en estos proyectos.
En el contexto de la crisis desatada en Procultura por el surgimiento del Caso Convenios, Lucía Bustamante llegó hasta la sede de la fundación, ubicada en Carmencita 245, Las Condes, para reclamar el pago de la deuda. Hasta ese lugar se trasladó Alberto Larraín, con el fin de contener a la empresaria. En las declaraciones contenidas en la carpeta investigativa, al menos dos miembros de Procultura aseguraron que conocían los términos en que se desarrolló ese encuentro y coincidieron en que fue una reunión tensa, de ánimos alterados y que no llegó a buenos términos: “Ya que Alberto [Larraín] le comunicó a la dueña de la empresa que no podrían pagar lo adeudado”, declaró Francisco Fuentes, jefe del Circuito de Lota, un proyecto financiado por Corfo que administraba Procultura.
El conflicto entre Andros y Procultura llegó hasta la justicia, con una demanda presentada en 2023 por la empresa de Lucía Bustamante contra la fundación. Este antecedente llevó a que la fiscalía rastreara los servicios prestados por Andros. Así, en marzo de 2025 -después de las solicitudes para interceptar el teléfono del Presidente Boric-, la policía comenzó a preguntar por esta empresa en los interrogatorios. Según un informe de la PDI del 31 de marzo de 2025, uno de los mandos medios de la fundación explicó que, en su experiencia, los servicios prestados por Andros corresponden a proyectos trabajados con empresas privadas que entregaban financiamiento a través de la Ley de Donaciones Culturales.
LOS LIBROS IMPRESOS POR ANDROS
Las glosas de las cinco facturas que Andros incorporó en su denuncia contra ProCultura, evidencian que a la imprenta se le adeudan trabajos de cuatro proyectos distintos.
La primera factura, de agosto de 2023, fue por la impresión de un libro sobre la central hidroeléctrica de Los Molles (Valparaíso). CIPER encontró esa obra en el catálogo de la Biblioteca Nacional. Su título es “El legado de la luz” y tiene 165 páginas. El proyecto fue financiado por Enel, cuyo logo figura en la contraportada, y no recibió fondos públicos.
Portada libro «El legado de la luz» (Fuente: CIPER)
Contraportada libro «El legado de la luz» (Fuente: CIPER)
La segunda factura y también la quinta, que suman $13,2 millones, y que fueron emitidas en agosto y octubre de 2023, respectivamente, están vinculadas al proyecto en Tierra Amarilla (Atacama). El detalle de los documentos tributarios señala que Andros participó imprimiendo libros. Fuentes que participaron en esta iniciativa indicaron a CIPER que se trató de libros para colorear y otro tipo de material que se repartió en escuelas de la zona, lo que se financió con aportes de la Minera Calendaria.
Factura incluida en la demanda civil de la imprenta Andros contra Procultura (Fuente: Poder Judicial)
La tercera factura, emitida el 6 de septiembre de 2023 por $8,5 millones, fue por la impresión de un libro fotográfico de Llay Llay (Valparaíso). CIPER también encontró este material en la Biblioteca Nacional: se titula “Puesta en valor de la identidad y patrimonio como eje de desarrollo sostenible”, y tiene 271 páginas. En su primera página incluye los logos de ProCultura, Anglo American –empresa que corrió con los gastos del proyecto–, el Ministerio de las Culturas –porque fue financiado bajo la ley de donaciones que regula dicha cartera—y la Municipalidad de Llay Llay. CIPER se contactó con la municipalidad para saber si aportó fondos para este libro. En una respuesta por escrito, el municipio indicó que no financió esa iniciativa:
“Nuestro Municipio no tiene ni ha tenido en el pasado ningún convenio, contrato o llevó a cabo la realización de traspaso de fondos públicos hacia la Fundación Procultura o alguno de sus representantes. En el año 2022, la empresa minera Anglo American y esta fundación comenzaron a realizar un trabajo de la elaboración de un archivo fotográfico de la historia de nuestra comuna y en donde nosotros solamente colaboramos facilitando dependencias para el desarrollo y difusión de los alcances de esta iniciativa (…). Asimismo, nunca autorizamos el uso de nuestro logo en el material asociado a este proyecto cultural”.
