El autor de esta columna escrita para CIPER recorre y analiza el a estas alturas interminable proceso de constantes y sucesivos retrocesos y avances del proyecto minero Dominga, en medio del debate sobre la “permisología”, como se le ha llamado a la burocracia para iniciativas de este tipo. Sostiene que “el caso del proyecto Dominga es el reflejo de un sistema que parece diseñar laberintos más que soluciones claras. Un proceso donde la decisión final se difumina en un ir y venir interminable entre instancias técnicas, legales y políticas, además de controversias mediáticas que exponen no solo los conflictos entre conservación ambiental y desarrollo económico, sino también la falta de claridad y consistencia en la legislación actual”.
Créditos imagen de portada: Óscar Guerra / Agencia Uno
El nombre Dominga—y no precisamente en referencia a una persona, sino a un proyecto minero—parece ser ya de conocimiento común en la contingencia nacional. De hecho, han pasado más de 10 años desde que se inició la evaluación y discusión sobre la pertinencia de llevar a cabo este proyecto. Sin embargo, surge la inquietud: ¿por qué ha demorado tanto esta decisión? Para entender este largo proceso, es necesario primero conocer en qué consiste esta iniciativa minera.
El proyecto Dominga de propiedad de la empresa Andes Iron SpA corresponde a un yacimiento de hierro, cobre y oro ubicados en la comuna de La Higuera de la Región de Coquimbo, explotación minera que podría extenderse por alrededor de 26 años. En particular, el proyecto corresponde principalmente a dos minas a tajo abierto y un puerto. Este último parece ser el centro de la problemática ambiental debido a que se encuentra a 30 km de la reserva nacional Pingüino de Humboldt, donde no solo se concentra cerca del 80% del total de esta especie, sino que también conviven ballenas, delfines, lobos marinos y chungungos entre otras especies. De hecho, la fundación internacional Mission Blue la reconoció como Hope Spot (lugar de esperanza) por sus características únicas. Es en este contexto que la empresa se ha comprometido a diversas acciones de mitigación entre las que se cuentan el movimiento de un solo buque a la semana que no tendrá carga y descarga de combustible en la zona, un centro de investigación y estudios socio-ambientalistas para proteger la biodiversidad de la zona y una serie de beneficios para los habitantes de la comuna de La Higuera que, dicho sea de paso, es una de las más pobres del país.
Conocidas algunas de las principales características de este proyecto es necesario hacer un poco de historia para intentar entender el excesivo tiempo que ha llevado su discusión. Este yacimiento fue descubierto en 2006. La empresa Andes Iron compró el proyecto Dominga en 2010 y presentó su estudio de Impacto Ambiental en 2013 ante el Servicio de Evaluación Ambiental iniciando así formalmente su tramitación para obtener los permisos de explotación. La evaluación del Estudio de Impacto Ambiental tomó alrededor de tres años y medio (pasando por dos gobiernos distintos, Piñera 1 y Bachelet 2), todo esto a cargo de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la región de Coquimbo, la cual lo rechaza el 9 de marzo de 2017 debido al riesgo ambiental y las medidas de mitigación insuficientes.
Ante esta negativa, Andes Iron apela al Comité de Ministros, instancia adicional establecida en el procedimiento de evaluación de proyectos de estas características, el cual ratifica el rechazo a la iniciativa el 21 de agosto de 2017. Sin embargo, dos rechazos no son suficientes para cerrar las puertas al proyecto dado que existe otra instancia, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta donde Andes Iron interpone un recurso de reclamación el cual falla a favor del proyecto Dominga en 2018 aduciendo que no se cumplieron con las formalidades requeridas en las evaluaciones anteriores.
Acá es donde aparece el primer fallo positivo para Dominga, sin embargo, esto no implica que el proyecto se lleve a cabo, sino que el proyecto vuelve a etapa de evaluación y votación en la COEVA de la región de Coquimbo. Esto ocasionó distintos recursos contrarios a la realización Dominga que fueron presentados ante la Corte Suprema, otra instancia factible dentro del sistema de permisos, la cual resuelve en 2019 devolver la causa a la etapa de evaluación en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta para su nueva evaluación debido a omisiones en el análisis técnico del proyecto.
El 16 de abril del 2021, este Tribunal Ambiental falló a favor del proyecto Dominga anulando la resolución del Comité de Ministros y de la COEVA de la región de Coquimbo. Una vez realizada, nuevamente, la discusión y evaluación en la COEVA de la Región de Coquimbo, se fallóa favor de Dominga aprobando el proyecto el 11 de agosto de 2021. Sin embargo, en la siguiente instancia, el Comité de Ministros rechazó la iniciativa el 18 de enero de 2023. Por supuesto, esto no termina acá porque Andes Iron apela al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta el cual declara la nulidad de la resolución previa el 9 de diciembre de 2024, situación en la que nos encontramos ahora.
