Hace ya quince años que la matrícula escolar del sector privado subvencionado supera en nuestro país a la del sector público. Resulta llamativo que este dominio incluye también a los sectores más pobres, cuya educación ya no es privativa, como históricamente lo fue, de los colegios públicos. Con datos y análisis, expone la siguiente columna para CIPER de un investigador en el tema: «En estas décadas, el neoliberalismo desafió con éxito a la educación pública en sus principios fundantes, al extremo que en la actualidad se han ido borrando las diferencias entre ‘lo público y lo privado’ provocando respuestas que han cambiado la fisonomía del sector, algo que la institucionalidad pública le ha sido complejo de entender.»
Para quienes éramos mayores de edad para el Golpe militar de 1973, plantearse cualquier pregunta sobre educación privada con subsidio público era casi impensable. Por entonces, esta representaba el 13% de la matrícula escolar; y sumándole la privada de pago, no superaban el 20%. Es decir, la educación pública clásica chilena, aquella financiada y gestionada por el Estado, atendía el 80% de la matrícula total nacional, y ciertamente su participación era aún mayor en los sectores sociales urbanos más vulnerables, y casi única en el sector rural. La reforma educacional de la dictadura, implementada a partir del año 1981, sin preparación alguna y de manera súbita, cambió la arquitectura institucional, transfiriendo en tres años prácticamente todos los establecimientos escolares públicos a los municipios. Paralelamente lo hizo con el profesorado, los/las asistentes de la educación y administrativos, además de la infraestructura y equipamiento escolar. Las consecuencias de este proceso han sido extensamente documentadas y analizadas, siendo un referente en esta materia es el «Informe Final del Consejo Asesor presidencial para la Calidad de la Educación», publicado en diciembre de 2006 con visiones, enfoques, problemas y antecedentes de la educación chilena. En las casi dos décadas que han seguido a su publicación, las argumentaciones principales permanecen, más allá de la actualización de sus datos. Pese a los esfuerzos desarrollados en el segundo gobierno de Michelle Bachelet por las leyes de Inclusión (nº 20845, de 2015), de Desarrollo Profesional Docente (nº 20903, de 2016) y de Nueva Educación Pública (nº 21040, de 2017) —las cuales buscaban, entre otros objetivos, reducir el efecto del mercado en la educación escolar subsidiada— el sistema vigente no logra aún transformar en su sentido más profundo (principios) ni tampoco en lo operacional (mecanismos) el modelo de subsidio financiero del sistema escolar chileno legado por la reforma dictatorial. A grandes rasgos, se mantiene a un mercado plenipotenciario que rige, con correctores menores, el devenir de la educación, apoyado por un sistema de evaluación de directivos escolares también inscrito en la lógica de mercado, con un controversial sistema de pruebas (SIMCE) que, a contrario sensu, igualmente termina reforzando el mercado educacional.
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Ciertamente, no comparto los principios ni los procedimientos utilizados en dictadura para implementar esta transformación educacional que ha sido negativa y determinante en la vida de tantos ciudadanos, como tampoco me parece que las visiones teórico-ideológicas —del lado que sean— han de ser suficientes para torcer en la actualidad la compleja realidad de la educación nacional. Prácticamente desde el año 2008, la matrícula escolar del sector privado subvencionado nacional supera a la del sector público. En datos del 2023, el 54% de los estudiantes asiste a este tipo de enseñanza, sin contar que la privada pagada y otras dependencias representan el 9,2% de la matrícula, y el sector público en todas sus modalidades reúne aproximadamente al 30,6% de los estudiantes (excluida Integra y JUNJI). Números más o números menos, el sector privado subvencionado es mayoritariamente dominante en materia de dependencia de los establecimientos/estudiantes en el sistema escolar nacional. En cuanto a la dotación docente, la educación pública igualmente ha reducido su participación en favor de la privada subvencionada, apreciándose en lo ocurrido entre los años 2004 y 2023. Según los antecedentes de la Base de Datos de Cargo Docente del Ministerio de Educación, la dotación de profesores/as en los establecimientos municipales se redujo del 51% del total el año 2004 al 45% el 2023; en términos equivalentes, la de los establecimientos particulares subvencionados aumentó en esos años del 35% al 44,2% del total. Es decir, en esta materia, prácticamente son equivalentes ambos sectores. Además, la tasa de estudiante/por docente es superior en el sector subvencionado, teniendo el sector municipal una tasa claramente inferior. Los datos del año 2023 señalan que el sector municipal y servicios locales promedia 9,4 estudiantes por profesor y el privado subvencionado, 16,8 [CEM, MINEDUC 2024]. Lo destacable es que, analizada la matricula total por condición socioeconómica familiar, el grupo de estudiantes más pobres en forma gradual se acerca a cifras equilibradas en ambos tipos de dependencia: pública (49,3%) y privada subvencionada (43,7%), con una diferencia favorable a los primeros de 5,6%. Es decir, en la actualidad la atención a los más pobres no es privativa del sector público, como otrora sí lo fue.
