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SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR INICIÓ PROCESO SANCIONATORIO CONTRA LA UNIVERSIDAD DE MUNIR HAZBÚN
07.12.2023
Hace un mes la Superintendencia de Educación Superior notificó a la Universidad de Aconcagua el inicio de un proceso sancionatorio por no informar operaciones con relacionados. Se trata de contratos de arriendo y cuentas por cobrar con cuatro sociedades de Munir Hazbún, controlador de la universidad, socio de los dueños de Factop y mencionado en el audio de la reunión entre Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer. Dos de esas sociedades también figuran en el registro interno de Factop con operaciones que suman $2.256 millones. En total, las operaciones vinculadas a Hazbún alcanzan los $20 mil millones. El empresario dijo a CIPER que “todas las transacciones y operaciones que se han realizado en las empresas, directa e indirectamente, relacionadas a mí, se encuentran ajustadas al marco legal”.
El 11 de noviembre de 2023, la Superintendencia de Educación Superior notificó a la Universidad de Aconcagua el inicio de un proceso sancionatorio por no informar operaciones con empresas relacionadas. Se trata de cuatro sociedades: Inversiones Punta del Sur S.A, Comunicaciones del Sur S.A., Inversiones Norte SpA e Inversiones Sur SpA, todas conectadas a Munir Hazbún Rezuc, controlador y representante de la universidad desde 2020. El empresario ha estado bajo el foco del Caso Coimas, debido a que en el audio revelado por CIPER de la reunión entre Leonarda Villalobos, Daniel Sauer y Luis Hermosilla -en el que hablan sobre el pago de sobornos a funcionarios públicos-, la abogada nombra a tres sociedades vinculadas a Munir Hazbún que estarían siendo investigadas por Impuestos Internos por emisión de facturas falsas.
En el mismo audio, Daniel Sauer comenta que Hazbún utiliza “palos blancos” en algunas de sus sociedades, las que estarían vinculadas con operaciones con facturas falsas. Eso no es lo único que tiene a Hazbún en el centro de la investigación penal que comanda el Ministerio Público. Durante una batalla judicial con su exesposa, Munir Hazbún fue representado por la dupla Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. Esta última también representó a la actual pareja de Hazbún, Natalia Compagnon, en acciones judiciales contra su exmarido Sebastián Dávalos (vea reportaje).
En un registro contable interno de Factop, al que CIPER tuvo acceso, aparecen 2.300 operaciones relacionadas con Munir Hazbún y sus sociedades, las que totalizan más de $20 mil millones. Algunas de esas operaciones incluyen a las empresas relacionadas con la Universidad de Aconcagua que hicieron saltar la alarma de la Superintendencia de Educación Superior.
Inversiones Norte e Inversiones Sur, creadas por Hazbún en diciembre de 2014, figuran con 110 operaciones en el registro interno de Factop. Todas fechadas entre julio de 2021 y enero de 2023, por un total de $2.256 millones.
Las sociedades nombradas por la abogada Leonarda Villalobos en la reunión con Hermosilla y Sauer, son la Sociedad Educacional del Maule S.A. -a través de la cual Munir Hazbún y sus socios administran el Instituto Profesional Valle Central-, Canopus y Pictor, que es propiedad de Jaime Duhart Aillon, miembro de los directorios de la Universidad de Aconcagua y del IP Valle Central.
Luis Hermosilla, Munir Hazbún y Leonarda Villalobos
Esas tres sociedades aparecen con 577 operaciones -entre 2021 y 2023- por un total de $1.090 millones en el registro interno de Factop, empresa de factoring controlada por los hermanos Daniel y Ariel Sauer Adlerstein que es investigada por la Fiscalía Oriente tras la filtración del audio.
Los contratos de la Universidad de Aconcagua cuestionados por la Superintendencia de Educación son con sociedades relacionadas, porque también son propiedad de Hazbún. Dos contratos de arriendo por las sedes de Vitacura y La Serena con la empresa Inversiones Punta del Sur S.A. por un total de $302 millones al año; y una deuda de $62 millones anuales con Comunicaciones del Sur S.A., sociedad creada en 1996 por Munir Hazbún y su hermana publicista, Alexia Hazbún Rezuc. También se objetaron cuentas por cobrar con Inversiones Norte SpA e Inversiones Sur SpA.
