Diversos mensajes por WhatsApp de Daniel Andrade, responsable de la Fundación Democracia Viva y entonces pareja de la diputada Catalina Pérez, muestran cómo intentó replicar en Maule, Biobío y Atacama, convenios similares a los que firmó en Antofagasta. En chats y mensajes de audio, Andrade deja claro que el trabajo de su fundación en los campamentos y tomas, financiado con fondos públicos, tenía un objetivo político. Incluso, después de enviar un mensaje en que mencionó un supuesto proyecto del Frente Amplio para usar políticamente las fundaciones, compartió un audio en que sostiene que buscaban generar líderes en los asentamientos precarios que posteriormente pudiesen militar.
Diversos mensajes enviados a través de WhatsApp por Daniel Andrade entre diciembre de 2022 y junio de 2023, antes de que estallara el Caso Convenios, muestran que el trabajo de su Fundación Democracia Viva en campamentos y tomas de terreno, financiado con fondos públicos, tenía un objetivo político: fortalecer al Frente Amplio (FA) en esos asentamientos precarios. Principal responsable de Democracia Viva y entonces pareja de la diputada Catalina Pérez, Andrade grabó un mensaje de audio en marzo de 2023 en que reveló que el trabajo en esos territorios buscaba generar liderazgos cercanos al FA en los campamentos y convencer a residentes de participar activamente en política.
El audio, dirigido a un correligionario de la zona del Maule, fue enviado por Andrade después de escribir un mensaje, que ya fue difundido por La Tercera, en que mencionó la existencia de un proyecto del Frente Amplio para utilizar fundaciones que recibían fondos estatales: “El proyecto FA fundaciones”, lo llamó Andrade en ese mensaje del 24 de marzo de 2023. En ese intercambio también quedó registrado que Andrade hizo gestiones ante funcionarios de Vivienda del Maule, Biobío y Atacama, para suscribir convenios como el que ya tenía funcionando en Antofagasta.
CIPER tuvo acceso a la transcripción del mencionado mensaje de audio. En ese registro, hasta ahora desconocido, Andrade detalla los objetivos políticos que la Fundación Democracia Viva desarrollaría en los campamentos con el trabajo financiado por el Ministerio de Vivienda (Minvu). Ahí explica que el ministerio utilizaba fundaciones para conectarse con comités de allegados y campamentos, un trabajo que anteriormente hacían las EGIS (Entidad de Gestión Inmobiliaria Social), pero que, ante la proliferación de los asentamientos, se comenzó a hacer con fundaciones.
En el audio, Andrade sostiene que, hasta ese momento, a su juicio, las fundaciones que intervenían en este proceso -menciona como ejemplos a Techo y otra organización que dirigía el jesuita Felipe Berrios- no se preocupaban de fortalecer aspectos políticos entre los pobladores y ese, señala en la grabación, era precisamente un factor primordial para Democracia Viva: “Una coronación de eso, puede ser que haya liderazgos que se formen y todo, y ojalá esos liderazgos después militen”, dice en su mensaje.
"PROYECTO FRENTE AMPLIO FUNDACIONES"
El correligionario de Andrade que recibió el audio también era militante de Revolución Democrática (RD), uno de los partidos que se fusionó para dar origen al Frente Amplio. El intercambio se inició porque Andrade le pidió ayuda para contactar al entonces seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, pues tenía la intención de suscribir un nuevo convenio en esa región:
“Es para comentarle [al seremi Hernández] sobre lo que estamos haciendo con Democracia Viva. Vamos a empezar a hacerlo en Bio bio y Atacama. Y creo que le podría interesar porque es un enfoque que es más acorde al proyecto FA fundaciones que la wea que hace Techo y las otras”, escribió inicialmente Andrade.
Minutos después le envió el audio, detallando cómo funcionaban los convenios y de qué manera podían ser utilizados políticamente para fortalecer al Frente Amplio:
“En general está Techo para Chile. Está la fundación, por ejemplo, que tiene el cura Berrio y hay como varios espacios que trabajan de esta manera, ¿cachai? Y en esa línea nosotros entramos a ese trabajo en Antofagasta, que en el fondo es mediación, ¿cachai? Como que uno va mediando entre los dos espacios. Y en general, puta, las otras fundaciones les importa un pico esta weá, nunca hacen la weá bien, como que con cuea sacan las pegas po, weon. Si, la weá no están ni ahí, porque es como una bolsa de recursos que le entran, pero mientras con menos plata lo hagan, mejor, y de esa manera pueden sustentar otros gastos que ellos tienen”.
