El sábado 13 de abril, a través de un video en redes sociales, Christian Pino informó su renuncia al trabajo a honorarios que tenía en la Municipalidad de San Bernardo. Tres días antes, la Dirección de Control Interno de ese municipio había emitido un informe que concluyó que no es posible acreditar que Pino desempeñó efectivamente las tareas para las que fue contratado. Tampoco pudo comprobar la experiencia laboral de este exdirigente socialista, quien anteriormente había trabajado para la administración del cuestionado exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera.
“Nadie sabe lo que él hace” y “este funcionario lo que hace es campaña política”. Así, dos concejalas de San Bernardo, Marjorie del Pino (independiente exPS) y Mariela Araya (UDI), manifestaron para un reportaje publicado por CIPER el pasado 3 de abril, sus recelos sobre el trabajo que desempeñaba Christian Pino López, funcionario a honorarios de esa municipalidad (vea ese artículo de CIPER). Expresidente del PS en esa comuna y excandidato a su alcaldía en 2021, Pino informó su renuncia a la municipalidad -donde le pagaban $4 millones mensuales- el sábado 13 de abril, diez días después de la aparición del reportaje. Ahora se sabe que tres días antes de hacer pública su renuncia, un informe de la Dirección de Control de la municipalidad había establecido que “no es posible acreditar (el) cumplimiento y desempeño efectivo de las funciones encomendadas” a Christian Pino.
Aunque después de la difusión del artículo de CIPER cerró sus redes sociales, las que fueron reabiertas estos últimos días, hasta antes de ese abrupto final Pino se presentaba en Instagram como “candidato político” y posteaba sus numerosas actividades en los barrios de San Bernardo. Contratado para la “planificación y coordinación de tareas de fortalecimiento de organizaciones comunitarias”, entre los funcionarios de la municipalidad se cuestionaba la decisión de la administración del actual alcalde Christopher White (PS) de entregarle un cargo con alta presencia territorial, y con una alta remuneración, a una persona con ambiciones electorales (vea acá el oficio que formalizó su contratación).
Antes de llegar a la Municipalidad de San Bernardo, Christian Pino había trabajado en la de San Ramón bajo las órdenes del entonces alcalde Miguel Ángel Aguilera, investigado por vínculos con narcotraficantes y por irregularidades en el uso de recursos públicos. Aguilera, quien renunció al PS debido a la indagatoria de que es objeto, lideraba un grupo dentro de ese partido que prestó apoyo a Pino para que alcanzara la presidencia de la colectividad en San Bernardo en las elecciones internas de 2019. Sin el respaldo del partido, finalmente Pino debió presentarse como independiente a las votaciones municipales de 2021, donde se enfrentó en duros términos con el abanderado oficial del socialismo, el actual jefe comunal Christopher White.
A pesar de la tensa relación que mantuvieron durante la campaña, White terminó dando luz verde al empleo de Pino en la municipalidad. Pero, ahora, el informe interno de la Dirección de Control Interno indica que esa contratación no cumplió con las normas. Al documento de Control Interno, se sumó una publicación de La Tercera que reveló un lapidario informe de la Contraloría General de la República que también ensombrece la gestión de White, pues muestra un grave déficit en las cuentas de la Corporación Municipal de Salud y Educación de San Bernardo correspondientes a 2022 (ver recuadro).
El documento de Control Interno revisó eventuales anomalías en la contratación de cuatro personas a honorarios, incluyendo a Christian Pino. De acuerdo con ese informe, los servicios prestados por Pino no se ajustaron al Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales (consulte aquí la Ley N° 18.883). Esta normativa, según su artículo 4, faculta a los ediles a “contratar sobre la base de honorarios la prestación de servicios para cometidos específicos”. El informe de la Dirección de Control Interno determinó que a Pino se le asignaron cometidos “generales”, correspondientes a “coordinación, gestión y asesoría”. Esto, dice el documento, vulneraría la “jurisprudencia administrativa”, sustentada en al menos cuatro dictámenes de Contraloría (vea acá el informe de la Dirección de Control Interno).
Además, el informe interno indica que entre las labores encomendadas a Pino se cuentan tareas que son propias de la gestión interna de la municipalidad, lo que no es compatible con una contratación a honorarios, la que solo se permite para labores ocasionales o transitorias.
Pino informó su alejamiento de la municipalidad argumentando razones distintas a las señaladas en el informe de la Dirección de Control. A través de un video, difundido por el medio local San Bernardo Opinión (vea acá la publicación), dijo que dejaba el cargo de “asesor de planificación” porque ese rol le permitió conocer “distintas realidades, que me hicieron entender que mi propósito social no se ve representado con esta gestión (la del alcalde White). Me han hecho reflexionar en cómo desde la independencia puedo seguir haciendo cambios reales, (…) es por esto que hoy tomé la importante decisión, después de reflexionar bastante, en presentar mi renuncia”.
Además de las vulneraciones administrativas detectadas, la Dirección de Control interno tampoco logró corroborar que los antecedentes laborales presentados por Pino sean verídicos: “Se ha podido contar con una copia del currículum del honorario en cuestión, (…) (el cual indica) como experiencia laboral la de ´Coordinador Terreno Departamento Seguridad Pública´ desde marzo 2016 al 2020. Sin embargo, esa información no cuenta con respaldos tales como certificados de la institución en la cual prestó dichos servicios”.
