Políticas culturales: una incesante y creciente brecha

Como el síntoma de una enfermedad mayor describe el autor de esta columna para CIPER los difusos horizontes programáticos de las políticas culturales hoy en nuestro país. Y se cuestiona: «Si al inicio del gobierno del presidente Boric se entonaba la invención de un nuevo paradigma en materia cultural, ¿hoy se experimenta una disolución?».

El escenario de las políticas culturales en el país se vislumbra exangüe, sin ideas ni conceptos. Los discursos sobre la democracia cultural han desaparecido, y la discusión abierta sobre las políticas culturales del próximo quinquenio (2023-2028) son inexistentes. Los lineamientos y orientaciones del quehacer del Estado en el campo cultural son más difusas que nunca. La esfera pública, por su parte, se indigna por contrataciones cuestionables o explota por decisiones que afectan la diplomacia cultural.

Las y los trabajadores del ministerio abogan por el reforzamiento institucional de la Ley 21.045 y piden, con justicia, un reconocimiento histórico a su labor, lo cual parcialmente se resuelve con planes de fortalecimiento discontinuos. En este contexto, incluso algunos proponen desistir del cauce adoptado en Chile en materia de institucionalidad cultural.

Todo esto manifiesta un síntoma de una enfermedad mayor: el vaciamiento de los horizontes programáticos de las políticas culturales. Si al inicio del gobierno del presidente Boric se entonaba la invención de un nuevo paradigma en materia cultural, ¿hoy se experimenta una disolución?

Hace un año atrás se manifestó una aceleración de ideas: un nuevo sistema nacional de financiamiento cultural, la creación del tan esperado programa Puntos de Cultura, y el reforzamiento permanente de la necesidad de construir una arquitectura institucional para la democracia cultural. En suma, el primer año, con sus aciertos y desaciertos, significó un impulso notorio en la institucionalidad desde la creación del ministerio en 2018.

Hoy, sin embargo, la desaceleración de estos procesos parece ser una tónica preocupante. Si bien se advierte un incipiente trabajo legislativo y ciertos avances en sectores artísticos específicos —como el de artes escénicas—, el ministerio está administrando lo históricamente dado y ofreciendo pocas innovaciones reales. Son pocas las apuestas estratégicas en los fondos concursables y su histórica distribución inequitativa de recursos. Y para qué decir del aumento al 1% del presupuesto: a esta altura, un anuncio que está siempre «por llegar».

Todo cambia para que nada cambie.

Una de las principales dificultades de las políticas culturales occidentales ha sido mantener la coherencia de sus ideas. No sólo se ven afectadas por el desgaste y la dinámica propia de la gestión pública, sino también por la comprobación histórica que toda institucionalidad cultural está sujeta a los cambios de fuerza y desequilibrios al interior del Estado. Al ser construidas por ideas y prácticas de agentes concretos, las políticas culturales son el resultado de conceptos en tensión, y de una serie de procesos y sedimentos políticos contradictorios. Por ello, para ser comprendidas en su complejidad, se debe recurrir a la historia de las ideas y dilucidar las características que adoptaron en un contexto histórico determinado. Estas enseñanzas, elaboradas por Philippe Urfalino hace más de veinte años en su obra La invención de la política cultural —y recientemente traducida al español por Rgc ediciones de Argentina—, sirven para pensar la institucionalidad cultural actual y repensar las prioridades.

Visto así, hay un aspecto que no podemos dejar al destino incierto: la discusión urgente por la incesante brecha en materia cultural. Todos los otros aspectos requieren atención, indudablemente, y deben estar presentes en la agenda ministerial. Sin embargo, la evidencia recopilada en los últimos años señala un diagnóstico crítico: a pesar del esfuerzo desarrollado por la institucionalidad cultural en los últimos veinte años, la mayor parte de la población nacional no se beneficia de la oferta cultural creada bajo financiamiento público. En cambio, se observa un aumento sostenido de consumo de bienes ofertados por el «mercado» —o la industria creativa contemporánea—, transmitido por medios masivos digitales (redes sociales y plataformas), y a los que se accede preferentemente en el espacio doméstico. El consumo de estos bienes está diluyendo las históricas fronteras socioeconómicas y se acerca a convertirse en un «piso compartido» entre los diversos grupos sociales. En otros términos, pareciera que la industria del entretenimiento de masas ha sido más exitosa que las políticas culturales en captar el interés cultural de los y las ciudadanas —con el tiempo que disponen para ello como un bien cada vez más escaso—, incluyendo a grupos que previamente accedían a bienes culturales especializados. Y esto, según la evidencia internacional, se ha agudizado aún más luego de la pandemia.

Estas constataciones, que son descritas en mi libro La incesante brecha: políticas culturales y desigualdad en Chile (2023, Ediciones del Observatorio de Políticas Culturales), pueden ayudarnos a pensar en el rol que actualmente cumple el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El acceso a la oferta artística de los espacios culturales públicos no sólo contribuye a reforzar las capacidades deliberativas de las y los ciudadanos, sino también para socializar y valorar la diversidad cultural. Son innumerables las investigaciones a nivel mundial que así lo demuestran. Hoy corremos el riesgo de que las políticas culturales sigan reforzando la incesante brecha en el acceso a las artes y la cultura. Por ello, en ningún caso se puede pensar en eliminar el ministerio, sino siempre en reforzarlo. Y aquello requiere resituar los conceptos, redefinir las fuerzas y movilizar las ideas en conjunto, y no sobre la base de declaraciones en reels fugaces.