Actualmente, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ha declarado nula la resolución previa cuyas razones apuntan a que no se respetaron los principios de imparcialidad y confianza legítima, debido a que dos ministros manifestaron su opinión respecto del proyecto Dominga con anterioridad a su evaluación en el Comité de Ministros. Además, no se cumplieron los plazos, donde posterior al fallo de la COEVA de la región de Coquimbo, tenía un plazo de 12 meses para que el Comité de Ministros se pronunciase, sin embargo, eso se hizo efectivo en 2023. Finalmente, también se mencionan pronunciamientos contradictorios e incoherentes.
El procedimiento anterior muestra que coexisten instancias técnicas, como Servicio de Evaluación Ambiental, instancias legales, como la Corte Suprema y políticas, como el Comité de Ministros. Cuando se cierra una puerta siempre parece existir otra abierta. No solo eso, sino que los rechazos o aprobaciones parecen también estar relacionados al color político del gobierno de turno. Distintas críticas se han realizado últimamente a la “permisología” existente en el país y el caso Dominga no hace más que confirmar que esto es un problema serio.
Toda esta maraña de pasos que avanzan y retroceden, con fallos que parecen generan instantáneas apelaciones nos presentan un procedimiento que parece ser interminable y difícil de entender no solo por las distintas aristas que posee sino por un diseño que no parece tener facultades para dar sentencias definitivas. Todo esto se ha desarrollado con una amplia cobertura mediática, donde la comunidad de La Higuera parece estar dividida en el apoyo al proyecto. Mientras algunos privilegian la biodiversidad ambiental, otros ven una alternativa para acceder a beneficios y servicios públicos básicos que les han sido negado por décadas. En paralelo, la empresa aduce que ya circulan un sinfín de buques sin control por la zona y de hecho, la principal causa, la creación de un puerto, ya le fue aprobada a otra empresa en 2015 sin mayor problema.
El caso del proyecto Dominga es el reflejo de un sistema que parece diseñar laberintos más que soluciones claras. Un proceso donde la decisión final se difumina en un ir y venir interminable entre instancias técnicas, legales y políticas, además de controversias mediáticas que exponen no solo los conflictos entre conservación ambiental y desarrollo económico, sino también la falta de claridad y consistencia en la legislación actual. Este interminable ciclo de rechazos, apelaciones y revisiones no solo alimenta la incertidumbre, sino que también deteriora la confianza en la institucionalidad, perjudica la imagen del país y desalienta futuras inversiones.
La urgente necesidad de revisar y modernizar la permisología en Chile queda más patente que nunca. Casos como el del proyecto Dominga enseñan que un sistema eficiente y confiable no puede basarse en plazos eternos ni decisiones contradictorias, sino en reglas claras que protejan tanto los intereses del medio ambiente como el desarrollo de las comunidades. Sin estos ajustes, los conflictos como este seguirán siendo una piedra en el camino hacia un equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad.
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El proyecto debería considerar un enlace con el tren minero de CMP y cargar en Guayacán ya que isla Damas es demasiada maravillosa como para destruirla en aras del dinero y si no se puede cambien el puerto más lejos hacia el norte con un tren minero pero en vez de ello solo buscan los vacíos legales hay que ser claros este País siempre va por lo económico y no por el medio ambiente revisen nuestro litoral y como ha sido contaminado
Alejandro Covarrubias | 19.12.2024
Primero, no se a demostrado que el proyecto minero Dominga sea un atentado al medio ambiente. Lo que se esgrime es el impacto del tráfico marítimo, para el cual se propusieron diversas medidas a) baja velocidad de los barcos b) un barco a la semana c) los barcos llegan y salen desde el sur, hacia Coquimbo, donde deben anclar y hacer los trámites administrativos para la salida/llegada del país de los tripulantes.
Segundo, el proyecto mejora las condiciones de los pinguinos, porque va a efectuar acciones para erradicar los ratones de una isla donde hay mas de 1000 nidos.
Tercero, la comunidad de la Higiera votó en un plebiscito comunal aprobandooslas el proyecto.
cuarto, no hay un conflicto entre ambiente y desarrollo económico, ahora, "desarrollo economico" es -en realidad- la creacionista de 10.000 puestos de trabajo bien pagados y, por el lado del fisco, la recaudacion del orden del 25% de la inversión, esto es sobre 600 millones de dólares, a lo que hay que agregar los impuestos a las utilidades.
En resumen, estamos frente a gobiernos gallinas frente a minorías vociferantes.