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Después de más de cuatro décadas de funcionamiento de la educación escolar bajo las leyes del mercado, es imposible sostener que muy poco haya cambiado en estas décadas. Por el contrario, nuestro país ha experimentado una transformación cultural muy importante al respecto, que se expresa en al menos en dos dimensiones: primero, en una importante valoración de la educación privada subvencionada por la población, expresada en la demanda sostenida de matrícula que experimentó, incluso recientemente bajo la aplicación del nuevo sistema de Admisión Escolar; y segundo, porque la ciudadanía busca con mucho mayor decisión que antes quien pueda proveerle aquella educación que anhela para sus hijos/as, más allá de si la dependencia del centro educativo es pública o privada. Esto significa que, en estas décadas el neoliberalismo desafió con éxito a la educación pública en sus principios fundantes, al extremo que en la actualidad se han ido borrando las diferencias entre «lo público y lo privado» provocando respuestas que han cambiado la fisonomía del sector, algo que la institucionalidad pública le ha sido complejo de entender. Es comprensible que, con el retorno a la democracia, los gobiernos concertacionistas dedicaran grandes esfuerzos en recuperar y fortalecer la alicaída educación pública. No obstante, también adoptaron medidas en sentido inverso, una de las cuales fue impulsar el Financiamiento Compartido (1993), que a la postre fortaleció la educación privada subvencionada. Los efectos negativos de esta decisión sobre la segregación social y territorial han sido críticos, obligando finalmente al Estado a enmendarlo con cargo al erario fiscal en la Ley de Inclusión Escolar de 2015, la cual ha terminado por reducir las barreras de entrada a los establecimientos subvencionados (por la aplicación del SAE y la reducción del aporte financiero familiar), y por lo mismo se ha fortalecido el mercado. Es cierto que en el diseño sistémico del Estado, con la Constitución de 1980, se ha mantenido el concepto de subsidiariedad, lo cual ha terminado por eximir al sector privado de muchas responsabilidades públicas, lo cual además ha ido acompañado de que los gobiernos se hayan autoinhibido frente a algunas exigencias y controles hacia los privados. Sin embargo, ello no debió impedir, como en los hechos ha ocurrido, que no existan políticas educacionales direccionadas al sector escolar privado subvencionado, en pro de construir un sistema educativo nacional; y no como se opera en la actualidad, con dos sistemas paralelos, cada cual subdivido: el público (educación municipal y de sistemas locales) y el privado )sector subvencionado y el de pago). La Ley de Inclusión definió orientaciones financieras y de organización legal para la educación privada con subsidio público, y de admisión y selección escolar, pero no propone un marco de políticas educacionales para ese sector. La Ley de Desarrollo Profesional docente crea, con plazo final al 2025, un sistema único de carrera profesional para el sector público y privado en materias muy importantes, aunque no referidas directamente con la política educacional. La Ley de Nueva Educación Pública, da una nueva arquitectura al sistema público, pero tampoco propone orientaciones educacionales para el sector público. La situación descrita es coherente con el informe de la OECD sobre Chile (2019), el cual señaló que, a diferencia de los sistemas escolares más sólidos del mundo, nuestro país carecería de una visión estratégica y de coherencia sistémica en cuanto a los propósitos que sirve su sistema educacional y el alineamiento de los pilares que lo estructuran, cuestión que casi una década atrás Richard Elmore (2010) había documentado como «la falta de foco y poca transformación del núcleo pedagógico de la educación nacional». Entonces, sería importante que el Ministerio de Educación impulsara la construcción de una política educacional que, más allá del plano del curricular obligatorio, genere una articulación territorial efectiva de las unidades educativas de distintas dependencias, en un marco de acción que ofrezca a la ciudadanía una visión mucho más integrada a los estudiantes en todo plano, esencialmente en el formativo. Aquello también implica que la educación Privada Subvencionada «salga de su sitial de confort», y dé un salto de calidad no solo en los procesos formativos de los estudiantes, sino que asuma el derecho a educación de la población en plenitud como su desafío. Esto debiese llevarlos a articularse con fuerza, primero entre sí, rompiendo la insularidad del sector (más allá de hacerlo para las demandas financieras), y luego disponiendo de una propuesta formativa como sector supra establecimientos escolares, que evidencie su contribución y compromiso sectorial a la educación nacional.