Fuentes que conocen la investigación llevada por la Superintendencia de Educación Superior dijeron a CIPER que el organismo estimó que estas operaciones no fueron informadas por la Universidad de Aconcagua, como lo exige la ley que reformó la educación superior y que, entre otros asuntos, reglamentó la prohibición del lucro. La universidad tampoco informó al regulador la incorporación de las fundaciones Kasvaa y Promoción y Desarrollo de la e(DUC) como socios cooperadores.
Sobre los cargos que levantó la Superintendencia a su universidad, Munir Hazbún dijo a CIPER que “todas las transacciones y operaciones que se han realizado en las empresas, directa e indirectamente, relacionadas a mí, se encuentran completamente ajustadas al marco legal y jurídico. Junto con lo anterior, le aclaro que no hemos sido, hasta la fecha, citados a ningún proceso por parte de ningún organismo público”. Agregó que los requerimientos solicitados por la Superintendencia de Educación Superior siempre han sido “evacuados en tiempo y forma” y recalcó que “en investigaciones pasadas, nunca hemos sido sancionados”.
CIPER solicitó a la Superintendencia de Educación Superior, vía transparencia, la formulación de cargos contra la Universidad de Aconcagua. La Superintendencia preguntó a la misma universidad si autorizaba la entrega, pero la casa de estudios lo rechazó, argumentando que “afectaría” sus “derechos comerciales y económicos”.
La sociedad Inversiones Punta del Sur S.A es una de las empresas claves en las operaciones de Munir Hazbun Rezuc. Fue creada a principios de los 2000 por su exesposa María Alejandra Muñoz Boudeguer y su madre, María Alicia Rezuc Figueroa. Desde esa fecha, Inversiones Punta del Sur ha estado relacionada con diversos negocios educacionales e inmobiliarios del empresario, como el fracasado proyecto del Casino Borde Río de Concepción, la conocida Hacienda Santa Martina -donde funciona el club de golf y el club house de Lo Barnechea-, y el exclusivo proyecto inmobiliario de Inversiones Los Altos de Vilumanque S.A., que es controlado por el clan Hazbun Rezuc junto a la familia Sauer.
Inversiones Punta del Sur también participa en la propiedad de Sociedad Educacional del Maule S.A. que administra el Instituto Profesional Valle Central, del que Munir Hazbún Rezuc es representante legal y presidente de su directorio, el que también está integrado por Jaime Rolando Duhart Aillón, el académico Eduardo Conrado Aedo Inostroza, y Jorge Eduardo del Real Westphal, antiguo colaborador y abogado de confianza de Munir Hazbún.
La conexión directa del empresario con Sociedad Educacional del Maule S.A., nombrada en la reunión grabada por Leonarda Villalobos, quedó al descubierto en medio de la batalla legal que lleva con su exesposa María Alejandra Muñoz Boudeguer. El 14 de septiembre de 2020, Hazbún interpuso una querella por administración desleal contra su ex esposa, “como socio accionista de la Sociedad Educacional del Maule S.A.”, en la que acusa a Muñoz de no restituir $68 millones en fondos por rendir que le habrían sido traspasados, según una querella publicada por El Desconcierto, mientras ella se desempeñaba como gerenta general de corporación, entre 2015 y 2020.
El IP Valle Central, administrado por Sociedad Educacional del Maule S.A, también tiene contratos de arriendo con sociedades relacionadas, pero directamente con sus propietarias: Inversiones Punta del Sur S.A e Inversiones Punta de Lanza S.A. Al igual que en el caso de la Universidad de Aconcagua, las operaciones inician en 2021 y corresponden a dos contratos de arriendo por $277 millones anuales por las sedes de Concepción y La Serena. En el último informe de balance financiero (2021-2022) se proyecta que el costo total de ambos contratos, válidos por 140 meses, llegaría a los $2.962 millones.
Si bien la Superintendencia de Educación no ha iniciado un proceso sancionatorio en contra del IP Valle Central, tendría bajo la mira una operación relacionada con la Universidad de Aconcagua, quien le habría entregado en comodato una propiedad ubicada en el Mall Paseo Costanera de Puerto Montt. La operación fue informada a la Superintendencia por el IP Valle central, pero no por la universidad.
