¿Caminando hacia un nuevo Chile? Sobre el libro ‘Un Ejército de todos’

El siguiente es el comentario de una historiadora chilena para el nuevo libro del general Ricardo Martínez Menanteau, excomandante en Jefe del Ejército de Chile, quien, de cara al siglo XXI, repasa lo que fueron conductas inaceptables de la institución durante los años de dictadura. En columna para CIPER, reflexiona la autora: «El sentido profundo del libro no es solo el reconocimiento de los horrores y daños provocados a la sociedad, sino también los infligidos al ethos de los uniformados; esto es, al conjunto de valores, actitudes y comportamientos militares quebrados con la toma del poder y la politización institucional a partir del 11 de septiembre de 1973 […]. Es un texto importante por quien lo escribe, por los reconocimientos que describe y por su condena explícita a las violaciones de derechos humanos ocurridas bajo el mando de Augusto Pinochet, a quien se le responsabiliza de ellas.»

A cincuenta años del Golpe de Estado, dos temas claves que aún persisten en la convivencia entre los chilenos son la violación de derechos humanos cometidos contra ciudadano/as en los años posteriores a 1973 —incluyendo el paradero de detenidos aún desaparecidos— y la ubicación que en nuestra sociedad y Estado ocupan las Fuerzas Armadas, protagonistas del Golpe mismo y de la dictadura posterior, además de principales responsables de los delitos asociados. El excomandante en Jefe del Ejército (2018-2022), general Ricardo Martínez Menanteau, enfrenta en un nuevo libro el impacto de todo ello en la propia institución militar; de cara al futuro, pues este depende de responsabilizarse del pasado.

Un Ejército de todos expresa el deseo de contribuir a la democratización del país, haciendo una revisión de la historia institucional de estos 50 años, a fin de «revigorizar el alma interna de la institución y de tender puentes hacia la ciudadanía, en aras de cerrar las heridas del pasado y recuperar un Ejército verdaderamente sentido como de todos los chilenos». Para hacerlo, el general Martínez se concentra «en aquellas experiencias que hubiesen afectado los valores fundamentales que nos habían sido inculcados; en una palabra, nuestro ethos militar». En ese sentido, se trata de un texto escrito desde la cosmovisión castrense, para la ciudadanía toda, pues la paz nacional requeriría la revaloración social del Ejército.

Este es el sentido profundo del libro: no solo el reconocimiento de los horrores y daños  provocados a la sociedad, sino también los infligidos al ethos de los uniformados; esto es, al conjunto de valores, actitudes y comportamientos militares quebrados con la toma del poder y la politización institucional a partir del 11 de septiembre de 1973. Tal reflexión Martínez la había ya compartido previamente durante su período como Comandante en Jefe con el cuerpo de generales, y la plasmó en un informe titulado Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar. Este libro que comentamos es una síntesis de ese informe, al que se le suman algunas apreciaciones personales. Es un texto importante por quién lo escribe, un ex Comandante en Jefe, por los reconocimientos que describe y por su condena explícita a las violaciones de derechos humanos ocurridas bajo el mando de Augusto Pinochet, a quien se le responsabiliza de ellas.

Un Ejército de todos expresa un principio constitutivo del Ejército de Chile, cual es su carácter de representante de la nación, fracturada con el Golpe de 1973. En la medida que la destitución del presidente Salvador Allende representó oponerse a un sector del país que se identificaba con la Unidad Popular, el Ejército se mostró entonces abanderizado por un determinado grupo de la sociedad chilena. Tal quiebre supone, al entender de Martínez, una amenaza a la existencia del Ejército, en cuanto le quita su sustento legitimador, como representante y defensor de la nación toda. La participación militar en la contingencia política —desde los años 70, pero, especialmente, durante la dictadura—, derivaron en una transgresión a un código de conducta asociado al respeto a la Constitución y a una formación de acuerdo a los valores militares. Es por eso que este libro representa el anhelo de cerrar un ciclo marcado por lo que Martínez reconoce como graves errores del mando y el no asumir de responsabilidades (como en los casos de la llamada «Caravana de la Muerte», el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, y los miles de torturados, ejecutados y desaparecidos que fueron entregados a militares subalternos).

Según el libro, la declaración de «estado de guerra» del 12 de septiembre de 1973 no respondía a la realidad. Se pregunta, entonces: 

«¿Por qué no se asignaron los detenidos a los tribunales ad-hoc correspondientes?; ¿por qué algunos militares, incluido el propio general Pinochet, no asumieron sus responsabilidades de mando?; ¿por qué algunos compañeros de armas siguen atados a la figura del general Pinochet, a pesar de que éste no asumió su responsabilidad del mando, aspecto clave en la formación de un soldado, a diferencia de los legados constitucionalistas que dejaron los generales Schneider y Prats? […]. Las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el gobierno militar no pueden minimizarse ni descontextualizarse, puesto que los militares están obligados en toda circunstancia a respetar las normas y los procedimientos legales […]. Es especialmente importante subrayar que esta obligación recae con aún más fuerza en quien ejercía el mando en jefe».

