En octubre pasado, un mes después de asumir como director nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex-Mejor Niñez), Claudio Castillo solicitó la opinión de la Mesa de Residencias -una agrupación de organismos colaboradores del servicio- sobre el borrador técnico de un concurso, que aún no era publicado, para licitar residencias para niños y niñas de 4 a 8 años en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y La Araucanía. CIPER accedió a correos entre jefaturas del servicio que revelan que el borrador fue compartido con este grupo de fundaciones, las que devolvieron un documento con observaciones. Algunas de esas sugerencias fueron incorporadas en la versión final. El pasado 15 de abril se publicaron los resultados del concurso: en La Araucanía la licitación fue declarada parcialmente desierta, mientras que en la Metropolitana y Valparaíso se adjudicaron convenios a tres fundaciones de la Mesa de Residencias.
La segunda semana de octubre pasado, algunos profesionales de los equipos técnicos del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia (SPE), más conocido como ex-Mejor Niñez, recibieron un mensaje de la jefa de gabinete del director nacional de esa entidad: les solicitaba el borrador de las orientaciones técnicas de un concurso público que aún no se había publicado en la página web del servicio.
En una reunión que no fue registrada en la Plataforma de Lobby, según explicaron en el SPE a CIPER, por no estar comprendida entre las actividades reguladas por dicha ley, el entonces recién nombrado director nacional del servicio, Claudio Castillo, acordó con un grupo de fundaciones -agrupadas bajo el nombre de Mesa de Residencias- compartir los borradores de las orientaciones técnicas, que posteriormente se convirtieron en las bases técnicas de los convenios para la ejecución de residencias para menores en las regiones Metropolitana, Valparaíso y La Araucanía.
CIPER tuvo acceso a 19 correos electrónicos intercambiados entre jefaturas técnicas del servicio y el director nacional, los cuales revelan que, a menos de un mes de haber sido nombrado director nacional del SPE por el Presidente Gabriel Boric, Castillo acordó con estos organismos colaboradores (Ocas) compartir los borradores de las orientaciones técnicas (OOTT) antes de que el concurso fuera publicado. En un email enviado por una de las integrantes del gabinete del director nacional a las jefaturas técnicas del organismo el pasado 30 de octubre a las 13:19, quedó el registro de aquello:
“Efectivamente en reunión se acordó que las OOTT serían compartidas con la Mesa de Residencias antes de su publicación, para recepcionar sus comentarios, observaciones y aportes, con el objetivo de la mejora continua de las OOTT y hacer más participativo su desarrollo y práctica efectiva. Considerando la actual premura, realizando una consulta a esta Mesa con el envío de la versión técnica final de las OOTT resguardando señalar que es un documento aún borrador (PDF, marca de agua), y la reserva de la información y no difusión del documento hasta su formalización, para recibir en un plazo establecido sus comentarios y si lo consideran pertinente una reunión para revisar estos. Si les parece bien, el envío de los documentos, como un primer ejercicio formal, podría dirigirse desde el correo del Director Nacional”.
Desde el Servicio de Protección Especializada precisaron a CIPER que el envío de las orientaciones técnicas no fue por un acuerdo entre Castillo y la Mesa de Residencias, sino que fue a solicitud del director nacional que “se requirió (a las Ocas) la opinión sobre el borrador de diseño técnico del modelo de cuidado alternativo de segunda infancia” (ver respuesta completa).
Estas residencias están destinadas al cuidado de niños y niñas de entre 4 años y 8 años, que han sido separados de sus familias por decisión judicial. El pasado martes 15 de abril se dieron a conocer los resultados parciales del concurso: al menos en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, se adjudicaron convenios a fundaciones que integran la Mesa de Residencias, la misma organización que conoció el borrador con las orientaciones técnicas del concurso y que hizo observaciones que fueron incorporadas en la versión final de las mismas. En La Araucanía, en cambio, la licitación fue declarada parcialmente desierta, ya que las Ocas postulantes no alcanzaron el puntaje mínimo.