El nombre de Munir Hazbún Rezuc también aparece en los registros internos de la empresa Factop, controlada por los hermanos Daniel y Ariel Sauer Adlerstein. Este factoring está siendo investigado por la Fiscalía Oriente desde que CIPER reveló el audio en que Daniel Sauer y los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos hablan del pago de coimas a funcionarios de la CMF y el SII.
En los registros de Factop figuran miles de transacciones de la empresa de factoring realizadas entre 2015 y 2023. Allí, el empresario Munir Hazbún aparece relacionado con 2.300 operaciones por un total de $20.263 millones. Las transacciones corresponden a once clientes de Factop, diez sociedades y al propio Hazbún, quien como persona natural registra una operación por $500 millones, fechada el 23 de noviembre de 2018.
Entre las empresas con operaciones relacionadas con Munir Hazbún figuran siete sociedades en las que el empresario tiene participación. Una de ellas es la administradora del IP Valle Central, Sociedad Educacional del Maule, que también fue nombrada por la abogada Leonarda Villalobos como una de las empresas que habría habilitado Hazbún para emitir facturas falsas. La empresa aparece en el listado interno de Factop con 568 operaciones por $1.011 millones, entre agosto de 2021 y mayo de 2023.
Pero no es la sociedad ligada a Hazbún que más se repite. La Universidad Bolivariana registra 907 operaciones por un total de $2.836 millones, entre mayo de 2015 y junio de 2021. Hazbún abandonó el control de la universidad en marzo de 2022. “Munir Hazbún” aparece como persona relacionada en 374 de esas operaciones.
Le sigue Inversiones Agua Santa S.A., creada en 2003, por las empresas socias de la Universidad de Aconcagua, Punta de Lanza S.A y Punta del Sur S.A. Esta sociedad aparece con 600 operaciones por un total de $11.272 millones, fechadas entre junio de 2017 y julio de 2023.
Las sociedades Inversiones Norte SpA e Inversiones Sur SpA, también aparecen en los registros del factoring. La primera sociedad tiene a su nombre 62 operaciones por $1.289 millones, ingresadas entre julio de 2021 y septiembre de 2022; mientras que la segunda figura con 48 operaciones por $966 millones, entre octubre de 2021 y enero de 2023. En sus casos, todas las transacciones aparecen asociadas a Munir Hazbún. Cabe recordar que las dos empresas figuran entre las sociedades relacionadas con la Universidad de Aconcagua cuyas operaciones han sido cuestionadas por no haber sido informadas a la Superintendencia de Educación Superior.
También aparece la empresa E-Valley SpA, dedicada al área educativa y creada el 25 de julio de 2017 por Inversiones Norte SpA e Inversiones Sur SpA. Esta sociedad figura con 74 operaciones por $1.650 millones registradas entre finales de 2021 y 2023. Figura, además, Cobranzas Nacionales SpA, en cuya propiedad sólo aparece Inversiones Norte SpA, la que fue apuntada en los registros de Factop con tres facturas por $63 millones, fechadas en agosto de 2021.
En el audio revelado por CIPER de la reunión entre Hermosilla, Villalobos y Sauer, se nombran dos sociedades ligadas a Hazbún donde se utilizarían “palos blancos”. Ambas figuran en el registro interno de Factop: Pictor S.A y Canopus S.A., la primera con cinco transacciones por $29 millones, entre febrero de 2021 y diciembre de 2023. Y la segunda con cuatro transacciones, distribuidas entre 2021 y 2023 por $49 millones.
En una parte de la reunión desarrollada el 22 de junio en la oficina de Luis Hermosilla, la abogada Villalobos comienza a dictar las sociedades que estarían siendo indagadas por el SII por posible emisión de facturas falsas:
– Villalobos: “Enero del 22. Dos facturas a la Sociedad Educacional del Maule. Seis a Pictor, siete a Canopus”.
– Hermosilla: “¿Quién es Pictor?”
– Sauer: “Son de Munir, pero no aparece Munir de dueño. Son de otras personas. Son sociedades que él nos dio donde se las podía hacer (las facturas)”.
– Villalobos: “¿Y quién es Canopus?”.
– Sauer: “Munir. Pictor y Canopus es Munir”.
