Comidas de Zalaquett: «Las explicaciones que han dado no son satisfactorias y van en contra del espíritu de la ley»

La abogada y directora ejecutiva de Chile Transparente, experta en anticorrupción, reprueba las explicaciones que ha dado al gobierno respecto de por qué no incluyó en el registro público de la Ley de Lobby las reuniones que han sostenido, al menos, seis ministros con empresarios en el departamento de Pablo Zalaquett. “Lo que busca la ley es registrar toda actividad cuyo objetivo sea influir en decisiones públicas, independiente de dónde y cuándo se lleve a cabo. Bajo esa perspectiva, estas conversaciones debieron comunicarse públicamente”. La experta advierte que no hacerlo afecta la percepción ciudadana sobre la política y los “necesarios vínculos que debe establecer con el mundo privado, un tema que ya genera sensaciones negativas en nuestra sociedad”.

Créditos imagen de portada: Chile Transparente

La directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada –quien presidió el Comité de Probidad convocado por el Presidente Gabriel Boric a partir del Caso Convenios–, se enteró a través de un reportaje de CIPER que, al menos, seis ministros del gobierno de se han reunido con empresarios en el departamento del exalcalde y actual lobbista, Pablo Zalaquett (UDI). Esas reuniones no fueron anotadas en el registro que dispone la Ley de Lobby. Solo quienes asistieron a ellas sabían de su existencia.

Para María Jaraquemada, la revelación de esas reuniones a través de un reportaje es “lamentable”, y cree que hay una mala interpretación de la ley en la respuesta que entregaron los secretarios de Estado cuando se les consultó por qué no las transparentaron: “Que un ministro diga que estas conversaciones no debían, necesariamente, ser ventiladas al público porque se realizaron fuera del horario laboral, o porque no tocaron temas específicos como proyectos de ley, está haciendo una interpretación muy restrictiva de la ley. Y esa interpretación afecta derechamente al buen funcionamiento de la normativa. Creo que correspondía transparentarlas a la ciudadanía”.

La primera reunión que salió a la luz fue en la que estuvieron el ministro de Economía, Nicolás Grau, y la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, el 13 de noviembre del año pasado. En el departamento de Zalaquett, ubicado en Lo Barnechea, se reunieron con empresarios y ejecutivos de tres empresas salmoneras: Blumar, Aqua Chile y Multiexport (lea el reportaje “En la casa de Pablo Zalaquett: la reservada reunión donde los ministros Grau y Rojas acercaron posiciones con la industria salmonera”).

En un segundo reportaje, CIPER reveló que al menos seis ministros del gobierno han estado en reuniones en la casa de Zalaquett, entre junio y noviembre del año pasado. En esas citas también participaron empresarios de distintas áreas. Aunque La Moneda no ha transparentado los nombres de todos los asistentes, nuestra investigación ha logrado chequear que, además de los representantes de la industria salmonera, también han acudido ejecutivos de Grupo Luksic (vea aquí “No sólo Grau y Rojas: ministros Tohá, Van Klaveren, Jara y Valenzuela también se han reunido con empresarios en casa de Zalaquett”).

El Gobierno reconoció la existencia de estas reuniones y tomó una postura al respecto: la Ley de Lobby, hecha para regular y transparentar las zonas opacas de la relación entre el  mundo público y el privado, no exige que este tipo de encuentros se transparenten. Y es allí donde difiere Jaraquemada: “En simple, creo que las explicaciones que han dado no son satisfactorias y, más bien, responden a una interpretación a mi juicio errónea. Además, van en contra del espíritu de la ley”.

En todo caso, la abogada no está en contra de este tipo de reuniones: “Hay que aclarar que este tipo de encuentros entre públicos y privados son sanos para una democracia, pero siempre y cuando se cumplan los preceptos que establece la Ley de Lobby y se transparenten. Hay canales formales para hacerlo y hay que cumplir con ellos. Siempre será positivo que las industrias reguladas y los ministerios conversen, genera confianza y fortalece la democracia, pero hay que hacerlo de acuerdo con la ley”.

Cuando el ministro Grau y la ministra Vallejo dijeron que no era necesario que las reuniones entre autoridades y empresarios en la casa de Pablo Zalaquett quedaran registradas, usted contestó que esa era una mala interpretación de la ley  ¿Por qué?

