Las reservadas asesorías a la Asociación de Isapres: Fundación Jaime Guzmán, Instituto Libertad, Gonzalo Cordero y Ángela Vivanco

CIPER accedió a actas del directorio de la Asociación de Isapres entre 2010 y 2020. En ellas aparece parte de las asesorías que han recibido las aseguradoras, las que hoy están en plena ofensiva para amortiguar los efectos de los fallos de la Corte Suprema que establecieron que durante años cobraron en exceso a sus usuarios. En el Senado se conformó una mesa asesora que propuso la rebaja de la deuda de las isapres, en esa instancia tuvo un cupo la Fundación Jaime Guzmán, la que nunca transparentó que tiene un contrato vigente con la entidad gremial. Hay asesores que se mantienen en las sombras.

“Esa es información privada”, fue la respuesta que en octubre pasado le dio a CIPER la Asociación de Isapres cuando solicitamos acceso a las actas de su directorio. En esos documentos se detallan los proyectos y contrataciones de la gremial de las aseguradoras de salud, entidad que en el último año ha desplegado un intenso lobby en medio de la tormenta desatada por los fallos de la Corte Suprema que las tienen en una delicada situación financiera.

CIPER pudo acceder a parte de las actas del directorio de la asociación en el periodo 2010-2020, luego de solicitarlas vía Ley de Transparencia al Ministerio de Economía, la secretaría de Estado que supervisa el Registro de Asociaciones Gremiales y que, por lo mismo, tiene acceso a esa documentación.

En esas actas está la huella de quienes han sido los asesores de la Asociación de Isapres en los últimos años. A ellos les han pagado por elaborar estudios, entregar informes sobre proyectos que se tramitan en el Congreso y también por diseñar programas a implementar internamente en las aseguradoras. 

Entre los think tank que prestan servicios para la asociación están la Fundación Jaime Guzmán y el Instituto Libertad, centros de pensamiento ligados a la UDI y a RN, respectivamente. En el caso de Libertad, se trata de informes de asesoría legislativa cuya contratación se aprobó en la sesión de directorio del 28 de mayo de 2012 (ver aquí). Desde el Instituto Libertad le dijeron a CIPER que se trata de una suscripción a su boletín parlamentario que se mantiene hasta hoy, por un monto de $200 mil mensuales.

El mismo tipo de asesoría presta la Fundación Jaime Guzmán. En las actas no aparece con claridad la fecha en que se contrataron sus servicios, pero sí cuándo se mejoró la suscripción a ellos. Fue en la reunión de directorio realizada el 12 de junio de 2019: “Mejorar la asesoría de la Fundación Jaime Guzmán, contratando Alerta Legislativa Premium, para tener la información detallada e inmediata de lo ocurrido en las Comisiones y posiciones manifestadas por parlamentarios, así como también eventuales acuerdos, indicaciones presentadas y resultado de las votaciones si las hubiera. Costo UF 75.- Mensuales”, se detalla en el acta (ver aquí).

Según el valor de la UF de junio de 2019 la fundación recibía, en esa fecha, $2,08 millones mensuales por el trato con la gremial de las isapres. Al valor de hoy, esa suma llega a $2,7 millones ($33 millones anuales).

La Fundación Jaime Guzmán tuvo un cupo en la Comisión Técnica Asesora que se encargó de elaborar una propuesta para el Senado que buscó resolver la crisis de las isapres. Ese cupo lo obtuvo gracias a que el senador Sergio Gahona (UDI) nombró como su representante a Teresita Santa Cruz, directora legislativa de la fundación. De hecho, en el informe de la comisión, fechado el 10 de octubre de 2023, se agradece la participación de “la Fundación Jaime Guzmán y en particular de Teresita Santa Cruz”. En esa instancia también participaron integrantes de otros think tank, como Espacio Público, y exautoridades de Salud, como el exministro Emilio Santelices y el exsubsecretario Cristóbal Cuadrado. En la instancia, la Fundación Jaime Guzmán no transparentó su relación con la Asociación de Isapres.

En sus conclusiones, la Comisión Técnica Asesora estimó que la deuda de las isapres con sus afiliados llegaba a US$451 millones, menos de un tercio de lo que había calculado la Superintendencia de Salud: US$1.400 millones. 