Por último, aparece la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Las Cibeles de Chile S.A. con 31 operaciones por $664 millones en 2021, todas relacionadas con Munir Hazbún. Según la información registrada en el Diario Oficial, la inmobiliaria fue creada en 1995. En un acta de su junta general de accionistas, realizada en noviembre de 2007, aparecen como socios el rector de Esucomex, Rodemedil Ávila, y Jorge Monsalves Cornejo, director ejecutivo de la Escuela Europea de Negocios.
Daniel Sauer y Luis Hermosilla.
Munir Hazbún Rezuc es conocido dentro del mundo empresarial por su habilidad con los negocios inmobiliarios -compra edificios y los arrienda a empresas en distintas ciudades-, y por participar en la propiedad y control de distintas instituciones de educación escolar y superior. Estuvo detrás de la creación de los colegios Wessex en Concepción y Chillán, junto a Alberto Sauer, padre de los dueños de Factop. Además, fue controlador de la Universidad Bolivariana, desde donde egresó Leonarda Villalobos como abogada poco antes de que Munir Hazbún abandonara la propiedad de la universidad en marzo de 2022.
Desde 2002 en el Diario Oficial existen registros que confirman la génesis de esta estrategia de negocios. En marzo de ese año María Alicia Rezuc Figueroa y María Alejandra Muñoz Boudeger constituyeron el Centro de Formación Técnica y Capacitación Barros Arana S.A. Seis meses después esa sociedad en conjunto con Punta del Sur tomaron el control del Centro de Formación Técnica Pitágoras. Punta del Sur se quedó con el 99% de las acciones y el instituto profesional se renombró como Barros Arana.
El 23 de enero de 2003 Punta del Sur, representada por Rezuc Figueroa, y Punta de Lanza, representada por Muñoz Boudeger, constituyeron en Concepción dos nuevas empresas: Colegios Barros Arana e Inversiones KB. La primera dedicada a la creación de establecimientos educativos y la segunda, a la administración de bienes raíces. En junio del mismo año, María Rezuc e Inversiones KB constituyeron la Sociedad Educacional del Sur. Y en 2009 Punta de Lanza adquirió el 1% de las sociedades educativas Las Encinas y Los Alerces.
Los negocios entre sus sociedades inmobiliarias y educacionales también son de larga data. En 2013, CIPER identificó que el Instituto Profesional Valle Central, a través de su administradora, la Sociedad Educacional del Maule S.A. mantenía millonarias deudas con sus sociedades controladoras. Además, su junta directiva decidió distribuir utilidades por $4.265 millones en diciembre de 2011, en medio de una crisis económica que dificultaba el pago a los trabajadores. La deuda con las empresas controladoras pasó de $3.141 millones a fines de 2010 a $778 millones en 2013.
A partir del año 2014 la sociedad no registró deudas, ni contratos con empresas relacionadas, hasta que en el año 2021 nuevamente aparecieron Punta del Sur S.A y Punta de Lanza S.A con dos contratos de arriendo, a 140 meses plazo, once años y medio. La primera sociedad le arrienda al IP Valle Central un inmueble ubicado en calle Barros Arana 231 en Concepción, con un costo mensual de 530,56 UF (alrededor de $19,4 millones al valor actual). El instituto también le paga arriendo a Punta de Lanza S.A. por la propiedad de Lautaro 960, La Serena, por 128,70 UF mensuales (unos $4,7 millones). A diferencia de los años anteriores, en el estado financiero del instituto para 2021 y 2022 no se especifica que ambas sociedades están relacionadas con la Sociedad Educacional El Maule S.A. (revise aquí el informe).
La propiedad de Sociedad Educacional del Maule S.A se divide entre Inversiones Punta del Sur S.A., CFT Barros Arana S.A., Trazo S.A. e Inversiones Punta de Lanza S.A. la que al menos hasta 2016 era la accionista mayoritaria, según los balances financieros del IP. Todas estas sociedades cuentan con la participación de Munir Hazbún, como persona natural o a través de otras empresas.
A mediados de 2020, luego de que el empresario Gonzalo Vial Concha saneara las finanzas de la Universidad de Aconcagua, Munir Hazbún decidió integrar a esta nueva institución a sus negocios educacionales. La operación de traspaso involucró a su círculo de confianza en los negocios y tres sociedades: Administradora Educacional del Sur SpA, su primo Skandar Hazbún Rezuc por medio de la Administradora Educacional del Norte SpA y, por último, Inversiones Inmobiliarias Punta del Este SpA, constituida en 2014 por el abogado Jorge del Real.