La ley que regula los aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados establece que las autoridades del servicio deben tratar a todas las Ocas de manera equitativa, “resguardando siempre la transparencia de los procedimientos empleados”. La Mesa de Residencias está conformada por 44 instituciones -37 de ellas de las regiones en que se realizó el concurso-, de las cuales cuatro postularon a los nueve proyectos licitados en este concurso. El servicio, además, recibió tres propuestas de organizaciones que no forman parte de esta agrupación y que no tuvieron acceso al borrador.
Funcionarios que conocieron el proceso licitatorio, resaltan a CIPER que el principal problema de haber compartido las orientaciones de manera previa al concurso es que esta agrupación no incluye a los 186 organismos actualmente acreditados por el servicio y que, además, los representantes de la Mesa de Residencias realizaron observaciones al documento que les fue compartido, algunas de las cuales fueron incorporadas en la versión final de las bases técnicas que fue aprobada por el director nacional y luego publicada en la web del SPE. Una profesional que forma parte de esta agrupación y conoció el proceso, dijo a CIPER que el documento fue compartido a todas las fundaciones que integran la mesa, pero que no puede asegurar que todas efectivamente hayan realizado observaciones.
La línea de tiempo se estructuró así:
El 16 de octubre pasado, un funcionario del equipo técnico del servicio envió un correo electrónico a Melba Castro, jefa de gabinete del director nacional, adjuntando las orientaciones técnicas correspondientes al concurso público “Residencias de Segunda Infancia”. En el mensaje se precisaba que el documento aún no había sido socializado, tampoco visado por el director ni publicado en el sitio web del organismo.
Luego, el 18 de octubre, según señalaron desde la Mesa de Residencias a CIPER, la coordinación de la agrupación compartió una sistematización de los comentarios sobre este y otros concursos de residencias, a través del WhatsApp en el que participan las Ocas que forman parte de la mesa (vea la respuesta completa).
El 24 de octubre, Paulina Fernández —de la Fundación Aldeas Infantiles SOS— envió un correo electrónico al entonces jefe de la División de Servicios y Prestaciones, Rachid Alay. En el mensaje adjuntó un documento Word titulado “Observaciones a OOTT (orientaciones técnicas) de residencias”, el cual se encontraba marcado con el logo de la mesa. Este archivo contenía comentarios y sugerencias respecto a las orientaciones técnicas tanto de las residencias familiares como de los programas complementarios de revinculación familiar, incluidas las del concurso de segunda infancia.
CAMBIOS AL DISEÑO DE LA LICITACIÓN
Luego de que las orientaciones técnicas fueron compartidas con estas fundaciones, el servicio introdujo cambios al documento, muchos de ellos apuntaban a reducir los costos que deben asumir los organismos colaboradores por el cuidado de menores derivados a las residencias. Algunos de estos ajustes quedaron registrados en los correos electrónicos revisados por CIPER.
Por ejemplo, el 29 de octubre, a las 15:55, la jefa del Departamento de Gestión Territorial envió un correo electrónico a una integrante del gabinete de la dirección nacional y a cuatro jefaturas del servicio. El asunto del mensaje era: “Atención antes de visar – OOTT Segunda Infancia”. En el cuerpo del correo se lee:
“Gracias, Ximena, lo que indicas está en sintonía con lo informado por mí a la División. @Silvana Alejandra Calderón Casanga, respecto a las plazas, se acordó que quedaría hasta 20 y que el anexo 1 establecería residencias de 12, 16 y 20, de acuerdo con la estimación de la demanda de cada región. Sobre las observaciones de las Ocas a las OOTT de residencias, se evaluó que son atendibles y que se debían incorporar aquellas que fuera posible incluir en las OOTT para esta licitación (…)”.
Este cambio quedó reflejado en la página 73 de las bases técnicas del concurso. A pesar de que en las residencias administradas directamente por el servicio el estándar es una cobertura de 10 niños (vea ese documento), en las residencias gestionadas por Ocas se permite una cobertura de hasta 20, existiendo programas con plazas de 12, 16 y 20 niños (vea ese documento).
