Enviado por Raimundo Palamara Stewart, abogado, presidente Fundación Fuerza Ciudadana
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Señor Director:
Es una pregunta que se han hecho distintos analistas, incluso el ex Presidente Sebastián Piñera (QEPD), con motivo que los dictámenes de Contraloría se veían como irrecurribles y sin posibilidad de revisión por parte de otro ente del Estado.
Pero, gracias al Recurso de Protección interpuesto por la Fundación Fuerza Ciudadana con motivo del dictamen de la Contralora General de la República en que pretendió abstenerse de conocer sobre la legalidad de las no renovaciones de los funcionarios a Contrata, podemos ver una luz de la respuesta que por larga data ha existido.
En efecto, el recurso no pretende darle un contenido a si existe o no confianza legítima y de existir desde cuándo, porque más allá de la posición legítima que pueda tener cada cual sobre esta materia, lo cierto es que el recurso simplemente busca que la Contraloría cumpla la ley y conozca sobre aquellas materias que el legislador expresamente le ha otorgado, porque en derecho el fin no justifica los medios, lo que en materia jurídica se denomina genéricamente como el principio de legalidad. Ante lo cual podemos señalar frente a esta pregunta de ¿Quién controla a la Contraloría? Que es la misma ciudadanía que tiene el poder de recurrir a tribunales para que el ente contralor cumpla la ley, mediante los propios mecanismos que la Constitución le ha entregado como es el Recurso de Protección.
Con esto podemos dar un respiro importante respecto a que el imperio del Estado de Derecho también rige para todos los órganos del Estado, y por supuesto también para la Contraloría, porque no olvidemos que en definitiva cada uno de estos órganos son entelequias que están compuestos por personas y como tales pueden -y de hecho suele ocurrir- que se aparten de la legalidad, atribuyéndose facultades respecto de las cuales no fueron investidos. Porque nadie puede estar sobre la ley en una República libre y democrática, de lo contrario se rompe el principio constitucional “la soberanía reside esencialmente en la nación” y provocaría que quienes ejercen el poder podrían atribuirse facultades que carecen.
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Aunque todos los chilenos estamos convencidos de que vivimos en una democracia, la verdad es que cada institución y en especial quienes la encabezan temporalmente, tiende a asumir conductas dictatoriales. Lo anterior nos obliga a plantear la necesidad de otorgar y reforzar el rango constitucional del plebiscito. Tanto el tema de la inmigración - invasión, como en la proclamación de Bachelet como candidata a la Secretaría de la ONU, y otros de similar trascendencia, deberían tomarse decisiones sólo después de consultar a la Nación.