“Y nosotros no, po. Nosotros nos hemos enfocado caleta porque nos interesa y, en el fondo, la mirada frenteamplista tiene que ver con esta cuestión de co-crear, del tema democrático, de la formación ciudadana, como de ir constituyendo un sujeto dentro del campamento con el que se trabaja po, weon. Y ese sujeto, una coronación de eso, puede ser que haya liderazgos que se formen y todo, y ojalá esos liderazgos después militen, porque en el fondo entiendan que la política es una herramienta importante, además de entender cómo funcionan, al menos en el área de vivienda, los temas de institucionalidad, ¿cachai? Ahí, igual hay un juego como con el… con ser trabajador o trabajadora social un poco«.
Tras este audio, Andrade le pide el número de celular del entonces seremi, Rodrigo Hernández. Semanas después, el 11 de mayo, Andrade le vuelve a escribir:
Andrade: Habla con el Seremi. Y dame el pase.
La conexión con Hernández se concretó poco antes que estallara el Caso Convenios. Andrade envió mensajes y coordinaron un par de llamadas telefónicas, en las que el jefe de Democracia Viva habría mencionado su conexión con el seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y con la diputada Catalina Pérez, todos militantes de Revolución Democrática. Pero, hasta ahora no han aparecido registros que indiquen que hubo una propuesta oficial, según dijeron a CIPER funcionarios del Minvu del Maule.

"LOS PARTIDOS METEN A SUS FUNDACIONES"
Andrade también escribió sobre las conexiones políticas del trabajo que desarrollan algunas fundaciones en los campamentos, en un chat con Romina Neumann, jefa de gabinete de la diputada Catalina Pérez, el 1 de enero de 2023.
En ese intercambio de mensajes, la asesora de la parlamentaria le reclama que a ella no se le avisó del convenio que Democracia Viva había firmado con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta, que entonces era dirigida por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la diputada Pérez en 2019, y que involucraba fondos públicos por $430 millones. Ese convenio, a juicio de Neumann, le abría un flanco a la parlamentaria: “Yo por lo menos siento que se me pasó a llevar y no entiendo cómo no pudieron medir el riesgo de lo que esto implicaba, más allá que sea legal o no”, le escribió Neumann a Andrade al iniciar la conversación.
En su respuesta, a través de una grabación de audio, Andrade intenta poner paños fríos y le indica a Neumann que Democracia Viva está tratando de abrir nuevos convenios similares en otras regiones. En el registro sostiene, además, que es habitual que los partidos políticos involucren a sus fundaciones afines en convenios de este tipo:
“Probablemente firmemos más convenios similares en otras seremías, en otros lugares del país. ¿Cachai? Porque esto es algo que usualmente hacen, como las fundaciones o los partidos que meten a sus fundaciones afines, en este tipo de cuestiones”, dijo Andrade en el audio.
CIPER tuvo a la vista parte de los chats de los involucrados en la investigación por fraude al fisco que lleva el Ministerio Público sobre Democracia Viva y detectó que, efectivamente, al momento de estallar el caso, la fundación estaba en conversaciones para firmar nuevos convenios bajo el Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en otras tres regiones: Biobío, Atacama y Maule.
Algunas de las conversaciones tendientes a establecer estos nuevos tratos fueron llevadas directamente por Daniel Andrade y otras delegadas en Paulina Cabrera, coordinadora del convenio firmado en Antofagasta. Según los registros de la investigación judicial, los diálogos se dieron entre diciembre de 2022 y junio de 2023. En el caso de la Región del Biobío, la fundación fue contactada por un funcionario del Serviu. En el Maule fue Andrade quien ofreció los servicios de la fundación al exseremi Rodrigo Hernández. Y en Atacama, según explicó a CIPER la seremi de Vivienda, Rosario Díaz, el contacto provino de la fundación.