-Discrepo de esa interpretación porque creo que es extremadamente restrictiva con la aplicación de la ley. En el fondo, están diciendo que no hubo una decisión específica, precisa y concreta que se buscó influenciar (en esas reuniones), como el proyecto de ley de pesca u otra. Pero, en general, lo que busca la Ley de Lobby es que se transparenten las distintas gestiones que se hacen para influir en una toma de decisión, y eso puede ser sobre políticas públicas en general que tenga que hacer, por ejemplo, el Ministerio de Economía hacia una determinada industria. Ese es el espíritu de la ley. Entonces, una interpretación tan restrictiva podría hacer inaplicable una normativa que busca desinhibir las conversaciones privadas o reservadas, que son necesarias en política. De hecho, la ley no obliga a publicar ni el contenido detallado de las conversaciones ni minutas, pero sí que haya una mayor transparencia y rendición de cuentas de las relaciones entre autoridades públicas y entidades privadas.

Además, ayuda a que haya una mayor trazabilidad de las decisiones que toman las autoridades, es decir, que nosotros podamos entender cuáles fueron los antecedentes, con quiénes se reunieron, quiénes intentaron influir, quiénes fueron escuchados antes de ello.

Por eso, en primer lugar, no comparto la interpretación de los ministros y, en segundo lugar, creo que bajo esa premisa terminaríamos con una aplicación totalmente restrictiva de la Ley de Lobby, impidiendo que cumpla el objetivo que ella busca.

Cuando le preguntamos por qué no registró su reunión con empresarios salmoneros en la plataforma del Lobby, el ministro Grau contestó: “En general no registro todas mis comidas, salvo que allí se trate un tema de interés de un particular. Pero eso, en general, lo trato en reuniones en horario laboral”. ¿Qué dice la ley respecto a las reuniones que se mantienen fuera de la jornada laboral de los funcionarios públicos?

-A mi juicio, también es una mala interpretación de la ley que solo las reuniones que se tienen en horario laboral queden registradas públicamente. Es un argumento que he escuchado varias veces en distintos gobiernos e incluso en el Congreso. Finalmente, lo que busca la ley es registrar toda actividad cuyo objetivo sea influir en decisiones públicas, independiente de dónde y cuándo se lleve a cabo. Es decir, no es necesario que se realice en un edificio institucional ni dentro de la “jornada laboral”. Bajo esa perspectiva, estas conversaciones debieron comunicarse públicamente.

Además, no sé si los ministros y ministras tienen un horario establecido. Por el contrario, tendería a creer que se trata de una jornada bastante extendida dado el cargo que tienen.

Por lo mismo, sería complejo determinar en qué momento un ministro se sienta a comer con empresarios, ejecutivos del grupo Luksic o con representantes de distintos gremios, sin representar al Estado. Más si la contraparte tiene interés en la labor reguladora o fiscalizadora que ejerce ese funcionario público. ¿Es posible hacer esa diferenciación?

-Sería muy difícil. Por eso es importante señalar que la normativa no limita el lugar ni el momento de las reuniones que hay que registrar. De hecho, hay un artículo de la ley que dice claramente lo siguiente: “los registros de agenda pública deberán consignar las audiencias y reuniones sostenidas y que tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses particulares respecto de las decisiones que señala esta ley”. Entonces, lo que manda al momento de registrar la audiencia o reunión es el objeto de ella, nada más. Y, siguiendo lo que señala el texto legal, también es necesario que se indique el nombre de los asistentes, si representan a otra persona natural o jurídica, cuánto duró la reunión, etc.

Pablo Zalaquett, quien organizó estos encuentros, dijo a CIPER que “siempre ha estado expresamente excluido el lobby, en las invitaciones y en las reuniones” que él organiza. Y la ministra Vallejo argumentó que no era necesario dejar un registro público de las conversaciones a las que asistieron distintos representantes del gobierno porque “se trata de reuniones destinadas a abordar antecedentes generales sobre materias relevantes para las respectivas carteras”. ¿Qué lectura hace de estas posturas?

-Son declaraciones contradictorias. Por un lado, te dicen que se trató de conversaciones genéricas, pero, por otro lado, el ministro Grau también aduce que asistió a una reunión con privados porque el gobierno está evaluando “cómo hacer una transformación profunda en la salmonicultura, que permita fortalecer su desarrollo”. Entonces, me cuesta entender cómo se puede lograr una “transformación profunda” hablando generalidades, que fue lo que contestó la ministra vocera. Es contradictorio. Y, quizás, Pablo Zalaquett también tiene una interpretación restrictiva de lo que es el lobby y está pensando que eso se trata de influir en actuaciones muy concretas sobre una industria, como contratos, resoluciones o algo así.