Del Real ha representado a las sociedades de Munir Hazbún en distintas ocasiones y hasta fueron socios de la empresa Chap Cibersecurity Ltda, junto a Michel Hudson, quien es apuntado por la excónyuge de Hazbún como autor del hackeo a sus dispositivos electrónicos. El empresario salió de la sociedad en agosto de 2020, cuando Inversiones Norte SpA traspasó el total de sus acciones a Seguridad 3.0 SpA, propiedad de Jorge del Real.
Jorge del Real y Jaime Duhart también fueron parte del esquema de control de la Universidad Bolivariana, institución de educación superior de la cual Munir Hazbún fue controlador hasta marzo de 2022. Desde 2011, según constató en ese entonces un reportaje de CIPER (lea aquí ese reportaje), ambos presidieron su junta directiva. En 2021, meses antes de la salida de Munir, la casa de estudios reportó indicios de la crisis económica que hoy la afecta. Ese año las autoridades de educación superior barajaron la posibilidad del cierre programado de la institución y fue en ese contexto que Hazbún salió de la propiedad y adquirió la Universidad de Aconcagua.
Durante su paso por la Universidad Bolivariana, Munir Hazbún siguió ampliando y profundizando sus redes. También estrechó aún más su relación con el clan Sauer, ya que uno de los directores de la institución educativa fue el patriarca de la familia: Alberto Sauer Rosenwasser. En esa misma casa de estudios, Leonarda Villalobos fue becada para cursar sus estudios de derecho, ganándose la confianza de Munir al cual representó en varios procesos judiciales.
Munir Hazbún controla la Universidad de Aconcagua a través de fundaciones constituidas en Rancagua a mediados de 2017: Fundación de Capacitación Buena Tierra, Fundación Prodes y Fundación de Desarrollo Nueva Tierra. Todas, de acuerdo al Registro de personas jurídicas sin fines de lucro actualizado hasta agosto de 2020, tienen directorios idénticos: Munir Hazbún de presidente, Jorge del Real de secretario y Skandar Hazbún como tesorero (vea aquí el registro de los controladores de la universidad).
Al directorio de la Universidad de Aconcagua se suman las fundaciones Capacitación Kasvaa y Promoción y Desarrollo de la Educación(e) DUC, que fueron creadas por el antiguo dueño, Gonzalo Vial Concha, para sanear las deudas de la universidad: ingresaron un total de $7.500 millones antes de sellar el traspaso a Hazbún.
Según la información recabada por CIPER, las operaciones objetadas por la Superintendencia estarían enfocadas en el ítem de cuentas por cobrar de la Universidad de Aconcagua con las sociedades relacionadas: Inversiones Punta del Sur S.A, Comunicaciones del Sur, Inversiones Norte SPA e Inversiones Sur SPA, las dos últimas creadas por Munir Hazbún en diciembre de 2014.
En su último estado financiero, la Universidad de Aconcagua informa de una deuda de $302 millones en los años 2021 y 2022, con Inversiones Punta del Sur. Esta deuda correspondería al arriendo de dos inmuebles: uno en La Serena y otro en Vitacura. Esta última propiedad, localizada en Pedro Villagra 2265, fue traspasada en noviembre de 2022 a la empresa Leasing Crecimiento SpA, según el registro del Conservador de Bienes Raíces (vea acá ese documento).
La Ley 21.901, en sus artículos N° 71 y 73 (revise aquí la ley), que regula a las instituciones de educación superior, precisa que toda persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro (universidades) no pueden sostener contratos con “sus controladores”, “personas naturales o jurídicas que sean fundadores o asociados a la institución”, “integrantes del órgano de administración superior” y “cónyuges o parientes de los anteriores”. Una de las excepciones para sostener acuerdos es que “sean necesarios para la consecución de los fines de la institución”, para ello es obligación que la operación sea informada, justificada y aprobada por la Superintendencia de Educación Superior en un plazo máximo de 15 días hábiles. El incumplimiento es considerado como una “falta gravísima”.