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En el fondo, es el Estado quien financia toda la educación en Chile.
Ya sea a través de estos seudos colegios privados, o becas, o crédito universitario.
Hay padres que alegan que se debe otorgar a los subvencionados el derecho de elegir sus programas de estudios, comparto absolutamente su idea, siempre y cuando sean los padres quienes financien la totalidad de los aranceles.
El Estado tiene la obligación de dictar las directrices de los programas educacionales. Si lo hicieran los privados, muchas partes de la historia sufrirían grandes cambios, como desconocer que SI en Chile hubo una cruel dictadura.
Manuel | 09.04.2024
¿Cuántos premios Nobel de literatura nos ha dado la educación subvencionada o privada?... Para los defensores del modelo educativo, la educación que sus hijos reciben es cara y mala... Los estudiantes llegan a las universidades y no saben leer ni escribir (literal observación en aula). Ahora claro, tienen toda la "libertad"para entregarles una educación mediocre basada en la simple iterancia. Los defensores de este modelo creen que el Estado "adoctrina" cómo si en los colegios privados no negaran la historia y enseñaran religión como si fuera verdad... Tan perdido este pobre país y tan pobre intelectualmente... Estamos condenados a la miseria y subdesarrollado eternos...
Luis Carretero | 08.04.2024
No logro entender como algunos siguen sosteniendo que es el "Estado" el que debe definir que se enseña y a que colegio o escuela se debe ir .
Los padres han venido diciéndole al "Estado" que prefieren un tipo de colegio o escuela que otro. Pero el "Estado" quiere ponerle todas las trabas posibles. Si se le permitiera a los subvencionados y a los particulares ofrecer sus propios programas y que fueran los padres los que decidieran en vez del "Estado" que, cuando y como sus hijos reciben su educación, el "Estado" se quedaría sin alumnos a quien adoctrinar y con quien justificarse.
Adicional a ello y como nos han tratado de concientizar, todo lo que hubiera hecho la "Dictadura" es malo, sin evaluar su mérito.
La libertad conlleva responsabilidad. Cuando las decisiones las toman otros por nosotros (Estado, donde, que y cuando estudiar) se llama esclavitud, ya que nos libera completamente de la responsabilidad de la toma de decisiones.
JORGE BENAVIDES | 07.04.2024
Lo dije hace 30 años y lo mantengo ahora, con 35 años de experiencia, aumente la subvención en los colegios públicos, aumente los sueldos de los profesores no va a mejorar la calidad de los aprendizajes en los colegios públicos, los datos actuales dicen que existen un adulto por cada 9 estudiantes mientras que en los particulares subvencionados existe 1 adulto por cada 16 estudiantes, y estos últimos tienen mejores resultados. los colegios públicos cuentan como apoyo a la labor docente un gran numero de profesionales, entre ellos psicólogos, trabajadores sociales, educadores diferenciales, psicopedagogas, fono audiologas, terapeutas, asistentes de aula, equipos técnicos directivos completos y otros. la evaluación docente es un chiste, se prepara una clase especial solo para el día de la evaluación, nunca mas se repite, el portafolio se realiza con la ayuda de otros colegas que conocen los criterios de evaluación, este sistema no mejora la educación solo sirve para que los profesores mejoren su sueldo, no hay incentivo a la capacitación permanente, para ser mejores pedagogos, la formación de los profesores sigue siendo en muchos institutos de muy mala calidad y sumado a ello el excesivo intervencionismo con políticas educativas desde el ministerio de educación que siempre apuntar a disminuir las exigencias a los estudiantes, queda claro que a ninguna autoridad publica les interesa de verdad la calidad de la educación, comenzando por el propio presidente de la republica, que llego a la moneda juntamente por su lucha por la educación. no necesitan una comisión de expertos para arribar a estas mismas conclusiones
Jaime Liguencura | 07.04.2024
Además de lo dicho por la Profesora, en gran medida de acuerdo con su mirada del sistema educativo, agregar que es una aberración en el Sistema Público o Municipal, aún, que se le reduzca al Colegio, o se le descuente por el porcentaje de inasistencia mensual. A quién se castiga con ese descuento. Paradojalmente, se castiga a los que están asistiendo normalmente. Pues con menos plata mensual hay que cubrir los mismos gastos. Falten 5 o más estudiantes, igual hay que atender y financiar las necesidades permanentes del porcentaje que asiste normalmente a clases. Hay que cancelar igual los gastos de transporte, etc. Si faltan, ejemplo, 20 niños de ocho cursos. A caso hay que descontarle su renta a los docentes, acaso descontar ese porcentaje al servicio de transporte escolar. De dónde y cómo cubre el Municipio el descuento mensual que hace el Estado por la inasistencia escolar. Para mí lo más razonable es cancelar por la matrícula total del Colegio y no por la asistencia promedio mensual. O cancelar por la matrícula mensual. Por la matrícula y no por la asistencia media. Entonces se está haciendo lo que hace todo ser desvalido, marginado, esto es condicionar la matrícula a quiénes faltan demasiado a clases. Y cómo reacciona el apoderado/a, lo traslada a aquel colegio que lisa y llanamente omite la asistencia mensual real por otra sobredimensionada, es decir, altera la estadística, en caso contrario cae en "suicidio financiero mensual" Lo otro, Liceos Municipales con exceso impresentable de estudiantes por curso, etc.