En ninguno de estos tres casos se llegó a concretar un convenio, a pesar de que Democracia Viva acudió a la intermediación o ayuda de algún militante regional de Revolución Democrática para obtener los contactos y ser recomendada ante los seremis, o bien para “aplanar” el camino hacia la firma de los convenios.
El último episodio de la investigación a Democracia Viva que generó noticia fue el desafuero de la diputada Catalina Pérez, en el marco de la indagatoria por fraude al fisco que llevan los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar. A esto se sumaría la inminente declaración de Daniel Andrade, el expresidente de la fundación, quien aún no ha testificado ante el Ministerio Público.
EL MODELO DE ANTOFAGASTA
El primer año de vida oficial de Democracia Viva terminaba con cuentas alegres. El 20 de diciembre de 2022, Daniel Andrade escribió vía WhatsApp: “Tenemos buenas noticias”. El mensaje era para Paulina Cabrera, coordinadora del proyecto del programa de asentamientos precarios que llevaba la fundación en Antofagasta. Andrade le informó que la oportunidad de un nuevo convenio se abría en la Región del Biobío y, acto seguido, le envió un audio, el que fue transcrito por funcionarios de la Policía de Investigaciones:
«Hablé con Vicente Guzmán, que no sé si lo cachái’ tú, pero es un loco que tenía una wea que se llamaba vivienda social, arquitectura social, urbanismo social. Y el loco ahora está trabajando en la SEREMI de Vivienda del Bio-Bío y básicamente quiere que hagamos lo mismo que estábamos haciendo en Antofa, pero en Bío-Bío y quiere que nos presentemos entre enero, como la quincena de enero, nos presentamos a la Seremi de Bío-Bío para meternos ahí. Eso es básicamente”.
El ingeniero hacía referencia al exmiembro de la Fundación Urbanismo Social y actual encargado de la unidad de asentamientos precarios del Serviu de la Región del Biobío, Vicente Guzmán. Según fuentes que conocieron el proceso, el contacto realizado por el funcionario tenía como objetivo invitar a Democracia Viva a participar de un concurso público, que se abriría entre enero y febrero, para asignar los convenios de 2023. Al proceso postularon 30 fundaciones y llegó hasta la etapa de preguntas y respuestas.
Cinco días después de recibir el audio de Andrade, Paulina Cabrera le escribió para conocer más detalles de la presentación que tendría que hacer ante las autoridades de Vivienda del Biobío:
“Oye es súper larga la presentación de DV [Democracia Viva], onda 20 láminas y recién voy a poder explicar lo que hacemos en Antofa. ¿Qué te dijeron, qué quieren escuchar? ¿Y dónde es la reunión?”.
Daniel Andrade le envió un mensaje con el contacto de Guzmán adjunto, y le dijo que le preguntaría detalles. Unos minutos después le envió un mensaje de voz en el que le explicó que la primera reunión era de presentación:
“Él [Guzmán] va a tener entrevista con varias otras fundaciones y espacios. Así que eso igual es con más gente, pero ya igual no tiene así súper bateado. Va a haber alguien de la SEREMI y va a haber también alguien de social, pero en el fondo esto va a ser un cambio inicial donde la idea es que se conozcan los espacios. Él igual ya ha ido aplanando el camino porque fue con más gente y le preguntó a la gente encargada de Antofa cómo va a hacer la relación con nosotros. Y habían dicho que trabajamos súper bien y que todo bacán. Entonces, yo creo que está bien pavimentada la conversación. Así que eso, le dije que solo ibas a ir tú, así que bacán. Eso«.
Una fuente del organismo, que prefirió mantener su identidad bajo reserva, dijo a CIPER que este convenio nunca se concretó, ya que el concurso público para asignar los recursos de 2023 no había finalizado cuando se publicó el reportaje de TimeLine sobre el convenio de Democracia Viva en Antofagasta que originó el Caso Convenios. Así, el proceso en Biobío quedó inconcluso.