La asociación también tiene un vínculo indirecto con Libertad y Desarrollo, centro de pensamiento ligado a la UDI que tuvo un cupo en la comisión técnica que asesoró al Senado. Según las actas de la Asociación de Isapres, uno de sus asesores ha sido Gonzalo Cordero, director de TVN, exdirector del Consejo Nacional de TV, exsocio de Azerta y un hombre clave en la política comunicacional de la UDI. Cordero, según el acta de junio de 2019, ha integrado el Comité Asesor de la Asociación, que tiene en total tres integrantes. En las respuestas enviadas para este reportaje, la Asociación de Isapres no quiso transparentar los nombres de sus otros asesores:

– Con frecuencia la Asociación de Isapres requiere asesoría en diversas materias (estudios, análisis jurídicos, revisiones técnicas y legislativas, entre otras) y para ello se apoya en distintos especialistas, que van variando, dependiendo de las condiciones y situaciones. 

La Fundación Jaime Guzmán, Libertad y Desarrollo y el Instituto Libertad asesoran mensualmente a congresistas de la Cámara de Diputados y el Senado. Son actores clave a la hora de fijar las posturas de los parlamentarios de los partidos de Chile Vamos.

Otro de los asesores que aparecen en las actas de la Asociación de Isapres es el exministro de Economía del primer gobierno de Michelle Bachelet, Alejandro Ferreiro, quien estuvo a cargo del proyecto “Autoregulación Movilidad Afiliado”. Según dijo Ferreiro a CIPER, ese proyecto no alcanzó a ver la luz: “(la idea era que) favoreciera la movilidad de los afiliados a las isapres en un esquema de autorregulación”. En una asamblea general de socios, realizada el 25 de noviembre de 2016 (ver aquí), la Asociación de Isapres aprobó un presupuesto extraordinario para financiar esa iniciativa y también un informe en derecho de Ángela Vivanco, actual ministra de la Corte Suprema.

“Informe en Derecho sobre Recursos de Protección y Costas Judiciales”, como se titula, fue uno de varios que la magistrada Vivanco elaboró para las isapres. En conversación con CIPER, ella calculó que les hizo “tres o cuatro” informes. Según sus palabras, el último se trató sobre “si se podían considerar gastos, o no, las costas judiciales, me parece que se trató de eso”. Sobre el monto de dinero que le pagaron por los informes, ella dice no recordar: “No, en absoluto. No me acuerdo. En absoluto, porque son informes que tienen muchos años, no me acuerdo cuánto cobré”.

Esas cifras tampoco aparecen en las actas a las que accedió CIPER, porque fueron tarjadas por el Ministerio de Economía debido a que se les considera como “datos sensibles”.

ASESORES Y EXPERTOS

Tanto Alejandro Ferreiro como Ángela Vivanco han sido blanco de críticas por su relación con las isapres y las actuaciones que han desplegado en la actual coyuntura. Ferreiro firmó un estudio entregado en mayo pasado a la Comisión de Salud del Senado, el que proponía alternativas más convenientes para que las isapres pagaran la deuda a sus afiliados. 

Cuando en junio CIPER le preguntó por su relación con las isapres, no mencionó el proyecto que aparece en las actas de directorio de la gremial (vea reportaje “Asesores y lobistas: los nexos con las isapres que tienen los «expertos» que intervienen en el debate por el fallo de la Corte Suprema”). 

El caso de Ángela Vivanco ha sido más bullicioso. El 4 de junio pasado, La Tercera publicó una entrevista donde Vivanco reinterpretó el fallo de la Suprema que obliga a las isapres a devolver a sus afiliados lo cobrado en exceso: “Los excedentes que las isapres tienen que devolver son a quienes demandaron”, fue el título de esa entrevista. Si ella tenía razón, la deuda de las isapres con los afiliados se reducía bruscamente. Ante sus palabras, el gobierno y las isapres presentaron recursos de aclaración a la Suprema.

La tercera sala -de la que forma parte Vivanco, que ve temas constitucionales, y en la que han recaído las causas que involucran a las isapres-, mantuvo el fallo original. El día en que se revisaron los recursos, Vivanco no asistió. Ella estaba en medio de un huracán. Su entrevista generó que varios ministros de la Corte Suprema solicitaran internamente que ella dejara el cargo de la vocera del máximo tribunal, lo que ocurrió el 6 de junio. 