lilian olivares lanas | 06.04.2024
Lo que plantea don Juan Salcedo es la triste realidad, sólo que independiente de si la procedencia del estudiante es de clase media (el sueño de muchos) o clase baja , según nomenclaturas antiguas (hoy sólo ricos y pobres), el sistema educacional debe replantearse en todos los niveles. Viví la experiencia de insistir en que los estudiantes, con los cuales debía compartir mis conocimientos y experiencia profesional, eran quienes debían incorporar nuevos conocimientos, por lo que la facilitación vía power point no la utilizaba a la vez que demandaba lectura de textos en forma permanente, me calificaron de "fregada" en términos elegantes, eran clases a nivel de instituto profesional en el cual una jefatura académica lisa y llanamente planteó y, por tanto, exigió, que "si la planilla de notas no era enteramente azul, era de exclusiva responsabilidad de quien impartía la clase". Fué impactante escuchar dicho planteamiento pues ese futuro profesional iba a enfrentar el mundo laboral sin las bases mínimas requeridas para su desempeño ya que, había que aprobarlo si o si. Total los padres ya habían firmado el pagaré de cuotas anual y el título debía ser otorgado pues la institución había "cumplido". Me encantaba hacer clases aunque no soy titulada como tal, pero todo tiene límites y no compartir una política de irresponsabilidad para con el proceso formativo de esos futuros profesionales me pasó la cuenta, no volví a ser convocada para realizar esa labor.
Jesica Donoso | 06.04.2024
La educación pública estatal cuenta con muchos más subsidios, que la educación particular subvencionada gratuita. Nuestro sistema tiene estudiantes de primera y segunda categoría, respecto de los fondos postulables y acceso a financiamiento para la mejora. La columna anterior contiene mucha ideología más que realidad!
Carlos Anriquez | 05.04.2024
El profesor Donoso tiene razón en la descripción de los síntomas observables en el sistema educativo chileno y sus subsistemas público y particular subvencionado. Respecto de las causas, coincidiendo en que eso que llaman mercado educativo (que no es exactamente un mercado natural) es la causa principal de los problemas que resume, privando al Estado de una tuición efectiva sobre el sistema. En lo que no coincido, es que este modelo esté atado a la constitución vigente. Ningún artículo, inciso u oración de la constitución vigente señala que el financismiento de la educación deba ser via subsidio a la demanda. Esta foma de financiamiento está regulada por una ley ordinaria, ni siquiera tiene rango de ley orgánica constitucional. De modo que el modelo de mercado en educación podría terminarse sin ninguna necesidad de cambiar, o siquiera modificar la constitución. Por otra parte, es muy incoherente que un artefacto social como este modelo de mercado - que no es mercado natural, sino un cuasi mercado - haya dadolugar a la frondosa burocracia que lo rodea convarias consignas atractivas - equidad, derechos, calidad, inclusión, etc, - todos inclumplidos y no se haya hecho lo único que permitiría avanzar deverdad en el cumplimiento de esas consignas: terminar con el modelo de financiamiento y cambiarlo por otro que financie al prestador del servicio (podríamos incluso dejar de tratarlos como "proveedor" y "consumidor" de educación).