Página 73 del documento citado.
Los organismo colaboradores necesitan aumentar la capacidad de niños que pueden atender por residencia, porque los aportes que el servicio transfiere a las fundaciones dependen del número de niños que se encuentran bajo su cuidado. De acuerdo con la normativa vigente, el financiamiento se calcula en torno a un valor base de 17,4 UF mensuales por cada niño (aproximadamente $677 mil al valor actual). De ese total, el 50% corresponde a un monto fijo, mientras que el otro 50% varía según ciertas condiciones específicas. Para este concurso público, el SPE calculó un costo mensual por niño promedio que varía entre $1,6 y $1,7 millones.
Según conocedores del proceso licitatorio, otro de los cambios es que el personal administrativo de las residencias puede ser pagado con fondos públicos. En las bases técnicas se consignó así: “Los colaboradores acreditados podrán considerar la contratación de otros profesionales o técnicos que les permita mejorar la ejecución del programa, siempre y cuando dicho financiamiento no afecte el modelo de intervención y los cargos definidos en cuadro anterior”.
Además, se flexibilizaron los perfiles exigidos para ciertos cargos, como el de terapeuta ocupacional: “En zonas donde su contratación resulte difícil, se permitirá incorporar a otro profesional que acredite competencias equivalentes”.
CIPER preguntó al Servicio de Protección por todas estas modificaciones al diseño de esta licitación. En su respuesta, señalaron que la Mesa de Residencias hizo llegar sus opiniones respecto del diseño técnico preliminar del modelo de cuidado alternativo de segunda infancia, “señalando a su vez consultas sobre cuestiones operativas de implementación. Todo esto fue evaluado y se tuvo en consideración que el servicio de protección realiza aportes financieros estatales para cubrir parte de las prestaciones y que era razonable que el cambio de modelo residencial, que no había ocurrido en tres años desde que inició el nuevo servicio, considerara una gradualidad de implementación, flexibilidad en el número de plazas (12, 16 o 20), la posibilidad de conformar equipos de soporte y que además tuviese pertinencia territorial”.
De acuerdo con la explicación entregada por el SPE, se recibieron estas opiniones pues “en los últimos años se ha producido un cierre de residencias de protección y ha habido un aumento en las derivaciones. Es decir, las decisiones del servicio responden a una responsabilidad institucional y de sostenibilidad”. Además, aclaran que, aunque en las bases técnicas revisadas por CIPER relacionadas a residencias de administración directa se detalla una cobertura de 10 menores, estas “están diseñadas para una cobertura de 12 o 15 cupos, sin embargo, dado el incremento de las derivaciones, el promedio por residencia actualmente es de 20 niños, niñas o adolescentes”.
Desde la Mesa de Residencias señalan que las modificaciones realizadas a las orientaciones técnicas “están muy lejos de reducir la brecha financiera que enfrentamos como organismos colaboradores del Estado. En promedio, actualmente las organizaciones que integran la Mesa de Residencias costean un 30% del financiamiento de sus proyectos”.
La organización explica que “respecto de la cobertura del Programa de Acogimiento Residencial Terapéutico para Segunda Infancia, lo que propusimos es que la implementación de estos programas fuera planificada y gradual, considerando no solo el contexto económico, sino como un mecanismo para abordar los problemas de sobrecupos y lista de espera existentes”.
Además de estos cambios, las Ocas habían solicitado al servicio reducir el número de cuidadores terapéuticos, pero, según señalan desde esa organización, ese cambio no habría sido considerado por el SPE: “Como mesa evidenciamos que en las orientaciones técnicas se aumentaba el número de cuidadores terapéuticos. Actualmente se exige un cuidador cada cuatro o seis niños, niñas y adolescentes, en el modelo residencia para adolescentes y adolescencia temprana. En las orientaciones técnicas se indicaba uno cada tres niños de día y uno cada cuatro niños de noche, por ello solicitamos reducir el número de educadores, aunque no fue considerado. Nuestro argumento se basaba en que la nueva exigencia aumentaría de manera importante la dotación de profesionales (sin tener claro los fundamentos técnicos de esa decisión), así como los costos asociados a la ejecución del proyecto”, indicaron a CIPER desde la Mesa de Residencias.