En una nueva tanda de fallos de la tercera sala, relacionados con el alza de los planes GES (Garantías Explícitas en Salud), Vivanco fue el único voto disidente. Si la mayoría de sus pares (Sergio Muñoz, Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus y Mario Carroza) optaron por congelar el alza de la prima GES, y aplicar esa decisión de manera general, el voto de minoría de Vivanco se inclinó por limitar las eventuales devoluciones de dinero (que quedaron en manos de la Superintendencia de Salud) solo a quienes habían presentado recursos de protección. Agregó que en la fijación de los precios debían considerarse los gastos administrativos, de cartera de clientes, red de prestadores “y otros propios de cada isapre”, consignó entonces El Mercurio. 

Ángela Vivanco le dijo a CIPER que ella siempre ha fallado en favor de los afiliados: “Tengo cinco años y medio de fallos que tú puedes revisar y te vas a dar cuenta de que en todos los fallos yo he fallado siempre, cuando corresponde, y en derecho corresponde, a favor de los afiliados”.

Agregó que desde que comenzó su postulación a la Corte Suprema, dejó de prestar servicios para los privados:

“Una vez que uno entra en el proceso de postulación a un cargo público, uno ya deja de relacionarse con intereses que son intereses privados. Yo empecé mi postulación en enero de 2018 y lo que mantuve durante ese tiempo fueron mis actividades académicas, y temas que yo estaba llevando para la Universidad Católica, directamente. De tal manera que los temas de isapres ya en ese tiempo yo no los estaba viendo. Por otro lado, al ingresar a la Corte Suprema, como es obvio, no seguí dando ninguna asesoría a nadie, de las muchas personas a las que les di asesoría desde el punto de vista de los informes en derecho, porque yo nunca trabajé ni para la asociación ni para la isapres”.

Según las respuestas que envió la Asociación de Isapres a CIPER, el último informe que le entregó Vivanco fue en 2017: “En su calidad de académica y especialista en derecho constitucional, la abogada Ángela Vivanco realizó distintos estudios jurídicos para esta asociación, el último en 2017”.

En las actas de directorio de la gremial también aparecen otros asesores. El 12 de junio de 2019 se decidió, por ejemplo, la contratación como asesor de Gonzalo Cordero. “Incluir en el Comité Asesor de reforma, que ya existe, a un tercer integrante, se propone al Sr. Gonzalo Cordero, abogado con experiencia en materia comunicacional, se lee en el acta. Su incorporación se definió que comenzará en julio de ese año”.

Gonzalo Cordero le dijo a CIPER que ha sido asesor de la Asociación de Isapres, aunque desconoció pertenecer a algún comité especial: “Sí, asesoro a la Asociación. Obviamente no puedo hablar de la asesoría misma y en mi caso yo tengo reuniones semanales con el equipo de la Asociación. Mi único rol es el de análisis y sugerencias a ellos, no me relaciono con otros asesores”.

Otro de los asesores que aparecen mencionados en las actas de la gremial de las aseguradoras, es Germán Concha, abogado de la UC que integró el Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas en el primer gobierno de Sebastián Piñera y fue director de Metro en la segunda administración del mismo mandatario. Además, trabajó en la campaña del excandidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, en 1999. También ha sido director de AFP Capital. 

Según el acta del 12 de junio de 2019, a Concha lo contrataron como asesor para revisar la tramitación parlamentaria de la reforma a las isapres. El costo de esa asesoría llegó entonces a UF 87,5 mensuales ($3,2 millones según el valor actual): “Reforma de Isapres. Propuestas: Con la finalidad de apoyar desde la Asociación el proceso legislativo se proponen las siguientes asesorías: a. Asesoría del abogado Germán Concha para revisar los textos que se van proponiendo y textos alternativos. Costo UF ochenta y siete coma cinco.- Mensual”, se lee en el acta de ese día.

Germán Concha le confirmó a CIPER esa asesoría, pero no entregó más detalles.

Con esa misma finalidad -“apoyar” el trabajo legislativo-, se evaluó la contratación de la sociedad Altura Management, de Bernardo Luque López y Victoria Beaumont Hewitt, quien ha sido defensora de la presencia de los privados en la salud a través de la fundación “Salud Libre”.  Esa empresa ha prestado asesorías para las isapres en otras ocasiones, aunque en junio de 2019 se optó por no contratar sus servicios.