Juan Salcedo | 05.04.2024
Interesante reflexión, pero el papel aguanta mucho. La realidad en las escuelas públicas y subvencionadas es otra. Desde hace casi treinta años se fue perdiendo casi en su totalidad el "rigor" de había en el proceso de enseñanza. Es más, ahora estamos invadidos por el exceso de "derechos" que limitan el mismo proceso y la labor docente que año tras año vamos capacitando, aprendiendo, estudiando y entregando a nuestras y nuestros estudiantes (soy docente con más de 20 años en el aula básica y media). Las escuelas subvencionadas le restan recursos a la educación pública. La ley de inclusión llevó al suelo a las escuelas y liceos emblemáticos, la superintendencia de educación solo favorece a los padres y apoderados que generalmente son de aquellos estudiantes más conflictivos, sin normas ni hábitos y que van a la escuela para que los cuiden y no para que aprendan. El exceso de derechos va siempre, por sobretodo en estos últimos 15 años en lograr más con el menor esfuerzo y exigencia. Quiero dejar en claro que "no son todas/os los estudiantes así", pero hay un grupo que se hace muy fuerte en cada curso y en cada escuela. Reclaman por todo, no les gusta que les exijan, que les pongan límites, no cumplen con las fechas de pruebas y entregas de trabajo, siempre tienen una excusa, y reclaman y reclaman; y la dirección y equipo de gestión del establecimiento le carga la mano al docente (era que no) y nos obligan a bajar la exigencia, la escala, hasta que "alcance lo óptimo" y salve con una nota azul. Increíble por decir lo menos. Y a final de año te despiden o no te renuevan porque eres muy exigente. Y así, las y los estudiantes pasan de curso sin las competencias mínimas. Y al año siguiente lo mismo. Entonces el establecimiento baja casia cero las repitencias (de los que debieran realmente repetir) y se hace de un "buen prestigio"... "el colegio es bueno" se datean entre padres y apoderados. Y eso es falso. Cada día salen más y más jóvenes sin capacidades reales que le permitan enfrentar la vida del adulto y la vida laboral. No tienen hábitos de estudio ni de trabajo; no desarrollan el pensamiento crítico (que no es lo mismo que reclamar por reclamar); no comprenden lo que leen; no fundamentan su propio discurso; hablan mal, para que decir como va la escritura; y en lo que se trata de conocimientos generales, nada. Entonces, están saliendo muchas "mano de obra barata". Y con esto tampoco quiero quitar responsabilidad a la educación pública, donde pasa exactamente lo mismo. Ya no se puede ser riguroso en el proceso de aprendizaje, porque "el niño se estresa, se siente insultado". Me parece que la falta de rigor le pasó la cuenta a la educación de nuestro país. La educación chilena "es el único servicio que la gente paga (o el estado paga) para que sea malo. Mientras menos exigencia, mejor; mientras menos lecturas, mejor; mientras menos desarrollo de la mente, mejor; mientras no me "llamen la atención por llegar tarde, por faltar, por no hacer mis tareas y trabajos, por no copiar de la pizarra, por no trabajar y aprovechar las horas de clases, mejor, siempre mejor. Mientras menos para obtener más, eso es mejor". ¿Acaso alguien va al médico para que este haga mal su trabajo? ¿acaso alguien le paga al maestro para que deje la cañería chorreando? Obvio que no. Pero tratándose de educación, mientras menos desgaste y pase y pase de curso hasta obtener "un cartón" que no pesa ni lo que pesa la hoja misma, mejor. Así estamos mal. Entonces, más allá si el establecimiento es subvencionado o público, si no nos dejan hacer nuestro trabajo, que para eso estudiamos años y años en la universidad, no habrá política educativa que funcione. Y estamos en la OCDE. Como si eso nos hiciera mejores. Tenemos todos los números en rojo de cualquier tema relacionado con la OCDE. No por nada las universidades hace varios años que tienen que hacer nivelación en Lenguaje y Matemáticas a sus mechones. Entonces uno se pregunta ¿y que fue a hacer durante los 12 años de educación básica y media? Alguien me dirá "pero la familia es un pilar fundamental para que esa o ese estudiante logre sus metas y objetivos y aproveche su proceso educativo. Claro, son la media, pero con el resto no nos dejan hacer nuestro trabajo. Para que voy a explicar otra vez el por qué. En fin. sin rigor y las reglas bien claras, ni el establecimiento más caro o gratuito va a lograr realmente su objetivo natural: entregar enseñanza de calidad y equidad.