No obstante estos reconocimientos y condenas al mando y al general Pinochet, el general Martínez Menanteau ambiciona cerrar esa etapa institucional y apuntar a un Ejército del siglo XXI que pueda aportar al desarrollo nacional, a la defensa de su soberanía territorial y a los momentos de catástrofes, instalando a la institución en el actual contexto mundial, tecnológico y cultural. Ello requiere, según él, despinochetizar a la institución definitivamente, recuperando roles y funciones históricas.

Deslegitimado el uso de la fuerza armada contra el movimiento obrero a comienzos de siglo XX, los militares fueron apartados de la contingencia, dedicados a sus tareas profesionales y transformados en colaboradores del desarrollo del país. Si actuaron en situaciones de excepcionalidad constitucional fue bajo mando civil y con apego a la ley. La doctrina constitucionalista de los generales Schneider y Prats no veía en la violencia el instrumento de resolución del conflicto político, si no en la acción estatal y en la política. La pinochetización de la alianza golpista-dictatorial, y del Ejército en particular, modificó esa doctrina para percibir en la coerción estatal, legal e ilegal entregada a las Fuerzas Armadas el medio para solucionar los conflictos internos, relegando el papel de la política y subordinando al Ejecutivo a la voluntad militar.

Los planteamientos del general Martínez suponen, entonces, el avance en un proceso que ha sido muy lento e incompleto. La política concertacionista apuntó a un regreso a los cuarteles basado en la modernización tecnológica y en las misiones de paz, pero sin afectar la herencia doctrinaria pinochetista; para entonces convencida de su «misión cumplida» al haber modernizado el país pese a casos puntuales de unos pocos «excesos» de violencia. Incluso el «nunca más» del general Juan Emilio Cheyre se dirigía a la responsabilidad civil: «Nunca más una clase política que fue incapaz de controlar la crisis que culminó en septiembre de 1973 […]. Nunca más excesos, crímenes, violencia y terrorismo».

Con lo importante que fue, esa declaración contenía verdades, pero incompletas; y no asumía realmente las responsabilidades.

Pensando en el Ejército del siglo XXI a partir de un pasado que no pasa, el ex Comandante en Jefe Ricardo Martínez plantea los desafíos del futuro: una formación valórica y en derechos humanos, profesionalización militar, probidad y transparencia. En el primer punto, el libro demanda que el Estado defina qué tipo de institución desea e intervenir en la formación profesional: «El hecho que la institución no haya tenido una suficiente formación en materia de derechos humanos en décadas pasadas no es responsabilidad exclusiva de los mandos, sino también de las autoridades políticas, ya que su nivel de decisión excede al castrense».

Aunque el general Martínez reconozca y condene las violaciones ocurridas bajo mano militar, alude al principio de subordinación de la fuerza al mando civil. La guerra —tarea asignada a los militares— tiene un objetivo político y no militar, y por ello debe estar bajo autoridad civil. Es esta la que debe influir sobre el currículum y la formación valórica impartida en las escuelas matrices. Que los integrantes de estas instituciones se formen en esos valores y los respeten es nuestra responsabilidad como sociedad y autoridad sobre la fuerza.

Precisamente por eso el ámbito político es clave, pues es allí donde deben estar  anclados los consensos respectivos. El ex Comandante en Jefe es enfático al afirmar que «el Ejército sufrió una fuerte politización durante el gobierno militar en virtud de la posición que ostentaba el Comandante en Jefe, inicialmente como presidente de la Junta de gobierno y, posteriormente, como Presidente de la República». Dicha politización supuso el ejercicio de labores ajenas a la institución y reñidas con su ethos. A su juicio, ello no debe volver a ocurrir, pues «el Ejército está llamado a dar soluciones militares a problemas militares. Cuando las situaciones son estrictamente políticas o sociales, recurrir a él no las resolverá».

Por eso propone que, en caso de convocarlas para estados de excepción constitucional, éste debe «contar con el respaldo, al menos, de los poderes Ejecutivo y Legislativo […]. Existe consenso en que los militares no deben ser involucrados en funciones de política contingente. Cuando ello sucede, las consecuencias afectan en gran medida a los uniformados, porque politizan a sus mandos».

Tales afirmaciones son vitales para la democracia: el no apelar a las Fuerzas Armadas para solucionar conflictos ajenos a ellas. Los conflictos políticos se resuelven dentro del ámbito político. A diferencia de Argentina y Brasil, Chile fue un país sin intervenciones militares entre 1932 y 1973. Ello fue posible por el acuerdo de todos los actores de no recurrir al Ejército en determinadas crisis. Si ha de nacer un nuevo Chile, respetuoso de los derechos humanos, la prescindencia política militar es un imperativo.