¿Qué riesgos corre el sistema político cuando no se cumple con esas exigencias?

-Uno de los objetivos de esta ley es diferenciar de manera muy clara lo que es un intento de influencia legítima, que todas y todos podemos tener sobre temas que nos afectan, de delitos que hemos visto en el pasado, como tráfico de influencias o sobornos, como ocurrió en el caso Corpesca, por ejemplo. Y no estoy diciendo que la situación revelada por CIPER se parezca a lo que ocurrió en aquella ocasión, que se entienda claramente. Pero, estoy diciendo que es importante hacer esa diferenciación porque, cuando no se utiliza correctamente la ley, lo único que se genera es una profundización de la desconfianza ciudadana sobre las instituciones políticas. Este tipo de hechos deja un margen para que se especule con cosas que, quizás, están muy lejos de la realidad.

Este tipo de normativas también protege a las propias autoridades, para que ellas puedan dar a la ciudadanía una señal de integridad y transparencia sobre sus actuaciones para no generar suspicacias. Es un hecho de la causa que, frente a este tipo de revelaciones, las personas reaccionan con sospechas y desconfianza. No es bueno ahondar en esa sensación.

Y ojo, porque la ley también busca nivelar la cancha entre quienes buscan influir en las decisiones de las autoridades. Es decir, si yo tengo una idea contraria a la tuya, y me enteré por el registro de lobby que te juntaste con un ministro, tengo el derecho a solicitar la misma instancia y presentar mi punto de vista. Cuando las reuniones no se transparentan, las personas, grupos, empresas, organizaciones o grupos que tienen intereses similares o contrarios, pierden la oportunidad de acceder a una igualdad de trato.

En este caso, ese derecho se pasa a llevar cuando la ministra Tohá y el canciller Van Klaveren, además de no registrar públicamente sus reuniones en casa de Zalaquett, tampoco detallaron el nombre de su contraparte cuando les preguntamos por ello, ¿no?

-Exactamente. Todo esto afecta el cumplimiento de otro punto de la ley, acaso el más complejo: en Chile, y en Latinoamérica, la palabra “lobby” tiene una connotación negativa y muchas veces se confunde con delitos o corrupción. Lo que intenta este tipo de regulaciones, es separar esos conceptos y aclarar que se trata de una actividad legítima, transparentar y aplacar sospechas de irregularidades. Entonces, cuando no se cumple con ello, se está desprestigiando la propia actividad del lobby. Por algo la ciudadanía habla de las “cocinas” frente a algunos casos, porque espera que haya mucha más transparencia frente al actuar de las autoridades y que se sepa con quién se relacionan.

Mantener este tipo de actos bajo reserva solo entrega un manto de negatividad que, desde mi punto de vista, no debiera tener este tipo de vinculaciones.

En términos prácticos, ¿Qué se debe mejorar y fortalecer de la Ley de Lobby?

-Bueno, si hay problemas con la interpretación, entonces sería bueno clarificar ciertos conceptos en la normativa. Se podría agregar que esta ley aplica independiente del horario y el lugar donde se realice la reunión o audiencia.

Otro punto importante, y al que están apuntando las legislaciones en el mundo, es que se incluya todo tipo de contacto. Nuestra ley solo habla de “audiencias” y “reuniones”, sean presenciales o por videoconferencia, pero deja fuera otro tipo de contactos para influir como la mensajería instantánea, las llamadas telefónicas o los correos electrónicos. Si actualmente la manera más eficiente de comunicarse es a través de un mail o un mensaje de WhatsApp, y eso no está contemplado en la ley, estamos frente a un vacío legal que es importante de corregir.

Además, algo que no tiene que ver con mejorar la ley en sí misma, pero que es importante para que funcione bien, es que su existencia y sus alcances deben ser mucho más difundidos entre organizaciones de base o vecinales, para que sepan que tienen a disposición una herramienta que les permite acceder a autoridades. Cualquier persona a través de su celular puede pedir una reunión con un alcalde o alcaldesa, parlamentario o parlamentaria o con un ministro o ministra de Estado. Las autoridades no están obligadas a aceptarlas, pero sí a contestar. Esa democratización del contacto hay que difundirla más.