Durante el primer año de gobierno el “modelo de Antofagasta” para ejecutar el programa de asentamientos precarios era un ejemplo exitoso del trabajo con fundaciones. Según señaló a CIPER una autoridad del Minvu, la gestión del seremi Carlos Contreras era bien evaluada a nivel central del ministerio e incluso habría sido el único seremi que participó en un encuentro nacional acerca del tema. Usualmente, a ese tipo de reuniones solo asistían funcionarios regionales del Serviu. Por esta razón, la idea de que Democracia Viva expandiera su trabajo a otras regiones y así copiar el modelo de Antofagasta, no parecía una mala idea.

Daniel Andrade en audiencia por caso Democracia Viva, 24 de febrero de 2025 (Créditos: Camilo Alfaro / Agencia Uno)
"LO CONVERSÉ CON LA CATA"
En una conversación vía WhatsApp que tuvo Daniel Andrade el 10 de enero de 2023 -cinco meses antes de que estallara el Caso Convenios- con la jefa de gabinete de la diputada Pérez, Romina Neumann, ella le advirtió acerca de las implicancias negativas de firmar convenios de este tipo en Antofagasta. Neumann argumentaba que él era pareja de una parlamentaria de la zona y el seremi de Vivienda era el exjefe de gabinete de la misma diputada, quien era considerada la jefa política de RD en la región. También, Neumann le cuestionó el hecho de no haberlo consultado con el equipo parlamentario de Catalina Pérez antes de firmar, y que ella se enteró del convenio por la advertencia de otro asesor del Congreso en diciembre de 2022.
Fue en el marco de este intercambio que Andrade escribió: “Vamos a firmar más convenios con otros seremias igual”. A su juicio, éste era un buen argumento para despejar las dudas sobre conflictos de interés, ya que el contrato en Antofagasta no sería el único. Luego, le envió un audio en el que profundiza sus argumentos:
“Entonces, tampoco va a ser solamente con el ex jefe de gabinete, entonces, me refiero, podrían decirme lo mismo en otra región. Y yo creo que no lo van a hacer, pues, en particular esto es porque es de la región de Antofagasta”.
Poco más de una hora después Daniel Andrade le envió a Neumann otro audio, en el que señala que había hablado con la diputada Pérez sobre los riesgos de firmar el convenio:
«Y puta Romi, yo siento que igual lo conversé con la Cata cuando caché que la weá era riesgo. Eh… No desde el principio, porque al principio no caché, como te decía, lo que implicaba quizá. Pero apenas fui tomando conciencia, fui tomando las precauciones que tenía”.

Diputada Catalina Pérez en conferencia de prensa donde la llaman a declarar por Caso Convenios, 16 de abril de 2024 (Créditos: Pablo Ovalle Isasmendi / Agencia Uno)
En la carpeta investigativa hay dos conversaciones -del 29 de julio y 8 de septiembre de 2022- en que Daniel Andrade le menciona a Catalina Pérez el convenio de Antofagasta. Ambas fueron difundidas por La Segunda. En el primer mensaje Andrade señala que lo llamó “Carlos” y que “parece que pueden salir las lucas”. Según los registros que constan en la investigación, no hubo respuesta de la diputada. En el segundo intercambio, Andrade le explicó a Pérez que llegaría más tarde a una cita médica, porque tenía una reunión “por el convenio con Carlos” y agregó que es “super importante”. Ante esto, la diputada le respondió: “A las 18.30 tenemos la hora y hay que llegar 15 antes”.
En el entorno de la diputada descartan que la parlamentaria haya participado en el proceso de asignación de los convenios, aseguran que sólo conocía superficialmente la iniciativa y recalcan que los mensajes presentados como prueba por la fiscalía fueron escritos posteriormente al estallido del caso, en junio de 2023.
A inicios de febrero de 2023, hay otra conversación en la que Paulina Cabrera y Daniel Andrade hablan acerca de los recursos de un nuevo convenio y discuten acerca de ocupar fondos en gastos operativos de la fundación:
Andrade: Osea yo creo que tenemos que ordenar los gastos del convenio nuevo.
Cabrera: querí sacar al ejecutivo de ahí?
Andrade: Es una opción.
Cabrera: no es una opción.
Andrade: Osea es que hay gastos operativos de las fundaciones.
Cabrera: pero estos convenios no incluyen eso.
Andrade: Osea le estamos pagando los gastos a un Seremi. Pero hablemos. A una funcionaria de seremi asociada al proyecto. Osea hay que ir viéndolo.