Imagen referencial (Créditos: Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia)
LA REUNIÓN DEL ACUERDO
Aunque desde el SPE señalaron que la reunión en la que se acordó enviar el borrador a los organismos colaboradores no fue registrada en la Plataforma de Lobby, desde la Mesa de Residencias aseguran que, según sus actas, dicho acuerdo se alcanzó en una reunión realizada el pasado 8 de octubre a eso de las 16:30, la cual sí figura en la plataforma pública de la Ley de Lobby. CIPER solicitó copia de esa acta, pero no fue enviada. En el encuentro registrado en la plataforma, participaron cuatro representantes de las seis fundaciones que integran la coordinación de la mesa: Paulina Fernández (Aldeas Infantiles SOS), Erica Ponce (Fundación Niño y Patria), Teresa Izquierdo (Fundación Cardenal Silva Henríquez) y Lisette Allende (Fundación María de la Luz). También intregran la coordinación, pero no participaron de la instancia, Mónica Hernández (Koinomadelfia) y Daniela Vergara (Corporación Crecer Mejor).
Esta última fundación es una de las que se adjudicó un programa del concurso público en la Región Metropolitana para implementar una residencia con una cobertura de 20 niñas en La Pintana.
En total, las fundaciones que forman parte de la Mesa de Residencias administran cerca de 133 residencias, las que, según informa la misma organización, acogen al 52% de los niños, niñas y adolescentes en cuidado alternativo.
Consultado por CIPER respecto al escenario planteado por el SPE, en el que el acuerdo para compartir estos borradores se habría alcanzado en una reunión no registrada en la Plataforma de Lobby, el abogado y experto en transparencia, Alberto Precht, señaló que este tipo de encuentros “sí deberían estar registrados por lobby por cuanto no corresponde a una mesa de trabajo, sino más bien a lo que establece la Ley de Lobby como a actos previos a la formulación de un contrato o convenio y por lo mismo debiese haber estado registrado”.
LOS CORREOS DEL SPE
El 29 de octubre de 2024, a las 10:36, la entonces jefa del Departamento de Diseño y Evaluación del Servicio de Protección Especializada, Silvana Calderón, envió un correo a otras jefaturas del organismo:
“Solo quisiera que el comité directivo nos confirme antes de visar que la totalidad de las plazas es el correcto. Pues hoy 29 de octubre la unidad de diseño se encuentra estableciendo modificaciones a las OT por curso de vida (Adolescencia y Adolescencia temprana y sus complementarios) pues están (sic) fueron observadas por la mesa de residencia, tal como fue el compromiso del DN en la mesa de lobby con ellos. Y me imagino que cuando salga esta OT y sea de conocimiento público la mesa de residencia también las va a observar”.
Ese correo fue enviado cinco días después de que Paulina Fernández, una de las coordinadoras de la Mesa de Residencias, envió al SPE el documento con observaciones a las orientaciones técnicas de distintas licitaciones.
Las orientaciones técnicas del concurso público para adjudicar convenios de residencias dirigidas a niños de entre 4 y 8 años, no fue el único revisado por la Mesa de Residencias. Según indicaron desde la organización a CIPER, entre junio y julio de 2024 se publicaron en la página web del servicio las orientaciones técnicas del concurso para convenios destinados a residencias para adolescentes en etapa temprana. Posteriormente, en septiembre, se habrían difundido las orientaciones técnicas correspondientes a residencias para adolescentes.
