A propósito de los votos nulos y blancos en las elecciones municipales, o ante la crisis “latente” en la democracia chilena

El autor de esta columna escrita para CIPER profundiza en las razones del gran número de votos nulos y blancos de las últimas elecciones municipales y regionales. Sostiene que “la elevada proporción (…) en esta primera elección tras la readopción del voto obligatorio, podemos relacionarla con el incumplimiento de la promesa igualitaria y redistributiva de la democracia, la degradación de la virtud cívica y con ello, de la participación”.

Entre el 26 y 27 de octubre recién pasado se llevó a cabo la elección de autoridades municipales y regionales, siendo estos  los primeros comicios tras la eliminación del voto voluntario y el restablecimiento del sufragio obligatorio, aprobado por el  Poder Legislativo  a fines de diciembre de 2022. A este respecto, ha causado asombro el nivel obtenido por los votos blancos y nulos en dicha convocatoria electoral, en donde la sumatoria de ambas categorías se posiciona como una “mayoría relativa” en el país. Lo anterior, ha dado curso a una columna publicada en CIPER, titulada: “Elecciones 2024: La “lista ganadora”, análisis geográfico al fenómeno de los votos nulos y blancos”, en la cual se indica que: “el porcentaje total de nulos y blancos en la elección de concejales sumó un 21,46%, [2.806.660 votos] porcentaje superior al de la lista con mejor desempeño, que fue la de Renovación Nacional – Independientes (lista I) con un 15,52%”. Asimismo, se concluye escuetamente en ese trabajo que: “En términos generales, podemos señalar que los votos nulos y blancos han puesto de manifiesto el delicado momento por el que atraviesa nuestro sistema de representación”. La problemática que reflejan estas magnitudes en relación con la participación ciudadana y la calidad de la democracia requiere de un reflexión en torno a las particularidades y alcances de este fenómeno.

La democracia representativa es entendida como el gobierno (indirecto) de las mayorías a través de los intermediarios políticos electos, con el necesario respeto a los derechos de las minorías. En el marco del capitalismo, el gobierno de la mayoría se lleva a cabo en una sociedad dividida o diferenciada en clases y grupos con intereses disímiles . A su vez, la democracia presenta dos grandes dimensiones, un ángulo formal o procedimental relacionado con los mecanismos electorales y las reglas del juego político e institucional; y por otro lado, una cualidad sustantiva en donde la democracia se vincula con la igualdad económica y/o redistribución de la riqueza, la participación ciudadana, la virtud cívica de los funcionarios públicos y ciudadanos, junto a la práctica de una cultura de convivencia y respeto

Tras la desaparición de la URSS en 1991, aconteció  el giro postmoderno en la política occidental que modifica  los clivajes del conflicto político. Este se trasladó  desde el protagonismo de la clase social y la arena redistributiva, a la centralidad del reconocimiento identitario en ámbitos como el género y la etnia. Así, hoy en día, la democracia capitalista se encuentra inmersa en una dinámica cada vez más irresoluble: en el contexto de la globalización financiera neoliberal, las desigualdades se han incrementado notoriamente, manifestándose una transferencia de ingresos a las clases acomodados, en especial, los grandes propietarios de activos o “superricos”. De este modo, el igualitarismo y la participación como principios y dimensiones sustantivas de la democracia se encuentran erosionados, considerando que en el escenario neoliberal, las capacidades de inversión son controladas por los grandes capitales privados, financieros e industriales, conocidos, en el contexto de Chile y América Latina, como grupos económicos. 

No obstante, en las democracias capitalistas europeas con estado de bienestar, a pesar de los envites del neoliberalismo, las desigualdades de clase han sido notoriamente atenuadas y el compromiso del igualitarismo en muchos casos implementado. En sociedades como las latinoamericanas, con una palmaria división o fractura social, la posibilidad de igualdad o bienestar para el conjunto de la ciudadanía se encuentra claramente incumplida y más aún, tiende a reforzarse. Así, en el Informe sobre la desigualdad mundial en 2022, Chile es el país más desigual de América Latina. El 1% de mayores ingresos concentra el 26,5% de los ingresos y un 49,6% de la riqueza; de este grupo, 9 familias poseen una riqueza que equivale al 16,1% del PIB. Esto acontece en unos mercados de consumo que operan con un sistema de precios con niveles de “primer mundo”, y un mercado laboral con un amplio sector de “trabajadores pobres” (o working poors), en donde el 50% de la fuerza de trabajo sobrevive con un salario igual o inferior a 582 mil pesos mensuales. En este orden de cosas, la revuelta o Estallido Social, ocurrida en el cuarto trimestre de 2019, supuso una radiografía de diversos problemas sociales que aquejan al país, reflejando una deslegitimación de las formaciones políticas y el sistema neoliberal. La acción colectiva contenciosa que implicó el Estallido  se vinculó con reivindicaciones relativas al establecimiento de derechos sociales en educación y pensiones; el cuestionamiento de la desigualdad económica y los sucesivos casos de corrupción política y las instituciones de defensa y orden público; sin excluir, la colusión empresarial, los abusos de poder, y el sexismo. 

Como un corolario del escenario económico y social descrito, se ha configurado una población cada vez más ajena y reacia a las rutinas partidarias y los “dimes y diretes” del juego político escenificado por los medios de masas. Este distanciamiento aparece, con notoriedad, desde 2012, cuando con la finalidad de homologarse a los países desarrollados y reconocer en plenitud las libertades ciudadanas, el estado chileno aplica el mecanismo de inscripción automática y voto voluntario, revertido a obligatorio en 2022. En ese periodo, la participación electoral se ubicará,  prácticamente, de forma constante, por debajo del 50% de los habilitados para ejercer el voto. Los eventos de corrupción política y abusos de autoridad conocidos recientemente por la opinión pública, como los casos de financiamiento ilegal de fundaciones asociadas a partidos de gobierno; la investigación en torno al tráfico de influencias con repercusiones a un máximo nivel judicial y político; o la renuncia del Subsecretario de Interior encargado de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado por una grave acusación de abuso sexual; no hacen más que redundar en la conformación de un escenario complejo para la democracia chilena sumida ante la amenaza latente de su crisis. En suma, la elevada proporción de votos nulos y blancos en esta primera elección tras la readopción del voto obligatorio, podemos relacionarla con el incumplimiento de la promesa igualitaria y redistributiva de la democracia, la degradación de la virtud cívica y con ello, de la participación. Distante de sus contenidos sustantivos y de bienestar, el conjunto de desigualdades y problemas irresueltos han convertido a la democracia (representativa) procedimental chilena en una especie de simulacro a la espera de rectificación.