Cabrera: no es una opción.
Andrade: Vicente me dijo que sí.
Aunque en la conversación no se identifica a qué convenio se refieren -podría ser un nuevo convenio que les habían asignado en noviembre en Antofagasta o alguno de los que estaban en conversaciones- fuentes que han participado en estos procesos explicaron a CIPER que cada proyecto tiene sus reglas y define en qué se pueden gastar los recursos. Agregan que hay casos en que gastos operativos de las fundaciones se cargan al presupuesto del proyecto, siempre y cuando estén relacionados con el trabajo del convenio. Por ejemplo, se podrían pagar las horas de trabajo del director de una fundación, siempre que esa labor se relacione directamente con la ejecución del convenio.
CONTACTOS CON SEREMIS DE RD
El convenio en la Región del Biobío no fue el único que estuvo en la carpeta de la fundación Democracia Viva, el 20 de marzo de 2023 Daniel Andrade le comunicó a Paulina Cabrera que había otro potencial proyecto con la Seremi de Vivienda de Atacama, dirigida hasta la fecha por Rocío Díaz, quien también era militante de RD:
“Es por el convenio con Atacama. Carlos [Contreras, seremi de Antofagasta] le va hablar entre hoy y mañana. La idea es que después le hables tú”, escribió Andrade a Cabrera.
En medio de la conversación, él le envió una captura de pantalla de un intercambio de mensajes con el entonces seremi Carlos Contreras, quien le adjunta el contacto de Díaz y le escribe:
Contreras: Es RD pero ojo eso mismo podría distanciarla porque es más cuidadosa y conservadora.
Andrade: Yap. Pero qué te dijo ella? Para ver cómo guiar la conversación de la Puli.
Contreras: quiere ver como armar algo similar a lo que se hace acá, de abordar el territorio con apoyo de una fundación, eventualmente reforzar su equipo, podría ser incluso un convenio de asistencia técnica especificando procesos y funciones.
Andrade: Yap. Dile que la vamos a contactar.
El 4 de abril de 2023 Andrade reenvió el contacto de Rocío Díaz a Paulina Cabrera:
Andrade: Carlos me dijo que ya le podíamos hablar. Así que hágale pues.
Consultada por CIPER, la seremi de Atacama, Rocío Díaz, señaló que “no existe en la Región de Atacama, convenio alguno con la Fundación Democracia Viva, en ningún estado de formulación, aplicación o cierre”. Y que “Paulina Cabrera fue quien envió un mensaje para presentarse como Fundación. Luego de eso no hubo contacto con ella, ni con nadie de la Fundación a la fecha”.
Según los registros de la seremi Díaz, Paulina Cabrera la contactó el 5 de abril de 2023 vía Whatsapp. En esa ocasión le escribió que les gustaría ver la posibilidad de colaborar también en la Región de Atacama y le pidió una reunión. El mensaje fue respondido el 10 de abril: la seremi le contestó que agendaran una reunión, pero, según explicó Rocío Díaz a CIPER, nunca fijaron una fecha y el encuentro no se concretó.
La Seremi de Vivienda del Maule también estaba entre las opciones que barajaba Democracia Viva para concretar nuevos convenios. Esa repartición también era dirigida por un militante de RD, Rodrigo Hernández. Para conseguir su contacto, Andrade se comunicó con un militante de RD de la región que era de su confianza, el 24 de marzo de 2023. El entonces director de Democracia Viva le escribió a su amigo para obtener algunos antecedentes extras sobre Hernández y saber si le convenía hablar con la autoridad.
Luego, Andrade le explicó parte del proyecto que estaba desarrollando Democracia Viva: “Vamos a empezar a hacerlo en Bio bio y Atacama. y creo que le podría interesar porque es un enfoque que es más acorde al proyecto FA fundaciones que la wea que hace Techo y las otras”.
El convenio en la Región del Maule tampoco se concretó. Después de que estalló el Caso Convenios, en junio de 2023, el seremi Hernández dejó su cargo debido a los cuestionamientos a una serie de contratos, que no estaban relacionados con los convenios, y que fueron firmados con la Fundación Urbanismo Social.