A diferencia del borrador de las orientaciones técnicas para residencias destinadas a segunda infancia, estos documentos estuvieron disponibles en la web de forma previa. A las 14:39 del mismo día, el correo anterior tuvo respuesta de una integrante del equipo de gabinete del director nacional:
“Junto con saludar informo que lo definido en la Reunión sostenida entre el DN y la Mesa de Residencia es que en base a las observaciones presentadas a las OOTT el equipo técnico evaluaría y conseraría (sic) en razón a lo definido por el DN, mismas observaciones que informó en Comité Directivo. Una vez adecuadas y actualizadas las OOTT estas deben pasar por la visación de todas las jefaturas de los equipos técnicos que corresponda para posterior para firma del DN, sin volver a pasar nuevamente por la Mesa de Residencia ya que se espera que se acojan las observaciones que son pertinentes y para las que no se cuente con fundamento técnico para ello. Dejo resumen de reunión del 21/10/2024 para complementar su trabajo”.
El 4 de noviembre, la exjefa del Departamento de Diseño y Evaluación envió un correo electrónico al director nacional y a otras jefaturas del SPE, adjuntando un documento en formato Word con las respuestas elaboradas por su unidad frente a las observaciones de la Mesa de Residencias: “Les saludo y envío en adjunto la respuesta de la Unidad de Diseño las observaciones emitidas por Mesa de Residencia. Va un mail con precisiones y en Word la respuesta punto por punto”.
El 13 de diciembre pasado, el director nacional suscribió las orientaciones técnicas, las cuales incorporaban algunas de las observaciones planteadas por las fundaciones de la mesa. Finalmente, el 15 de abril, en las dos regiones que se adjudicaron licitaciones, tres organizaciones de esta organización se adjudicaron convenios: Corporación Crecer Mejor, que forma parte de la coordinación de la mesa, y las fundaciones Refugio de Cristo y Patronato de los Sagrados Corazones en Valparaíso.
Desde la Mesa de Residencias destacan que las instituciones que ganaron en Valparaíso se adjudicaron proyectos que vienen ejecutando hace años: “Lo que sucede en las licitaciones de residencias es que no se presentan nuevas Ocas, por lo general, debido a las complejidades de ejecutar los modelos de trabajo”.
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Nuevos chats de Ulloa con Hermosilla: ministro le filtraba resoluciones reservadas de causas y sumarios
Porque no dan una vuelta por la gratuidad de las evaluaciones para adoptar. Que siguen siendo gratuitas, con lista de espera y sin equipos profesionales para hacerlas. Los evaluadores externos ya no van, ojo con las ciudades donde se realizaban los pilotos.
Silvio R. Meier Hetz | 24.04.2025
Todo muy interesante
Jorge Martínez Muñoz | 24.04.2025
Bastante tendencioso el título, porque lo narrado es una práctica lógica en cualquier concurso, particularmente cuando se trata de temas y propósitos de alta complejidad, como es el caso. Lo que lo narrado podría aportar de aprendizaje, es que, lo más probable, el hacer concursos en el sistema residencial, en Chile o en cualquier país, NO parece ser el mejor modelo de transferencia de recursos. Esto porque, dada las exigencias (y, sobre todo, lo frágil al mismo tiempo, de cualquier sistema residencial, en cualquier parte del mundo) es absolutamente necesario mucho intercambio previo entre el órgano público y los posibles interesados, un intercambio que es técnico pero que, tiene también que dar cuenta de lo material, de infraestructura, habitabilidad, alimentación, espacios de recreación, también tiene que dar cuenta de las condiciones del territorio y de las vinculaciones con el medio y, por cierto, de condiciones relativas al personal. Ciertamente, el organismo público tiene que proyectar la viabilidad de una residencia de una manera mucho más rigurosa, de lo que permite cualquier proceso de concursos. Esperemos pues, que sirva para abrir una muy intensa y muy participativa discusión sobre un mejor modelo.
Barbara Vallejos | 24.04.2025
Esto no es noticia. Se hace todo el tiempo. A menos que esté "normalizado" un "delito" y yo no lo sepa.
Los organismos públicos no siempre tienen profesionales competentes para hacer bases de licitación y el conocimiento de costos, por lo que hay que acudir a especialistas.