Victoria Beaumont es columnista en distintos medios de comunicación, como La Tercera, Diario Financiero y Radio Agricultura. En esas columnas no ha transparentado este vínculo con las isapres. En 2016 Altura Management elaboró dos informes para la Asociación: “Contabilidad separada GES” e “Informe sobre judicialización”. Así consta en una carta que la Asociación de Isapres le envió al entonces gerente general de isapre Más Vida. Los montos por esos servicios aparecen tarjados en el documento (ver aquí).

ASESORÍAS PARLAMENTARIAS

En lo que pareció ser una ofensiva de las isapres para encarar la reforma a las aseguradoras que se tramitaría en el Congreso, el acta del 12 de junio de 2019 da cuenta de cómo la asociación abrió la billetera para reforzar a su equipo de asesores, y así incidir en el trabajo legislativo.

Además de las contrataciones de Cordero y Concha, en esa acta también está el detalle de los servicios que le presta la Fundación Jaime Guzmán. Como ya se mencionó, ese día decidieron aumentar el monto que se paga a la fundación, para acceder al servicio “Alerta Legislativa Premium”, lo que les permite estar al tanto de todo lo que ocurre en el Congreso.

Según la web de transparencia del Congreso, a noviembre de 2023 la Fundación Jaime Guzmán prestaba asesorías a 12 diputados de la UDI (Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Sergio Bobadilla, Juan Antonio Coloma, Eduardo Cornejo, Felipe Donoso, Juan Manuel Fuenzalida, Cristián Labbé, Christian Moreira, Guillermo Ramírez, Marco Sulantay y Renzo Trisotti). A su vez, en el Senado la fundación aparece como asesora externa del comité de senadores de la UDI. En noviembre recibió $4 millones por esa labor.

Desde la Fundación Jaime Guzmán le dijeron a CIPER que “la Fundación no presta ningún tipo de asesoría a entidades privadas. La relación se limita a que esta Asociación (la de isapres) está suscrita a un reporte legislativo de renovación anual (…) no es una asesoría sino una suscripción”. No obstante, fue el propio directorio de la Asociación de Isapres el que, según el acta de su reunión del 12 de junio de 2019, calificó su relación con la Fundación Jaime Guzmán como una asesoría. Ese día, de hecho, el directorio acordó “mejorar la asesoría de la Fundación Jaime Guzmán”.

Consultados sobre por qué su representante no transparentó este vínculo en la Comisión Técnica Asesora del Senado por la crisis de las isapres, respondieron que no correspondía: “No hay razón para ello. Se trata de un reporte de suscripción abierta”. Tampoco consideran que exista un conflicto de interés por las asesorías que prestan a parlamentarios y a entidades privadas:

“La asesoría a los parlamentarios consiste en un apoyo a la discusión de los proyectos de ley radicados en las comisiones legislativas que se traduce en minutas específicas que analizan su impacto regulatorio y adoptan una posición frente a esos proyectos. En cambio, el reporte legislativo describe el mero avance en la tramitación de los proyectos de ley, sin aportar análisis ni entregar una opinión”, señaló la fundación en su respuesta entregada a CIPER por escrito.

El Instituto Libertad, que desde 2012 también comparte su reporte legislativo con la Asociación de Isapres, y que en paralelo asesora a congresistas de RN (al diputado Diego Schalper y al comité de senadores de la colectividad), contestó a CIPER que la asesoría que prestan a la gremial es la misma desde 2012: “Cuatro informes que elaboramos para varios clientes con análisis de la contingencia y de la agenda legislativa”, señaló Luis Pardo, exdiputado de RN y actual director ejecutivo del Instituto Libertad.

Desde la Asociación de Isapres señalaron que la Fundación Jaime Guzmán y el Instituto Libertad entregan informes relacionados con tramitación de proyectos de ley: “El instituto Libertad y la Fundación Jaime Guzmán no entregan asesoría, realizan informes de seguimiento de proyectos de ley. En 2019, a esta última se le requirió reforzar el seguimiento, a raíz del aumento de iniciativas legales vinculadas a salud que ingresaron al Congreso Nacional”.

(*) Los autores de este reportaje son estudiantes del curso de Periodismo de Investigación II de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Para la elaboración de este artículo contaron con la guía de su profesor Nicolás Sepúlveda.