Aunque el informe no logró acreditar que Pino fuese “coordinador”, lo cierto es que sí trabajó en el área de seguridad pública en San Ramón, bajo la gestión del procesado exalcalde Aguilera. Los registros de Transparencia Activa señalan que en 2018 se desempeñó en esa municipalidad, donde colaboró en la “actualización de una base de datos del consejo comunal de seguridad pública”.
Cuenta de Instagram de Christian Pino cerrada durante marzo del 2024 y reabierta el miércoles 17 de abril
La falta de experiencia relacionada con el trabajo encomendado, así como de respaldos que acrediten que los servicios efectivamente se prestaron, son los principales argumentos contenidos en el informe de la Dirección de Control Interno para cuestionar las remuneraciones pagadas a Pino: “En cuanto al monto de la remuneración, la cual ascendió en el año 2022 a la suma de $2.849.003, siendo incrementada en el período 2023 a $4.022.989 mensuales. Si bien se trata de cometidos distintos, la experiencia y formación del servidor es la misma, y una y otra vez no dice relación con el trabajo encomendado y que justificaría su nuevo cometido. A mayor abundamiento, no existe respaldo de esas labores”.
El informe también indica que las labores “generales” para las cuales Pino fue contratado, tampoco fueron ejecutadas: “Las tareas informadas por el servidor, y que fueron visadas por su superior jerárquico, no resultan ajustadas a aquellas formalmente encargadas”.
“Los respaldos del pago de los meses de marzo a julio de 2022, período en el cual (Pino) se desempeñó con un cometido supervisado por la Dirección de Seguridad Pública, consisten en informes en los que se consigna en un recuadro el nombre de las localidades u organizaciones con las que se habrían sostenido reuniones de trabajo. Sin que se especifiquen las materias tratadas, se adjunten actas de reuniones, listado de asistencia, etc.”, señala una de las conclusiones del informe.
La situación, indica el documento, se mantuvo en 2023: “Mensajes de la aplicación WhatsApp en que diversos móviles informan de la presencia del señor Pino en diferentes localidades, sin que en tales antecedentes se puedan desprender las materias tratadas, las personas presentes y si, en definitiva, se trata de gestiones correspondientes al cometido que le fuera encargado”.
*Nota actualizada a las 14:26 del miércoles 17 de abril de 2024.
DURO GOLPE DE LA CONTRALORÍA
Justo después de que el PS le ratificó el apoyo para una posible reelección, al alcalde de San Bernardo, Christopher White, se le abrieron dos flancos. El primero es el ya mencionado cuestionamiento de la División de Control Interno Municipal a la contratación de Christian Pino. El segundo es el informe que la Contraloría remitió al municipio con los resultados de la auditoría a los ingresos de la Corporación Municipal de Salud y Educación de San Bernardo correspondientes a 2022.
El Informe Final N° 763 de la Contraloría determinó que en 2022 la corporación suscribió convenios colectivos con sus sindicatos por $3.389 millones. Y, en el mismo periodo, registró un saldo negativo de $3.421 millones. El organismo fiscalizador concluye que “los recursos obtenidos (…) fueron insuficientes para solventar los compromisos adquiridos” (vea acá ese informe).
Contraloría detectó diversos problemas administrativos que agravan el déficit económico de la Corporación: “Se constató que la corporación municipal pagó $141.187.042 por intereses, reajustes y multas, originados por el no pago oportuno de las cotizaciones previsionales y de salud”.
Además, no existe certeza sobre el destino de $91 millones correspondientes a fondos educativos. Los montos fueron traspasados entre nueve cuentas corrientes distintas, pero “no consta que hayan sido devueltos a las cuentas de origen”. Ahora, la administración White tiene un plazo de 30 días hábiles para acreditar el destino de los recursos.
La auditoría de la Contraloría también reveló la ausencia de mecanismos de control internos en la Corporación Municipal: “Consultado sobre las auditorías realizadas durante el año 2022, como también sobre el control financiero y presupuestario efectuados a los recursos que administra esa entidad, el director de control subrogante informó a través de correo electrónico de 15 de mayo de 2023, que no consta información al respecto”.
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Las municipalidades tienen demasiadas tareas a su cargo. Educación y Salud deben volver a sus respectivos Ministerios. Los contratos de cualquier orden deben ser Todos a través de Concurso Público y con control de la Contraloría General. Los gastos deben ser también sometidos a férreo control como era hasta el Golpe de Estado. Los funcionarios deben ser todos de planta y los contratados deben pasar a la planta luego de 6 meses de funciones. Debe terminarse el contrato a honorarios pues es la fuente principal de la corrupción. Difícil hacerlo en un país donde el propio Parlamento es corrupto; ni que decir los Alcaldes.
Claudio Vila | 18.04.2024
Finalmente la corrupción generalizada en los municipios se está transparentando.
Los políticos pondrán coto o se repartirán el "chancho" a gusto de sus electores.