Portada libro «Llay Llay: puesta en valor de la identidad y patrimonio como eje de desarrollo sostenible» (Fuente: CIPER)
Contraportada libro «Llay Llay: puesta en valor de la identidad y patrimonio como eje de desarrollo sostenible» (Fuente: CIPER)
La cuarta factura fue por la elaboración de un libro similar al anterior, pero que rescató imágenes de Rinconada (Valparaíso). Este material, que también está disponible en la Biblioteca Nacional, tiene 247 páginas y se titula “Rinconada: Puesta en valor de la identidad y patrimonio como eje de desarrollo sostenible”. Fue financiado con aportes de Anglo American.
Portada libro «Rinconada: puesta en valor de la identidad y patrimonio como eje de desarrollo sostenible» (Fuente: CIPER)
Contraportada libro «Rinconada: puesta en valor de la identidad y patrimonio como eje de desarrollo sostenible» (Fuente: CIPER)
EL TRASPIÉ DE LA FISCALÍA EN EL TRIBUNAL: “TAMPOCO SE HAN APORTADO ANTECEDENTES FIDEDIGNOS”
Además de la escucha en la que aparece Lucía Bustamante, el fiscal Patricio Cooper planteó al Juzgado de Garantía de Antofagasta otros antecedentes que, a su juicio, ameritaban autorizar la interceptación del teléfono del Presidente Boric. En total, incluyendo el diálogo de “Lucía”, Cooper mencionó seis antecedentes al presentar una “reposición” de su solicitud -el tribunal ya había rechazado una primera petición- en noviembre del año pasado. El día 15 de ese mes, el juzgado volvió a denegar esta segunda petición.
El primer antecedente que expone Cooper en la reposición es que cuenta con una “confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó Procultura” habrían terminado en la campaña de Boric, aseveración que el fiscal funda en el diálogo telefónico en el que interviene “Lucía”. Pero, el tribunal fue taxativo para desestimarlo como un antecedente suficiente como para suspender la garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones de Gabriel Boric:
“Tampoco se han aportado antecedentes fidedignos que los fondos asignados a la fundación hubiesen sido destinados a actividades políticas y que de aquello tuviera conocimiento este tercero [Boric]”, respondió el juzgado.
En su fallida reposición, el fiscal también incluyó datos sobre la relación entre Larraín y el Presidente Boric; la conexión directa del líder de Procultura con distintas autoridades que, en función de sus cargos, firmaron convenios con la fundación; las 126 transferencias hechas por Larraín, entre 2021 y 2024, por un total de $53 millones, a la cuenta de su pareja, Sebastián Balbontín, quien fue candidato del Frente Amplio a alcalde de Limache; el aumento de los convenios firmados por Procultura con organismos del Estado entre 2022 y 2023; que la expareja del mandatario, Irina Karamanos, declaró como imputada en la causa (condición que ya no tiene y actualmente solo es testigo), y una conversación del Presidente Boric con la exesposa de Larraín en la que le solicita el contacto telefónico de la representante legal de Procultura, lo que a juicio de la fiscalía es un intento de “coordinar una defensa respecto de su ex pareja”.
En su resolución de mediados de noviembre pasado, el tribunal fue categórico para echar abajo las pretensiones de Cooper:
“El hecho que la persona respecto de quien se pide la diligencia [Gabriel Boric] sea amiga o no de quien figuraba como director ejecutivo de la fundación Procultura [Alberto Larraín], no lo hace merecedor de sospecha o reproche penal, puesto que no se ha dado cuenta de hechos concretos que permitan determinar esa circunstancia, no siendo suficiente que la ex pareja hubiese prestado declaración en calidad de imputada y se quiera apoyar en su defensa o que por el solo hecho de ocupar determinado cargo al tiempo que aumentan las asignaciones a la fundación sean derivadas directamente de la intervención de este individuo [Boric]”, dice el dictamen del juzgado.
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Auditoría a GORE del Biobío detecta que 10% de convenio con fundación creada por Bachelet fue al sueldo de la directora del programa
El Ordenamiento juridico ( código penal chileno), estipula que son una resolución
Judicial definitiva, no hay existencia de determinado delito., que el derecho de
presunción de inocencia y legítima defensa, deben ser garantizados.
Por tanto, el Presidente Boric no está formalizado por delito alguno que es un tremendo perjurio para Chile, ejercicio de acciones arbitrarias e ilegales
rodrigo ristempart | 16.05.2025
y espero funcione todo esto ?? con todo respeto lo pregunto amigos ... en temas de justicia y control delictual ufff ... perdon y permiso pero yo estoy aburridisimo !! sigo atacado y total vulnerado en todo ambito social y digital con toda clase de tonteras mala intencion, boicot mentiras burlas y delitos claros que me hacen perder el control , ademas de estar invisibilizado y recibir trampas en todo lo que hsgo veo e intento hace años !! ya no doy mas sin respuestas manipulado y abusado por gente oculta cobarde mas encima y escondida con maniobras y delitos varios cybercrimen total https://www.facebook.com/share/p/wX49641EsPb8xLZ9/?mibextid=oFDknk nadie ayuda nadie atiende me rechazan por intervenciones y trafico de influencias !! que pasa en chile viejo ??? porfavor
Cristian Mena | 15.05.2025
Si Durante una escucha en secreto porque una persona va inventar algo sobre los pagos o a menos que supiera de la escucha.
Carolina | 15.05.2025
Felicitaciones al medio. Su investigación rigurosa permite identificar inconsistencias y dar mayor racionalidad a ciertos juicios instalados.
Leandro Cáeceres | 15.05.2025
En cuanto a las multiples arístas de este caso, nada se ha dicho sobre el cómo trabajaba esta fundación. Procultura ganaba proyectos y los subcontrataba. Desde sus inicios trabajó codo a codo con Centro Crea restauraciones, liderado por Macarena Carroza y otra empresa de su marido, Walter Bee. Ellos realizaban los proyectos de restauracion y arquitectura. Por supuesto, ninguno de ellos es arquitecto. Hoy Carroza es la directora ejecutiva de la Corporación patrimonial de Valparaiso, y la presidenta de dicho ente es la alcaldesa de Valparaiso, militante de frente amplio, Camila Nieto. Dificil creer que no hay vinculos entre Procultura y Frente amplio, no?.
Diario La Segunda relata lo anterior en una nota del 19-07-2023.
https://litoralpress.cl/sitio/Prensa_Cortes.cshtml?LPKey=OIR4CQXBXAO6524GTGVL3G4WLKWKCZMP7LBWPINDOPNGISU2LXOQ
José Poblete | 14.05.2025 | Socio/a 4 años
Clarito: el fiscal Cooper es un INEPTO , NEGLIGENTE y mediocre como funcionario. Estos mediocres SOLO sirven para servir como lacayos o gomas de personas con poder, como su jefe Valencia y a personas de derecha a quienes sirve el Fiscal Nacional. El fiscal Cooper actuó maliciosamente, ya que insistió con su incompetencia en circunstancias que el Juzgado de Garantía de Antofagasta le dijo claramente que su trabajo era deficiente.
Daniel Vásquez M. | 14.05.2025 | Socio/a 5 años y 8 meses
Que preocupante. Un fiscal regional presenta a un juez conclusiones no pertinentes hechas a partir de documentos en los cuales se mencionan los patrocinadores, lo que no permite interpretación. Si queremos que las instituciones funcionen es porque creemos que lo hacen buscando imparcialmente una verdad. En este caso vemos que se hizo al revés. ¿Habrán investigado algo?. Este comentario no es político, ni yo lo soy, pero me pregunto, ¿cuanto nos sirve como país una justicia que acusa con esta evidente falta de imparcialidad?
Ana Luisa | 14.05.2025
¿Estos contratos son los contraros "truchos" a los que se referia Huneeus?
Víctor Calderón | 14.05.2025
Hola, igual es notable señalar como las grandes empresas mineras aportan recursos para blanquear sus nefastas intervenciones en el medio ambiente de la zona, extrayendo aguas glaciares y dejando relaves que se percolan a las napas subterráneas y que son un gran peligro de desborde por acumulación excesiva. Situaciones que ya históricamente han sucedido en la zona. Gracias por tan exhaustiva tarea de contrastar las informaciones tendenciosas.
Socio/a 4 años
Socio/a 5 años y 8 meses
